(Emitido a las 09.09)

EMILIANO COTELO:
La suspensión de ejecuciones ha figurado en distintas ocasiones en los últimos años en la agenda política; hacía tiempo que no estaba pero reapareció, quizás sorpresivamente, la semana pasada.

El puntapié inicial fue del diputado Víctor Rossi, de la Alianza Progresista, Encuentro Progresista - Frenta Amplio - Nueva Mayoría (AP, EP-FA-NM)), quien presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley en ese sentido que dio pie a una serie de gestiones políticas.

El candidato único del Partido Nacional (PN), doctor Jorge Larrañaga, se reunió el viernes con el ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, por este tema. La posición de Larrañaga es: preocupación por el problema de fondo, discrepancia con la idea de una ley. Tras ese encuentro se supo que el ministro Alfie se reunirá hoy con representantes de los bancos privados y del Estado, procurando que estas instituciones flexibilicen el tratamiento que dan a los deudores buenos pagadores. Se busca evitar que se apruebe una nueva suspensión de ejecuciones por la vía legal.

Para saber en qué punto se encuentra esta discusión a comienzos de la semana, hemos propiciado un intercambio entre dos legisladores, los diputados Víctor Rossi y Carlos González Álvarez, de Alianza Nacional, Partido Nacional (AN - PN).

Comencemos con el diputado Rossi. ¿Por qué presentó este proyecto en este momento?

VÍCTOR ROSSI:
Ha sido un tema permanente en los últimos dos años, particularmente desde el 20 de julio de 2002 hasta la fecha, pero en estos momentos nos encontramos con que estaban paralizadas las gestiones para la consideración de otros proyectos de ley, y por otro lado recibíamos noticias, preocupación y en algunos casos solicitudes de gestiones respecto de decenas de casos de ejecuciones que se hacían inminentes y que incluso nos daban la sensación de aceleración. Dado que el 15 de setiembre termina este período legislativo y hasta el 15 de febrero y 1 de marzo de 2005 no se instalará el nuevo gobierno, el que elija la ciudadanía, que va a tener la posibilidad de tomar globalmente las consecuencias de la crisis financiera, una de las cuales es el problema del endeudamiento, nos pareció, recogiendo antecedentes que por otra parte ya existieron y cumplieron una función en el país, teníamos que promover una suspensión de ejecuciones muy sencilla, muy simple en la formulación del proyecto de ley.

EC - ¿Una suspensión hasta qué fecha?

VR - Hasta el 15 de febrero de 2005 con la idea de que, a partir de esa fecha, el nuevo gobierno que se instale en la República tenga la posibilidad de encarar globalmente e incluso avanzar en el tratamiento caso por caso, que consideramos la mejor manera de ir abordando un problema de tanta magnitud y sensibilidad y que comprende situaciones tan diferentes.

EC - Pero la suspensión de ejecuciones que se propone en su proyecto de ley, ¿a quiénes contempla?

VR - Con la salvedad de los créditos originados en relaciones laborales, y de las ejecuciones que tengan como origen deudas contraídas con posterioridad al 20 de julio de 2002, ni las situaciones que tengan como origen situaciones de endeudamiento que vienen de otros procesos de refinanciación, es decir que son consecuencia de situaciones que se generaron a partir de otras leyes que en el pasado atendieron este tema. Éramos de la idea de ir a esa suspensión con esas excepciones, en los demás casos tener ese parate necesario para dar tiempo a la solución caso por caso que impida que se saque del mercado a gente que tiene voluntad de trabajar y que sólo va a poder enfrentar su compromiso si se le permite trabajar.

EC - El proyecto que usted presentó no es del EP en su conjunto.

VR - No; lo presentó la AP, lista 738.

EC - Porque, por ejemplo, se sabe que Asamblea Uruguay no comparte un instrumento de ese tipo.

VR - Fue acompañado por otros sectores del EP. Sabemos que hay diferencias y, desde luego, como toda iniciativa, como todo proyecto de ley, será mejorada en su consideración. Incluso será dejado de lado, hemos dicho: lo tiramos a la papelera, porque no es nuestra aspiración que se apruebe con puntos y coma, sino que -lo que creo que de algún modo se va logrando- este tema no quede aplazado mientras se van generando ejecuciones que afectan a los que tienen voluntad de pago. Le explico por qué: en la mayoría de las ejecuciones de que vamos teniendo noticia se están ejecutando personas que tienen garantías más que suficientes para permitir la recuperación del capital y de los gastos por parte del acreedor. Es gente de buena fe que puso todo lo que tenía para conseguir un crédito para hacer funcionar su chacra, para comprar un tractor, una máquina para su taller, para reformar la casa, para hacer una ampliación, y ahora se está quedando sin nada, le estamos sacando la posibilidad de contribuir a la puesta en marcha de la economía del país.

EC - Vamos a pasar al diputado Carlos González Álvarez. ¿Ustedes también estaban pensando en este tema la semana pasada?

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ:
Estamos pensando en ese tema desde hace varios años, ya en el año 2002 el senador Larrañaga, junto con el senador Garat, impulsaron un proyecto de refinanciación del sector agropecuario que traía una suspensión de ejecuciones. Ese proyecto naufragó, no se consiguieron los votos y estamos preocupados, indudablemente. Por eso fue que Larrañaga tuvo una reunión con el ministro, para ver si rápidamente, a partir de hoy o mañana, esta semana, ya se puede lograr un acuerdo con los bancos, que son los que están ejecutando a al gente, para que dejen de ejecutarla hasta febrero, hasta que el nuevo gobierno dé los lineamientos de refinanciación, defina de qué manera se va a atender este bolsón de deudores.

EC - La posición de AN es muy similar a la que recién exponía el diputado Víctor Rossi en cuanto a que se necesita una suspensión de ejecuciones. La única discrepancia que está planteada es cuál es el camino para lograrla.

CGA - Efectivamente.

EC - Ustedes discrepan con la idea de una ley.

CGA - Creemos que una ley no va a salir, honestamente, ya hemos probado otras veces. Nosotros tenemos los votos de Alianza, pero el Frente Amplio (FA) no vota todo junto, ya sabemos cuál es la posición de Astori, Rubio y Couriel, de esos sectores, entonces sabemos que no vamos a lograr los votos para ese tipo de ley. Por creemos mucho más rápida, efectiva y positiva esta acción de Larrañaga con el ministro, para que el ministro logre un acuerdo. No nos apeamos de hacer una ley de refinanciación, una ley global, pero creemos que no saldrá, y además no sería muy justo.

EC - ¿Por qué?

CGA - Si hacemos una ley de suspensión de ejecuciones entrarían los grandes deudores, gente que no tiene ningún interés en pagar, que de repente ya dejó su negocio, ya abandonó todo. Creemos que no sería de mucha justicia.

EC - Esto otro que se ha estado conversando con el ministro de Economía, lo que ustedes le han propuesto al economista Alfie, ¿qué es?

CGA - Que los bancos decidan por sí no ejecutar, suspender todos los trámites, excepto en  casos que ya son endémicos, que deben muchos millones de dólares, a ésos no los vamos a defender ni nosotros ni nadie. O sea que paren las ejecuciones de los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, más o menos la misma idea que teníamos en el proyecto para el sector agropecuario, no recuerdo bien si eran 300 o 350 mil dólares lo que se trataba de colocar dentro de esa franja de protección. Los grandes deudores que sigan su camino.

EC - Entonces estamos hablando del mismo resultado del proyecto de ley o de una ley, sólo que sin ley.

CGA - Ahí está.

EC - Termina siendo bastante general de todos modos.

CGA - Yo creo que estamos en lo mismo, si usted escucha detenidamente el diputado Rossi dice que está dispuesto a tirar el proyecto a la papelera, o sea a dejarlo en el camino si sale una solución. Eso es lo que estamos buscando: una solución rápida, que salga esta semana; un proyecto de ley del diputado Rossi u otro tal vez no saldría antes del 15 de setiembre.

EC - Usted hablaba de que una ley sería injusta, justamente porque generalizaría. Este mecanismo del cual usted está hablando, ¿no generaliza también?

CGA - No, porque estaríamos atentos a que no se ejecute a la gente de trabajo. Si mañana se ejecuta a un deudor endémico o de grandes montos nadie va a decir absolutamente nada.

EC - ¿El ministro les ha dicho que algo así es viable en la conversación con los bancos?

CGA - Dijo que iba a hablar con los bancos esta semana para ver si lograba ese acuerdo. Vamos a estar a lo que él resuelva. Si no sale nada, estamos dispuestos a trabajar en alguna otra solución.

EC - ¿Pero cuál sería la otra solución, si usted dice que no hay ambiente político como para que salgan leyes en este sentido?

CGA - Sería ver si todo el FA acompaña. Si todo el FA acompaña podríamos lograrlo con los votos de AN solamente, si no no lo logramos. Por eso es que creemos que es mucho más efectivo conversar con los bancos y que ellos hagan un parate hasta febrero.

EC - Diputado Rossi, todavía no está el resultado de la reunión del ministro con los ejecutivos de los bancos, esa reunión tendrá lugar hoy a las seis de la tarde. Pero después de escuchar los lineamientos que recién sintetizaba su colega González Álvarez, de AN, ¿usted queda conforme?

VR - Yo conozco por los dos años que hace que estamos trabajando en este tema la preocupación y la participación del diputado González Álvarez en este asunto, y él y yo sabemos que siempre hemos estado dispuestos a impulsar caminos de solución, incluso a votar alternativas en el momento en que se presentaron. El asunto es que el tiempo ha pasado y la situación se ha hecho irreversible para muchos uruguayos porque las ejecuciones ya se concretaron, en algunos casos situaciones de poco dinero, de poco capital en juego, pero que liquidaron las posibilidades de una familia de trabajar y poder salir adelante. Por eso nos parece bien, coincidimos con el diputado Álvarez en la necesidad de buscar soluciones, si esas soluciones son las que se están elaborando ahora a partir de que se ha podido ubicar este tema nuevamente en el orden del día de la agenda política, macanudo, bárbaro. Por cierto nos vamos a sentir satisfechos de que se avance todo lo posible.

Pero ¿qué pasa? No sólo con las instituciones bancarias hay que abordar este tema, porque como yo le explicaba recién, hay deudas entre particulares por un lado, algunas de las cuales también están en trámite de ejecución, y estudios que han tomado la gestión de las deudas que antes tenían los bancos, que están representando a esos acreedores y no sabemos si el acuerdo que se logre con los bancos alcanzará todas las situaciones.

Por otro lado ya hubo un intento de solución conversada con las instituciones bancarias, solución que se llamó administrativa, y la verdad es que no contempló las situaciones de aquellos que tenían garantías suficientes y deudas relativamente pequeñas. Tampoco queremos proteger a los grandes deudores, pero usted tiene que saber que en general es gente que no tiene garantías suficientes porque ha recibido créditos en forma privilegiada. Eso ha hecho que pasen los años y los gobiernos y nunca se los ejecute, que estas personas viven de su deuda y no se las ejecuta. Desde luego, la institución que les prestó no va a poder resarcirse del capital y de sus gastos cuando las ejecute, por lo tanto va a tener que registrar una pérdida, cosa que no le conviene. No tenemos que entreverar las cartas, los grandes deudores son otro tema, estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que separe la paja del trigo. Acá se trata de las decenas y los cientos -se habla de un promedio de cien por día- de ejecuciones en el país, 24.000 en el año 2003. Estas cifras nos obligan a superar las diferencias que puedan existir para encontrar el mejor camino de solución.

EC - Diputado González Álvarez, tanto la solución de una ley de suspensión de ejecuciones como incluso la de un acuerdo por vía administrativa generan preocupación en los bancos, según ha ido trascendiendo en el fin de semana. Una primera pregunta que surge, porque no queda claro, es: si se impone esa suspensión de ejecuciones por la vía que sea, hasta fin de año, febrero del año que viene, ¿qué viene después? Porque lo que se sospecha es que, si hay una suspensión de ejecuciones, es porque después el nuevo gobierno va a terminar resolviendo alguna forma de refinanciación, lo que se entiende sería un retroceso para el país.

CGA - Efectivamente, lo que usted dice es lo más correcto. O sea, hacer una suspensión de ejecuciones porque sí no tendría sentido, sería retrotraernos a la época de las suspensiones de desalojos, de alquileres, que enrareció todo el mercado inmobiliario. Estamos en un momento electoral, en un momento muy difícil para tratar estos temas con la tranquilidad deseada, y en vísperas de una elección de la que va a surgir un nuevo gobierno. Esto es simplemente un paliativo por estos meses, hasta que el nuevo gobierno pueda establecer las líneas de solución a esos deudores.

EC - ¿Líneas de solución que implicarían refinanciaciones?

CGA - No hay duda; la solución va por plazos, tasas de interés, análisis caso por caso. A aquellas empresas que merezcan un tratamiento especial porque emplean gente, son el sostén de alguna familia, hay que darles una refinanciación acorde que puedan pagar con el fruto de su trabajo.

