El proyecto de ley, cuestionado por los investigadores, establece la cancelación de los decretos de creación de Unidades de Conservación (UC) de Protección Integral en caso de que no hayan sido concluidos, en un plazo de cinco años, los procesos de indemnización de sus propietarios.

El problema de esta ley, que todavía está en trámite en la Cámara de los Diputados, es que en Brasil ese proceso demora más de diez años en prácticamente todas las Unidades de Conservación, explicó a Efe Fernando Silveira, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte.

En la práctica, si el proyecto de ley finalmente es aprobado por el Congreso impedirá la creación de Unidades de Conservación de Protección Integral en Brasil, que son aquellas en los que está prohibido el hábitat del ser humano, de acuerdo con el docente.

Actualmente, en esas áreas protegidas, que incluyen los parques nacionales, tan solo está permitido el uso indirecto de los recursos, como la investigación científica o el ecoturismo.

"Corremos un enorme riesgo de comprometer nuestra biodiversidad, los servicios ecosistémicos -beneficios que extraemos de la naturaleza- y la forma de vida de las poblaciones tradicionales e indígenas", sostuvo Silveira, quien firma la carta junto a otras cuatro personas.

A su juicio, el proyecto de ley es "inconstitucional", como ya manifestó el Ministerio Público, y en caso de que la medida fuese retroactiva, Brasil perdería el 50 por ciento de todas las Unidades de Conservación del país.

En ese caso, la Amazonía, el pulmón verde del planeta, sería el bioma más afectado, con una reducción aproximada de 17 millones de hectáreas, un tamaño similar al de Uruguay, en Unidades de Conservación.

"El mundo ha entendido que necesitamos cuidar del medio ambiente para nuestro propio beneficio. Firmamos diversos tratados internacionales para la conservación, pero estamos en la dirección opuesta del planeta", subrayó Silveira.

El investigador instó a los legisladores a "abandonar el proyecto", ya que no "atiende los intereses de la sociedad brasileña y puede tener consecuencias dramáticas para la conservación y los acuerdos internacionales que Brasil firmó".

Las Unidades de Conservación ayudan en la preservación de especies amenazadas de extinción y son importantes en el combate a la deforestación y en la reducción de las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global, resaltó el Ministerio Público en el documento en el que denunció la "inconstitucionalidad" de la ley.

Según la institución, mientras el 21 por ciento de la capa original de la selva amazónica ya ha sufrido con la deforestación, ese porcentaje tan solo llega al 0,05 por ciento dentro de las Unidades de Conservación de la Amazonía brasileña. EFE