Uruguay ocupa el tercer puesto en consumo de agua embotellada per cápita. Son 97,4 litros por persona, según un estudio de Euromonitor. A nivel minorista, las ventas totalizaron en 2017 poco más de 336 millones de litros,un incremento del 45% en cinco años, lo que se tradujo en casi 300 millones de dólares.

Uno puede suponer que el consumo de este elemento en dichas condiciones puede ofrecer las máximas garantías en cuanto a salubridad. Sin embargo, la realidad dista bastante de lo ideal.

La tercera parte de los análisis sobre muestras de agua embotellada realizados por la Intendencia de Montevideo en los cuatro primeros meses de este año dieron resultrados que no cumplen con la normativa.

En varias de las muestras de determinadas marcas se comprobó la presencia de "estreptococos fecales" y de "pseudomona aeruginosa", una bacteria que infecta los pulmones y las vías respiratorias.

Los datos fueron revelados a partir de una consulta efectuada a la comuna capitalina por La Diaria, y fue reflejada en una nota que se publicó este sábado. Su autora fue una joven periodista, Lucía Gandioli, que está cursando el último año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República.

Según explicó, la nota forma parte de "Río Abierto", un proyecto llevado a cabo por La Diaria que tiene dos líneas principales: por un lado la generación de información para población en torno al agua y los recursos hídricos, y por otro la generación de una aplicación para involucrar a la ciudadanía en la gestión de estos recursos.

Consultada, sostuvo que la mayoría de las marcas, aún más conocidas, tienen muestras fuera de la reglamentación, por distintos motivos. Desde las más baratas, a las más caras.

Algunas muy reconocidas, como Salus, presentaron 5 muestras observadas en 12 estudios realizados. En este caso, la empresa presentó sus propios análisis, que estaban dentro de la reglamentación y es por eso que el producto se comercializó. "Hablaron con la Intendencia y el caso quedó cerrado", afirmó Gandioli.

La Intendencia prometió en ese sentido hacer públicos todos los informes relativos al tema.  Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria de la comuna, le bajó el perfil al asunto. Entrevistado por El Observador, sostuvo que, en todos los casos, se trató de registros "apenas por encima de lo que establece la normativa".

El jerarca afirmó que se evitó la comercialización de los productos observados y se resolvió "no comunicar a a la población" sobre las irregularidades detectadas.