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"El árbol y el bosque". Editorial de CARTA POPULAR.

  Los días 18 y 19 de enero se esta realizando la XXXI Cumbre de Jefes de Estado de los socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro. Allí estarán presentes los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, más los presidentes de los Estados asociados: Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. A nadie escapa la importancia de esta reunión, no sólo para hacer un balance general sobre la situación actual del bloque y sus desafíos a corto, mediano y largo plazo, sino también para elaborar y poner en marcha líneas de acción concreta hacia el futuro.

   En este sentido, es notoria la voluntad de Brasil de flexibilizar las normas en el Mercosur para superar las asimetrías con los socios menores: Paraguay y Uruguay. Entre otras cosas, eso significa eliminar el cobro del doble arancel, lo que permitirá que un producto que entre en Mercosur por Uruguay o Paraguay podrá ser exportado a Brasil sin cobro adicional del impuesto de importación; es la llamada unión aduanera, que sólo debe entrar en vigor entre todos los países del bloque a partir de 2009. Otra concesión que Brasil busca hacer se refiere a las reglas de origen. El régimen de Mercosur considera originario de la región cualquier producto que posea por lo menos 60 por ciento de valor agregado regional (insumos producidos en la región). Con la flexibilización de las reglas de origen, ese porcentaje bajará a 30 por ciento, en el caso de Uruguay, y 25 por ciento en el de Paraguay.

   Otra estrategia que podría reducir las asimetrías del bloque -según palabras del propio canciller brasileño-, es la integración de las cadenas productivas, lo que constituiría un importante paso para disminuir la actual división del trabajo a la interna del bloque, en que unos se especializan en producir artículos industriales con valor agregado y otros materias primas con bajo grado de elaboración. A lo anterior se debe agregar la eliminación de trabas burocráticas que complican el ingreso a Brasil de productos de Uruguay, Paraguay y Bolivia, que en nuestro caso pasa por instalar fiscales de aduana permanentes en los puestos fronterizos del lado brasileño. Sin generar expectativas desmedidas, comienzo quieren las cosas...

 Desde un punto de vista político,  la situación nos parece la siguiente: Brasilia está dispuesta a mejorar la situación de Paraguay y Uruguay. Venezuela ya dio su consentimiento, mientras que Argentina no fijó posición, aunque es bastante reticente a estas medidas. Uruguay, con todo, sigue siendo el flanco más vulnerable del Mercosur, cosa que los yanquis hace rato que detectaron. ¿Por qué? Son varios los factores, entre los que se destacan la disputa con Argentina en el marco de los cortes fronterizos y la instalación de las plantas de celulosa; las asimetrías propias del bloque que frenan nuestro desarrollo; y las políticas impulsadas por el ministerio de Economía.

    Estas políticas tienen dos objetivos simultáneos y confluyentes: defender un posible acuerdo TLC con EE.UU. a toda costa y poner al MERCOSUR como la fuente de todos los males en cuanta ocasión se pueda. Como aliados de esta estrategia encontramos a una serie de intelectuales del libre mercado, analistas y medios de comunicación –aquí y en todo el subcontinente- que juegan a su favor, con bombardeos constantes contra el proceso de integración regional y sus líderes más influyentes.  

    Otro elemento objetivo del contexto internacional que está presente en nuestras consideraciones (acerca de la inserción internacional del país y, más concretamente, de nuestro papel en el MERCOSUR y de un posible TLC con EE.UU.), es  que la crisis del dólar y de la burbuja especulativa inmobiliaria pueden llevar a la economía estadounidense a una franca recesión en el año que comienza, con todas sus consecuencias políticas internas y el desbarajuste que provocaría en la economía mundial. Y esto en medio de un debilitamiento y aislamiento político muy fuerte de Bush y su entorno, en lo nacional e internacional. Un Bush que salió derrotado en las recientes elecciones legislativas a manos demócratas, con posiciones diferentes a los republicanos respecto de los TLC.  Igualmente, en el contexto continental, no dejamos de considerar las enormes perspectivas que se les abren a nuestros pueblos con un MERCOSUR ya integrado por Venezuela, y muy pronto –como todo parece augurar-  también por Bolivia y Ecuador en forma plena.

   Es en este marco que analizamos la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) entre Washington y Montevideo. Como sabemos, desde Economía se pretende que el mismo desemboque en un tratado de libre comercio, como ya sucedió en varios países que suscribieron el mismo tipo acuerdo. En ese sentido, es conveniente confirmar o no la información periodística acerca de que técnicos asesores han recomendado que se incluya un anexo (al estilo del TIFA de EE.UU. con Tailandia) que establezca un "programa de trabajo" concreto entre ambos países, programa con una serie de temas propuestos por Uruguay que deje la puerta abierta para que EE.UU. proponga a su vez otros temas no mencionados por el anexo, tales como las compras gubernamentales y la liberalización de los servicios.

     Por todo lo anterior, se acentúa la necesidad de que el FA (a través de su Mesa Política) tenga la posibilidad de considerar los contenidos de un TIFA en tiempo y forma. Es un asunto central que debe ser analizado con la misma transparencia con que el año pasado se consideró un posible TLC con EE.UU. Igualmente, es importante conocer los pasos que se están dando para firmar un TLC con Chile, tanto en su contenido como en relación a los pasos exigidos por el  MERCOSUR.

   Otro asunto que nos preocupa (y que irá siendo objeto de nuestra atención preferente en los próximos tiempos) es la llamada "reforma del Estado". Pero no un Estado abstracto, sino ese Estado bien concreto, que ha sido primero clientelizado y destruido y corrompido por los neoliberales para más tarde satanizarlo y culpabilizarlo, todo por los mismos personajes. Y siempre, claro está, para privatizarlo mejor.  Ambos, la "reforma estatal", junto con el tema anterior (TLC con EE.UU., latente siempre), representan el bosque que no debemos  perder de vista en los próximos tiempos. Y ello a pesar de algunos árboles interpuestos en el camino, árboles que, siendo importantes, no dejan de ser árboles. Aquí, en estas dos cuestiones se juegan aspectos estratégicos para el futuro uruguayo, como la propiedad estatal de las empresas públicas, su desvinculación de toda actividad económica y el abandono de la prestación de servicios. En esto está la "madre del borrego", lo oculto debajo de la superficie, lo esencial detrás de las apariencias.  

     En síntesis, sigue siendo fundamental el papel del FA y de las organizaciones sociales, su fortalecimiento y su participación en la resolución correcta y transparente de estos temas estratégicos y de otros que se han venido poniendo en el orden del día, como la venta de PLUNA, los problemas en Maldonado, la situación de la salud privada y la continuidad en materia de verdad y justicia. Y también es  cardinal, por cierto, el papel de nuestro PCU: su capacidad de crecer, organizarse y educarse para contribuir con su cuota parte al desarrollo del bloque político-social radical de los cambios y, con él, del país productivo con justicia social, lo que engloba resolver adecuadamente los temas más concretos analizados más arriba.