(Emitido a las 7.36)

JOSÉ IRAZÁBAL:
El Consejo de Ministros se va a reunir hoy y es posible que sea aprobado el decreto sobre prevención de conflictos, una norma que establece, entre otros puntos, que los plazos de negociación van a ser fijados por las propias partes, de buena voluntad, y el reconocimiento de las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga.

Es un tema polémico, que va a llevar a que el propio ministro tenga que dar explicaciones esta tarde en una comisión del Parlamento.

ANDRÉS GIL:
Ni que hablar, la polémica está planteada, tanto a nivel del propio sistema productivo, del sistema empresarial, está claro que hay críticas del lado empresarial y hay críticas también del lado sindical. Esto es algo que llama la atención, es uno de los aspectos que está señalando la oposición, que también está señalando lo que han sido, en opinión de la oposición, las marchas y contramarchas en este tema que ha dado el gobierno. Justamente por eso el Partido Nacional (PN) convocó a la Cámara de Diputados al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. Es interesante saber qué es lo que se le va a preguntar hoy al ministro y cuáles son los aspectos que están preocupando al PN.

JI - Lo vamos a hablar con el propio ministro para tener su punto de vista, pero en este momento estamos en contacto con Pablo Iturralde, diputado de Alianza Nacional, PN.

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Diputado Iturralde, concretamente, ¿qué le van a preguntar al ministro?

PABLO ITURRALDE:
La última información oficial que tuvimos por parte del ministro fue cuando se nos presentó en el Parlamento el proyecto de ley que regulaba este tema de la ocupación. Después supimos, a través de trascendidos de prensa y alguna conversación informal que mantuvimos con las autoridades, que había sido modificado eso, había sido pasado a un decreto, y tampoco sabemos ni tenemos la redacción nueva de este decreto.

Para nosotros es central el tema, lo venimos planteando desde el año pasado, la ocupación de los lugares de trabajo en nuestra opinión no es la extensión del derecho de huelga, no es una manifestación del derecho de huelga; eventualmente, cuando se están vulnerando los derechos de los trabajadores en huelga, la aceptamos como una manifestación, pero como defensa de la violación del derecho constitucional a la huelga. Nosotros entendemos que cuando la ocupación de los lugares de trabajo se manifiesta y se acepta como una extensión del derecho de huelga, se está vulnerando, primero, el derecho al trabajo de todas aquellas personas que quieren trabajar, se está vulnerando el derecho de propiedad, que es sagrado e inviolable, como dice la Constitución del 30, y no debe ser vulnerado, y se está violando el derecho constitucional de libertad de industria y comercio.

Entendemos que no debe hacerse un sistema en el cual se fomenten las ocupaciones, sino que, al revés, creemos que esto debe censurarse por parte de las normas vigentes, de manera que no sea un camino que deban seguir los trabajadores, sino que demos certeza con las normas a aplicar. Hemos tenido bastantes dificultades y nos encontramos con que desde el gobierno se tuvo una actitud abierta y positiva hacia las ocupaciones, a tal punto que hoy se están brindando seguros por desempleo a los trabajadores de algunas empresas que están siendo ocupadas...

¿? - Usted lo dice por Sudamtex, concretamente.

PI - Concretamente, pero ha habido otros casos más. Y además ha habido una actitud de buscar préstamos para empresas ocupadas, se piensa en estatizar algunas empresas, se ha dicho que había que buscar la manera de estatizar una empresa. Son cosas que entendemos que no van con la realidad del mundo de hoy.

AG - ¿Ustedes han recibido algún tipo de planteos por parte de los sectores empresariales a propósito del tema señalando preocupación?

PI - Sí, los sectores empresariales han manifestado su preocupación. También distintos analistas de las relaciones laborales; le pongo el ejemplo de una universidad privada (La Universidad Católica), a través de su Programa de Modernización de las Relaciones Laborales, escuchábamos hace un tiempo al economista Juan Manuel Rodríguez que decía que si ocupar es una actitud que no tiene contraindicaciones, naturalmente que el trabajador va a tender a eso, porque la única alternativa que va a tener ese empresario que tiene ocupada su empresa va a ser ceder ante el reclamo de los trabajadores. Esto no parece ser parte del derecho.

El tema es que la ocupación es una actitud que manifiesta de hecho el querer resolver los temas de una manera diferente de como nosotros entendemos que es de acuerdo a derecho. Las relaciones laborales deben regirse de acuerdo con el derecho. Hoy puede haber problemas de no cumplimiento de los laudos, de condiciones y ambiente de trabajo u otro tipo de temas, y todos esos temas pueden ser resueltos en una negociación en el ministerio. Si nosotros entendemos que los conflictos laborales no se resuelven mediante el diálogo, mediante la negociación en el ministerio, sino mediante la ocupación, y el empresario es el que tiene que ceder, lo que está pasando es que ahí no rige el derecho. Es muy parecido a lo que estaba pasando en los puentes, los piqueteros ocupan, se instalan y no rige el derecho porque hay unos señores que creen que pueden resolver las cosas de acuerdo con su manera.

JI - Usted dejaba una ventana abierta, decía que la ocupación podía llegar a justificarse en algún caso, por ejemplo cuando se violaban derechos del sindicato. ¿En qué tipo de legislación o reglamentación piensan ustedes cuando ponen sobre la mesa el tema de las ocupaciones?

PI - Yo he presentado un proyecto de ley en el cual la ocupación es ilegal, a menos que lo que esté pasando es que haya un conflicto en el cual se está desatando una huelga y el empleador contrata personal durante el trámite de la huelga, recurrir a rompehuelgas, o en casos en que haya lockout, que es un cierre patronal de tipo ofensivo, y por último en los casos en que eventualmente se estén violando los derechos constitucionales de los trabajadores a la huelga mediante medidas concretas por parte de la parte empleadora, pero excepcionalmente y como salvaguarda de un derecho constitucional que está siendo violado, no como regla y mucho menos como mecanismo a través del cual los trabajadores, si lo creen conveniente, ocupen. Los trabajadores tienen derecho a resolver en qué momento deben ocupar, van y ocupan, y el movimiento sindical no acepta que se regule ningún tema. Yo creo que decir que no aceptamos que se regulen las relaciones laborales y la ocupación es decir que no aceptamos que rijan para nosotros la ley y la Constitución. Yo no estoy dispuesto a aceptar pacíficamente que en mi país haya normas y haya ciudadanos para los que no rijan determinadas normas porque creen que van dictar su propio marco jurídico. Yo no estoy dispuesto a defender el humor con el que se levanta un sindicalista a efectos de saber si va a ocupar o no una empresa. Son demasiadas las cosas en juego y hay demasiados trabajadores que están queriendo trabajar, porque si usted pasa revista a lo que sucedió en los últimos meses en Uruguay, en ningún caso hubo una sola asamblea donde mediante el voto secreto o manifestaciones de los trabajadores democráticas se resolvieran las ocupaciones.

Además, si nosotros regulamos la ocupación a través de un decreto, estamos incurriendo en una flagrante inconstitucionalidad; frente a eso vamos a recurrir a todos los mecanismos, por supuesto que a la Suprema Corte de Justicia, pero además queremos recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no avala este tipo de medidas, porque usted recorra los ciento y tantos países que hay en el mundo en este momento y dígame dónde hay una ley que acepte la ocupación de los lugares de trabajo y la regule como un derecho de los trabajadores. No existe en el mundo y la OIT tampoco la acepta, así que vamos a recurrir a todos estos mecanismos.

AG - Pasando en limpio, a ustedes les preocupa una cuestión de forma, entienden que el mecanismo no debe ser un decreto; pero al mismo tiempo, ¿tienen reparos sobre lo que ha trascendido respecto de lo que es el contenido del decreto? Si bien no han tenido una información oficial, sí ha habido trascendidos. Por ejemplo hoy el diario El País dice que la versión definitiva del decreto fija mecanismos de negociación con anticipación a la adopción de medidas de conflicto y en cuanto a los plazos, se determina que las dos partes deben ponerse de acuerdo sobre la duración de las negociaciones; también se sostiene que la negociación debe ser de buena fe, que cualquiera de las partes puede proporcionar la información necesaria, pero, a diferencia de lo que pasaba con el proyecto de ley, ya no hay obligación de informar, sino que se trata de un hecho voluntario. Con estos contenidos que ha trascendido que son parte del decreto, ¿ustedes están de acuerdo?

PI - Hay algunas cosas que compartimos, una cosa es regular la ocupación de los lugares de trabajo y otra es regular la obligación de negociar y de informar. Muchas de esas cosas las compartimos, sería muy positivo que se estudiara a fondo y se negociara por las partes involucradas una ley de negociación colectiva, me parece muy positivo. Pero no podemos en medio de este tema poner la ocupación de los lugares de trabajo, porque no es un derecho y no está bien que lo hagamos porque lo que hacemos es desequilibrar las relaciones laborales, que deben regirse por el derecho. Acá hay una medida de fuerza unilateral que atenta contra los derechos de otras partes. Eventualmente puede haber alguna excepción en la cual pueda aceptarse que se regule en forma diferente, pero no como norma general, si no se ponen de acuerdo tienen derecho a ocupar. Ese es el centro del asunto, usted analiza lo que se va diciendo en los proyectos de ley, en los proyectos de decreto o en los discursos de los distintos actores públicos y lo que se dice es: las partes negocian y si no se ponen de acuerdo quedan con las manos libres, lo que quiere decir que pueden ocupar. Yo no creo que sea legítimo decir que pueden ocupar, porque están violando determinados derechos, y además es una cosa que no existe en el derecho comparado en todo el mundo, Uruguay va a contrapelo del sentido de la historia con esta medida.

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Edición: Mauricio Erramuspe