Una iniciativa parlamentaria para acabar con el Estado mal pagador pero exigente recaudador

León Lev (Encuentro Progresista): Si el Estado debe a un acreedor, que a su vez es deudor del Estado, este proyecto de ley propone la creación de certificados compensatorios con los cuales este proveedor podrá, a su vez, cancelar sus deudas con BPS, DGI u otros organismos del Estado. Estos proyectos de ley salen si hay consensos que permitan viabilizarlos. En eso estamos.

Martes 09.10.01 - Hora 8.17

EMILIANO COTELO:
Vamos ocuparnos de una iniciativa que apunta a solucionar el problema que se da cuando el Estado se atrasa en el pago a sus proveedores, pero concomitantemente ese mismo Estado, a esos proveedores les exige pagar puntualmente las obligaciones tributarias tales como DGI, BPS y servicios como UTE, OSE, etcétera. Esa exigencia se expresa en multas y recargos onerosos, con un alto costo financiero.

***

EC - El diputado del Frente Amplio León Lev presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja un proyecto de ley que prevé la creación de certificados compensatorios como instrumento de pago del gobierno central y de los organismos del artículo 220 de la Constitución.
¿Cuál es, concretamente, el origen de esta propuesta?

LEÓN LEV:
Cuando estuvimos trabajando en la rendición de cuentas nos enteramos de que organismos como Iname, Universidad de la República, estaban recibiendo cancelaciones de aprovisionamiento porque los proveedores llevaban a veces más de un año sin cobrar la factura que estos organismos les debían. Cuando nos fuimos interiorizando, nos encontramos con que el Estado exige efectivamente el pago de sus deudas y cobra multas y recargos cuando hay atraso, pero que cuando debe no compensa a esos proveedores. El proyecto de ley se funda en un principio básico, el principio de la compensación como forma de extinción de las obligaciones.

EC - ¿Cómo funcionarían exactamente estos certificados?

LL - Si el Estado debe a un acreedor, que a su vez es deudor del Estado, parece lógico facilitar las formas para lograr esa natural compensación. El instrumento concreto que propone este proyecto de ley es la creación de certificados compensatorios.

EC - ¿Quién los emite?

LL - Los emitiría la Tesorería General de la Nación a los efectos de que el propio Ministerio de Economía tuviera un control estricto y no que cada organismo a través de su tesorería los emitiera. El organismo que es deudor del proveedor solicita a la Tesorería General de la Nación que emita un certificado compensatorio por el monto total de la deuda o por una parte del monto total de la deuda. Con ese certificado compensatorio este proveedor del Estado podrá, a su vez, cancelar sus deudas con BPS, DGI u otros organismos del Estado.

EC - ¿También con empresas públicas? ¿El proveedor podría pagar con estos certificados su cuenta de UTE u OSE?

LL - En el caso de los entes industriales y comerciales es opcional aceptar o no los certificados de compensación. En principio es para la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución. Para los entes comerciales e industriales, que corresponden al artículo 221, o para las intendencias, esto es opcional. Obligatorio para Administración Central y artículo 220, y opcional para los entes comerciales e industriales del artículo 221.

EC - Según tengo entendido estos certificados serían endosables.

LL - Efectivamente, porque se busca que tengan circulación. Si yo soy un acreedor que recibo ese certificado y mis deudas no son tantas con el Estado, puedo pagar parte de mis deudas a otro acreedor mío que a su vez tenga deudas a cancelar con el Estado. Busca encontrar un mecanismo fluido en un momento en que el Estado compra pero demora en pagar. De esta manera pequeñas y medianas empresas que tienen al Estado como cliente prácticamente van desistiendo de proveerlo en la medida que la financiación lleva a veces más de un año, 15 meses. Nosotros recibimos a la Asociación de Industriales Gráficos que nos mostró facturas impagas de 15 meses y hasta de dos años con el Ministerio de Salud Pública.

EC - En Perspectiva hemos recogido otros testimonios de similar gravedad, en el caso de pequeños laboratorios.

LL - Eso va llevando a que el Estado empiece a comprar mal, porque si paga mal empieza a comprar mal, porque el que lo provee lógicamente va a recargar los costos de acuerdo a una financiación que es sine die.

EC - Usted enfatiza que con este instrumento habría un beneficio tanto para los proveedores del Estado como para el Estado mismo, porque podría volver a comprar a precios razonables, no a precios inflados por el riesgo de demora en el cobro.

LL - Así es. Cuando la semana pasada tuvimos una reunión con la plana mayor del Ministerio de Salud Pública, nos dijeron que van a centralizar las compras y sobre esa base abaratar hasta el 40% de los insumos farmacéuticos, lo que les permitiría una eficiencia en los recursos presupuestales.

EC - ¿Las autoridades del Ministerio de Salud Pública vieron con buenos ojos esta idea de los certificados?

LL - En ese momento no hablamos de los certificados compensatorios porque estábamos escuchando las reformas que proponían, de las que tomamos conocimiento.

EC - Me interesa saber la viabilidad de su propuesta a nivel del gobierno; ¿ya ha consultado con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía?

LL - Efectuamos las consultas pero aún no hemos recibido las respuestas. Yo diría que lo que recibimos fue un aluvión de entrevistas de los sectores proveedores, de las pequeñas y medianas empresas, de los barraqueros, de la Asociación de Industriales Gráficos. Todavía no hemos tenido la respuesta del Poder Ejecutivo, con la cual estamos buscando encontrar una solución que efectivamente contemple lo que hoy la Tesorería General de la Nación, la caja del Estado, está en condiciones de emitir.

EC - Tengo el recuerdo de que ha habido iniciativas similares a la suya en el pasado.

LL - Efectivamente. Intendencias del interior, caso de Rocha y Río Negro, lo tienen incluido en su presupuesto. Hay decretos de la década del 90 que no están siendo aplicados, hay antecedentes de sectores del Partido Nacional, con los que he estado en conversaciones esta semana a los efectos de ir en forma conjunta a la Comisión de Hacienda. Hoy tengo una conversación con un sector del Partido Colorado, de la mayoría, del oficialismo, a los efectos de intercambiar opiniones buscando un consenso. En definitiva, estos proyectos de ley salen si hay consensos que permitan viabilizarlos.

EC - ¿Qué sector del Partido Nacional había presentado un proyecto similar?

LL - Toda la bancada presentó un proyecto.

EC - ¿Cuándo?

LL - A principios de esta legislatura, reactualizó un proyecto anterior y a principios de esta legislatura lo hizo suyo toda la bancada del Partido Nacional. Es un proyecto que tiene diferencias con el nuestro en cuanto a la amplitud, la viabilidad, los montos, pero que busca la misma sustancia: que el Estado honre sus deudas de la misma manera que honra las deudas que tiene con los acreedores del exterior y sobre esa base obtiene los créditos, que honre sus deudas de carácter interno, particularmente en un momento de distorsión del mercado local para las pequeñas y medianas empresas que viven corriendo la liebre, que efectivamente muchas veces no logran los certificados de BPS o DGI para cobrarle al propio Estado, siendo acreedores de éste.

EC - Claro, se da esa paradoja: como el Estado no les paga no pueden estar al día con BPS y DGI, no tienen los certificados correspondientes de estar al día y cuando llega el momento de que el Estado les pague, como no tienen los certificados no pueden cobrar.

LL - Eso es lo que una publicación ha calificado como una "calesita perversa". Nosotros buscamos que se termine esta calesita perversa, dar transparencia al Estado, que los créditos presupuestales que tienen los organismos de la Administración Central y del 220 puedan pedir a la Tesorería General de la Nación que emita esos certificados compensatorios para cancelar total o parcialmente sus deudas. A su vez, que los acreedores los reciban, paguen sus deudas con el Estado o endosen con otros proveedores, de manera de hacerlos circular fluida y transparentemente y sobre esa base lograr, además de la dinamización del mercado interno -uno de los problemas básicos hoy de la economía-, para que a su vez el Estado compre mejor con los precios que naturalmente el proveedor, al tener garantía de los plazos de su cobro, va a poder dar precios más baratos, accesibles.

------------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo