(Emitido a las 7.39)

EMILIANO COTELO:
La jueza en lo laboral de 4º turno, Nancy Corrales, a cuyo cargo estaba el expediente de la textil Dancotex, decidió apartarse de ese caso. Según la propia magistrada, los actores del proceso pusieron en duda su integridad, imparcialidad y honestidad sin esgrimir un solo hecho que justifique tales calificativos.

La doctora Corrales se refería a un escrito presentado por el sindicato de la empresa, el Congreso Obrero Textil (COT), en el que se la acusaba de haber perdido imparcialidad en el proceso.

Según los trabajadores, la magistrada prejuzgó al atribuirles a los dirigentes sindicales la comisión de un delito en la denuncia por desacato que presentó en sede penal después que el viernes 2 no pudo cumplirse su resolución, que habilitaba el retiro de maquinaria de Dancotex para ser trasladada a la planta de Colonia.

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EC - Según un comunicado difundido por la Suprema Corte de Justicia el viernes, la doctora Nancy Corrales dice que puede admitir que se esté de acuerdo o no con las resoluciones judiciales, que las partes recorran los caminos procesales para su cambio o que la opinión pública las analice a su buen saber y entender. Pero cosa diversa es poner en duda la integridad, imparcialidad y honestidad de quien resuelve, cuando quienes hacen el cuestionamiento no han podido esgrimir en esa demanda un solo hecho que justifique sus dichos, y sí en cambio una completa confusión en cuanto al trámite debido que han iniciado.

Pese a criticar de esa manera al sindicato que la cuestiona, la jueza concluyó que lo mejor es abstenerse de continuar, apartarse del expediente, porque será garantía de las partes la actuación del juez subrogante. Según fuentes judiciales que consultó el diario La República el sábado, la jueza se sintió ofendida por el PIT-CNT.

Esa decisión de la magistrada no pasó desapercibida. Por el contrario, generó algunas dudas y, sobre todo, sorpresa y confusión. Si la jueza entiende que la recusación no corresponde, ¿por qué decide de todos modos apartarse de este caso? Esa es una de las preguntas.

Pero no es la primera decisión polémica de un juez en los últimos meses. Ha habido otras decisiones muy parecidas a esta, pero en la esfera penal. ¿Cómo se entiende un hecho como el que estamos reseñando? Vamos a conversarlo con un especialista en asuntos jurídicos.

Estamos en diálogo con el doctor Óscar Sarlo, abogado, catedrático de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

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Doctor Sarlo, nos parecía bueno, en una noticia como esta, no ir necesariamente a los protagonistas sino a alguien que observara esto desde afuera, desde la academia en su caso.

En primer término, ¿podemos explicarles a los oyentes qué es la Filosofía del Derecho y por qué puede servir para analizar novedades como esta?

ÓSCAR SARLO:
Es un buen abordaje. La Filosofía del Derecho siempre ha tenido una connotación en el tema de la fundamentación última del Derecho. Tradicionalmente tenía que ver con ideas metafísicas o religiosas y eran discusiones que tenían bastante poco que ver con la vida práctica, pero últimamente, en los últimos 40 o 50 años, la Filosofía del Derecho cambió radicalmente el punto de vista, se empezó a ocupar de las cuestiones más cercanas al mundo terrenal, y básicamente ha encontrado que lo que hace falta en la justificación del Derecho es descubrir las claves de racionalidad que tienen las decisiones tanto de los jueces, como de los Parlamentos, como de un abogado particular. Básicamente hoy se ocupa de cuestiones de razonamiento y fundamentación racional del Derecho.

EC - A partir de ese enfoque, ¿cómo observa la decisión de la jueza en lo laboral Nancy Corrales?

OS - En el caso concreto de esta decisión de la jueza no quiero opinar como especialista, que no lo soy, pero de todos modos me sorprende porque me da la impresión, habiendo seguido el tema a través de la prensa, de que es una cadena de errores.

EC - ¿Por qué?

OS - Lo primero que hace es no llevar adelante la medida como estaba concedida a la parte que la solicitó.

EC - Usted se refiere a lo que ocurrió el viernes 2, cuando el alguacil, en nombre de la doctora Corrales, concurre a la planta de Dancotex de Montevideo, teóricamente a ejecutar el retiro de la maquinaria que la doctora había habilitado, y se encuentra con una movilización, una concentración de trabajadores de la propia empresa, militantes sindicales de otros gremios, del COT e incluso dirigentes del PIT-CNT dispuestos a que de la fábrica no saliera ni un tornillo. Ese fue el contexto.

OS - Exactamente. Ha trascendido que después de cumplir algunas tareas instrumentales el alguacil consulta a la jueza y le informa cuál es panorama; la Policía no está presente, sino que está a una cuadra del lugar, los obreros se mantienen en la actitud de no dejar salir las máquinas, y ante esto la magistrada decide que se suspenda la medida. Esto podría haber sido una salida normal, porque hay que tener presente que estas cosas pueden pasar, uno puede encontrar una situación difícil, aunque en este caso ya estaba muy preanunciado, se sabía lo que iba a pasar. Pero ella podía haber suspendido la medida y dado un plazo a los que estaban presentes o a los responsables de la medida, diciéndoles: "Podemos suspender la medida por 48 horas, por tres días, cinco días, pero a los cinco días se cumple, sí o sí, si ustedes no han encontrado una solución". Esto suele pasar aun en embargos mucho más simples, en desalojos, estas cosas pasan y están aceptadas como parte del manejo normal de una medida tan grave.

Pero en lugar de eso, habiendo suspendido la medida, pasa los antecedentes a la justicia penal, sin darse cuenta de que en realidad no había ordenado el cumplimiento –tiene facultades para hacerlo– con intervención de la Policía, por ejemplo.

EC - Teóricamente había ocurrido un delito de desacato, pero tanto la fiscal como el juez que entienden en esa denuncia penal llegan a la conclusión muy rápidamente de que el delito no se configuró, porque la propia jueza en lo laboral había optado por no intentar hacer cumplir la resolución.

OS - Sí. Esa decisión también podría ser discutible, no me animo a opinar sobre eso, en todo caso era una alternativa que pasara esto. Si hubiera decidido de otra manera habría habido un procesamiento por desacato, pero el problema de todas maneras estaba en que había que cumplir la otra medida, que no podía cumplir el juez penal, obviamente.

EC - De todos modos, la jueza en lo laboral tenía una asignatura pendiente.

OS - Tenía la medida que cumplir, con respecto a la cual había generado una expectativa en el solicitante, el titular de Dancotex. Esto por un lado.

Después viene el incidente de las opiniones de la dirigencia sindical y algún representante del COT, que cuestionan la medida y el criterio adoptados por la jueza, y por ese cuestionamiento, que además se hizo en la prensa pero aparentemente, por lo que dice el comunicado de la Corte, la doctora recibió una solicitud de recusación. Esto es una medida legítima que tiene cada parte de impugnar la actuación de un juez de manera de volver inconveniente que continúe conociendo en el caso. Hay causales para señalar esto, por ejemplo que el juez no actúe con imparcialidad, que haya algún tipo de prejuzgamiento o algún tipo de vinculación con alguna de las partes, algo que lesione la debida imparcialidad.

Lo curioso en esta segunda parte, en la que también me parece inconsistente la opinión de la jueza, es que ella se allana inmediatamente a los hechos que plantean, a las causales que invocan.

EC - Pese a que discrepa con el cuestionamiento, igual opta por correrse a un costado.

OS - Si ella discrepaba, lo que tendría que haber hecho era someterse a la opinión de un tercero, que es lo que corresponde siempre en derecho, que era el tribunal de apelaciones competente. Incluso por su propia dignidad profesional no debería haber aceptado, porque si esto fuese una cuestión que entrase en el derecho de abstención que puede tener un juez por razones de delicadeza, de decoro, morales, tácitamente les estaría allanando el camino a quienes la recusan e invocan un supuesto apartamiento de la imparcialidad. De hecho rechaza los argumentos pero los acepta en cuanto no los discute. Es una situación un poco desconcertante en la magistrada.

EC - Usted decía que al no pasar el tema a un tribunal de apelaciones de hecho la doctora Corrales acepta que su conducta quede en entredicho, porque no hay quién desde afuera la juzgue.

OS - Si uno lo mira desde afuera es una lectura muy plausible. La otra lectura es: niega los argumentos pero permite que la parte que hizo la movida obtenga el éxito esperado, logra apartarla del juicio. En definitiva da la sensación de que la magistrada no se encontraba bien manejando este asunto, uno saca esa conclusión dada la falta de fundamentaciones claras –para esto sirve el análisis del fundamento racional de las decisiones–, cuando no hay buenas argumentaciones es porque alguna otra cosa está pasando y no se está cumpliendo de la manera que se espera que cumpla un juez con las funciones que se le han asignado.

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EC - Este que estamos comentando, el hecho del viernes, la decisión de la doctora Nancy Corrales de apartarse del caso Dancotex, no es el único hecho polémico en el comportamiento de jueces y eventualmente fiscales en los últimos meses.

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EC - Vamos un poco más allá, enumerando algunos ejemplos que tengo en la memoria en este momento: la polémica actuación del ex juez de Pando Álvaro González y la fiscal Nancy Agopián en el caso Berríos, un comportamiento que mereció una dura crítica del juez que actualmente está a cargo de ese juzgado, doctor Pedro Salazar; la lentitud con la que aparentemente actuó el juez Pablo Eguren en el caso Banco Montevideo-Caja Obrera, e incluso su decisión de apartarse del expediente en febrero debido a una recusación, en este caso la presentada por los hermanos Peirano; Eguren también ha estado en el tapete por el procesamiento sin prisión de cinco propietarios de locales de La Pasiva acusados de defraudación por la Impositiva; y el más reciente y probablemente el más polémico de esta seguidilla, la condena a cinco meses de prisión en suspenso del director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, casualmente por sus críticas –durísimas– al juez Pablo Eguren por aquellos procesamientos sin prisión.

¿Qué está pasando por la justicia uruguaya? ¿Por qué se han generado en los últimos meses estos y otros comportamientos tan discutibles? ¿Es casualidad? ¿Dónde pueden estar las razones?

OS - Esto admite –siempre admite– dos lecturas. Una lectura es la de micronivel, en lo interno de cada expediente o de la práctica cercana a cada expediente, donde lo que manda es el examen de cada expediente, porque cada expediente es un mundo y, como decía el profesor Couture, lo que no existe en el expediente no existe en el mundo del proceso, entonces es difícil opinar técnicamente si no se conoce internamente el proceso como se ha dado. Pero eso no es lo que les interesa a ustedes ahora, habría que ver si esto representa una anomalía.

EC - Esa podría ser la pregunta.

OS - Cabe un segundo nivel que sería examinar la relación, el funcionamiento o la funcionalidad del sistema judicial con la sociedad uruguaya. Y un tercer nivel –y podría haber un cuarto quizás– sería ver los sistemas judiciales en el mundo occidental, en el mundo globalizado. Esto cobra otro sentido y lo que ustedes ven como algo sorprendente deja de serlo.

Vamos por partes. El segundo nivel sería el sistema judicial y la sociedad uruguaya. En otro momento estos fallos no habrían llamado la atención, es normal que los jueces discrepen a propósito de cómo resolver una cuestión muy parecida a otra, pero cuando esto se somete a al comentario público se juntan dos o tres asuntos y se ven las diferencias enseguida se generan perplejidades. Sin embargo es normal y es una hipótesis con la cual hay que contar siempre cuando se estudia el derecho, por la sencilla razón de que los jueces no son máquinas, no están programados todos igual, y además los hechos correspondientes a cada caso y los hechos probados respecto de cada caso pueden variar. Esto explica posiblemente variaciones en las decisiones, de modo que no es nada anómalo, simplemente controvierte o contradice o decepciona una imagen idealista que tenemos del derecho, de que podría resolver todos los asuntos posibles de una manera idéntica, esto es, que podría ser algo así como una mirada divina para resolver y ordenar el mundo, lo cual es absolutamente inesperable, más vale que la gente se olvide de esa cuestión. No obstante, es dable esperar en las grandes líneas una cierta tendencia. Ahí es donde yo veo que hay algunos problemas. Tampoco se puede analizar el sistema judicial en bloque, porque tiene muchas secciones diferentes, por ejemplo nunca hablamos de la justicia administrativa, que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como jurisdicción independiente, eso casi nunca está en el tapete.

EC - Aquí básicamente estamos hablando de justicia penal y justicia en lo laboral.

OS - Que son las visibles; lo laboral no siempre es visible, en este nuevo gobierno ha tomado otro protagonismo.

EC - Ahí va una pregunta posible: el cambio de gobierno, la llegada del Frente Amplio al poder, ¿puede tener algo que ver con estos hechos que estamos acumulando?

OS - Pienso que sí, que tiene que ver, como han tenido que ver todos los gobiernos, porque otra idea muy alejada de la realidad que siempre se maneja es que el Poder Judicial, o el sistema judicial en su conjunto, es algo totalmente ajeno a la política, que es un sistema que funciona con total autonomía.

EC - Teóricamente es un poder independiente.

OS - Pero que teóricamente sea un poder independiente no quiere decir que no sea un poder político. La propia Constitución marca que es un poder político, es uno de los poderes del gobierno.

EC - ¿Entonces cómo puede influir un cambio de gobierno?

OS - En el hecho de que todo gobierno, por acción o por omisión, marca una política hacia el Poder Judicial. Siempre hubo una política bastante clara de los gobiernos en algún sentido, por ejemplo es muy claro –yo lo señalaba en un trabajo del año pasado– que la política que fijó el presidente Sanguinetti en su primer mandato, de mantener al Poder Judicial apartado de las cuestiones sobre derechos humanos y sobre todo del juzgamiento a los militares, de alguna manera repercutió en que el Poder Judicial reconociera que había una barrera y cada vez que alguien trataba de zafarse de esto no encontraba respuestas o el juez podía ser observado, había una política clara de que el Poder Judicial se podía ocupar de cualquier cosa menos de juzgar o investigar a militares.

EC - La situación opuesta es la que estaría dándose desde marzo del año pasado con la asunción del gobierno del doctor Vázquez, que en el tema violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura y la aplicación de la Ley de Caducidad tiene criterios distintos de los de Sanguinetti.

OS - Exactamente, se empezó a delinear una nueva política –las políticas se delinean y se comunican a través de una ley, la Ley de Caducidad fue la política de Sanguinetti en esta materia, con todas las desprolijidades que tuvo, pero fue reafirmada por todas las declaraciones persistentes y consistentes de todo el sistema político–, se está cambiando, se empezó a cambiar, pero de una manera bastante dubitativa, porque hubo muchos registros de dónde situar la nueva política en materia de Derechos Humanos, desde aplicar la ley pero favoreciendo las investigaciones, hasta propugnar la anulación de la ley, lo cual implicaría una vuelta atrás de toda la política anterior. Esto por un lado.

En materia laboral tampoco son claras las señales que da el gobierno, porque el reajuste –y además tenemos muy poco tiempo de puesta en práctica de estas nuevas políticas–, las herramientas que está usando el gobierno, no se han afianzado, no se han decidido muy bien. Tradicionalmente en materia laboral no se llegaba a estas situaciones porque el Parlamento siempre cumplió un papel mediador, es larguísima la tradición del Parlamento de arreglar conflictos laborales, sobre todo algunos de gran envergadura, de gran impacto social. Al punto que hay antecedentes de casos en los cuales el Parlamento terminó decidiendo por ley un juicio pendiente, algunas de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, hay antecedentes de todo tipo.

Sin embargo ahora no está muy claro cuál va a ser el papel que va a jugar el Parlamento en esto, y los trabajadores, con todo derecho –ellos tienen su propia estrategia–, dicen que el quid no es rebelarse contra la justicia ni nada por el estilo, sino ganar tiempo para una solución política.

EC - Si entiendo bien, en síntesis, usted percibe que desde que asumió el gobierno del doctor Tabaré Vázquez una serie de asuntos que se manejaban a nivel político han sido trasladados a la órbita del Poder Judicial, tanto en materia penal como en materia laboral, los jueces correspondientes todavía están buscando cómo plantarse en el nuevo escenario y por eso están produciéndose estos nuevos comportamientos que en algunos momentos desconciertan, sorprenden o chocan.

OS - Es una conjetura que yo manejo. No es que todos los asuntos se puedan resolver por vía política, los que pueden resolverse por esa vía, por una ley, se resolverán, otros no tendrán más remedio que ir a la vía judicial. De todas maneras el Poder Judicial, aun cuando sea un poder independiente, requiere señales claras acerca de cuál es el entorno sistémico del Estado, qué apoyo le va a dar el Estado para esto, porque el Poder Judicial es un poder muy débil en términos materiales, no sólo en recursos económicos sino también en cuanto al apoyo, la fuerza que va a tener para hacer esto o lo otro. Entonces, si no tiene señales claras, pensar en actuar a su solo criterio es generarse conflictos que resultan muy costosos en términos institucionales. Esto está en toda la literatura moderna, que la fijación de políticas claras en materia judicial hace al buen funcionamiento de la justicia, la justicia no sólo toma en cuenta la ley y el texto de la ley, además precisa orientaciones que vengan del sistema político acerca de cuál es su rol, su alcance, su eficacia. Esto se lee en los recursos que le vota el Parlamento en el presupuesto, hay toda una cantidad de indicadores que marcan cuál es la voluntad del sistema político hacia la Justicia y, en definitiva, como el sistema político trasmite el humor de la gente en torno a la Justicia –daría para muchísimo más–, merece analizar cuáles son las expectativas de la gente, del pueblo uruguayo con respecto a la Justicia.

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Edición: Mauricio Erramuspe