EC - Pero ir a la vía de la refinanciación, ¿es compatible con, por ejemplo, lo que ha anunciado el doctor Jorge Larrañaga en las reuniones que mantuvo en Estados Unidos con organismos multilaterales, etcétera, con respecto al cumplimiento de los contratos?

CGA - Por supuesto que es compatible, cómo no va a ser compatible. No se está rompiendo ningún contrato, simplemente se están refinanciando deudas de distinta manera. El gran bolsón de deudas está hoy en día en manos del Estado, en el Banco República o en los bancos que cerraron, o sea en los fideicomisos que se están armando ahora, incluso en esta venta de carteras que están haciendo. Ahí está, no le puedo decir la cifra exacta, pero ha de estar 90 por ciento del endeudamiento uruguayo.

EC - En caso de un gobierno del doctor Jorge Larrañaga, ¿vamos a ir a una nueva ley de refinanciación?

CGA - Vamos a dar medidas, las podremos dar por ley o directamente dando instrucciones a los directorios de las instituciones. El gobierno tendrá potestades para dar instrucciones a los directorios de las instituciones de que adopten medidas que son plazo y baja de intereses.

EC - ¿Y en el caso de las deudas con privados?

CGA - El caso de las deudas con privados es un problema un poco más complicado, bastante más complicado. Rossi tiene otra visión, yo creo que ahí no está el gran bolsón, el aparato productivo está dentro de los bancos, es muy difícil que alguna empresa contraiga una deuda con un privado para mover su aparato productivo.

EC - La misma pregunta para usted, diputado Rossi: si se logra alguna forma de suspensión de ejecuciones hasta febrero del año que viene, en el caso de un gobierno del EP, ¿qué viene después: una ley de refinanciación?

VR - Después viene el tratamiento caso por caso, si es posible por iniciativa del gobierno aplicando todos los mecanismos necesarios para el análisis caso por caso de las situaciones. Desde luego, promoviendo la ejecución de todos los que deban ser ejecutados, de todos los que han hecho del endeudamiento un modo de vida y por cierto procurando poner la prioridad en el salvataje de los que quieren trabajar y pagar a través del trabajo. No hay ninguna duda, el programa del EP-FA lo anuncia con bastante precisión y es la voluntad que todos coincidimos que debe concretarse.

¿Qué sucede? Para eso tenemos que llegar al 15 de febrero, 1 de marzo. No sólo tenemos que lograr que la ciudadanía nos confirme como gobierno, sino que los propios deudores tienen que poder llegar controlando sus bienes, su patrimonio, hasta que se pueda iniciar este proceso de búsqueda de soluciones caso por caso.

EC - El anuncio de este tipo de medidas, de este tipo de instrumentos para después de la suspensión de ejecuciones -dicen en el sistema financiero privado-, tiene como consecuencia muy probable el retroceso en el proceso que ha ido dándose de retorno del crédito. Pensar en la posibilidad de nuevas refinanciaciones, ni que hablar en perdonatutti de los que ya ha habido en el país en el pasado -dicen los ejecutivos de los bancos privados-, va a tener como consecuencia esto: que las posibilidades de regreso del crédito -crédito a mediano plazo, leasing, ese tipo de fórmulas- queden por el camino.

VR - Tenemos que asumir la realidad: o liquidamos a la gente y rompemos lo que decimos querer defender, la pequeña y mediana empresa agropecuaria o urbana, industrial, comercial, o damos la flexibilidad necesaria para que la gente pueda pagar a partir de su trabajo. Es asumir la realidad. La teoría está muy bien, las definiciones de tipo general, pero no resuelven los problemas de la gente, no ha resuelto hasta ahora los problemas del país. Venimos de un cataclismo que el propio gobierno uruguayo ha reconocido cuando él mismo ha promovido la modificación de las relaciones contractuales con algunos concesionarios del propio Estado en función de que cambiaron las condiciones económicas, que es mucho más que la propia devaluación, que es un factor importante: es el conjunto de consecuencias que ha tenido sobre el mercado la crisis del sistema financiero que vivimos. No se están cambiando los contratos, se están manejando con la flexibilidad debida situaciones que de lo contrario terminan sin que el acreedor logre recuperar su capital y liquidando y marginando al deudor del sistema productivo formal. Procuramos el espacio para poder abordar caso por caso y buscar la solución a medida de la gravedad de la situación.

