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MARIO BERGARA:
Ya el ministro hizo buena parte de mi trabajo porque en la enumeración preliminar de las reformas estructurales fue dando los principales lineamientos de cada una de las reformas, aquí simplemente vamos a pasar un poco de revista de lo que hemos hecho desde que anunciamos estas reformas aquí en ACDE en el mes de mayo hasta diciembre. Son siete meses.

Para las reformas estructurales, que requieren espacio de diseño, de comprensión de la situación, de valorar alternativas, y de cosas que van a implicar seguramente modificaciones en el ámbito legal, estamos hablando de un plazo relativamente corto. De todas maneras creemos que estamos avanzando a buen ritmo en estas cosas y es entonces una buena oportunidad para pasar revista al estado de situación en este sentido.

Vamos a destacar los principales aspectos en los cuales estamos avanzando en estos primeros meses. En primer lugar los cambios a nivel del sistema financiero, en segundo lugar los trabajos de reforma en materia de administración tributaria y del régimen tributario, en tercer lugar los avances que se están ya realizando y previendo para el sistema provisional, en cuarto lugar la parte del manejo de los pasivos públicos, el endeudamiento público, y en quinto lugar algunas reformas que ya estamos iniciando y promoviendo a nivel de la mejora en el clima de negocios y en la promoción de inversiones.

Con respecto a los cambios en el sistema financiero, está planteada la necesidad –ya fue largamente fundamentada en múltiples instancias– de un rediseño institucional del BCU, la crisis de 2002 ayudó a visualizar debilidades en materia del diseño institucional, tanto en materia de aspectos de política monetaria como en aspectos de regulación en el sistema financiero. Estamos trabajando con miras a presentar antes de que termine el año, o sea antes de que termine este mes una propuesta, un proyecto de ley que implica la institucionalización sana, adecuada desde nuestro punto de vista de cómo se insertan la política monetaria y la regulación financiera en las actividades de las agencias de gobierno, en particular en las del BCU, con modificaciones y reformas que entendemos imprescindibles a efectos de dar una perspectiva adecuada a largo plazo y consolidar aspectos de estabilidad y credibilidad en esta materia. Esto va a implicar también modificaciones a la interna del BCU, en particular a lo que refiere a la centralización de la regulación financiera, es decir a una visión consolidada referida a la regulación y la supervisión de los bancos, del mercado de capitales, de las administradoras de fondos provisionales y de los mercados de seguros, de manera de aprovechar sinergias, de manera de entender que los conglomerados financieros también actúan con una lógica centralizada y por lo tanto la regulación debe seguir esa lógica a efectos de entender por qué estos mercados financieros evolucionan como lo hacen y cuáles son las medidas que generan los mejores estímulos y los mejores incentivos para el desarrollo de los distintos mercados financieros.

A su vez también está planteada la necesidad de conformar un organismo en materia de resolución de bancos insolventes, hoy por hoy desde la ley del año 2002 se planteó la conformación de una Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario a nivel del BCU, también hemos discutido en diversos ámbitos y largamente la necesidad de que en la medida que existen conflictos objetivos y de interés entre la política monetaria, el regulador financiero y el organismo que debe actuar en materia de seguro de depósitos o cobros de garantía de depósitos, y la necesidad de fijar reglas para actuar en situaciones donde existen bancos con problemas de solvencia, se hacía necesaria la separación institucional de este ámbito con respecto al BCU. La propuesta del proyecto de ley sobre el cual estamos trabajando prevé esa separación institucional, tratando de dotar a este nuevo organismo de la fortaleza institucional necesaria y dándole también los recursos y los instrumentos necesarios, no sólo para que actúe como morgue de bancos, tal como está previsto en la ley actual, sino que también pueda actuar como hospital de bancos, es decir, que tenga mecanismos que faciliten procesos de adquisición y de fusiones, de manera de aprovechar las capacidades instaladas y los buenos activos y pasivos que tienen bancos que si bien tienen problemas de solvencia en general tienen obviamente muchas partes aprovechables. Por lo tanto ese rediseño, esa conformación de ese nuevo organismo va a estar incluido en el proyecto de ley antes de fin de año. La importancia de fortalecer la red de seguridad financiera entendemos debe ir por las vías que acabo de mencionar.

Anunciaba el señor ministro el trabajo que se está iniciando con respecto al tema del BHU, se está también trabajando en claras mejoras de eficiencia a nivel del Banco de la República (BROU) y del Banco de Seguros (BSE). O sea que creemos que la mejora y las ganancias de eficiencia en materia de los bancos estatales es un elemento relevante dado el peso que tienen los bancos públicos en los distintos mercados financieros. Y creemos que también hemos contribuido a ese proceso de consolidación del mercado y de generación de mayor competencia en los mercados financieros a través del proceso de enajenación del Nuevo Banco Comercial, proceso que ha dado buenos resultados hasta el momento, que seguramente en los primeros meses del año 2006 terminará de consolidarse, una vez que todo este proceso de certificación y revisión de la calidad de los compradores y de los directorios y de la alta gerencia que debe realizar el BCU culmine, vamos a tener finalizado este proceso de venta que vemos como muy positivo por razones diversas. Continuaremos también con el estímulo a nuevos productos financieros, creo que la vedette de este año ha sido la proliferación de fideicomisos como instrumento de canalizar ahorro, de buscar formas alternativas de financiamiento para emprendimientos de diversa naturaleza.

Fernando Lorenzo hablaba del avance en la desdolarización de algunos de los aspectos centrales de la macroeconomía, también vamos a estar promoviendo e impulsando el proceso de desdolarización en general en la economía, obviamente, evaluando y sopesando que este proceso debe darse de manera sana, adecuada y consistente con otros objetivos de la política económica.

En materia de administración tributaria se adelantaba por parte del señor ministro el avance que en nuestra perspectiva tiene el haber desarrollado e implementado la reforma a nivel de la DGI con el régimen de dedicación total, de dedicación exclusiva para los funcionarios, una cuestión que parece de Perogrullo pero que increíblemente en la historia de Uruguay no era la norma, ni siquiera la excepción, no existía, y que a su vez va a tener que estar siendo –y ya está siendo–complementada esta lógica de reestructura funcional con la necesaria capacitación y la incorporación tecnológica que permita no solamente mejorar la gestión de la DGI, cuyos resultados ya estamos viendo, sino también prepararla para un nuevo sistema tributario, del cual vamos a conversar en unos minutos.

Por primera vez se ha mostrado la clara convicción de la decisión política de que coordinen efectivamente los organismos de fiscalización y contralor en el país. También esto es algo que desde hace mucho tiempo se viene hablando pero entendemos que esta es la primera vez que se encara con verdadera decisión política. También los resultados se están empezando a ver a través de un trabajo más estrecho en materia de capacitación cruzada, de coordinación de acciones de fiscalización, de complemento de información entre la DGI, el BPS, la DNA, el BSE y el área de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es bastante natural ver que quien evade o quien está en el informalismo en materia impositiva también lo está en materia de aportes a la seguridad social, también lo está en materia de condiciones laborales, también lo está en materia de seguros de accidentes de trabajo, etcétera. Estamos convencidos de que este trabajo genera sinergias, es beneficioso para todos, combate la evasión y, principalmente, el informalismo. Ya estamos viendo resultados, los buenos resultados que este año están mostrando la DGI, el BPS –lo explicó muy bien el economista Lorenzo– y la DNA, que está teniendo un crecimiento récord de recaudación este año; esto no se explica sólo por el crecimiento del producto, el crecimiento del empleo o el crecimiento de las importaciones. Estas mejoras de recaudación van más allá de eso y por lo tanto tenemos que deducir que esta mayor coordinación entre estos organismos también está dando resultados.

Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma tributaria, sobre la necesidad de tener un sistema tributario que apunte a una mayor equidad. Acá decimos equidad en el sentido vertical, que haya mayor contribución a la sociedad por la vía impositiva para que el Estado pueda cumplir las funciones que la sociedad le asigna por parte de aquellos que más capacidad contributiva tienen. También una mayor equidad a nivel de los distintos sectores de la economía, una mayor eficiencia en el sistema que pasa tanto por facilitarle la vida a los organismos de contralor como facilitarle también la vida a los contribuyentes. Y, coherencia y estímulo al ahorro y al empleo.

Hemos anunciado en más de una oportunidad que los pilares de esta reforma tributaria se basan en la simplificación de la estructura, en la racionalización de la base impositiva para los principales impuestos que integren la nueva estructura –claramente y una cosa distintiva de este gobierno: la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas- en un marco de un enfoque dinámico de responsabilidad fiscal. Es decir, en el marco de entender que el nuevo sistema tributario debe garantizar el criterio de suficiencia en la recaudación. Debe garantizar una recaudación que le permita al Estado continuar brindando las funciones que tiene encomendadas. Pero no debe congelar la situación desde el momento cero, en la medida en que uno debe ser cauto en el momento de una reforma para que no se produzcan estas disfunciones en las funciones del Estado, no necesariamente esa sea una situación que se congele en el largo plazo. A medida que la recaudación responda a la nueva estructura y se vaya mejorando en ese sentido, se puedan también ir continuando los cambios en el sistema tributario por la vía de reducir algunas alícuotas por la vía de eliminar más impuestos, por la vía de reducir las transferencias de las empresas públicas al fisco.

El presidente del BCU, Walter Cancela, junto a Bergara.

Los principales lineamientos de esta reforma tributaria... simplemente los voy a enumerar porque es algo que en las últimas dos o tres semanas ha sido la vedette de la discusión pública. Está constituido por la eliminación de 15 impuestos en el momento inicial con perspectiva de seguir eliminando impuestos como decía recién, a partir de un principio de fuente territorial. Es decir que tributen todas las rentas generadas en el país por distintas fuentes. La disminución de la imposición a la renta empresarial de manera sensible, la inclusión de todas las rentas en un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y no solamente las rentas del trabajo y algunas rentas del trabajo que son las que se gravan hoy. La disminución sensible también de la imposición al consumo. Acá estamos hablando de la eliminación del Cofis y de la disminución por puntos porcentuales en el IVA básico y, sobre todo, en el IVA mínimo. Y una mayor equidad sectorial con respecto a los aportes patronales a la Seguridad Social.

Se plantea un sistema que llamamos dual en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que implica un tratamiento diferencial para rentas del capital y del trabajo. Aquí la idea es que a nivel internacional los sistema duales están proliferando porque los distintos factores de producción –el capital y el trabajo- tienen mecanismos y formas diferentes de protegerse contra los sistemas tributarios. Por tanto, ese de manera realista tiene que ser un elemento a tener en cuenta a la hora de cuáles son las formas y la magnitud de los impuestos sobre los distintos tipos de rentas.

Creemos que para nosotros es muy importante que todas las rentas paguen y el sistema dual permite generar mecanismos adecuados justamente para evitar que las rentas capital o las rentas del trabajo encuentren mecanismos fáciles de evasión. Una de las cosas que se planteaba era que este tratamiento diferencial podría generar un mayor tributos sobre el trabajo que sobre las rentas de capital. En los parámetros que estamos manejando, a nivel de los lineamientos que se pusieron en la consulta pública pensamos que recién con ingresos personales de más de 30.000 pesos mensuales, obviamente que estamos hablando de ingresos en los deciles más altos de la estructura de ingresos del país- la tasa efectiva podría estar por encima del 10% previsto para las rentas de capital.

Estamos procurando tener un equilibrio razonable entre los objetivos de equidad que son los primordiales en la reforma con las necesidades de ahorro e inversión y con las posibilidades de administración y gestión de un sistema tributario. En teoría, uno puede tener una matriz muy compleja de factores y de variables que seguramente puedan hacer en los papeles más equitativo un sistema tributario. Si después, eso que se escribe en los papeles no se puede fiscalizar y controlar y abre márgenes enormes y crecientes para la evasión, toda la equidad que se dice en los papeles no va a poder ser concretada en los hechos.

Seguramente en todo este proceso que va a llevar la propuesta del proyecto de ley y el tratamiento parlamentario nos enfrentamos al gran desafío de evaluar conjuntamente con los legisladores que van a tener en sus manos la decisión final, cuál es el punto de equilibrio, cuál es el grado de complejidad que efectivamente el sistema tributario va a poder tener para ser más equitativo que el actual. A su vez, deberá estar en condiciones de ser fiscalizado por una DGI y por un BPS que están mejorando sustancialmente. Por tanto llegaremos seguramente a un punto equilibrado de mayor equidad, de mayor eficiencia en lo que va a ser el correr del año 2006.

Déjenme agregar algunos elementos que hasta el momento no se manejaron en la discusión públicas. Son estimaciones muy preliminares y de elemento aislados de la reforma. Estamos trabajando en ver cómo los lineamientos puestos a consideración pública afectan los distintos deciles de ingreso, la estructura de ingresos del país de manera global. Estamos con ese trabajo a mitad de camino. Pero permítanme incorporar algunos elementos parciales sobre lo que está trabajando el grupo que está en este tema.

Aquí pueden ver lo que podríamos llamar la tasa efectiva del Impuesto a las Personas por decil de ingresos. Son tasas absolutamente moderadas. Aquí se incluyen los generadores de rentas del trabajo y los jubilados y pensionistas. En este otro se incluye también a los que no están en relación de dependencia. Vemos que recién en los deciles 9 y 10, o sea en el 20% de ingresos más altos del país, pasamos a tener tasas del 8, 10 y 13% considerando todos los componentes de los núcleos familiares, de los hogares. O sea que estamos hablando de tasas efectivas de impuesto a la renta de las personas físicas muy moderadas en cualquier comparativo internacional.

Sabemos que este es un cambio cultural en el Uruguay, sabemos que es cambio de reglas de juego en este sentido. Queremos tener buenas reglas de juego, queremos que sean estables. Por lo tanto, esto nos obliga a ser muy cuidadosos en todas estas propuestas pero también en la convicción que la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas era un compromiso de esta administración. En última instancia uno podría decir que es también algo por lo que la gente votó y por lo tanto nos sentimos en la obligación de trabajar seriamente y duramente en este tiempo.

Con respecto a los efectos preliminares de la reforma tributaria en cuanto a la reducción de los impuestos al consumo y en particular del IVA, en función de las distintas estructuras de consumo de los deciles de ingreso de la población -estamos asumiendo que toda la reducción de IVA va a precios, sabemos que no va a ser así aunque estamos convencidos que un gran parte de la reducción impositiva se va a trasladar a precios. Aquí lo importante no es ver tanto el número absoluto decil por decil sino ver cómo afecta los distintos deciles de la población. Sobre todo por los efectos de la reducción de la tasa mínima es que los deciles de menores ingresos son los que se van a ver más beneficiados con la menor imposición al consumo. Estas son estimaciones muy preliminares pero creo que son ilustrativas para tener un esquema inicial de evaluación de la reforma tributaria.

De alguna manera sentimos que el facilismo de comparar un impuesto versus un impuesto de la reforma y la situación actual, no ayuda a tener una cabal comprensión de lo que es una reforma compleja, amplia y por lo tanto creo que esos elementos deben complementar el análisis que se está haciendo últimamente sobre el tema.

En materia de empleo, el efecto de la reducción de los aportes patronales en los sectores más generadores de empleo, como son los servicios y el comercio, hay estimaciones a nivel del sector privado que implican que el efecto directo –teniendo en cuenta elasticidades razonables en servicios y comercios- generaría alrededor de 10.000 puestos de trabajo en ese sector.

Sabemos que en la reforma tributaria procuramos mantener los criterios actuales de manejo del secreto bancario. Vamos a tratar también de generar normas que promuevan el levantamiento voluntario en el caso que sea necesario desde el punto de vista de la fiscalización y la prohibición de constituir nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión.

Entendemos que la reforma tributaria tiene que ser parte de una lógica tener reglas claras, estables, de manera que favorezcan la toma de decisiones de largo plazo en materia de ahorro e inversión. Creemos que un esquema con menores tasas, con mayor simplicidad, con más equidad sectorial que nos evita esa discusión de si tal actividad pertenece a este sector o a este otro para ver cómo eludimos o reducimos la carga tributaria y las mayores facilidades de contralor derivadas de todo eso van a promover una mayor formalización de la economía. Acá es importante combatir la evasión pero también es muy importante combatir el informalismo. Estos aspectos desestimulan la evasión, promueven la formalización. Creemos que también desde ese punto de vista los lineamientos de la reforma son sanos. La mayor equidad social y el hecho de que incorporemos todas las fuentes de rentas también facilita la transparencia del régimen y reduce las perforaciones de un sistema tributario que de manera aluvional ha sido perforado por diversas razones en décadas y décadas de administración en los cuales la coherencia no fue su principal vritud.

Desde el punto de vista del sistema previsional entendemos que es necesario completar la reforma en general del sistema de Seguridad Social. Los primeros pasos que hemos dado han sido conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio delk Interior hemos trabajado en el proyecto de reforma de la Caja Policial. Ha sido un trabajo conjunto y coherente que ha dado buenos resultados y que ya a está con consideración del Parlamento.

Nos planteamos también trabajar en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y eventualmente, en el caso de la Caja Militar, también con el Ministerio de Defensa Nacional, al efectos de tener propuestas de reformas de la Caja Militar y de la Caja Bancaria para el correr del año 2006.

De más está decir que parte del fortalecimiento del sistema previsional también está en el área administrativa. El BPS está trabajando arduamente en este aspecto, está ya teniendo resultados y tiene un plan estratégico que implica cambios y mejoras en materia de la gestión a nivel del Banco de Previsión Social.

Un tema que para nosotros es importante, si bien puede visualizarse como un tema menor en cuando a la actividad empresarial pero desde el punto de vista de un Estado fuertemente endeudado como el nuestro, dotar de mayor profesionalización al manejo de pasivos públicos es algo que redunda efectivamente en resultados fiscales. Un buen manejo de pasivos va a permitir reducir vulnerabilidades, reducir incertidumbres financieras del Estado y también ahorrar si las cosas se hacen bien. Por lo tanto, ya estamos terminando el proceso de creación de la Unidad de Manejo de Deuda a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que será formalizada en los próximos días. Esto en el marco de establecer una estrategia general para el manejo de deuda en todos los aspectos relevantes que este componente tiene.

Con respecto a la mejora en el clima de negocios estamos trabajando en las políticas de promoción y defensa de la competencia, en el fortalecimiento del marco para la reestructuración de empresas que implica la revisión en materia de procesos concursales y en la mejora de gestión del sector público.

En materia de políticas de competencia, hemos visualizado la necesidad de promover mercados competitivos en todos aquellos casos en que ello sea factible sobre la base de que el objetivo central de las políticas de competencia es el bienestar de los consumidores actuales y futuros. En ese sentido son un complemento ineludible de las políticas de apertura comercial, sobre todo en los países chicos con mercados históricamente concentrados como los que tiene el Uruguay.

Aquí se plantea la competencia de castigar prácticas anti-competitivas sino que se plantea la necesidad de promover la competencia en los mercados. Esto no ha sido una prioridad política en el pasado. La normativa de la defensa de la competencia en Uruguay es casi vergozoza y de muy difícil aplicación. La ubicación y la fortaleza institucional –y esto parece un eufemismo- de la autoridad de competencia son absolutamente inadecuadas. A su vez hay competencias difusas entre el órgano de aplicación, la autoridad de competencia, y los organismos reguladores sectoriales tanto en áreas de servicios públicos energía, agua, comunicaciones y también en el sistema financiero. Las áreas de competencias de la Ursea, la Ursec y el Banco Central, respectivamente.

Hay reducidas experiencia operativa con escasas reglas de responsabilidad y transparencia, una cultura de competencia muy limitada -eso ahora lo vamos a profundizar- y un marco de procedimientos, sanciones y mecanismos de apelación absolutamente inadecuados.

En economías pequeñas como el Uruguay entendemos que deben considerarse reglas que impliquen consideraciones de eficiencia, no solamente aspectos estructurales, prudencia de la reglas per se, es decir ciertas cosas no son per se anticompetitivas sino que deben demostrarse que tienen un efecto anticompetitivo. Mucha prudencia de las políticas estructurales de control previo de fusiones y adquisiciones. En la medida en que parece ser imprescindible priorizar los recursos y el esfuerzo en la regulación de conductas.

Con respecto a la cultura competitiva en el Uruguay, lo que voy a pasar de aquí en más va a parecer de otro mundo pero es la realidad de la cultura empresarial con respecto a los aspectos de competencias. Es muy fácil escuchar elementos que critican los monopolios y la actitud monopólica del sector público. Déjenme pasar revista a unos resultados que arrojó una encuesta que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas y que terminó hace escasos tres o cuatro meses que incluyó a casi 900 empresarios de todo el país. Casi el 80% de los empresarios nunca escuchó hablar de la legislación de competencia, sólo el 15% declara estar bien informado y el 70% cree que el objetivo es defender a las empresas o a los competidores. Partimos bastante mal pero acá viene lo peor. La mitad de los empresarios de este país cree que la fijación coordinada de precios entre empresas no es un conducta anticompetitiva. La mitad cree que el reparto acordado del mercado entre empresas, no es un conducta anticompetitiva. Y un tercio cree que firmar contratos de exclusividad con todos los proveedores o clientes minoristas nunca es anticompetitivo.

O sea, acá pusimos tres caricaturas de lo que son prácticas anticompetitivas en todas partes del mundo. En Uruguay, los uruguayos pensamos que fijar los precios con los competidores y repartirse el mercado son prácticas lícitas desde el punto de vista competitivo y por lo tanto esto lo que pauta que acá no es solamente defender la competencia, castigar prácticas anticompetitivas sino un trabajo de promoción, de educación y de cultura en materia de competencia a nivel empresarial.

La política de competencia en el proyecto que enviamos al Parlamento y que creo que ya está terminando su tratamiento a nivel de la Cámara de Diputados no es entonces sólo un proyecto de defensa sino también de promoción de la competencia, mejora la definición de objetivos de las políticas de competencia, tiene una lógica de análisis de casos basada en la teoría económica y en la experiencia internacional y adecua los procedimiento para un mejor diligenciamiento de los casos. Implica una reubicación institucional del órgano de aplicación que entendemos adecuada con una clara competencia de los reguladores sectoriales: Ursea, Ursec y Banco Central. Explicita reglas de transparencia en el accionar den este órgano de aplicación y tiene un régimen sancionatorio adecuado. Las sanciones que actualmente pueden aplicarse en ese sentido no tienen relación con el efecto negativo sobre el bienestar de los consumidores.

Un segundo bloque de políticas que entendemos contribuirán al clima de negocios en Uruguay refiere al trabajo sobre normas concursales y legislación de banca rota. Los procesos concursales son inoperantes en el país. El esquema de incentivos implícito en la reglas concursales actuales es totalmente inadecuado tanto para el deudor como para los acreedores. Tanto el deudor como los acreedores tienen los peores incentivos o para no utilizar los procesos concursales o para utilizarlos tarde o de manera oportunistas. La síntesis de eso es que o no se usan los procedimientos o si se usan es con el peor resultado posible.

Necesitamos entonces modernizar esta normativa, hemos convocado a un taller de trabajo que incluso se hizo en el Poder con todos los agentes interesados en este tema, vamos a tener un seminario con un proyecto, un lineamiento de proyecto de ley para que todos opinen también en un esquema de consulta pública con todos los interesados, la transparencia en los procedimientos también nos parece importante porque este es un tema crucial para los aspectos financieros y operativos de las empresas. Procuramos simplificar los procedimientos, facilitar el acceso al proceso concursal, flexibilizar los marcos de acuerdo entre deudor y acreedores, transparentar y explicitar los procesos de decisión, reducir los costos de procedimientos y resolver los aspectos de propiedad facilitando la continuidad del funcionamiento de la unidad productiva.

Sobre eso estamos trabajando.

En materia de mejoras en la gestión del Estado, estamos en la buena senda en materia de la mayor solvencia profesional y técnica procurando mecanismos explícitos de transparencia en la gestión como se planteó a nivel del presupuesto nacional. También en la elaboración de políticas públicas como se está viendo en los procesos concursales y en la reforma tributaria. Permítanme un paréntesis en ese sentido: ¿Conocen algún gobierno, en algún país, que ponga a discusión de la ciudadanía los impuestos? Creo que esa es la máxima expresión de la voluntad de este gobierno de que la ciudadanía responsable, como es la ciudadanía uruguaya, participe, discuta, entienda y aporte a las principales políticas públicas que hay en el Uruguay.

Procuramos los incentivos adecuados al buen gasto y a la inversión en capacidades y eso se reflejó en los principales lineamientos del presupuesto que seguramente ahora Carlos Viera va a profundizar. Y también ya estamos viendo elementos de eficiencia en organismos y empresas.

Sabemos que esta es una agenda de reformas cargada, ambiciosa, sabemos que tenemos que tener reglas de juego claras y estas reformas en realidad procuran generar buenas reglas de juego. El pasaje integral de un sistema de creemos malas reglas de juego a un sistema de buenas reglas de juego puede incorporar sí fases transitorias de incertidumbre pero la estabilidad de reglas no es buena si las reglas no son buenas. Nosotros procuramos, con la participación de todos, generar mejores reglas en materia tributaria, de funcionamiento de Estado, de normativa concursal, en el sector financiero. Quizás este período implique toda esta discusión pública que pueda visualizarse como aspectos de incertidumbre pero para nosotros es muy importante que rápidamente tengamos buenas reglas porque queremos que las reglas que sean estables sean buenas reglas. Yo creo que entendido de esta manera, esta agenda cargada de reformas, esta agenda ambiciosa de reformas que tiene el gobierno y que es apoyada por todo el gobierno, va a dar buenos resultados rápidamente y en esa compresión y en esa visión dinámica de este proceso podemos estar juntos en el trabajo.

Les agradezco.

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