(Emitido a las 07.35)

EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo concluyó que no pueden seguir operando la docena de empresas privadas de servicio de agua potable que operan en todo el país. Se iniciará contactos a partir de la próxima semana con Uragua y Aguas de la Costa, que operan en Maldonado para un retiro "ordenado, rápido y fluido". La reforma constitucional del agua, que fue aprobada en el plebiscito que tuvo lugar el 31 de octubre junto con las elecciones nacionales, entra hoy en vigencia. De todos modos, precipitó contactos de todo tipo, preocupaciones, inquietudes, y ahora una definición del Poder Ejecutivo que llegó más rápido de lo que se aguardaba.

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Estamos en comunicación con el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, doctor Óscar Brum. Decía que el pronunciamiento del Ejecutivo vino más rápido de lo esperado, porque el Consejo de Ministros se reunió este martes, y allí se resolvió formar una comisión de juristas a nivel del Poder Ejecutivo, precisamente para estudiar el impacto, las consecuencias prácticas de la reforma. Incluso se anunció que se convocaría a representantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio y de Alianza Nacional, los sectores políticos que impulsaron la reforma.

ÓSCAR BRUM:
Hubo versiones de prensa que dijeron algo así, como que íbamos a convocar a determinadas personalidades políticas y a determinados juristas. Lo único cierto es que íbamos a hacer las consultas pertinentes a nuestros servicios jurídicos y tomar la resolución que correspondiera...

EC - Se precisó incluso que al frente de esa comisión de juristas estaría el doctor Elías Bluth, pero todo terminó siendo bastante más rápido y más breve.

OB - Lo único cierto es que vamos a tener que formar una comisión de trabajo, eso sí, para armar los cronogramas y las etapas necesarias para esa debida transición que naturalmente debemos hacer, en la medida en que hay varios vacíos que debemos llenar. Pero la verdad es que efectivamente la norma plebiscitada el 31 de octubre entra en vigor a los tres días de publicada en el Diario Oficial por la Corte Electoral, y esa es la razón por la cual, apenas entra en vigor la Constitución, hay que aplicarla.

EC - Ustedes han llegado a la conclusión de que, efectivamente, las empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento deben dejar de hacerlo.

OB - Lo que pasa es que no se puede desatender el tenor literal y claro de la reforma constitucional y el sentido natural y obvio de las palabras que allí se expresan...

EC - Recordemos el texto: "3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

OB - Se da cuenta de que esa expresión tiene un sentido imperativo, y como tal debe ser aplicado en forma inmediata apenas entra en vigor...

EC - Hay interpretaciones distintas.

OB - Sí; es probable que las haya...

EC - Ayer mismo, en el suplemento Economía y Mercados del diario El País, el doctor Juan Andrés Ramírez publicó un artículo que seguramente usted leyó, en el que se pronuncia por la tesis contraria a la que ahora asume el Poder Ejecutivo.

OB - Es verdad, pero así como lo hicimos en el plebiscito sobre Ancap, hace un año, lo mismo sucede ahora: más allá de que el Poder Ejecutivo estaba en contra de esa reforma y de ese plebiscito, una ley que se aprueba no hay más que aplicarla. Consultar en este momento su espíritu, consultar el contexto, la armonía y la correspondencia de las normas y buscar la forma oblicua de no aplicarla, me parece que no es el sentido que le dio más del 60 por ciento de la población. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tiene otra obligación que aplicarla.

EC - Uragua fue la única empresa concesionaria de estos servicios que hizo llegar al Poder Ejecutivo su opinión adelantando que, a su criterio, el contrato que tenía con el Estado pasaba a ser ilegítimo y por tanto reclamaba que se ordenara cómo se hacía el traspaso de las instalaciones y cómo se resolvía la parte jurídica.

OB - Es verdad; fue la única empresa que dio un paso en primer lugar. Pero nosotros tenemos que aplicar la Constitución a todas las empresas en este momento involucradas.

EC - Todas.

OB - A todas. En ese sentido vamos a comenzar a dar los pasos a los efectos de formar un cronograma, formar las etapas necesarias y los estatutos para buscar un procedimiento adecuado a los efectos de llevarlo a cabo, fundamentalmente con el objetivo de no resentir el servicio, de dar continuidad al servicio de agua potable y saneamiento, especialmente en Maldonado y especialmente en esta especial época que estamos viviendo.

No se olvide de que tenemos una Constitución reformada que obliga a que el servicio pase a la única persona jurídica estatal en este momento con competencia en materia de agua, que es la OSE, sino que además tenemos una obligación de igual para el Estado, que es la obligación de asegurar la continuidad del servicio. O sea que son dos normas constitucionales que en este momento nos imponen su obligación: por un lado, la reforma que nos dice que los servicios deben ser prestados por una persona jurídica estatal, en forma imperativa, y por otro lado la obligación de asegurar la continuidad del servicio esencial que es el de agua potable. Atendiendo al bien jurídico protegido más importante, que en este momento es el servicio de agua para la población, no tenemos más remedio que buscar todos los mejores procedimientos para asegurar ese servicio a toda costa.

EC - ¿Se va a empezar con Uragua?

OB - Se va a empezar analizando ese cronograma y esas etapas que obviamente serán luego objeto de análisis con cada una de las empresas. No en particular con ninguna de ellas, pero obviamente nos sentaremos a conversar con Uragua, con Aguas de la Costa, con la empresa del Pinar, luego con las demás de la docena de pequeñas empresas que existen. Allí vamos a dar prioridad a las más importantes: hoy tenemos entre todas unas 60.000 conexiones, realmente son algo muy importante.

EC - El traspaso de las instalaciones y la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento no parece algo demasiado complejo. Supongo que está de por medio detalles como qué pasa con el personal de esas empresas, pero habrá alguna fórmula a esos efectos. Lo que parece más complejo es cómo efectuar las inversiones pendientes en materia de saneamiento, por ejemplo en el caso de Maldonado y en el área abarcada por Uragua.

OB - Todos los temas del traspaso son realmente complejos; no es sencillo traspasar la parte operativa, no es sencillo traspasar la parte comercial... Para manejar el tema necesitamos un peón de bombeo que sepa manejar todos los temas, el tomaconsumo... tantos elementos que realmente hacen al tema bastante complejo. Naturalmente las consideraciones jurídicas y financieras van a ser realmente importantes, y vamos a tener que sentarnos a conversar porque el cuándo, el cómo y el cuánto son el gran tema de esta reforma; obviamente existe un vacío muy importante.

EC - Me refería sobre todo a los costos de asumir esos servicios. Desde ese punto de vista, la continuidad de la operativa no parece lo más complejo (aunque supongo que está lleno de vericuetos) pero sí lo parece de dónde sacar el dinero para las inversiones que están pendientes.

OB - En el tema de saneamiento, por informes mínimos que tenemos de OSE que eran conocidos antes de la reforma constitucional, se necesitaría no menos de U$S 500 millones para hacer frente a todas las necesidades de saneamiento en todo el país. Y ese es un tema que naturalmente tendrá que resolver el próximo gobierno con la OSE, y buscar los medios para solucionar el problema de saneamiento tan necesario en este momento.

EC - El nuevo gobierno no sólo va a tener ese desafío por delante, sino también el de enfrentar con las arcas del Estado el problema de las indemnizaciones. Porque todas estas empresas van a reclamarle al Estado.

OB - Seguramente. El Estado tendrá que hacer frente ahora al mandato constitucional aprobado por la mayoría de la población el 31 de octubre, en el sentido de que, cuando estas concesiones pasen a la órbita de la OSE, deberá pagar las indemnizaciones correspondientes según lo dice la Constitución. Era lo que le decía antes: el cuantum y el procedimiento para pagar esas indemnizaciones es lo que no sabemos y en lo que debemos obrar con muchísima cautela; necesariamente tendremos que sentarnos a conversar con las empresas involucradas y, si no llegamos a un acuerdo, el único ámbito posible de solución es la jurisdicción de los juzgados nacionales. Es la única solución posible en el caso de controversia. Si podemos ponernos de acuerdo en el cuantum, sería fantástico.

EC - Pero lo que ustedes están previendo entonces es que todas estas empresas se retiren. ¿No hay posibilidad de entendimiento con algunas de ellas?

OB - No; la Constitución nos da una orden imperativa y en ese sentido deberíamos estar aplicándola en forma razonable, cuanto antes posible.

EC - Se lo pregunto, entre otras cosas, porque veo que el Herrerismo promoverá una ley interpretativa sobre la reforma de forma tal de que las concesiones a privados puedan mantenerse, según fuentes del sector citadas por el diario El Observador.

OB - Si esa es una posibilidad futura, lo veremos en la medida en que los temas se vayan sucediendo. Si hay una ley, quien puede interpretar determinadas cuestiones, determinados vacíos de la Constitución que no están llenados es el Poder Legislativo. Así que bienvenido sea si hay una norma interpretativa en ese sentido.

EC - Respecto al personal de estas empresas, ¿qué tienen en principio en la cabeza?

OB - No tenemos absolutamente nada planeado en ese sentido. Sabemos que OSE va a necesitar en el plazo inmediato cierta cantidad de funcionarios para poder operar. Veremos si es con los propios funcionarios que tiene actualmente, o si con algún funcionario de las empresas involucradas. No olvide que cuando OSE entregó las concesiones a Uragua y Aguas de la Costa, la mayoría de los funcionarios era de OSE, que renunciaron y pasaron a ocupar cargos en esas empresas. Así que es posible que tengamos algún tipo de solución en ese sentido también.

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EC - Las empresas cuyas concesiones caen según la interpretación del Poder Ejecutivo son Aguas de la Costa (La Barra, Manantiales y José Ignacio) y Uragua (Maldonado y Punta del Este), que prestan servicios de agua potable y saneamiento. Las otras prestan solamente servicios de agua potable: Aguas de El Pinar (El Pinar, Solymar, Médanos de Solymar y Colinas de Solymar), Carking (Bella Vista), Club del Agua Punta Ballena; Rivelsur (barrio La Sonrisa de Maldonado), Cadeca (Cuchilla Alta), Hidropres (Araminda y San Luis); Frelcor (ex barrio Bel Air de San Carlos), Comisión pro Fomento del Balneario Fortín de Santa Rosa (Fortín de Santa Rosa); Copagua (Los Titanes y La Tuna), Solyagua (Solís de Maldonado); Nueva Tuna (balneario La Tuna) e Hidrotuna (La Tuna).

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EC - Estamos ahora en comunicación con la vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE, Adriana Marquisio. Se produce entonces la interpretación más tajante de aquella cláusula de la reforma: "3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

ADRIANA MARQUISIO:
Escuchaba al subsecretario, y quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, es cierto que la cláusula es terminante: la prestación debe hacerse directa y exclusivamente por el Estado, y por lo tanto es real que el Estado es el que debe cumplir los servicios de agua potable y saneamiento. Pero en ningún lugar la reforma limita esta prestación exclusivamente a OSE, y por lo tanto -si bien OSE es la que tiene capacidad operativa para dar esos servicios- no está cerrada la posibilidad de que también sean dados también en cooperación, en coordinación, o en asociación de públicos como OSE y los gobiernos locales.

En segundo lugar, la Comisión Nacional viene trabajando con varios sectores, con abogados que no integran la Federación de Funcionarios de OSE sino ciudadanos integrantes de comisiones vecinales, de organizaciones ambientalistas, docentes de la Universidad de la República, gente que trabajó mucho en la redacción de esta reforma que duró más de seis meses con todo el asesoramiento de constitucionalistas como Cassinelli Muñoz, Korzeniak...

EC - ¿Por qué lo dice?

AM - Porque estuvo realmente pensada para que se garantizara el servicio, ese papel social de un servicio que estaba comenzando a ser transferido (Maldonado fue uno de los primeros experimentos) al sector privado, que tiene una concepción diferente, una concepción de lucro.

EC - Está bien, pero usted sabe que en el propio Encuentro Progresista había opiniones distintas sobre cuál era el impacto de esta norma en las concesiones ya vigentes.

AM - Sí, sí: se había instalado el tema de la retroactividad, cosa en la que también siempre dijimos que para nosotros la norma no era retroactiva; aunque sí un mandato constitucional que el Poder Ejecutivo comprendió y lo va a aplicar como está dispuesto. Es entendible que una norma constitucional está por encima de cualquier otra y por interés general se debe cumplir a partir de su aprobación.

EC - ¿Puede leerse esta reforma y su entrada en vigencia como una especie de boomerang? Al gobierno electo, al gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio, impulsor de la reforma constitucional, le va a hacer encima el "fardo" de asumir el pago de las indemnizaciones que van a reclamar todas estas empresas al ver rescindidos sus contratos.

AM - Entendemos que también en esta decisión apresurada de dar cumplimiento a pesar de que se va a pasar por una transición y un cronograma para resolverlo, el futuro gobierno sea parte de esa transición como lo está haciendo en otros temas. Hemos pedido entrevistas con las actuales autoridades y con la comisión de transición del EP-FA porque, a nuestro criterio, si se está en un proceso de transición gubernamental, este tema debe estar en la agenda de esa comisión.

EC - Pero cuando el doctor Tabaré Vázquez fue consultado sobre este punto dijo que este es un tema del gobierno actual; que hasta "el gobierno gobierna" hasta el 28 de febrero.

AM - Nosotros igual pedimos entrevistas para que este tema sea parte de la resolución final.

EC - El impacto no es menor: estamos hablando de dinero que vamos a pagar todos por esas indemnizaciones; es un costo que le cae a la sociedad uruguaya, y que va a complicarle las cuentas a este gobierno que entra.

AM - Por eso mismo la Comisión por el Agua evalúa necesario que la decisión final esté en la agenda de ambos gobiernos, el actual y el futuro. Porque en cada caso van a tener que pesar los severos incumplimientos en que incurrieron estas empresas y los impactos sociales, ambientales y económicos durante su período de prestación. No es lo mismo que estas empresas se retiren con un resarcimiento a la inversión no amortizada, sin que se tenga en cuenta todo lo que ha afectado la experiencia de conceder estos servicios. A nuestro criterio, en el caso de Uragua y de Aguas de la Costa, que han tenido problemas de daños medioambientales, de calidad en la prestación del servicio, de daños económicos, debe pesar en qué se les va a resarcir si es que corresponde; porque no es lo mismo lo que sucedió con Uragua que con otras empresas.

EC - Todo esto va a dar lugar a largos juicios; me da la impresión de que los abogados van a ganar mucho dinero.

AM - No sabemos si se va a llegar a esa posibilidad. Puede que haya un acuerdo previo... Uragua ya tomó alguna iniciativa: tres días antes del plebiscito presentó una nota sabiendo que ha tenido varios intentos de irse a partir del incumplimiento de los contratos y de las violaciones a sus cláusulas.

EC - Pero no es el único caso: son más de 10 empresas.

AM - Las tres más importantes en lo que tiene que ver con montos de dinero son Uragua, Aguas de la Costa y Aguas Corrientes de El Pinar. En el resto de los casos, muchos de los cuales son procesos de autogestión, el problema se da en otro nivel: son emprendimientos sin finalidades de lucro, que cumplen el papel social...

EC - Pero que también caen.

AM - Que caen porque sus instalaciones deben ser explotadas exclusiva y directamente por el Estado. Pero la reforma plantea que, de alguna manera, sea contemplada la participación de los ciudadanos en la gestión. Por lo tanto esta posibilidad de seguir contemplando que los ciudadanos integren la gestión no está descartado en la reforma. Por lo tanto, para la Comisión Nacional, el aspecto de los procesos de autogestión es otro capítulo, no es el mismo caso de estas empresas privadas que realmente tienen finalidad de lucro y que tienen concesiones donde les es rentable la inversión.

EC - Desde el punto de vista de la Federación de Funcionarios y de la Comisión que impulsó la reforma, ¿qué pasa con los empleados de estas empresas cuyos contratos caen ahora?

AM - Vamos hoy a Maldonado, donde tendremos entrevistas con trabajadores de Uragua. Así como cuando se hizo el traspaso desde el Estado a Uragua se manejó tres escenarios, suponemos que las autoridades también van a plantear ahora dos o tres escenarios para contemplar las diferentes situaciones. Uragua hoy tiene 70 trabajadores contratados y 200 subcontratados: son tercerizaciones, empresas contratadas que a su vez subcontratan con trabajadores. Lógicamente, estos trabajadores han pedido tener contacto con la Comisión Nacional para ver cuál es la posición. También vamos a tener contacto con las autoridades del departamento y las futuras autoridades, los diputados electos, para aunar esfuerzos...

EC - Hay un brete allí, porque legalmente no se puede contratar funcionarios públicos.

AM - No, pero han contratado. Usted sabe que en toda la Administración Pública, si bien la ley de Rendición de Cuentas inhabilitó la contratación, han entrado funcionarios públicos en todos los entes en todo este tiempo. Por lo tanto, por interés general, si el Estado necesita personal para atender un servicio de la envergadura del agua potable y saneamiento, puede perfectamente hacerlo y tomar los trabajadores que necesite para...

EC - ¿Esa es la solución que ustedes van a impulsar?

AM - Nosotros vamos a pedir que el servicio se mantenga con trabajadores que hoy están viviendo en el departamento y que lo cumplen a través de Uraguay, y también con la disposición que existe en trabajadores y técnicos de OSE que están dispuestos a ir a trabajar a Maldonado para que el servicio se brinde en forma correcta.

EC - ¿De dónde entienden ustedes que van a poder salir los U$S 500 millones que se estima necesario invertir para saneamiento?

AM - En primer lugar, tenemos un documento que demuestra que la cifra es muchísimo menor que la que se está manejando. Tenemos el documento del BID de las Metas del Milenio que dice que, en materia de agua potable, hemos llegado en 1996 al total de la cobertura (que es un 99%) y en materia de saneamiento, para unos 770 mil potenciales usuarios en saneamiento que resta cubrir, el monto requerido sería de U$S 139 millones. Por lo tanto, si es esa cifra, el saneamiento que resta se puede hacer con la recaudación de la tarifa o con un préstamo internacional a pagar con la tarifa. No es inviable, ya que OSE no gasta menos de U$S 20 millones anuales por obras de saneamiento o agua potable, y aparte con la recaudación que va a empezar a entrar al organismo a partir de la recuperación de estos servicios.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón