(Emitido a las 09.10)

ALFONSO LEMA: (Audio)
Bienvenidos a esta tercera reunión de este ciclo que hemos llamado "Escenario 2005. La política económica, la propuesta de los partidos políticos". En este caso agradecemos y damos la bienvenida al contador Ariel Davrieux y a la economista Fanny Trylesinski, que han sido muy amables en participar de este escenario y hoy van a presentar la propuesta de política económica del Partido Colorado (PC).

Como hemos hecho en las otras oportunidades, hemos estructurado la reunión considerando un conjunto de temas, en concreto siete grupo de preguntas que ya hemos presentado a los expositores, y a su vez les vamos a presentar algunas preguntas que ustedes nos hicieron llegar. La idea es que esto nos permita profundizar en el análisis y los contenidos de las propuestas de política económica.

Como en todos los casos, Emiliano Cotelo va a hacer la moderación.

EMILIANO COTELO:
Hemos previsto que cada bloque temático tenga una duración aproximada a los ocho minutos. Al final de cada uno de ellos podremos plantear alguna repregunta, si entendemos que es conveniente aclarar algún punto, sobre todo pensando en la audiencia que va a estar siguiendo este coloquio a través de El Espectador, y por último quienes están en la sala podrán formular sus interrogantes, además de las que vinieron del público y de la audiencia antes del comienzo. Ese espacio será al final de la disertación, no entre bloque y bloque.

Antes de dar la palabra a los expositores, la economista Fanny Trylesinski y el contador Ariel Davrieux, Alfonso presentará el primero de los temas.

ALFONSO LEMA:
El primer tema es una pregunta sobre el marco conceptual, es decir tener un diagnóstico sobre la situación de la economía y la estrategia general de la propuesta. Para ello hemos considerado tres preguntas: ¿Cuáles son, de tres a cinco los principales problemas/oportunidades que a juicios de ustedes presenta la economía? ¿Cuáles son de tres a cinco los principales objetivos de la política económica? ¿Cuáles son de tres a cinco las principales medidas a impulsar?

Diagnóstico y estrategia

FANNY TRYLESINSKI:
En el primer tema planteado, desagregado en algunas preguntas, quisiera dividir los problemas en dos tipos, en problemas no económicos que afectan el funcionamiento de la economía, y los económicos propiamente dichos. Obviamente hay una elección de algunos, no es exhaustivo, pero se trata de algunos problemas que a nuestro juicio son centrales. Todo esto en el marco -para ponerle un encabezado- de cuál es la gran oportunidad que tiene la economía uruguaya en los próximos años de seguir creciendo a tasas elevadas. Vamos a retomar este tema más adelante.

¿Cuáles son a nuestro juicio los problemas no económicos que están afectando el funcionamiento de la economía o que lo afectarán en el futuro? En primer lugar el corporativismo, el fuerte corporativismo de la sociedad uruguaya, que -no tengo ningún empacho en decirlo- es la contracara de la debilidad del sistema político. Eso es un tema central. Lo hemos visto en estos cinco años y probablemente lo veamos con mucha más fuerza en los cinco años próximos. Hemos tenido un partido político mayoritario que ha sido brazo político de los sindicatos públicos. Hoy, además de los sindicatos públicos y su brazo político, que van a estar en el Parlamento, tenemos algunos otros representantes de otras corporaciones que aparentemente también van a estar en el Parlamento, aquellos que han hecho de la violación de los contratos su leit motiv.

Para no quedarnos sólo en esto, podemos citar un ejemplo a todas luces evidente del peso de las corporaciones: la imposibilidad que ha tenido el sistema político uruguayo de finalmente terminar con la reforma del sistema de la seguridad social, tema que está planteado desde 1996, desde hace ocho años. Evidentemente allí ha habido un peso enorme de las corporaciones que ha impedido culminar esta reforma. Recién ahora, este año, se logró la reforma de las cajas Profesional y Notarial; sigue quedando pendiente el tema de la Caja Bancaria, que a esta altura del partido tiene una situación insostenible, pero la tenía hace ocho años. Y las cajas Policial y Militar; la Policial con una reforma en el Parlamento que nadie puede entender por qué no se vota. El sistema político no fue capaz de lograr los acuerdos necesarios en un tema que es muy importante.

Podríamos poner muchos otros ejemplos de este peso del corporativismo que tranca a la sociedad uruguaya y que siempre tiene como consecuencia que lo que ganan las corporaciones lo pierden los que no tienen corporaciones que los representen. En este caso basta mirar los indicadores de pobreza de Uruguay para darse cuenta de cómo es la historia.

El otro tema no económico que es central, que afecta el funcionamiento de la economía, sobre el cual hay que seguir trabajando -en esto creo que estamos mejor que en el tema del corporativismo-, es la educación. Creemos que hay que poner algunos temas en debate, es bastante claro que la educación explica en buena medida el crecimiento económico, y tenemos que ser capaces de mejorar y reforzar lo que hoy tenemos. La educación básica -si se quiere se la puede extender incluyendo la media- es una piedra angular de las políticas sociales además y hacia la igualdad de oportunidades. Pero es también la plataforma de lanzamiento para seguir en la educación.

En el tema de la educación superior es bastante claro que hay que seguir diversificando la oferta y que en algún momento la Universidad de la República deberá replantearse el rol que está cumpliendo en el país.

Debe haber muchos otros problemas no económicos que afectan a la economía, pero estos dos son los que nos parecieron centrales.

¿Cuáles son los problemas en materia económica? No quiero que se tome el orden que voy a dar como una jerarquización. Hay varios problemas. Uno es la vulnerabilidad de la deuda en la medida en que la situación de endeudamiento de Uruguay implica un margen muy estrecho de maniobra en materia fiscal. Eso de algún modo acota las posibilidades de realizar alguna suerte de política anticíclica por un lado, pero también las posibilidades de llevar adelante programas económicos que puedan implicar aumentos de gastos en un contexto donde las necesidades son de diverso tipo.

El otro tema, que es económico pero tiene algún parentesco no económico, es el informalismo. Es un problema que tiene sin dudas causas económicas pero también fuertes elementos de índole cultural, en una sociedad como la uruguaya que está asistiendo a un descaecimiento cultural bastante importante desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista estrictamente económico tiene consecuencias diversas, creo que todos los que están acá son bastante conscientes de ello, no voy a estar diciendo ninguna novedad. Además del tema de la recaudación fiscal, tiene que ver en la competencia, en el desarrollo en un sentido amplio de la sociedad; tiene impactos múltiples.

Tampoco se puede pensar que es un tema que se ataque solamente desde el punto de vista económico o con medidas económicas, como decía. Pero hay algo que no se puede soslayar, que es que una causa fundamental del informalismo tiene que ver con la elevada carga fiscal. Si uno mira los sectores donde hay más informalismo, son los sectores donde la carga fiscal es más elevada, sobre todo la laboral. En algunos sectores hay que revisar claramente el diseño de la aportación, que tiene un efecto bastante disuasorio para el ingreso al mercado formal. Nos referimos concretamente al tratamiento que se le da al sistema de DISSE; es necesario revisar este tema, en salarios muy bajos la carga laboral pasa a ser muy pesada por este tema de DISSE. Tengo muy claro que va a aparecer nuevamente aquí una poderosa corporación que va a poner el grito en el cielo el día que esto se pretenda revisar, pero creo que hay que hacerlo.

Estos son temas de contexto. Pasando a los objetivos, podría mencionar tres para los próximos años.

Uno es el fundamental, es la base de todo, que es lograr tasas de crecimiento del Producto del orden del 4% en los próximos... más de cinco años, diría yo. Lo cual va ligado a tener una tasa de inversión que no debería ser menor al 15% del PBI.

No se puede hablar de las condiciones necesarias para atraer la inversión sin mencionar la necesidad de la estabilidad de las reglas de juego, de la certeza jurídica, del ambiente favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco creo que yo puede agregar grandes novedades aquí, y creo que también está bastante claro para todos que estos elementos que acabo de mencionar son mucho más importantes que los supuestos sistemas de incentivos que se les dé; tendríamos allí dudosos criterios que dependen de personas que decidirían quién es el ganador y quiénes son los perdedores en estas lides. Realmente hemos leído últimamente algunos criterios que se podrían llegar a ampliar para esto que nos han parado los pelos, ¿eh? Certeza jurídica, ambiente favorable, reglas de juego estable... Vuelvo a repetir: no se puede estar planteando que se promueve la inversión y apoyar el plebiscito del agua; no se puede pretender promover la inversión y mantener los monopolios en los servicios públicos, impidiendo la participación del sector privado en áreas que son sensibles, que hacen a la competitividad de la economía y que se ha demostrado en el resto del mundo que son muy potentes para atraer inversión.

Acá tenemos un problema, en esta campaña política donde todo se soslaya bajo esa cosa edulcorada, de esto no se habla. Pero estos son temas centrales, y acá hay visiones diferentes, o por lo menos hay una parte del sistema político que ha sostenido una visión y nosotros sostenemos una visión contraria a esa. No sabemos si se cambió o si desde el gobierno se cambiaría, lo cierto es que apoyar el plebiscito del agua es una pésima señal y una aberración desde todo punto de vista. Sería bueno exhortar desde esta mesa a los que todavía promueven esto a dar una señal de sensatez y bajarse de esa propuesta.

El otro objetivo, que solamente voy a decir en titulares porque todo el mundo sabe lo que implica, es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Todos sabemos lo que es, y también cuando se pierde.

El tercer objetivo es el abatimiento del porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, o sea una mejora en los indicadores sociales. Un primer objetivo que uno debería plantearse es llegar rápidamente a los guarismos que teníamos en 1998 y luego seguir mejorando esos indicadores con un énfasis especial en el tema de la niñez.

También quiero hacer algunas puntualizaciones en este tema, que se ha utilizado políticamente y bastante mal. Yo que en la Facultad de Ciencias Económicas me dedico desde hace muchos años a enseñar los temas vinculados a indicadores, sé lo que uno les puede pedir, lo que no les puede pedir y lo que son. Acá se ha hecho una especie de culto al indicador de la línea de pobreza, sin que nadie sepa muy bien en qué consiste, pero de ahí aparecen los 850 mil pobres y todo el mundo habla todo el tiempo los 850 mil pobres... Bueno: me gustaría distraer la atención de ustedes, aunque sea tres minutos para conversar un poco de este tema porque me parece que se está manejando mal y se está utilizando políticamente. Estamos en campaña electoral, todo se utiliza políticamente.

Estos indicadores que se usan están comparando un monto de dinero teórico que necesitarían una persona o un hogar para vivir con el ingreso efectivo que perciben. Si el ingreso efectivo está por debajo de ese monto teórico se dice que la persona es pobre, y si está por encima se dice que es no pobre. Luego se hace otra desagregación diferente, se divide esa famosa línea, ese monto de dinero, en dos: aquello que es indispensable para alimentarse y el resto; se compara nuevamente el ingreso de las personas o los hogares con aquello que es fundamental para alimentarse y entramos en las categorías de indigente o no indigente. Claro, cuando a uno le dicen "hay tantos indigentes", uno piensa que hay tantos que se mueren de hambre o que no comen. No es eso, se está comparando con un monto teórico de dinero.

¿Qué sucede? En un Estado como el uruguayo, que tiene políticas sociales fuertes, pero que se basan fundamentalmente en transferencias en especies más que en transferencias monetarias, esas transferencias en especies no se toman en cuenta cuando se hacen estos indicadores de pobreza. Podemos estar clasificando como indigente a alguien a quien efectivamente no le alcanza la plata para cubrir su canasta de alimentos, pero que está recibiendo una canasta por parte de alguno de los organismos estatales. Si uno mira los indicadores físicos de lo que sucedió en la crisis encuentra que hubo un reforzamiento muy importante, tanto de la alimentación escolar como de las canastas alimenticias a través del Inda.

Yo no estoy diciendo -antes de que se me critique por esto- que lo deseable sea que a la gente le den la canasta de alimentos, que con eso nos podamos sentir contentos de que no sean indigentes y coman. No es lo deseable. Lo deseable es que la gente tenga su trabajo, un trabajo razonable que le permita tener su ingreso y con su ingreso haga lo que quiera, entre esas cosas cubrir sus necesidades básicas. Pero si eso no existe, es mejor que exista esto a que no tenga ninguna cobertura social. En Uruguay existen redes de protección social que han funcionado fuertemente durante la crisis pero que en estos indicadores no están tomadas en cuenta.

EC - Ya nos ha ocurrido que el primer capítulo es imposible de abarcar en ocho minutos...

FT - En el próximo voy a ahorrar tiempo.

EC - Simplemente recordamos que del primer tema todavía faltan las tres principales medidas a impulsar.

FT - La pregunta que uno se hace es en qué puede contribuir la política económica a lograr estos objetivos, en particular mejorar la competitividad de la economía que está en la base de todo. Porque uno siempre tiende a pensar que desde la política económica o desde el Estado se pueden solucionar todos los problemas y hacer todo.

Algunas medidas que es central promover, impulsar, continuar o tratar de que pasen por el Parlamento. Una es persistir en intentar liberalizar los mercados monopólicos que siguen quedando, en los cuales algo se ha hecho y mucho se ha impedido.

Lo otro en lo que también algo se ha hecho y mucho se ha impedido es persistir en los esfuerzos por eliminar trabas y regulaciones que afectan al sector privado, que también, en el caso anterior, ha sido objeto de fuertes resistencias por parte de las distintas corporaciones.

La reforma de la seguridad social que poníamos antes como un ejemplo; es necesario terminarla por un tema de salud fiscal, de equidad y por muchas otras razones. A la vez también -una costumbre que los uruguayos deberíamos tener y no tenemos, los chilenos la tienen y me parece muy sana- cuando se hace una reforma se la debe monitorear y hacerle los cambios cuando se ve que lo requieren. Acá en Uruguay una vez que aprobamos una ley, puf: la aprobamos, ahora por 25 años no tocamos nada, o por 50. Entonces creo que en la ley 16.713, de la reforma de la seguridad social, habría que seguir ajustando algunos temas.

En el tema social es necesario mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas sociales en curso, pero siguiendo los lineamientos que tienen actualmente. Profundizando el tema de la reforma educativa -eso está planteado en el programa de gobierno-, extendiendo la educación preescolar a los tres años e incrementando fuertemente las escuelas de tiempo completo.

En cuanto al sistema financiero creemos que es necesario seguir mejorando los sistemas de previsión, avanzar en la efectiva implementación de los nuevos marcos regulatorios que ya están definidos y terminar de definir algunos que no lo están.

Terminamos el primer tema.

Política monetaria y cambiaria (Audio)

EC - Pasamos al segundo módulo, que tiene como pregunta madre: ¿Qué rol tendrá la política monetaria cambiaria en relación con la inflación y la competitividad? Dentro de ese gran título hay varios ítems.

PABLO ROSSELLI:
Primer ítem: ¿Qué lineamientos seguirá la política monetaria? ¿Apuntará a un objetivo de inflación, como ya se está buscando en la actualidad? ¿Qué metas de inflación se tratarán de alcanzar en el corto y el mediano plazo? ¿Qué política cambiaria se aplicaría? ¿Se mantendría en particular el actual esquema de flotación cambiaria?

FT - Acá es donde voy a ahorrar tiempo para compensar. Yo diría que lo que se precisa en este tema es un programa consistente. Es obvio que nadie va a tratar de que haya una inflación alta o un tipo de cambio real bajo deliberadamente, voluntariamente. Lo demás son instrumentos. El objetivo de inflación es un instrumento. Así como en la década de los 90 estuvieron de moda las políticas de ancla cambiaria para reducir la inflación, hoy están de moda las políticas que tiene como objetivo una meta de inflación. La reflexión que yo hago es: si en la década de los 90 el plan hubiera sido consistente, si en las primeras etapas de su implementación no se hubiera generado el "atraso cambiario" o si el mismo hubiera podido revertirse con una mejora en la eficiencia, en el costo país mediante una reducción de éste, a lo mejor el final hubiera sido otro. Claro, en ese período pasaron muchas cosas, por ejemplo el gasto en seguridad social aumentó 5 puntos del producto en un producto creciente, entonces no era muy fácil tomar medidas para tratar de contrarrestar esa primera etapa.

El objetivo de meta de inflación tampoco serviría de nada si el resto de las variables, el resto del programa no es consistente. Es un instrumento. Es obvio que lo que se quiere es una inflación de un dígito y un tipo de cambio real que permita a las exportaciones uruguayas competir, es baladí decirlo.

Por otra parte, otro temas que tenemos que acotar acá es que no podemos ser ingenuos y pensar que somos autónomos en la región. Aquella política que se adoptó en la década de los 90 también estuvo muy fuertemente condicionada por lo que hicieron los vecinos; primero uno, después el otro, en definitiva llegó un momento en que estábamos todos en la misma. En ese sentido uno tiene que mirar también eso. Es por eso que poder avanzar en la coordinación macro con los vecinos nos parece algo fundamental.

EC - No sé si hay respuesta para la pregunta que pedía un dato concreto, qué meta de inflación se tratará de alcanzar en el corto y el mediano plazo.

FT - Obviamente el objetivo siempre es tener una inflación inferior a dos dígitos, de un dígito, si fuera posible menor al 5 por ciento. Eso depende de muchas cosas.

EC - Y está claro que se mantendrá la actual política de flotación en cuanto a política cambiaria.

FT - Sí.

Las políticas comerciales (Audio)

EC - Pasamos entonces al tercer capítulo, que tiene como pregunta central cuáles serán los elementos rectores de las políticas comerciales.

HORACIO MORERO:
Dentro de este marco general la pregunta sería: ¿Qué rol se le asignaría al Mercosur, la estrategia de integración con los vecinos, si se promoverían nuevos acuerdos comerciales con otros países? Y dentro del Mercosur, en concreto, qué agenda de cambios debería plantear Uruguay.

FT - Viene bien este tema porque ayer hemos asistido nuevamente a una exhibición de pensamiento simple, que es el que se estructura en base a falsas dicotomías, con respecto a este tema, en este caso la región o el resto del mundo. Entonces viene bien puntualizar algunas cuestiones sobre este tema; realmente disfruto mucho poder hablar de esto hoy especialmente para mostrar una visión bastante diferente de la que escuchamos ayer.

Voy a ser bien precisa. ¿Qué rol se le asignará al Mercosur? ¿Se promoverán acuerdos comerciales con otros países? La postura que nosotros tenemos con respecto a este tema es continuar con la línea de apertura de la economía para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. Punto uno. Y profundizar la inserción del país en la economía internacional; esto de los amigos grandes de al lado, de echarnos en sus brazos, no siempre es una política muy inteligente porque... Voy a hablar como directora de Comercio, porque estoy muy cerca de las personas que van al frente de batalla en las negociaciones; es muy interesante escucharlas, algo que deberían hacer todos antes de hablar, ver cuáles son los problemas que tienen nuestros negociadores. Lo cierto es que van con una instrucción muy precisa: defender los intereses de Uruguay. Ése ha sido el leit motiv de la política exterior uruguaya: defender los intereses de Uruguay, no del vecino grande de allá o del otro lado. Porque -una cosa que con toda humildad debemos aceptar- no son los mismos los intereses de nuestros vecinos y los nuestros, y me parece que nuestro deber es defender nuestros intereses, no los de los vecinos, que por cierto lo hacen bastante bien, defienden los de ellos, no los nuestros.

Dicho esto, estamos convencidos de la necesidad de mantener negociaciones en todos los ámbitos que se pueda: en el ámbito bilateral, en el ámbito hemisférico, en el ámbito multilateral. No nos oponemos a nada, por el contrario creemos que es bueno; obviamente implica que tengamos una posición firme en el Mercosur para permitir la apertura de la región al mundo porque se sabe que en materia comercial Uruguay tiene compromisos con el Mercosur y no puede negociar solo. Pero estas negociaciones con el resto del mundo también tienen como consecuencia mantener y perfeccionar el funcionamiento del bloque. Para Uruguay es fundamental limitar la dependencia del comercio intrarregional; sería muy bueno que pudiéramos eliminar las trabas que actualmente tiene y que se dan con tanta frecuencia. A pesar de los amigos que podemos llegar a ser con los vecinos, tenemos que tratar de limitar la dependencia de los precios de la región y tener nuevos negocios. Creo que la gente que en este momento está haciendo negocios con México y Estados Unidos debe estar bastante contenta. También es cierto que en términos de bienes hay un compromiso de negociar vía Mercosur.

Distinta es la situación en el área de las inversiones. Es una cosa interesante también para el pensamiento simple: Uruguay no tiene ningún compromiso con el Mercosur que le impida negociar acuerdos de inversión con el resto del mundo. Son cosas importantes que se deberían saber. Es más: es muy beneficioso para Uruguay negociar acuerdos de inversiones con el resto del mundo, si es que lo que decimos -que queremos traer inversiones- es cierto; si no es cierto, ¿para qué vamos a negociar acuerdos de inversión? En ese sentido hay un poquito de falta de coherencia. No hay restricciones, no es que Uruguay abandone a sus hermanos del Mercosur por negociar un acuerdo de inversiones; está permitido, puede hacerlo y tiene que hacerlo porque nosotros tenemos que velar por nuestros intereses, no por los de los vecinos, que bastante grandes son y bastante bien pueden cuidarse entre ellos.

En materia de servicios también, en la medida que el Protocolo de Montevideo todavía no fue aprobado por el Parlamento, tenemos cierto margen de maniobra.

Agenda de cambios, sí, hay que plantearle una agenda de cambios al Mercosur, claramente. Tiene que ver con traer otros temas arriba de la mesa; no podemos pensar este proceso de integración solamente en términos de disciplinar los instrumentos comerciales acordados o en tener una posición común en las negociaciones con terceros países. Pensamos que tiene que haber otras áreas que estén cubiertas, que tienen que ver con todo el tema de la integración física -que parece ser muy importante, aparentemente hay cierta voluntad de avanzar en esto-, el tema de la estabilidad macroeconómica y el tema de la solución de controversias, en el que se ha avanzado bastante. Además del famoso tema de la incorporación de las flexibilidades para poder incluir en esto las particularidades que tiene cada una de las economías, sobre todo las más pequeñas.

En el tema comercial sí, sería bueno tener las reglas necesarias para dotar de mayor transparencia y flexibilidad al comercio, porque a pesar de que nuestros hermanos mayores parece que son muy buenos con nosotros, tenemos líos con el arroz, con las bicicletas... En fin, mucha previsibilidad y transparencia parece que no hay; si no habría que preguntarle a alguna de las empresas afectadas.

Si tenemos un acuerdo en bienes, que esa parte esté bien sustentada.

Respecto a los otros temas de integración física, ahí podemos hablar del transporte, de la energía, que ha estado bastante en boga en este último tiempo, de la transferencia de tecnología. En el tema de solución de controversias una idea que tiene mucha gente aquí en Uruguay, que a la luz de algunas experiencias creo que podría ser muy buena, es la posibilidad de que los agentes privados tengan acceso a tribunales para litigar porque han sido en definitiva los más perjudicados por cierto nivel de arbitrariedad.

El otro tema, que puede ser el reforzamiento del Mercosur, que tiene menos que ver con el gobierno, es la interrelación, la vinculación de los sectores privados entre sí para a su vez promover la inserción en terceros países, la exportación, etcétera. Normalmente esto se conoce como complementación sectorial; avanzar en eso podría ser bien importante.

Las políticas sectoriales (Audio)

EC - Pasamos al cuarto capítulo, que tiene que ver con políticas sectoriales: ¿Cómo caracterizaría las políticas sectoriales que aplicaría su gobierno? Y una serie de subpreguntas.

PR - Las subpreguntas son las siguientes: ¿Habrá un énfasis en sectores o en proyectos específicamente? ¿Qué criterios se emplearán para seleccionar sectores, si hubiese una selección, o para promover proyectos? ¿Por qué esos criterios? ¿De qué carácter serán las medidas promocionales, en particular si serán transitorias o permanentes? ¿Qué proyectos se podrían promover? ¿Qué tratamiento se dará a las inversiones extranjeras? ¿Qué medidas piensa aplicar en materia de regulación de mercados, en particular cuál va a ser el marco regulatorio para las empresas públicas?

ARIEL DAVRIEUX:
En realidad los temas planteados acá son diversos, se habla de regulación, de empresas públicas, de tratamiento de inversiones extranjeras y de sectores productivos.

Respecto de regulación, la economista Trylesinski ya adelantó que ya existen las unidades regulatorias, más que nada vinculadas con aquellas actividades sujetas a competencia; sujetas a monopolio, porque no existe la posibilidad de competencia libre porque hay dificultades de acceso.

La línea general respecto de las empresas públicas que el PC mantiene y que ha intentado llevar cuando ha estado en el gobierno es tratar de eliminar los monopolios, de la misma manera que a través de la apertura de la economía terminó eliminando monopolios en la actividad privada. En la medida que lo consiga creemos que se logrará el mejoramiento en la asignación de recursos, mayor eficiencia, y en consecuencia mayor crecimiento económico, que es la base del empleo, disminución de pobreza y demás.

El estatuto de las empresas públicas está establecido en la Constitución, es un mecanismo bien difícil de modificar, más difícil que casi cualquier ley. Las mayorías que se requieren son de más de dos tercios, hasta de tres cuartos de los integrantes de todas las cámaras. O sea que se puede perseguir la modificación global, pero con la actual composición y con la que se avizora en las cámaras después de 2005 es muy difícil que se logre una reforma en ese sentido. Se ha ido avanzando y se propone avanzar en ese camino, por ejemplo que todos los precios de las empresas públicas, salvo los que son monopólicos, sean fijados por las empresas. La última noticia es que Antel redujo los precios de las llamadas a Ancel; simplemente está en competencia y lo fija al nivel que considera para competir, el gobierno no interviene en este tema.

En el régimen de funcionarios públicos se creó el sistema por el que los trabajadores pueden no ser funcionarios públicos, es el régimen de contratos a término que han comenzado a usar los bancos pero todavía no las empresas, que continúan con regímenes ad hoc especiales, diseñados estilo becarios y demás, que son fuente de problemas como se ha podido observar últimamente en el Correo. Pero la idea es que es personal que puede ser contratado, despedido, sujeto a todo el régimen privado, y ya existe.

Respecto de inversiones extranjeras, una respuesta muy simple: continuar con la política actual. A la inversión extranjera se le da el mismo tratamiento que a la nacional, tiene los mismos tipos de beneficios genéricos si los hay y específicos si se plantean en un caso concreto para proyectos que tengan interés particular. En consecuencia hay pleno interés en el desarrollo de inversiones extranjeras, porque además de ser capital es un capital que no se convierte en deuda del país y viene acompañada por el conocimiento de las empresas que ya han trabajado en el campo en otros países, o sea que tiene un valor agregado adicional al mero capital. Se piensa mantener el mismo régimen.

Respecto de la discriminación sectorial o la preferencia sectorial, en principio las políticas planteadas en el programa del PC son generales, o sea políticas que no discriminen la producción nacional teniendo un sistema impositivo que no perjudique a la producción nacional cuando se exporta, porque tiene que pagar impuestos, ni con respecto a las exportaciones, que las exportaciones paguen el mismo impuesto. Eso pasa con el impuesto al valor agregado (IVA), que grava el total del valor en la importación; en cambio el impuesto a la renta sólo grava el valor agregado nacional, en consecuencia favorece o grava menos al producto importado que al uruguayo; por lo menos los impuestos uruguayos.

Por sectores no, en general la política que se piensa sigue por proyectos. Pero eso no excluye que algunos sectores puedan llegar a ser considerados en forma muy limitada. En esto me remito a una expresión personal, no del PC: el gobierno es demasiado grande para poder entrar en los detalles y ponerse a discriminar demasiado por sectores. Sólo cuando está el camino abierto, ya hay inversiones rentables y se trata de ayudar a evolucionar a un sector que está avanzando se ha aplicado anteriormente y se piensa que se puede aplicar en el futuro.

Anteriormente se aplicó, por ejemplo, en los planes lecheros; en los últimos diez años el país viene creciendo a una tasa de 4-5 por ciento anual duplicando su producción. Se aplicó un plan arrocero, que es el principal cultivo de exportación del país. Se aplicó el desarrollo del turismo, se dieron facilidades especiales y ahí están los shoppings, hoteles y demás. A fines de 1989 se estableció un plan forestal que llevó a un país que prácticamente no tenía árboles a estar exportando decenas de millones de dólares con perspectivas de grandes inversiones en el sector.

De futuro los sectores que se han marcado dentro del programa del PC como interesantes, que han comenzado a tener difusión, o sea que no es algo que se nos ocurrió de golpe sino que los privados lo están haciendo, tienen que ver con la logística, el desarrollo del software y la biotecnología. Pero son temas que tendrán que ser analizados en cada caso, basados en los proyectos que se presenten.

Nada más.

Políticas salariales y de empleo (Audio)

EC - Pasamos al capítulo quinto, que tiene que ver con políticas salariales y de empleo. ¿Qué medidas se adoptarían en esta materia? En especial en estos puntos que siguen ahora.

HM - Concretamente: ¿Qué rol tendría el Estado en las negociaciones salariales? ¿Qué lineamientos se seguirían en materia de salario mínimo? ¿Qué políticas de fomento al empleo se tomarían? ¿Habría cambios en los impuestos al trabajo?

AD - Voy a aprovechar para señalar un punto que no señalé. Uno de los aspectos de más interés en esto de los sectores, si se puede considerar un sector, es el de exportaciones. Un país chico como Uruguay tiene que crecer hacia fuera, tiene que aprovechar las ventajas de los otros. Entonces un sector de preferencia siempre ha sido el exportador, y todo el sistema impositivo, crediticio, prefinanciación de exportaciones y demás, está pensado en términos de un sector vinculado a las exportaciones. En ese sentido cuando se pudo tomar algunas medidas de reducción de impuesto al trabajo se comenzó con la reducción de los aportes patronales a los sectores sujetos a competencia, básicamente a los productores de bienes que intervienen en el comercio, ya sea porque se exportan o porque compiten con bienes importados. Así se ha desgravado en primer lugar la industria manufacturera, comenzó en un momento, luego la industria y luego el agro; hay propósito de continuar con los comercios y servicios, que es el sector que actualmente ocupa a más gente, que tiene más costo fiscal y que –por lo menos el comercio interno– no está sujeto a competencia del exterior, porque es propiamente interno. O sea que lo que se puede esperar en términos de impuestos al trabajo es básicamente reducción de aportes patronales en comercio y servicios.

En términos de fomento del empleo lo que muestra la información que sirvió de base a lo que se ha formulado en el programa del PC es que el empleo está aptísimamente correlacionado con la evolución de la producción. Cuando el país creció, el empleo creció y el desempleo cayó, cuando cayó la actividad en 2002 pasó lo contrario, cuando lo estamos recuperando crece el empleo y disminuye el desempleo. Entonces el primer elemento es el crecimiento, por eso lo ponemos en primer lugar. Si no hay crecimiento en la producción, ocupar gente para no producir más significa simplemente clientelismo y llamar empleada a una persona que está contratada para no hacer nada, recibir un salario y simular que tiene un empleo. Lo básico es el crecimiento productivo, que es el que va a dar el empleo legítimo, el que permite crecer y mejorar a toda la sociedad y eliminar los males.

Sin embargo, uno de los elementos clave de este tema es que aumenta el desempleo cuando baja la actividad, pero generalmente aumenta más despacio de lo que cae el desempleo y eso no nos preocupa demasiado, la gente sigue ocupada aunque gane algo menos, no haga horas extra. El problema es que cuando crece la actividad no reaparece inmediatamente el empleo. Entonces algunos programas del estilo de conservar algún tipo de actividad y de ingreso a la gente se piensan hacer como se están haciendo en actividades comunitarias y demás. Pero esto no puede ser la clave de una política de empleo, es simplemente una forma de transitar un período negativo; lo deseable es que desaparezca lo antes posible.

De hecho la evaluación de otra de las políticas que se han seguido, que es la capacitación en el empleo, muestra que ha sido la política social menos exitosa del gobierno. Hay políticas que han sido exitosas, como las que ha mencionado la economista Trilesinsky, en materia de alimentación, alimentación escolar, extensión de la educación primaria a los cuatro años, pero una que ésta ha sido particularmente no exitosa. Esto no es novedad en Uruguay, en general pasa, las políticas de reeducar para el empleo no funcionan demasiado. A mí me lo expresó en una época –esto es una experiencia personal– una persona que era obrero textil: "Yo con 54 años, ¿qué puedo aprender de nuevo para colocarme en el nivel de especializado que tenía? Como obrero textil ya no funciono, y lo que puedo aprender... ¿quién va a querer tomar un aprendiz de 55 años en una fábrica?" Son dificultades de la realidad. La calificación debe mantenerse a lo largo de la vida y no si por casualidad uno queda desempleado. Cuando eso ocurre las personas en general no encuentran fácilmente trabajo en aquello para lo que se calificaron. Se ha gastado mucho más dinero en eso que en otras actividades, pero no ha caminado.

En términos de negociación salarial y salario mínimo no se puede dar una respuesta genérica porque hay distintos sectores. Mayormente está el sector de los funcionarios públicos, donde el Estado interviene totalmente; básicamente se ha negociado en las empresas públicas, particularmente he tenido que hacerlo durante unos cuantos años. En otros sectores ha habido menos negociación porque están sujetos a disposiciones legales, como las presupuestales. Pero hay sectores privados que prestan servicios o trabajan para el Estado, en esos casos el Estado va a seguir interviniendo porque las regulaciones de sus propios contratos dicen que se tiene que pagar todo aumento que se produzca. Ahí hay fácilmente un interés común, del trabajador que quiere cobrar más, lógicamente; de la empresa, cuyo margen de ganancia es sobre costos y cuando sus costos son más altos gana más; si el Estado no interviene está todo armado para que tenga mayores costos para obtener los mismos productos. Eso ocurre en distintos sectores, básicamente la salud, donde el Estado paga la mayor parte del gasto, no sólo de los públicos sino también de los privados a través de DISSE y todos los sistemas de pago de cuota mutual que tienen las intendencias, la Intendencia de Montevideo, los bancos, muchos organismos de la administración central, como tiene la construcción, cuyas paramétricas de cobro al Estado están ligadas a esto. En definitiva son sectores privados que de alguna manera dependen del Estado para su actividad y fijan sus costos y los trasmiten automáticamente al Estado; el Estado debe intervenir. En eso continuará interviniendo.

No somos partidarios –está planteado en el programa– de los consejos de salarios. Pensamos que fue una etapa necesaria pero que tuvo sus problemas entre 1985 y 1989. Un salario homogéneo en empresas con distintas actividades conduce a que unas estén muy ajustadas y otras desaparezcan; si se quiere mantener a unas, se provocan grandes ganancias en las otras. Preferimos un mercado laboral donde haya convenios colectivos, en lo posible por empresas, antes que consejos de salarios determinados por el Estado.

En cuanto a salario mínimo hay una iniciativa, que ha estado manejando el gobierno y que el PC comparte, de tratar de desvincularlo de varias partidas que se fijan en torno al salario mínimo. En realidad el salario mínimo es una disposición que trata de establecer un valor por debajo del cual no se debería pagar a nadie en toda la sociedad. En consecuencia no puede ser un valor muy alto, porque tiene que cubrir actividades de muy baja calificación y de muy baja edad e inexperiencia de quienes lo perciben. Pero Uruguay ha bajado mucho porque hay una cantidad de beneficios que paga el Estado vinculados al salario mínimo; una manera de bajar los beneficios, de que no suban mucho, es no subir el salario mínimo, todo lo cual llevó a que esté muy bajo. Es conveniente desvincularlo de muchos de esos beneficios, no de todos posiblemente, que no tienen nada que ver con el salario, fue simplemente una unidad de medida. Como controlar gastos viene complicado el salario mínimo se ha mantenido muy bajo, entonces es conveniente primero desvincularlo de esas prestaciones y luego tener un aumento razonable. Tal vez sea necesario un aumento en dos dígitos, pero no de tres.

EC - No de tres dígitos. ¿En qué plazos, por ejemplo?

AD - Eso se tiene que ir analizando de acuerdo con la situación, no se puede decir "en seis meses va a pasar esto, en un año esto otro". No es posible.

EC - ¿Usted tiene algún número en la cabeza?

AD - Yo tengo números, pero aquí estoy por el PC; no me haga comprometer a un partido por una opinión personal.

EC - A partir de la evaluación crítica que usted decía se ha hecho de las políticas de reeducación de desempleados, en cuanto a que han resultado poco exitosas, ¿qué conclusión hay que sacar? ¿Se las va a desalentar para el futuro, no se continuarán llevando adelante?

AD - No, creo que uno no puede renunciar y decir que la gente que queda desocupada perdió y se acabó. El resultado es muy nuevo, tiene tal vez 30, 60 días, está demasiado fresco como para saber qué hay que hacer efectivamente.

EC - Por último, en cuanto a políticas de empleo, usted ya se refirió a este punto, pero ¿cuáles serían las principales líneas a seguir en políticas de fomento del empleo, que era una de las preguntas?

AD - Básicamente le menciono el crecimiento económico, medidas que tiendan a eso y dejar de lado las que van en contra del crecimiento, tales como desalentar inversiones y demás, los temas que mencionó la economista Trilesinsky.

Política fiscal (Audio)

EC - Vamos al sexto capítulo, que corresponde a política fiscal. ¿Qué lineamientos de política fiscal se seguirán, teniendo en cuenta el fuerte peso de la deuda pública? ¿Qué cambios se prevén en materia de gasto público y tributación? Y una serie de puntos más específicos.

PR - Son los siguientes: ¿Se buscará incrementar el superávit primario para considerar la posición financiera del Estado? ¿Qué superávit primario considera que se debería alcanzar para que el pago de la deuda sea sustentable? Un segundo tema es: ¿Qué evolución tendrá el gasto público? ¿Qué áreas serán de mayor prioridad? ¿En qué áreas, si en alguna, disminuirá el gasto público? ¿Cuáles serían las principales modificaciones en el área tributaria y en qué tiempo se llevarían adelante?

AD - El tema es casi todo el presupuesto del gobierno, nada más y nada menos. Lamentablemente acá voy a tener que usar algunos números para poder ubicar cómo es el presupuesto del gobierno y la posición del PC respecto de cada uno de los puntos.

El componente más grande es la seguridad social, en un tiempo representaba casi el 50 por ciento, ahora los intereses se han comido una parte más grande y tal vez esté entre un 45 y un 48 por ciento, pero sin duda es la porción más grande del gasto público.

En segundo lugar compiten por importancia los intereses de la deuda y los salarios, ambos están próximos al 20 por ciento del gasto público. El resto se lo llevan las transferencias a las intendencias departamentales, de acuerdo con sistemas que vienen de antiguo pero que fueron ampliados por la reforma constitucional de 1996, que incrementaron las partidas en la última ley de presupuesto, la de febrero de 2001; los gastos corrientes, que son un componente relativamente pequeño pero voluminoso cuando uno mira las cifras en valores importantes, aunque no representa más de un 7 por ciento del gasto; y las inversiones, que son algo así como un 5-6 por ciento.

Así se compone el gasto del gobierno. Para hablar de cómo se ataca, a qué se le puede dar prioridad y cómo se puede reducir o no reducir hay que mirar punto por punto.

El primero es el gasto en seguridad social. Allí básicamente se plantea resistir a todos los impulsos irrefrenables permanentes de aumentarlo. Lo más difícil en el gobierno no es proponer reducciones, es frenar todos los aumentos que se plantean. Comenzando por intentar, como señaló la economista Trylesinski, obtener la reforma de los sistemas de las cajas Militar y Policial, que son de hecho hoy los más costosos en términos de transferencias del gobierno porcentuales porque son de retiros más jóvenes, el tipo de actividad requiere retiros más jóvenes pero las iniciativas planteaban un avance de la edad para reducir los gastos. En este gasto, sin duda, si no hay grandes modificaciones, no en las cajas Militar y Policial, sino en el sistema general, que naturalmente es el más amplio, cubre casi el 90 por ciento de la población, automáticamente se va a ir generando una reducción del gasto. O sea que es un componente básico que de acuerdo a la reforma de 1996 va a continuar reduciéndose, se puede prever por ese lado, siempre que no se introduzcan modificaciones que vayan en el sentido contrario. No quiere decir que sea un sistema inmodificable, algunas de las que se mencionan –por ejemplo en lugar de 35 años de empleo 30, pero sin modificar las edades de retiro– no modifican prácticamente nada, no tienen costo y tal vez hasta sean convenientes. Como dice la economista Trylesinski hay que cambiar las cosas cuando se ve que es necesario. Pero les puedo asegurar que recibimos un intento por mes de introducir sistemas de retiro a los 50 años, por despido; siempre aparece como justificación una situación natural de gente que se queda sin empleo, ¿por qué no permitirle retirarse a los 50-55 años? El último planteo fue la semana pasada, no estoy hablando de cosas imaginarias. Parece natural, la actividad desaparece, ¿por qué no dejar que esa gente se retire a los 50 años? Si esas cosas pasan el gasto en seguridad social, que es el más grande de todos, va a subir.

Entonces la primera cosa que se plantea es no introducir cambios que aumenten un costo que ya es muy importante, llega bastante más del 10 por ciento del producto nacional y es el más importante.

El segundo es cuidar el nuevo componente importante, que es el de los intereses. El cuidado en el manejo de la deuda externa, cuidar que no se amenace siquiera con dejar de cumplir las obligaciones, sólo pensar que Uruguay puede incumplir sus obligaciones aumenta el costo en forma muy importante. Uruguay tiene una deuda importante, que ha bajado bastante, con la suba del producto de este año se ubicará en el orden del 90 por ciento del mismo, pero es una cifra muy importante. Las tendencias muestran que con un superávit primario del orden del 4 por ciento –ese número está puesto en el programa del PC–, es plenamente posible lograr una reducción de la deuda a debajo del 50 por ciento del producto en seis o siete años. No es inmediato, pero la perspectiva es favorable y en este momento todos los cálculos de los organismos internacionales coinciden con los que se hacen en el país –y el PC los toma– en que es posible, con un superávit primario no de 5 ni 4,5 por ciento como en Brasil, ni de más de 4 como ahora se maneja en Argentina, sino de 4 o algo menos de 4, cumplir con la deuda y mantenerla pagable. Con las siguientes ventajas: con ese porcentaje de deuda –90, 100 por ciento– Uruguay paga mucho menos intereses que Brasil, que tiene una deuda de 60-65 por ciento, porque la tasa de interés que paga Uruguay es muy baja frente a la que pagan otros países. Eso es así porque siempre cumplió, negoció en su momento tal vez adecuadamente algunas cosas, tuvo apoyo para las negociaciones, pero lo cierto es que la tasa de interés promedio de Uruguay está en el orden de 5-5 y algo por ciento en dólares, lo que en la región, donde las tasas andan en 10-12 por ciento, es realmente bajo. Cuidar eso es cuidar que sea posible mantener un superávit primario limitado, cerca de 4 por ciento, que es importante pero es limitado frente a lo que puede pasar. Entonces una gran medida de control del gasto público es mantener la deuda negociada, bajo control y sin amenazas de incumplimiento.

En cuanto a los otros componentes, básicamente tenemos salarios, gastos e inversiones. Las inversiones en Uruguay son relativamente bajas, el Estado ha bajado mucho el nivel de inversión, en un tiempo andaban en algo así como el 12,5 del producto, actualmente están en poco más del 1,5 en la administración central. Han llegado a un nivel realmente bajo, sin duda, por sus obligaciones internacionales, para cumplir con mayores pagos de deuda ha tenido que rebajar su gasto primario. Es muy difícil que se pueda comprimir ese componente; se puede disminuir alguno y subir otro, pero comprimir adicionalmente me parece extremadamente difícil.

En cuanto a prioridades de gasto, ya las indicó la economista Trylesinski. Tenemos la parte de educación, sobre todo primaria y secundaria, que alcanza a todos los habitantes de la República y cubre afortunadamente desde los cuatro años de edad, e incluso hay un planteo de que se extienda a los tres años para obtener una cobertura total mínima de 15 años obligatorios de educación, que es la base de creación de capital humano y de crecimiento. Cuando queremos crecer y producir más y más empleo, el país crece cuando se educa más. Esto no es sólo una idea vareliana del siglo XIX, estudios econométricos muestran que el crecimiento del producto de Uruguay está muy relacionado con la incorporación de años de educación a la mano de obra utilizada. Y cuando se analiza el mercado micro, a nivel de las personas, es decir lo que ganan las personas, a través de la Encuesta de Hogares –datos que se analizan en el Instituto Nacional de Estadística–, se muestra que la retribución crece bastante de acuerdo al nivel educativo. La retribución es mayor porque la persona produce más, las empresas no pagan más de gusto, solamente lo hacen si se justifica. Se justifica porque producen más, y para producir más tienen que tener más educación. Primer elemento entonces: educación.

Y segundo elemento, atender los problemas de exclusión que han surgido, sobre todo en los años más difíciles, entre 2002 y 2003 básicamente, que son los problemas de infancia y de pobreza, a los cuales deben destinarse más recursos.

En materia impositiva no pensamos que tenga que haber cambios sustantivos. La opinión es que un sistema de impuestos indirectos es básicamente más favorable para un país con vocación exportadora porque las exportaciones no pagan y las importaciones pagan todos los impuestos, mientras que en un sistema de impuestos directos los pagan todos. Pero corresponde hacer varios cambios, algunos ya propuestos por el presente gobierno, en algunos impuestos distorsivos, algunos de los cuales ya se bajaron, muy poquitito; por ejemplo el Cofis de servicios públicos, un impuesto que es sólo para bienes pero que si son públicos pagan también los servicios, se eliminó. Quedan muchas discrepancias, tales como algunos IVA que no se pueden deducir, lo que es un contrasentido con el impuesto, que justamente se crea para que se pueda deducir, si no, no es impuesto al valor agregado; se llama valor agregado pero unos lo deducen y otros no.

Ese tipo de distorsiones hacen que funcione mal la economía, deberían suprimirse; fueron necesarios en circunstancias especiales, y cuando las mismas desaparecen es mejor eliminarlos. Otros impuestos son fácilmente eludibles, salvo para las entidades públicas, entonces terminan pagando sólo las entidades públicas y las privadas no. Si queremos sacarles dinero a las empresas públicas lo sacamos directamente, no les ponemos un impuesto falso que sólo ellas pagan y les crea dificultades para competir. Ese tipo de cosas debería hacerse, pero se trata de mejoras al sistema vigente, no de un cambio total.

EC - ¿Y en cuanto a mejora de la recaudación de esos impuestos?

AD - Eso está planteado, hay toda una discusión bastante pública últimamente sobre un cambio de sistema en las retribuciones de la Impositiva, en el que todo el mundo está de acuerdo, para lograr mayores dedicación y especialización y para eliminar conflictos de intereses, pero después aparecen las diferencias en las retribuciones al personal administrativo y demás. En todo caso la idea es una mejora del sistema impositivo como base para una reducción de tasas de impuestos, algunas de las cuales están decididamente altas. Siempre se dijo que el IVA era alto con 23, y ahora tenemos además el Cofis en muchas cosas, que agrega puntos; ahí la cosa es que en realidad sustituyó a otros impuestos, tal vez peores, se sustituyeron los aportes patronales a la industria y al agro, pero en todo caso son tasas muy altas.

El sistema financiero y el desarrollo de un mercado de capitales (Audio)

EC - Vamos al último capítulo, que tiene que ver con el sistema financiero, si habrá políticas especiales para el sistema financiero, y dentro de ese gran título algunas consultas más puntuales.

HM - Tres preguntas: si el Estado procurará incidir en la asignación sectorial del crédito, si se adoptará medidas para promover el desarrollo del mercado de capitales y si habría modificaciones en relación al secreto bancario.

AD - Hoy estoy especialmente contradictorio, espero haber contestado todo, pero me gusta empezar por el final. Empiezo por el final: secreto bancario. No, no hay ninguna iniciativa para modificarlo, entendemos que todos los temas penales que se mencionan están previstos en la ley, los jueces pueden pedir el levantamiento del secreto bancario, cuya existencia ha servido al país para tener un financiamiento a costos más bajos y en situaciones difíciles. Creemos que debe mantenerse. Por supuesto que si hay alguna propuesta de modificación se analizará, pero no será del PC.

En cuanto a la orientación sectorial del crédito... tendría tendencia a decir no, pero de alguna manera en algún sentido sí. No en el sentido de decir "vamos a impulsar el crédito a tal sector a tal tasa de interés", eso no está planteado. Pero sí está planteado como resultado de la crisis y de la necesidad de fortalecer el sistema bancario, de que sus activos estén sujetos a menos riesgo. Se está estudiando una iniciativa porque todo eso tiene sus costos y el costo del crédito es un problema para las empresas, tratar de evitar el riesgo cambiario en que incurren. Los bancos prestan en la misma manera en que reciben los depósitos, reciben dólares y prestan dólares, pero quienes reciben los préstamos no tienen ingresos en dólares, en consecuencia hay un riesgo implícito porque el deudor tiene el riesgo de no poder pagar. En la medida que no paga el deudor, no cobra el banco y se debilita. En ese sentido se piensa introducir medidas que hagan que tenga un costo adicional y sea necesario tener un banco más fuerte cuando incurra en el riesgo de prestar a un cliente que no tiene ingresos en la misma moneda en que recibe el crédito. De alguna manera eso significa encarecer el costo en moneda extranjera para quien se endeude en esa moneda no teniendo ingresos en la misma. Otra manera de ver el tema es hacer más favorable el crédito en moneda nacional para quien la utilice como ingreso, para que no le creen dificultades las modificaciones del tipo de cambio, sobre todo en un régimen de flotación, donde de pronto puede bajar, lo que al deudor le viene muy bien, pero de pronto puede subir y hacerse muy difícil de pagar para el deudor.

En cuanto al mercado de capitales, el tema es que como todo el negocio crediticio de un negocio de confianza, esto no se trata de "ténganme confianza", sino de que la gente llegue a tener confianza a través de los hechos, y los hechos muchas veces no han sido favorables. Ha habido emisiones en el mercado de capitales que se han incumplido y eso ha retirado algo de la confianza. Hubo un auge de las emisiones en 1997, 1998, y luego, al haber incumplimiento, el mercado de capitales se achicó un poco. Por supuesto que hay interés en desarrollar mercado de capitales; para eso es necesario restablecer la confianza, tal vez ser más rígidos, no impulsando cualquier emisión sino controlando más y dando más garantías, lo que no siempre es posible, porque hay que tener una buena auditoría de la empresa, la empresa que califique la emisión tiene que conocerla bien, y tenemos experiencias internacionales de empresas en el exterior e internacionales operando en el país que han tenido errores. Eso siempre crea inquietud, quien entrega el dinero y espera recibirlo en el futuro es una persona muy temerosa; lo digo por conocimiento propio, por mí mismo, soy muy temeroso cuando hago esas cosas.

Preguntas

EC - Hemos recorrido los siete capítulos que Tea, Deloitte & Touche les ha hecho llegar a los invitados a este ciclo "Escenario 2005. La política económica, las propuestas de los partidos políticos".

Corresponde que demos paso a las preguntas del público, algunas de las cuales llegaron por anticipado, porque estaba prevista esa posibilidad.

AL - Hay un par de preguntas que nos han hecho llegar clientes por mail. La primera de alguna forma ha sido contestada, pero de todas maneras cumplo en presentarla para dar la posibilidad de que hagan algún comentario adicional. Dice: "¿Está de acuerdo en implementar el impuesto a la renta de los intereses de depósitos bancarios, bonos y activos financieros?".

AD - Ya fue contestada. No somos partidarios de hacerlo; cuando hubo que pensar en eso en algún momento se gravaron los créditos bancarios, pero no los depósitos.

AL - La segunda pregunta está relacionada con el costo y la desdolarización de la deuda pública. "Si a pesar del alto costo que está significando en el corto plazo la emisión de deuda en pesos, se mantendría a largo plazo el objetivo de calzar por moneda las cuentas fiscales."

AD - En primer lugar hay una referencia a corto plazo, que es el alto costo y el objetivo a largo plazo de calzar. Eso demuestra que ahí hay una diferencia. El punto es que se desea efectivamente disminuir la exposición en moneda extranjera. Esto no es tan urgente para el gobierno, porque es la sociedad en su conjunto en definitiva, como para un banco, que debe tener calzados sus activos y pasivos, y su existencia misma depende de que esto se haga. El gobierno no va a poder tener calzados sus créditos porque el monto de la deuda de Uruguay difícilmente se pueda convertir todo en moneda nacional.

El intento es disminuir parte de la deuda en moneda extranjera, lo que supone si se tiene éxito, o sea si la gente desea en algún momento o prefiere tener una colocación en términos reales, que se le garantice un rendimiento real en lugar de estar pensando en un rendimiento en dólares. Efectivamente, cuando uno comienza a efectuar colocaciones de ese tipo al principio obtiene tasas de interés muy altas; por ejemplo, en la segunda mitad del año 2002, cuando la tasa en pesos llegó a ser de algo así como 140 por ciento, hubo el pensamiento: más que esto ofrezcamos títulos en unidades indexadas (UI), a ver qué tasa de interés nos cobran. Y nos hacían el arbitraje: ustedes dicen inflación 20 por ciento, tasa de intención 140; 240 dividido 1,20; les cobramos 100 por ciento en UI. Por supuesto, no hubo ninguna emisión en UI al cien por ciento, pero el interés es lograr llegar a una tasa real razonable, tipo 4-5 por ciento, que por el momento no es alcanzable pero no se alcanza de inmediato. En todo esto del negocio del crédito tiene que haber experiencia, experiencia de que se cumple, de que se cobra, de que es bueno en definitiva tener un rendimiento real, que uno mantiene el capital. Luego las tasas de interés comienzan a bajar, comenzamos con algo así como 12 y ha habido tasas de 9, 8, eso tiende a moderarse. Por lo menos el PC, si está en el gobierno, pretende continuar en ese sentido.

AL - La pregunta tendría otro componente, era una pregunta sobre intenciones de política económica de disminuir el nivel de dolarización de la economía.

AD - Efectivamente, ése es el componente que decíamos, queremos disminuir ese nivel de dolarización sabiendo que para el Estado es muy difícil reducirlo en forma muy importante, por lo menos en los próximos cinco años.

EC - Yo tengo una pregunta que me quedó de más temprano, cuando exponía la economista Fanny Trylesinski. Señaló al pasar que en las últimas horas, en los últimos días había escuchado algunos criterios en materia de incentivos –creo que se refería a incentivos a las inversiones en determinados sectores de la economía– que le habían "parado los pelos". La pregunta podría ir, no tanto por la crítica –eventualmente por la crítica–, sino sobre todo por la positiva, en cuanto a cuáles entienden ustedes que sí son criterios válidos para incentivar la inversión en determinados sectores de la economía. Algo de eso estaba previsto en el cuarto capítulo y algo señaló el contador Davrieux, pero me gustaría redondear esa idea.

FT - Primero, no me canso de insistir en un tema que es central, el tema de la certeza en las reglas de juego. Eso es fundamental, si no hay eso todos los otros incentivos que se puedan dar no sirven para nada. Creo que ya está bastante claro a nivel internacional que no se sustituye incentivo por reglas de juego claras, hoy le podemos dar 100, pero mañana le sacamos 200. Toda esta historia no sirve para nada.

En Uruguay hay una política, ley de inversiones, exoneraciones, hay un sistema general de exoneraciones. Creo que ese sistema general tiene que seguir vigente, obviamente, y que en ciertos casos, cuando se trata de inversiones de muy alto porte –estamos asistiendo en Uruguay a un par de ejemplos de esos, de inversiones de montos absolutamente inéditos en la historia del país...

EC - Usted alude a las dos inversiones en plantas de celulosa.

FT - Exactamente. En esos casos –por supuesto, dentro de los marcos legales y con la transparencia adecuada– debe existir por parte del gobierno un cierto nivel de discrecionalidad para poder –insisto, dentro del marco legal– dar algún incentivo, alguna exoneración especial; en definitiva es lo que está pasando ahora con el tema del otorgamiento de zona franca para estas inversiones. Pero estamos hablando de inversiones no solamente de gran porte, sino que sabemos que van a revolucionar –en el buen sentido del término, por favor– todo el litoral. Creo que esos casos sí ameritan un tratamiento especial.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón y Mauricio Erramuspe.
Fotos: Caterina Notargiovanni

La propuesta económica del Partido Nacional
La propuesta económica del Encuentro Progresista