(Emitido a las 8.55)

EMILIANO COTELO:
"El gobierno pide reparar a todos los muertos por la sedición." Es el título esta mañana en la página 9 del diario El País para una nota que comienza señalando: "Para cerrar una dolorosa etapa de la vida del país, como anunció el presidente Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto a fin de resarcir a familiares de militares, policías y civiles muertos por la sedición. Se trata de un total de 64 militares, policías y civiles que perdieron su vida en los enfrentamientos armados entre 1962 y 1976 en Uruguay o en el exterior. La intención del Poder Ejecutivo es que la iniciativa se apruebe rápidamente", según dijeron a ese matutino allegados a la bancada oficialista.

Estamos con el diputado Daniel García Pintos, del Partido Colorado.

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Diputado García Pintos, usted había trabajado en este asunto, había presentado un proyecto de ley a propósito de esta asignatura pendiente. ¿Cómo observa el paso que da el gobierno ahora?

DANIEL GARCÍA PINTOS:
El proyecto que acaba de presentar el Poder Ejecutivo, haciendo uso de una obligación constitucional frente al proyecto que presentamos nosotros en enero de este año, por aquello de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo en materia de gasto, es nuestro proyecto.

EC - Ahora entiendo, es su proyecto, el Poder Ejecutivo lo asume y lo envía porque requiere gasto.

DGP - Efectivamente, es nuestro proyecto, que presentamos primero en el año 2003, en el gobierno del presidente Batlle, cuando como producto final de la Comisión para la Paz se mandó al Poder Legislativo una iniciativa dando una reparación económica a los familiares de los desaparecidos. En ese momento nosotros presentamos nuestro proyecto de ley para quienes habían muerto a manos de la sedición. El Poder Ejecutivo en aquel entonces lo hizo suyo también y lo envió, pero se envió todo tan sobre las elecciones, faltando pocas semanas, que naufragó. Aquello fue archivado, nosotros lo desarchivamos en febrero de 2005, posteriormente fueron archivados nuevamente cada uno por separado, y en enero de este año nosotros presentamos una iniciativa con una diferencia sustantiva, que pienso que fue uno de los elementos fundamentales que movieron al gobierno del doctor Vázquez a darnos el apoyo desde el Poder Ejecutivo.

EC - ¿Cuál fue ese detalle?

DGP - Ese detalle es que nosotros, que nos quejamos amargamente en los últimos de que las llamadas organizaciones de defensa de los derechos humanos sólo contemplaban a sus muertos, como que había muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría, dijimos: ahora que tenemos la posibilidad de una iniciativa (enero de este año) y a casi dos años de haber asumido el nuevo gobierno, éticamente no podemos hacer lo que nos quejábamos que nos hacían a nosotros. Es decir, discriminar a los muertos según a qué lado pertenecían cuando cayeron. Entonces pusimos a todos los muertos en nuestro proyecto de ley, beneficiando a los familiares de ellos, tanto de los que cayeron luchando contra la sedición como los de los desaparecidos. Juntamos a todos, es un proyecto que tiene un hondísimo contenido ético y también político desde el punto de vista de su realismo.

EC - En el caso concreto de las víctimas de la guerrilla, ¿no había existido nunca ninguna forma de reparación, por ejemplo durante la dictadura?

DGP - Y antes de la dictadura. Pequeñas pensiones, un grado más posmortem a quienes tenían rango policial o militar, muy poquita cosa que para familias modestas, la inmensa mayoría de condición muy humilde, no sirvió para mitigar ni que hablar el dolor por la pérdida de un ser querido, pero tampoco desde el punto de vista económico.

En ese sentido presentamos ahora el proyecto de ley con una reparación específica, le enviamos al presidente de la República la carpeta, nos reunimos posteriormente con el prosecretario de la Presidencia, el licenciado Jorge Vázquez, y posteriormente con el doctor Gonzalo Fernández, y se nos comunicó, por intermedio de este último, que el presidente de la República tenía la intención de enviar rápidamente al Poder Legislativo nuestro proyecto de ley. Ya el día 2 de marzo cuando el presidente habló en la Plaza Independencia lo dijo claramente: "Comprendemos y refrendaremos (apoyaremos) la iniciativa planteada recientemente desde el Parlamento"; faltó que dijera nuestro nombre nada más, lo que no correspondía en un discurso como el que estaba dando el presidente de la República en la Plaza Independencia. Posteriormente los contactos nos confirmaron que lo que el presidente había hecho era en el mejor tono, lo valoramos muy positivamente, y el proyecto en definitiva viene al Parlamento.

Lo envía el Poder Ejecutivo porque la Constitución de la República nos impide a los parlamentarios aprobar proyectos de ley que proponen gastos y no los financia. La alternativa era pensar en un impuesto, lo cual era impensable, por lo tanto había que dejarle la iniciativa privativa al Poder Ejecutivo, que es quien en definitiva pone el dinero. Así lo ha hecho, lo que ha mandado es nuestro proyecto de ley, que es el de la Asociación 14 de Abril de 1972, de homenaje permanente a los caídos. En su seno armamos este proyecto de ley y yo soy el operador político y parlamentario en un proyecto que busca cicatrizar las heridas del pasado, hacer justicia con aquellas familias que vienen sufriendo desde hace más de 30 años y, lógicamente, contribuir, ¿por qué no?, a esta política que piensa llevar adelante el gobierno del nunca más de uruguayos contra uruguayos, siempre y cuando conversemos las bases y veamos que de verdad es nunca más uruguayos contra uruguayos con el compromiso de todas las partes.

EC - Un gesto de aproximación interesante.

DGP - Sí, que hay que valorar positivamente y así lo hemos hecho.

EC - La indemnización prevista es de 150.000 dólares por cada víctima.

DGP - Por cada víctima fatal, efectivamente.

EC - 66 víctimas estarían contempladas, un total de unos 10 millones de dólares.

DGP - Casi 70 de un lado y 22 del otro. Se va a repartir de acuerdo, primero, a lo que dice el Código Civil en lo que tiene que ver con la ley de herencias, y después con alguna precisión jurídica porque el Código Civil no contempla, por ejemplo, los casos de concubinato, pero sí los contempla una ley posterior que habla de que el concubinato es tenido en cuenta cuando se hayan cumplido 10 años efectivos del mismo. Todo eso está recogido en nuestro proyecto de ley, y tal cual lo redactamos, con algunas de estas correcciones que realizamos con el doctor Gonzalo Fernández, así lo ha enviado el Poder Ejecutivo. Tanto es así que en la parte primera de la exposición de motivos que siempre acompaña a los proyectos de ley, sea cual sea su origen, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, se dice claramente que el presente proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo es consecuencia de la iniciativa planteada en el Parlamento, elaborada en el seno de la Asociación 14 de Abril de 1972 y presentada el día 14 de enero por quien habla.

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Edición: Mauricio Erramuspe