(Emitido a las 09.00)

EMILIANO COTELO:
En medio de esta transición que se ha puesto tan movida, de a poco se ha ido asomando un nuevo frente de batalla que tiene que ver con el debut del tercer operador de telefonía celular.

El desembarco de América Móvil en nuestro país viene plagado de polémicas, ya desde su origen –porque hay quienes impugnan el propio acto de concesión del permiso– y hasta ahora, cuando se produce su implementación porque también se rechazan las condiciones del contrato de interconexión con Antel que está pendiente de aprobación en el Directorio de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Ayer el sindicato de trabajadores de Antel realizó una conferencia de prensa en la que se insistió en este reclamo, al punto que amenazó con denunciar penalmente a quienes permitan el ingreso de América Móvil al mercado uruguayo de telefonía celular.

Vamos a ocuparnos de este tema con varios puntos de vista. El primero de ellos el de Julio González, integrante de la Mesa Ejecutiva de Sutel.

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González, ¿el punto de partida es que ustedes rechazan el ingreso la sola idea de que se habilite la participación de América Móvil en el mercado uruguayo?

JULIO GONZÁLEZ:
Sí, no sólo de América Móvil; nosotros comentamos que se intenta, a través de la firma de nuevos contratos de interconexión –esto es los doce operadores internacionales que no tienen infraestructura local, nacional ni internacional– individuales con la prestadora del servicio, que en este caso es la empresa pública Antel.

EC - Entonces el cuestionamiento va a las empresas de telefonía celular y también a empresas de telefonía de larga distancia.

JG - Y también lo que tiene que ver con los operadores de telefonía celular. Porque en ese reglamento de interconexión se favorecería a las empresas privadas en el tema de las explotación de las comunicaciones en las que nuestro país tiene por marco constitucional legal amparado lo que tiene que ver con las comunicaciones a través de la prestadora de la empresa pública. Nosotros nos basamos en la Constitución y las leyes, la ley 12.082, por la que UTE pasa a explotar los temas no sólo de la energía eléctrica sino también las telecomunicaciones; la ley 14.235, que es la carta orgánica de la creación de Antel, específicamente los artículos 4 y 6, que se refieren al tema del monopolio en las comunicaciones; también hacemos referencia a la derogación de los artículos de la ley 16.211, la de la forma de las empresas públicas, por la cual se logró, a través del referéndum del 13 de diciembre de 1992, el apoyo de más del 72 por ciento de la ciudadanía; los dos hechos últimos que fueron, primero la aprobación en la ley de presupuesto 17.296 de la creación del órgano regulador –órgano regulador que no tiene venia parlamentaria, no tiene control del pueblo, es una oficina de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que depende del Poder Ejecutivo; comentar que tanto su presidente, el señor Fernando Pérez Tabó, como Mario Bergara, como Juan José Camelo, responden directamente al Poder Ejecutivo–; y lo que tiene que ver con la ley 17.524 que derogó los artículos 612 y 613 –lo cual fue avalado por más de 225.000 firmas de ciudadanos–, retomando la vieja carta orgánica de Antel y recuperando el monopolio de las telecomunicaciones. Así se han manifestado además legisladores del propio gobierno, como los diputados Washington Abdala y Ronald Pais, que además lo hacen constar en las actas constitutivas.a

EC - Si no entiendo mal, la posibilidad de monopolio para Antel rige solamente a propósito de la telefonía básica, no para los nuevos servicios.

JG - En realidad jurídicamente telefonía básica no existe, existe telefonía alámbrica, inalámbrica, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, señales, signos, comunicación radioeléctrica vía celular, vía datos. Nosotros entendemos el tema básico en lo que tiene que ver con el uso masivo de la ciudadanía, como el teléfono convencional y hoy como el teléfono celular; hoy hasta un repartidor de pizzas, un mecánico, un electricista usa su teléfono celular como una herramienta más de trabajo y pasa a ser tan básico como la telefonía convencional. Nosotros nos referimos a lo que está constituido en la ley, a lo que está enmarcado en las leyes, que es lo que regula realmente el tema de la convivencia.

Además hay un marco competitivo en telefonía celular porque Movicom Bell-South, hoy Telefónica de España, comenzó sus trasmisiones vía celular en 1991. Antel recién incursiona en el mercado a partir del año 1993 con una relación de 60 a 40. El 60 por ciento de la telefonía celular se cursa por Ancel y el 40 por ciento por Movicom.

Nosotros estamos denunciando irregularidades que se han cometido desde la carta-intención que firmó este gobierno en noviembre de 1999 con una delegación encabezada por representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y representantes uruguayos. Encabezaba esa misiva la hoy presidenta de Antel, contadora Graciela Pérez Montero.

EC - ¿Ustedes sostienen que una autorización como la que se concedió a América Móvil es ilegal?

JG - Nosotros estamos marcando que las autorizaciones que se dieron a América Móvil y Telefónica de España no sólo son ilegales sino que son anticonstitucionales. Hemos volcado documentación jurídica de prestigiosos abogados de larga data en Uruguay, como Horacio Cassinelli Muñoz y el doctor Aníbal Cagnoni, quienes manifiestan que todo lo que tiene que ver con este llamado a la subasta de telefonía celular está viciado. Es más, hay observaciones por parte del Tribunal de Cuentas que avalan lo manifestado por nuestro gremio.

EC - Por lo tanto ustedes en el campo de la telefonía celular están objetando no sólo el permiso que obtuvo América Móvil en la subasta reciente, sino también el permiso que se le otorgó a Movicom, que ahora pertenece a Telefónica, en esa misma instancia.

JG - Sí. Lo que pasa es que los comportamientos de las empresas han sido totalmente distintos. Mientras Movicom Bell-South vino regulando todo lo que tiene que ver con los registros a nivel legal, con mantener una relación de competitividad, que ya se tenía desde 1991, América Móvil ha cometido una serie de irregularidades que venimos denunciando. Hace un mes intentó, contratando a la empresa Saceem, proveedora de Antel, realizar trabajos de tendido de fibra óptica para conectarse con la central de Antel donde tenemos nuestra salida internacional, que es la central Aguada. Denunciamos todo esto públicamente, generándose una investigación administrativa. Antel por resolución del día 4 de noviembre da de baja de los registros a la empresa Saceem por las irregularidades cometidas y genera una investigación administrativa en América Móvil. No podemos entender cómo ahora el directorio, cuando hay una investigación administrativa de por medio, intenta firmar un reglamento de conexión con alguien que viola las normas constitucionales en lo que tiene que ver con la reglamentación en Uruguay.

EC - ¿Ustedes objetan incluso el propio acuerdo de interconexión que está a consideración del directorio?

JG - Es más, también objetamos el cambio de las reglas de juego. Hay un reglamento de interconexión básico, general, que va a sufrir nuevas modificaciones que en vez de beneficiar a los usuarios y los clientes en definitiva beneficia al operador privado para que entre en competencia en una situación desleal. Hemos dado algunos ejemplos de cómo beneficia el nuevo reglamento de interconexión que se intenta firmar no sólo a América Móvil sino también a operadores internacionales como la empresa Uniotel, que son los dos que se están discutiendo en el directorio.

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EC - El sindicato de Antel volvió a reclamarle al gobierno electo que revoque el permiso otorgado a la operadora de telefonía América Móvil que se dispone salir al mercado con la marca CTI. El gremio cuestionó en particular al futuro ministro de Economía, Danilo Astori, por su posición favorable a no dejar sin efecto los contratos. En este sentido solicitaron un pronunciamiento de Tabaré Vázquez en el entendido de que Astori no representa el pensamiento de toda la izquierda.

Usted sostiene, yendo al caso concreto de América Móvil, que la subasta que se realizó el año pasado, en la que esa empresa obtuvo el permiso, era directamente ilegal y hasta inconstitucional.

JG - Sí, no sólo observada por catedráticos constitucionalistas, sino también por lo que tiene que ver con las normas jurídicas que tiene Uruguay.

EC - ¿Para ustedes no puede haber competencia en telefonía móvil?

JG - La competencia en telefonía móvil está instalada desde 1991. Aquí lo que hubo fue un arrendamiento por parte del Estado del espectro radioeléctrico de las bandas de telefonía celular a Movicom y al propio Ancel, que por más que es una división de Antel, pagó por la explotación del espacio radioeléctrico. En esta subasta se dio el traspaso de propiedad a dos nuevos operadores.

EC - Ustedes dicen que la situación anterior, la que teníamos hasta antes de la subasta, cuando en telefonía celular operaba Ancel y antes incluso Movicom, no había cuestionamientos legales...

JG - Nosotros decimos que en ese marco competitivo se dio un relacionamiento y que ahora con el tema de la subasta cambian las reglas de juego, cambio el estatuto jurídico de Movicom y pasa de ser arrendatario a ser propietario por 20 años. Más allá de todo eso también se genera este reglamento de interconexión por el cual obligan al ente público a modificar todo lo que tiene que ver con las ofertas de interconexión reduciendo drásticamente la cantidad de entidades de conmutación ofrecidas como posibles puntos de conexión. Para ser un poco más claro: Antel en Montevideo tiene 29 centrales ubicadas en los distintos barrios de Montevideo y se multiplica a nivel nacional, tiene más de 256 puntos de interconexión.

EC - ¿Cuál es el problema del reglamento de interconexión?

JG - Ursec obliga a Antel a tener un máximo de tres puntos de conexión. Para ser claro, una llamada que se origina de repente en el barrio Malvín con destino Pocitos... hay dos puntos de conexión, uno donde se origina la llamada y otro donde termina. Lo que se está planteando es tener sólo tres puntos a nivel nacional; si una llamada se hace desde Montevideo a Artigas y tiene que pasar por alrededor de 12 o 13 centrales, pasando por los distintos departamentos de Montevideo a Artigas, el operador privado pagaría un máximo de tres puntos de conexión, pasando por los puntos que defina. Obligan a Antel a modificar la oferta de interconexión, a reducir el valor de referencia en lo que tiene que ver con el dinero que se tiene que pagar por el uso de nuestra tecnología. El precio es de 0,70 en referencia a la red fija y se lo va a llevar a 0,35. Nosotros decimos: ¿por qué esa obligación tan fuerte en cuanto a los ingresos no se destina a los usuarios? ¿Por qué se destina a un operador privado al que estamos acomodándole el mercado, no sólo en cuanto a la infraestructura que es de los 3 millones de uruguayos, y dándole el beneficio para que explote a menor precio y después pueda regular el valor de la llamada?

No sólo eso, hemos definido más de ocho puntos del nuevo reglamento de interconexión que van en beneficio del privado, golpean drásticamente a la empresa pública y va a golpear a los 3 millones de uruguayos porque Antel aporta a Rentas Generales dinero que después se transforma en las políticas sociales, el pago de salario de maestros, policías, militares, en construcción de escuelas y carreteras.

EC - ¿Por qué amenazan con realizar incluso denuncias penales si este contrato de interconexión avanza y se concreta?

JG - Específicamente estamos viendo que hay una omisión contumacial por parte de las autoridades del directorio de Antel en lo que tiene que ver con los tres miembros del directorio, más allá de que el director Óscar González Álvarez ha manifestado su posición contraria, retirando el pliego de condiciones de este reglamento de interconexión. González Álvarez nos ha manifestado públicamente y ha expresado a la prensa su posición contraria a la firma de este reglamento, más cuando hay un cambio de gobierno; piensa que hay que hacer menos traumático el tema de la transición, que es un cambio sustancial en la modalidad de competencia, que es algo que tiene que definir el nuevo gobierno y por eso estaría votando en forma contraria la firma del reglamento de interconexión. En realidad nosotros definimos al directorio de Antel en la persona de la presidenta Pérez Montero; también al órgano regulador, pero como el mismo no tiene venia parlamentaria y es una oficina de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estamos analizando si se lo hacemos al ministro de Defensa, porque en realidad las comunicaciones todavía siguen siendo reguladas por ese ministro, y directamente al Poder Ejecutivo.

Nuestro sindicato no está dispuesto a permitir el desconocimiento de la Constitución y las leyes, vamos a seguir manifestando que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, por eso estamos evaluando el tema de la instancia de la acción legal por omisión contumacial.

EC - Por último, ¿cuáles han sido los contactos con el gobierno electo y qué respuestas han tenido?

JG - Hemos volcado nuestros puntos de vista a la Unidad Temática de Telecomunicaciones de la fuerza política Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), y anteriormente se los habíamos entregado a cada uno de los partidos políticos que pretendían llegar a la Presidencia. Definido que a partir del 1 de marzo nuestro gobierno será el EP-FA-NM, le entregamos toda la documentación técnica, jurídica, económica y tecnológica. Se le mandó una nota al presidente electo de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, se mandó también una nota a la comisión de transición gubernamental que va de noviembre de 2004 a marzo de 2005, se ha solicitado una entrevista con la Mesa Política del EP-FA-NM para alertar sobre lo que está sucediendo en Antel y lo que puede llegar a suceder si esto prospera, que es el reglamento de interconexión y lo nefasto que es para la ciudadanía en su totalidad.

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EMILIANO COTELO:
El economista Mario Bergara integra el directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) y con él vamos a dialogar a partir de este momento.

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Economista Bergara, usted escuchaba a Julio González, dirigente de Sutel, que planteaba dos grandes tipos de cuestionamientos al comienzo de la operativa de América Móvil en el mercado de telefonía celular. Algunas de esas objeciones se extendían al campo de la telefonía de larga distancia, pero vamos a dejar esa parte para otro momento.

Lo primero que sostiene Sutel es que es ilegal el permiso de América Móvil; es más, lo califican incluso de inconstitucional. ¿Cómo observan esa parte de la argumentación?

MARIO BERGARA:
Este debate sobre la legalidad de lo que fue el procedimiento competitivo para la asignación de frecuencias para telefonía móvil ya tuvo lugar hace seis meses, cuando efectivamente el proceso de subasta tuvo lugar, y tanto Sutel como el senador Gargano presentaron sendos recursos de amparo ante la justicia para evitar la realización del procedimiento. En 48 horas dos juezas, una en cada uno de los recursos, desestimaron la procedencia de los mismos y por lo tanto el procedimiento pudo tener lugar con total normalidad. En ese sentido a nivel de la Ursec estábamos totalmente convencidos de que todo el procedimiento se basa en la normativa legal vigente y por lo tanto entendemos que la discusión sobre el tema de la legalidad de este procedimiento debería a estar altura darse por superada.

EC - González decía que en función de las consultas jurídicas que el sindicato de Antel ha realizado un servicio como el de la telefonía móvil ingresa dentro del monopolio de Antel.

MB - Permítame hacer brevemente y lo más claro posible un poquito de historia con respecto a eso. Primero partiendo de la base de que si en la Ursec entendiéramos que aquí se estaría violando alguna normal legal o, peor aun, constitucional, tenga la certeza de que este proceso no se hubiera realizado. En segundo lugar, como bien decía González, la normativa referida al monopolio de Antel estaba consagrada en una ley de 1974 basada en una ley anterior, de cuando el monopolio estaba en manos de UTE.

Tenemos sendos informes jurídicos, incluido uno que me gustaría destacar que fue realizado en 1996 –aclaro el año para que vean que el dictamen es anterior a todos los vaivenes de la carta orgánica de Antel y de la derogación del artículo 613, etcétera– por la consultora Beker y MacKenzie, en el que participaron prestigiosos juristas uruguayos, como Cassinelli, Augusto Durán Martínez y que luego fue avalado por otros tantos juristas de relevancia, que indican justamente que la telefonía móvil no estaba dentro de la exclusividad. Básicamente porque la normativa de monopolio explicitaba que la exclusividad de Antel se daba en la telefonía portable, en la telefonía alámbrica, y que por tanto no podía en 1974 o aún antes, con la legislación de UTE, incorporar la telefonía móvil. Incluso se destacaba que en la ley de empresas públicas de 1991, en uno de los artículos que no fueron derogados por el referéndum, se explicita que los nuevos servicios de telecomunicaciones iban a ser mercados abiertos a la competencia y por lo tanto no se incluían en el monopolio de Antel.

En consecuencia, entendemos que la telefonía móvil nunca estuvo dentro del monopolio, lo que hace irrelevante, a estos efectos, la discusión de si la carta orgánica de Antel revivió. Aun considerando que sí revivió, eso no altera el hecho de que la telefonía móvil es un mercado en competencia.

EC - Cuando dice "revivió o no revivió" está aludiendo a la decisión del Poder Ejecutivo de derogar los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto que modificaban la carta orgánica de Antel.

MB - Fue una decisión del Parlamento, fue el Parlamento el que derogó los artículos 612 y 613...

EC - ...a instancias del Poder Ejecutivo cuando se habían recolectado las firmas como para organizar un referéndum contra esos artículos.

MB - Así es. Justamente, ahí emerge una discusión a propósito de cuál es la normativa que queda vigente. Pero entendemos que aun concediendo la interpretación más favorable a la interpretación del monopolio esa discusión no aporta, aun concediendo el hecho de que se retoma la carta orgánica de Antel establecida en 1974, eso no altera el hecho de que la telefonía móvil estaba fuera del monopolio.

EC - Por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación de la Ursec, no hay inconveniente para otorgar nuevos permisos para operar en telefonía celular, como el que obtuvo América Móvil y como el que también obtuvo Movicom.

MB - Éste no es el primer procedimiento, es el segundo; ya se había realizado uno en 2002 en el cual Movicom, que históricamente había tenido un contrato de arrendamiento del servicio móvil celular con Antel, dejó de tener ese contrato y pasó a operar como una empresa independiente, por lo tanto tomando sus propias decisiones. Es importante destacar también que lo que hace en el procedimiento es asignar derechos de uso del espectro, o sea de bandas de frecuencia para proveer el servicio, no se otorga en propiedad el espectro radio eléctrico sino que se da su uso por un cierto tiempo. La propiedad del espectro es siempre del Estado.

EC - A partir de ese análisis cuando se hizo la última subasta ustedes hicieron notar que el otro permiso otorgado a Movicom unos años antes no había tenido objeciones, no había sido impugnado, y sin embargo el marco legal terminaba siendo el mismo.

MB - Exactamente, y con un agregado –porque también se hacía referencia al Tribunal de Cuentas y demás–: cuando la Ursec elaboró la propuesta del pliego de bases y condiciones para este tipo de subastas en primer lugar lo hizo a través de un proceso abierto y transparente, que incluyó consultas públicas, en el cual opinaron operadores, potenciales operadores, con una activa participación de Antel. Durante todo ese proceso no hubo cuestionamientos a la legalidad y además el primer pliego, que fue el que se utilizó en el primer procedimiento, fue enviado al Tribunal de Cuentas y éste no manifestó observaciones. O sea que en nuestra perspectiva estamos absolutamente tranquilos de que todo el procedimiento fue abierto, transparente, legal, pasó por todos los ámbitos administrativos que eran necesarios y está en consonancia con el marco normativo en general.

EC - Por último, en el planteo que hace Sutel también se cuestiona el contrato de interconexión entre Antel y América Móvil que está para ser discutido en el directorio de la empresa, y antes se cuestiona el reglamento de interconexión que la propia Ursec elaboró y aprobó. Allí estamos en un terreno muy farragoso desde el punto de vista técnico, yo escuchaba recién las explicaciones y las razones que invocaba el dirigente sindical González y francamente tendía a perderme en los vericuetos de la tecnología de las telecomunicaciones. ¿Pero cómo responde usted a ese tipo de críticas?

MB - En primer lugar, partiendo de la base de que los operadores de telefonía móvil tienen autorizaciones para proveer el servicio dentro de un marco razonable, de un marco legal, el proceso que sigue es justamente el de la interconexión, que es obligatorio para todos los operadores. ¿Qué es la interconexión? Es simplemente el procedimiento que permite hacer interactuar las distintas redes, es decir que permite comunicar las redes, de manera que usted, si es usuario de Ancel o Movicom, pueda comunicarse con un usuario futuro de América Móvil, o si es un usuario de Movicom pueda comunicarse con un teléfono fijo de Antel. El valor del servicio telefónico para toda la sociedad es mayor si usted se puede comunicar con todos aquellos que disponen de servicio telefónico, más allá de la empresa concreta con la cual están operando. O sea la interconexión es una cosa que beneficia a toda la población porque permite que cada usuario de teléfono, móvil o fijo, pueda comunicarse con todos los demás. Eso es parte inherente, sustancial de este proceso de autorización.

EC - La discusión viene a propósito de en qué condiciones se pacta esa interconexión.

MB - Así es. Existe un reglamento de interconexión, que fue su esqueleto principal, aprobado en el año 2001 –ya tiene tres años–, donde se manifiestan los principios dentro de los cuales se deben manejar los convenios de interconexión entre las empresas. La ley es clara en cuanto a que los acuerdos de interconexión entre las empresas son resorte de negociación entre ellas, es decir los acuerdos o convenios de interconexión surgen del acuerdo entre las empresas. La Ursec sólo interviene en caso de que las empresas no se pongan de acuerdo, haya un conflicto sobre algunos puntos. Existe en el reglamento todo un procedimiento preestablecido que tiene que ver con la intervención de Ursec en esos casos. Pero reitero, la negociación sobre los parámetros técnicos y los precios que se cobren mutuamente por interconexión son fruto de acuerdos entre empresas. Ya existe un convenio de interconexión, por ejemplo, entre Antel y Movicom, desde que Movicom pasa a tener un estatus independiente. Entiendo que el convenio que Antel ahora está previendo firmar con América Móvil no difiere del que tiene vigente con Movicom desde hace ya un buen tiempo. Y en la medida en que a la Ursec no han venido elementos de conflicto con respecto a ese convenio, está en las partes, en este caso Antel y América Móvil, determinar si firman ese acuerdo de interconexión. Por lo tanto el reglamento de interconexión, que tiene rango de decreto, marca los principios dentro de los cuales debe moverse esa interconexión y el procedimiento de participación de la Ursec, sólo en caso de conflictos. La norma general es que la interconexión se acuerde entre las partes de manera privada.

EC - ¿Cuál es la situación actual entonces con respecto a estos contratos en particular?

MB - Existe desde hace ya más de un año un acuerdo de interconexión entre Movicom y Antel.

EC - ¿Y con respecto al que está en negociación entre Antel y América Móvil?

MB - Entiendo que es esencialmente el mismo convenio.

EC - Es el mismo convenio...

MB - No difiere de manera sustancial, lo cual es bastante lógico: Antel y América Móvil se van a dar el tratamiento que se dan Antel y Movicom en materia de costos y parámetros técnicos para originar y terminar llamadas entre una red y otra. También queda claro que va a existir un acuerdo de interconexión entre Movicom y América Móvil, por lo que le decía hoy, la clave es que se interconecten todas las redes con todas las demás. En ese sentido parto de la base de que Antel va a estar dándole a América Móvil un tratamiento análogo al que le da a Movicom en términos de interconexión.

EC - De parte de Sutel se habla de condiciones muy perjudiciales para Antel.

MB - No; reitero: parto de la base de que Antel negocia desde el punto de vista de sus intereses. En la medida en que ésta es una negociación privada y uno no tiene por qué presuponer que no tenga un buen margen y un buen poder de negociación en todo esto, nada nos hace presumir que eso sea así.

También se plantea un eventual impacto sobre los usuarios. Simplemente un comentario entre paréntesis: creo que los usuarios perfectamente pueden evaluar a esta altura cómo se está dando el proceso de liberalización, de mayor apertura y mayor competencia, no sólo en materia de telefonía celular, sino también en materia de telefonía internacional, los cambios que se están dando en el mercado, la reducción sustancial de las tarifas, el aumento del tráfico, las mayores opciones para los usuarios en materia tecnológica, etcétera; todo esto se ha dado no solamente sin sacrificar o cuestionar ningún puesto de trabajo en el sector público, sino haciendo aumentar el empleo en el sector privado. Además esto se ha dado sin que hubiera una modificación sustancial de las ganancias de Antel ni de los fondos que el ente envía a Rentas Generales anualmente.

Por lo tanto tenemos que ver esto como la dinámica de un mercado que está creciendo y que tanto Antel, que tiene una muy buena posición competitiva en todos estos mercados, como las empresas privadas que ahora están operando, apuntan a la expansión y el crecimiento global del mercado, no necesariamente a comerse lo que ya hay. Todas las empresas, incluida Antel, prevén que el número de teléfonos celulares en el país puede por lo menos duplicarse en un plazo relativamente corto, por lo cual hay un margen de expansión y de actividad para todas las empresas que están operando sin sacrificar las condiciones actuales en materia de empleo e inversión.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe