Uso abusivo de autos oficiales


Comentario a cargo de Emiliano Cotelo


Portada En Primera Persona
EN PERSPECTIVA
Martes 25.09.01 - Hora 07.00

El mensaje está firmado por un oyente. Cuenta que el domingo 16 de setiembre se encontraba en el estacionamiento del Montevideo Shopping, cuando vio detenerse delante de él un vehículo con matrícula oficial, cuyo número anotó y me trasmitió luego junto con su testimonio.

Por más datos, se trataba de un automóvil Mitsubishi modelo Galant.

El oyente quiso creer que en ese auto viajaba un ejecutivo o una ejecutiva del Estado cumpliendo con sus funciones en un día feriado (repito que era domingo). Pero enseguida comprendió que su optimismo era exagerado. Quien bajó del vehículo fue una mujer, vestida de jeans, portando varias bolsas con sus compras.

Algunos de ustedes podrán pensar que el episodio es menor.
Yo discrepo: el abuso en el uso de la locomoción oficial es un hecho grave. En un momento de serias dificultades económicas como el que atraviesa el Uruguay, la gente que está teniendo que apretarse el cinturón merece que desde el Estado, donde el dinero que se utiliza es el de todos nosotros, el comportamiento sea lo más austero posible.

Otros podrán pensar que aquí estoy yo de nuevo atacando la imagen del sistema político uruguayo y sus principales figuras. Yo creo, como ya dije cuando el caso de los pases en comisión, que quienes atentan contra el prestigio de nuestro sistema político son aquellos funcionarios que, sin que se les mueva un pelo, se burlan de la gente, como hizo esta persona del Mitsubishi Galant el domingo 16. ¿La señora no era consciente de que estaba haciendo sus compras particulares usando un auto que nos pertenece a todos nosotros, movido por nafta que pagamos todos nosotros?

Por último puede haber quienes crean que con estos comentarios estamos yendo más lejos aún: que lo que buscamos es desacreditar al Estado. Definitivamente, nada de eso. Casualmente, además, el autor de la carta es un funcionario de un ente autónomo. Él dice: "intento estar dentro de ese 30% de trabajadores estatales que nos esforzamos para que las cosas se hagan bien". Por eso, agrega, lo que vio lo dejó "anímicamente quebrado".

Luego, el oyente se plantea varias preguntas. Por ejemplo: "¿Acaso no hay alguien que pueda hacer una ley que oblige a los vehículos estatales a tener un cartel de no menos de 30x30 que indique a qué organismo y departamento de éste pertenece el vehículo?"

Es una buena sugerencia, realmente. Cabe recordar que el año pasado, el doctor Jorge Batlle resolvió que los vehículos del Edificio Libertad deben portar justamente un cartel que los identifica con la "Presidencia de la República". Pero esa disposición no abarca a otros organismos del Estado.

Sin embargo, también en aquella época, el Poder Ejecutivo adoptó una segunda medida, de alcance mucho más amplio que la anterior, que restringió severamente el uso de la flota el Estado. El decreto, dictado el 12 de julio de 2000, dice que "queda prohibido el uso de locomoción oficial y combustible de cargo del Tesoro Nacional, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades públicas oficiales con excepción del Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Ministros de Estado y Presidente de la Cámara de Representantes." Y agrega que "en ningún caso el ejercicio de una función pública, en cualquier ámbito del Estado, podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo oficial fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto".

Si bien la resolución es terminante al especificar que "la violación de lo preceptuado (...) configurará falta administrativa grave", fuentes de la Presidencia de la República reconocieron anoche que en aquel momento no se estableció un sistema de vigilancia del cumplimiento de aquellos criterios. Hablando con EN PERSPECTIVA estos informantes admitieron que el rigor de los primeros días parece haberse perdido con el correr de los meses.
No parece mala idea subsanar aquella omisión y procurar que, ahora sí, la norma restrictiva se cumpla. La Policía, por ejemplo, podría ser la encargada de la fiscalización.