En algunas cosas el gobierno va lento, pero en otras corre. Esa fue la reflexión que dejó este miércoles Eduardo Gudynas, colaborador de Rompkbzas en temas ambientales, sobre el permiso "express" concedido a la empresa UPM.

A la firma le fue concedida recientemente la Validación Ambiental de Localización (VAL) lo que permitió saber con precisión una serie de temas.

Entre ellos el enorme tamaño que tendrá la planta y la magnitud de su consumo: de siete a ocho millones de toneladas de rolos de madera al año, y 125 mil metros cúbicos de agua por día, equivalentes a las necesidades de 900 mil personas.

También 88 mil toneladas sumadas de sulfato, clorudo y clorado de sodio, 60 mil de hidróxido de sodio y 21 mil de dióxido de cloro.

En cuanto a efluentes y emisiones, Gudynas listó 260 mil toneladas al año en total.

Citando a Víctor Bacchetta, sostuvo que equivaldría a los efluentes cloacales de 230 mil personas.

"El metabolismo ecológico de la nueva planta de celulosa, por su consumo de materia/agua y por sus emisiones, es como autorizar la creación de la segunda ciudad en tamaño del país. Y lo aprobaron en dos meses", afirmó. 

El especialista remarcó que la empresa hizo el pedido el 6 de febrero, siendo aprobado el 13 abril.  Dos meses, cuando el propio contrato establecía un período de doce meses para esta primera habilitación.

Gudynas habló además que el permiso de ubicación hace referencia a sitios del territorio nacional que requieren evaluaciones territoriales o regionales. En este caso, sostuvo, sólo existen planes departamentales en Tacuarembó y en Durazno, pero a nivel de la cuenca del río Negro.

Además, el Informe Ambiental Estratégico aprobado por la Junta Departamental de Durazno no fue consultado ni comentado con la ciudadanía. Allí se establece la recategorización de los cinco padrones en los que estaría emplazada la planta.

Gudynas se refirió además que se desconoce una evaluación, por parte del gobierno, de los costos económicos por impacto ambiental y territorial que tendrá el emprendimiento.

"No hay ni una cuenta. Todo el reporte genera todo tipo de dudas", afirmó.

El experto en temas ambientales sostuvo a su vez que toda la inversión tiene "subsidios perversos".

Como ejemplo, comparó lo que tendría que pagar UPM en Montevideo si fuera cualquier ciudadano y  si estuviera adherido a la red de saneamiento.

Serían US$ 18 millones de dólares. Vale decir que la pastera estará exonerada de la mayoría de los tributos nacionales y departamentales.

Gudynas se preguntó por otra parte qué papel está cumpliendo la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y alertó que la autorización "express" concedida a UPM modifica las políticas públicas, al dejar sentado hacia al futuro un precedente en cuanto a rebaja de estándares y controles.

A modo de conclusión, apuntó que la aprobación aumentará la presión y los riesgos y hará más difícil revertir las condiciones de contaminación.