Estamos hablando de los deudores, pero esto va a ser un hecho reiterado en otras situaciones. A menudo estamos en la discusión de cómo se reencuentran con sus ahorros los depositantes que quedaron embretados como consecuencia de la crisis del sistema financiero, y ahí tampoco todos los casos son iguales, hay que buscar soluciones a medida porque el país viene de un cataclismo que lo ha paralizado económicamente, que ha afectado a toda la población aumentando los índices de pobreza según las propias cifras oficiales, entonces tenemos la necesidad de ir cicatrizando con paciencia e inteligencia. Por eso nuestra iniciativa no es que se apruebe ese proyecto con puntos y comas, sino tocar un tema sensible que es necesario considerar. Si se encuentra otro camino, bienvenido.

Coincido en que la mayoría de las situaciones a contemplar corresponde a los deudores de los bancos quebrados, la banca oficial y particularmente el Banco República, lo que de alguna manera facilita una parte del problema. Pero también es cierto que aparte de ese sistema financiero privado que creció después de 2002, existen algunas transferencias de gestión de créditos por parte de las instituciones bancarias hacia terceros. Hemos sido protagonistas del bastante publicitado juicio de un productor agropecuario que tenía una deuda con un banco, pero que fue ejecutado por un particular que le había comprado la deuda al banco. El resultado fue que esa ejecución se llevó a cabo y la propiedad cambió de dueño. Ese tipo de cosas nos hace estar alertas de que tal vez no sea suficiente acordar con el sistema bancario instalado.

EC - Diputado González Álvarez, ustedes, tanto Rossi como usted, insisten en la idea de estudiar después caso por caso las situaciones. Pero desde el sistema financiero se responde: si no existe la posibilidad de las ejecuciones el deudor sin voluntad de pago no se va a acercar porque no va a tener esa espada de Damocles como una alternativa real; los acuerdos muchas veces se propician cuando la posibilidad de ejecución está sobre la mesa.

CGA - No, va a seguir, ejecuciones va a haber. Lo que estamos diciendo es: vamos a esperar estos meses, estamos en una transición de gobierno, va a venir un nuevo gobierno -esperemos que sea del PN- que va a dar un nuevo vuelco a la economía y a este tratamiento. Seguir con las ejecuciones, ¿de qué le sirve...? Los bancos se aferran a un eslogan que es ése: no me toquen, yo hago lo que quiero, yo cobro y si no mato al deudor. Pero tampoco les sirve a los bancos...

EC - Eso han sostenido a la prensa en el fin de semana voceros de los bancos: que no están recurriendo con insistencia a la ejecución porque se trata de un trámite largo y caro.

CGA - Los bancos van a seguir diciendo eso porque esa es su función, no pueden decir otra cosa, si no se les complica el sistema. Nosotros queremos salvar la fuerza productiva, porque de nada le sirve al banco ejecutar empresas que pueden seguir trabajando, solamente les sirve a los abogados ejecutores y a los rematadores, porque el banco mediante esas ejecuciones generalmente cobra mucho menos de lo que podría llegar a cobrar en un arreglo refinanciado, dando plazos para que la empresa pueda seguir trabajando. Ése es el fin que perseguimos: que los deudores puedan pagar sus deudas con el fruto de su trabajo en vez de cerrar sus puertas porque les rematan la unidad productiva. Ya sabemos lo que van a decir los bancos, ellos tienen que decir su discurso, van a estar en contra de estas cosas, pero no es nuestro problema. No me preocupa lo que digan los bancos; lo que me preocupa es salvar las unidades productivas, que es donde están la fuerza de trabajo de Uruguay y la gente que necesita vivir.

VR - Si me permite, quería decir que la consecuencia más grave de esta situación que estamos considerando -en la que, como usted ve, hay bastante coincidencia con el diputado González Álvarez- es originada por la quiebra fraudulenta de bancos. Ojo al gol: los bancos quieren, los bancos no quieren... Los bancos que defraudaron el país fueron los que generaron las peores condiciones que ahora tiene que sufrir el conjunto de los uruguayos y afectan a un sector de ellos que corre el riesgo de ser ejecutado. Para poner las cosas en su lugar, quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que primero considerar el problema de la gente, de la población, de las familias, de los productores, de los trabajadores; después, si acaso, la de ese instrumento tan importante en la economía del país pero que no es el dueño de todas las virtudes.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón