(Emitido a las 7.51)

EMILIANO COTELO:
Ahora el diálogo es con el diputado Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio (FA), coordinador de la bancada del oficialismo.

Más allá de lo que fue la defensa acérrima de la gestión del ministro Díaz y la crítica dura a los planteos de la oposición, de todos modos en las intervenciones de varios legisladores del FA se reconoció que la inseguridad es hoy un problema serio en Uruguay. Entonces, ¿para qué sirvió esta sesión?

EDGARDO ORTUÑO:
Al igual de la interpelación de hace muy poco tiempo, de noviembre, que se realizó sobre la gestión del ministro Díaz y que terminó con escasísimo respaldo, ni siquiera de todos quienes la promovían, en esta oportunidad quedó demostrado que no había fundamentos para un planteo y una moción de la naturaleza de la que se presentó. Queda demostrado, entonces, que no había fundamento para cuestionar al punto de la censura la acción del ministro Díaz, no porque no existan problemas de inseguridad en Uruguay –me parece muy importante lo que usted señala–, lo que decimos es que existen problemas de inseguridad que responden a causas muy profundas, que vienen desde muy atrás. Nadie intelectualmente honesto puede sostener que los problemas de seguridad pública surgieron el 1 de marzo del año pasado con la llegada del FA al gobierno, sino que, por el contrario, son producto de una situación a la que lamentablemente ha sido llevada la sociedad uruguaya, donde los problemas de inseguridad son una más de las herencias que recibe el nuevo gobierno.

Lo que decimos es que no hay ningún fundamento para cuestionar la gestión del nuevo gobierno en esta área porque por primera vez en la historia del país se están llevando a cabo un programa y un paquete de medidas para enfrentar los problemas de seguridad, no sólo en sus manifestaciones sino también en sus causas profundas, con programas, con políticas; tanto la mayor presencia de la prevención y la represión del delito por parte de la Policía en la calle como la mejora de los recursos que el Estado destina a la seguridad.

EC - Ustedes enfatizaron mucho el cambio en la orientación de la política del Ministerio del Interior con respecto a gobiernos anteriores. ¿Dónde destaca que está la inflexión?

EO - Como le venía diciendo, hay una orientación distinta.

EC - ¿En qué sentido?

EO - Sobre todo hay una traducción del discurso de preocupación sobre la seguridad ciudadana en acciones concretas. Yo recién hacía referencia al presupuesto nacional, por primera vez un gobierno prioriza la seguridad ciudadana en el presupuesto y dispone un aumento que en el quinquenio va a superar el 25 por ciento para los funcionarios policiales. Pero a su vez dispone la mejora del equipamiento de la Policía, en estos últimos tiempos la población ha visto cómo se han renovado desde los chalecos de seguridad, que estaban vencidos, como tantas otras cosas en la Policía Nacional, como la provisión de uniformes, pero sobre todo la apuesta a la profesionalización de la Policía.

Este año vamos a tener, a su vez, la modificación del marco normativo, su modernización, una nueva Ley Orgánica Policial, un nuevo Manual de Procedimientos Policiales, pero al mismo tiempo se está encarando a fondo la renovación del marco normativo en general que tiene que ver con la política criminal del Estado, que comenzó con la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que sigue con la instalación de comisiones para la reforma del Código General del Proceso y del Código Penal, y también la modificación de la situación carcelaria, que francamente ha sido bien calificada por el ministro como crítica, extrema, lo que tiene un impacto sobre los temas de seguridad porque Uruguay, además de haber sido conducido a una situación de inseguridad, de miedo, de casas enrejadas, tenía, por esa mala política carcelaria, índices absolutamente siderales de reincidencia que hacían que quienes pasaban por las cárceles uruguayas no sólo no se rehabilitaran sino que volvieran a delinquir, perjudicando gravemente a la sociedad y a la población.

EC - O sea...

EO - Discúlpeme que le dé esta información que me parece importante, sobre todo escuchando al diputado Trobo, que insiste en plantear argumentos que no responden a la realidad. Ya hoy se está demostrando que el nuevo paradigma, las nuevas visiones que está implementando el gobierno en este campo da resultado.

EC - ¿A qué se refiere? Porque la sensación de inseguridad en la población no ha cambiado, al revés, en algunos barrios, en algunas zonas del país parece haberse incrementado. ¿Entonces? ¿Qué números tiene usted? ¿Qué datos maneja?

EO - Lo que digo es que si queremos referirnos en particular a la situación carcelaria, del 50 por ciento y más de reincidencia que tenían los ex reclusos en Uruguay con las políticas anteriores, hoy, con el nuevo marco normativo y esta nueva acción de gobierno, esos índices han bajado, son de un dígito, de poco menos de un 6 por ciento. Ahí ya hay un elemento que demuestra lo que estamos diciendo. Hay políticas distintas, hay un paradigma alternativo que empieza a dar resultados que a su vez van a empezar a redundar en mayores condiciones de seguridad para la población. Lo que usted tiene que comprender, y yo confío en que los ciudadanos comprenden y la sociedad comprende, es que problemas de la naturaleza de los que están implicados en los temas de seguridad no se pueden resolver en un año de gestión y, más aún, en pocos meses de vigencia del propio presupuesto.

Yo siempre recuerdo que el primer año de gobierno tuvimos que manejarnos con el presupuesto de la administración anterior y en estos temas, aparte de preocuparse, hay que ocuparse, hay que destinar recursos, como lo están haciendo el ministerio y el gobierno en general, porque muchas de las políticas del Plan de Emergencia Social, muchas de las políticas del Ministerio de Salud Pública que tienen que ver con toda la problemática de la drogadicción, muchas de las operaciones y políticas que están llevando adelante distintos organismos del gobierno son políticas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y van a comenzar a dar respuestas.

Lo primero que decimos es que la bancada del FA, el gobierno, es sensible y reconoce los problemas de seguridad que existen en la sociedad uruguaya, pero como nunca los está enfrentando con una política integral, no con operaciones efectistas como vimos en el pasado, que nada solucionaron, porque seguimos teniendo los mismos niveles de inseguridad que en el pasado, y sí con resultados concretos porque por primera vez, siendo que en los últimos años teníamos una tasa de aumento de un 10 por ciento anual sistemático de las tasas de delitos en la sociedad, hoy estos se han estabilizado y algunos aspectos importantes han descendido notoriamente. Tourné hablaba de los copamientos, y podemos hablar de asesinatos, de delitos sexuales y de muchos otros que han descendido y que confiamos van a seguir descendiendo conforme vaya dando resultados esta acción conjunta del gobierno y en particular del Ministerio del Interior.

EC - De las críticas que salen desde la oposición una de las que más se reiteran es la escasa posibilidad de diálogo que el gobierno abre en esta materia. Por ejemplo, el diputado Washington Abdala, del Foro Batllista, Partido Colorado (PC), dijo en un momento del debate: "Estamos señalando desde la oposición: preste atención. Acá no se dice que acá hay una tirada ideológica, lo que se está diciendo es que hay que tratar, en materia de seguridad pública, de construir políticas de Estado". ¿Qué pasa con esta posibilidad?

EO - Mi intervención central del día de ayer lo primero que le criticó a la oposición fue su falta de disposición a encarar estos temas país como temas de Estado, como temas nacionales por encima de los partidos políticos. La movida política del día de ayer, el planteo de censura y cuestionamiento de la temática de la seguridad como lo están llevando adelante responde simplemente a intereses políticos. Si usted recuerda cuando el FA era oposición, ante situaciones mucho más duras y más límite que enfrentaron los ministros del Interior, como la huelga policial, el caso Berríos y otros muy importantes, lejos de tratar de medrar y sacar tajada política de esas dificultades, ofrecimos el concurso del FA para respaldar a los ministros de la época y construir una política de Estado que lamentablemente no se construyó.

EC - Ahora son el diputado Trobo y otros legisladores de la oposición quienes dicen: "Nosotros tenemos propuestas, las hemos dado a conocer y no encontramos eco, no encontramos espacio para intercambiar a propósito de ello".

EO - Eso no es verdad y le voy a dar dos ejemplos. Si hay algo de lo que no se puede acusar al ministro Díaz es de ser un hombre falto de diálogo. Ha ido once veces al Parlamento, cada vez que se lo ha convocado y a veces por propia iniciativa, a dialogar con la oposición, a responder todas sus inquietudes, e incluso, cuando se plantean iniciativas concretas en temas en los que el ministro está actuando, y mucho, como la actividad carcelaria. El propio diputado Trobo ha planteado inquietudes en relación con tomar en cuenta el modelo de Chile y el propio ministro respondió y están en marcha hoy mismo consultas con las autoridades del gobierno chileno para evaluar, porque se está abierto a las propuestas, si mejoran serán bienvenidas.

Lo que creo que molesta del ministro es que tiene una concepción distinta, que inmediatamente deroga decretos como el 690, el famoso decreto de las razzias, absolutamente inconstitucional, absolutamente rechazado por todos los juristas y la doctrina del país y que obedece a concepciones que no son las nuestras. Nosotros queremos y vamos a garantizar la seguridad ciudadana de la población, pero sin conculcar derechos que establece la Constitución y que increíblemente todavía hoy son defendidos por algunos legisladores del Partido Nacional (PN). Yo no puedo creer que uno de los pocos actos de gobierno que se cuestionaron ayer –porque el discurso fue más político-ideológico que de crítica a cuestiones concretas–, uno de los énfasis, estuvo en la derogación del decreto 690, que permitía detener en averiguaciones y que dio pie a tantas irregularidades cometidas en la época de la dictadura, no puedo creer que un decreto absolutamente ilegítimo sea defendido hoy en plena democracia cuando incluso técnicos juristas del propio PN y del PC sostienen con firmeza que era inconstitucional.

Ahí sí tenemos una diferencia importante, nosotros concebimos y percibimos la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana como un derecho de la población y de los ciudadanos y apostamos al desarrollo de normas y pautas de convivencia democrática entre los uruguayos, pero respetando la Constitución, dentro del marco de la ley y utilizando la fuerza pública, sin duda, cuando es necesario, cuando está en juego la violación de los derechos de los ciudadanos, pero no como práctica cotidiana porque es absolutamente negativo.

Entrevista con el diputado Jaime Trobo

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Edición: Mauricio Erramuspe