Críticas a la proyectada reforma de la DGI

"Abiertos a discutir en la coalición de gobierno". Diputado José Amorín (Partido Colorado, Lista 15). "Compartimos el diagnóstico, no la propuesta". Secretario de la Asociación de Funcionarios de la DGI, Raúl Gómez.

EN PERSPECTIVA
Martes 23.10.01, 09.05.

JOSÉ PEDRO DÍAZ:
Cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos básicamente de dos cosas: recortar los gastos y mejorar los ingresos. Y cuando hablamos de mejorar los ingresos casi automáticamente miramos a la Dirección General Impositiva (DGI). Hacia allí está mirando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que presentó un proyecto para reformar al principal organismo recaudador del Estado. Este jueves, el ministro de Economía y el titular de la DGI, Bensión y Brasca, van a ir a la Comisión de Hacienda de Diputados para seguir trabajando sobre el tema.

Para avanzar en esta noticia hemos convocado al diputado José Amorín, coordinador de la bancada de la Lista 15, Partido Colorado. Aquí se habla de mejorar el combate a la evasión y dar más transparencia a la gestión de la DGI; ¿es así?

JOSÉ AMORÍN:
Sí, ésos son los objetivos fundamentales. Pretendemos mejorar la eficiencia del funcionamiento de la DGI y dar más transparencia a una institución, que seguramente tiene muy buenos funcionarios y que en el último año y medio ha sido bastante castigada por distintos hechos que han salido a la opinión pública.

JPD - Para lograr estos objetivos, ¿por dónde se está pensando la reforma de la DGI?

JA - Esta reforma tiene tres líneas principales. La primera es la creación de un Cuerpo Técnico Tributario en que los funcionarios fiscalizadores y los que están alrededor pasan a un status de incompatibilidad absoluta con otra función, con una mejora de retribución, y en lugar de ser funcionarios presupuestados pasan a ser contratados por períodos de tres años con evaluaciones semestrales al final del período. Quienes no lleguen a un cierto nivel o a un porcentaje -lo estamos viendo- perderían el contrato.

JPD - ¿Por qué la necesidad de este cambio?

JA - Pensamos que las principales críticas de este último año y medio a la DGI tienen algún fundamento, en cuanto a que los funcionarios que están en estas áreas, además de ser funcionarios de la Impositiva asesoran a algunas empresas en materia tributaria.

JPD - Estamos hablando de incrustar una especie de cuerpo de elite en medio de la estructura de la DGI. ¿Esto no va a crear fricciones, no puede ser un elemento distorsionador?

JA - Pensamos que no. Este Cuerpo Técnico Tributario sustituiría a toda un área de fiscalización y áreas conexas que ya no estarían cumpliendo esta función: no habrá dos áreas cumpliendo la misma función. En caso de aprobarse la ley, el cuerpo técnico tributario cumpliría la función que hoy está cumpliendo Fiscalización y áreas conexas.

JPD - ¿Cómo se elige a los funcionarios que van a integrar este cuerpo?

JA - Hasta un 60% de esos funcionarios, que serían algo más de 400, provendrían de entre los actuales funcionarios de Fiscalización que opten por este cambio en su status administrativo, y el resto ingresaría por concurso.

JPD - Hasta un 60% de los funcionarios que acepten cambiar de estatuto. Pero un 40% queda fuera, y probablemente no todos acepten el cambio de estatuto. ¿Qué pasa con esos funcionarios?

JA - Puede haber quienes por distintos motivos no quieran optar por esta situación, que no quieran dejar su situación presupuestada y pasar a contratados, serán redistribuidos en la administración. Nadie va a ser privado de su empleo público. Queremos dejar claro este tema, que nos parece importante.

JPD - Además de la creación de este cuerpo, usted hablaba de otras dos líneas importantes.

JA - Para dar transparencia a todo este procedimiento se ha creado dos institutos más: un Tribunal de Concursos integrado por siete miembros representantes de distintas actividades del Estado -Universidad, el propio Cuerpo Técnico Tributario, MEF- para dar absoluta transparencia a los concursos para el ingreso a este cuerpo. También hemos dicho, y lo ha hecho público el ministro, que, en caso de que esto no dé garantías suficientes a los actores que están en esta área, estamos dispuestos a hacer las modificaciones necesarias en la integración del cuerpo para que todos estén absolutamente tranquilos y seguros de que esto va a ser transparente.

JPD - Claro, pero estamos hablando exclusivamente de la integración de ese cuerpo, no de transparencia en la gestión de la DGI.

JA - Aquí viene el tema: el tercer instituto que se crea es una Auditoría Operativa Tributaria, que va a depender del MEF y que va a entender en todo tipo de denuncias que se haga por y para el funcionamiento de la DGI. Este organismo va a estar integrado por cinco miembros: dos del MEF, dos del Cuerpo Técnico Tributario y uno del Consejo Superior Empresarial (Cosupen), que pensamos que son los representantes de los contribuyentes que pueden tener problemas con los inspectores. También en este tema estamos dispuestos a conversar sobre la integración del organismo para dar garantías absolutas a todo el mundo. Esta es la principal garantía para la población: que hay un organismo no dependiente de la DGI sino del MEF que va a estar controlando el buen funcionamiento del cuerpo.

JPD - No soy un experto en el tema, pero me da la impresión de que todos los elementos que usted está planteando implican reformas bastante profundas en la estructura de la DGI. Puedo leer de todo esto que la disconformidad del Poder Ejecutivo con el funcionamiento de la DGI es muy grande.

JA - Yo no diría que es tan así, pero puedo decir que son cambios necesarios y que hemos ido dejando pasar. El otro día decía el ministro de Economía en la comisión que podríamos tener esa actitud y decir "Esperemos que pase esta tormenta de ataques a la Impositiva que, como todas las cosas políticas, pasará. Sigamos como estamos". Pero creemos que es un buen momento para cambiar. Creo que esto va a mejorar enormemente el funcionamiento de la DGI. Quizás con los mismos funcionarios o con muchos de los mismos funcionarios y distinto estatuto, la DGI pueda funcionar mejor.

JPD - Todo esto tiene un costo, y para financiarlo se está hablando de la creación de otro impuesto. Este aspecto ya está generando reacciones negativas. ¿Es la única manera, es la mejor solución para financiar la reforma de la DGI?

JA - Constitucionalmente, cuando se crea un gasto se tiene que definir de dónde sale el dinero, lo que me parece saludable. El Poder Ejecutivo ha estimado este gasto en U$S 7 millones; pensamos que a su vez va a aumentar la recaudación -quizás no inmediatamente pero va a aumentar-, de modo que, en cuanto al impuesto, pienso que es la principal discusión que vamos a tener con nuestro socio en el gobierno, el Partido Nacional. Trataremos de sacar adelante una financiación razonable, que no pegue en el bolsillo de los uruguayos y que en definitiva logremos lo que todos queremos: una mayor recaudación para apuntar en términos generales a todos los impuestos. Estamos recaudando poco, el país está recaudando bastante menos que en 1998, fruto de estos años de crisis. Si logramos una reactivación económica -que pensamos que va a venir pronto- y mejoramos la recaudación, seguramente vamos a poder distribuir mucho mejor la carga impositiva.

JPD - Pero también podría pensarse que, si esta reforma apunta a mejorar la capacidad recaudadora de la DGI, si van a aumentar los ingresos porque el organismo va a ser más eficiente, ¿no se podría utilizar ese aumento de ingresos para financiar la reforma?

JA - El aumento no va estar en primera instancia. Esto va a demorar en comenzar a funcionar. En el Parlamento estamos trabajando exactamente en ese tema: vamos a ver cómo podemos hacer compatible el cambio de la DGI con un aumento en la recaudación, y ver cómo manejamos el tema del impuesto, que es el tema que hoy nos está creando dificultades en la coalición de gobierno.

JPD - Voceros importantes del Partido Nacional ya adelantaron ayer que no les gusta crear un impuesto para financiar la reforma de la DGI. Si el Partido Nacional no se termina de convencer de votar un impuesto, no va a tener mayorías parlamentarias. ¿Se está manejando alternativas?

JA - Estamos manejando alternativas. Por supuesto que si el Partido Nacional no lo vota no tendremos la mayoría necesaria, de modo que estamos trabajando a los efectos de que la reforma salga, lo que nos parece muy importante. En definitiva el impuesto no es el tema principal de la ley, pero necesitamos una financiación.

JPD - ¿No nos puede adelantar por dónde están buscando esas alternativas?

JA - Estamos trabajando en el tema.

JPD - ¿No nos puede adelantar nada?

JA - No, no quiero adelantarlo.

***

JPD - Como lo conversábamos recién con el diputado José Amorín, el proyecto de reforma de la DGI no es una iniciativa que tenga consensos sencillos, inmediatos. Una de las primeras voces que se levantó en contra de esta iniciativa fue la de la Asociación de Funcionarios de la DGI.

Estamos en línea con Raúl Gómez, secretario de la Asociación de Funcionarios. ¿Cuáles son las principales observaciones que hacen ustedes a este proyecto?

RAÚL GÓMEZ:
En principio discrepamos fundamentalmente con la filosofía del mismo. Este proyecto no tiene en cuenta a la gran mayoría de los funcionarios de la DGI. Escuchábamos recién al diputado hablando de concurso, lo que nos parece muy bien. Pero en la primera etapa los funcionarios van a ser designados, de acuerdo a lo que dice el proyecto, por un puntaje de calificación obtenido en 1999. De manera que en esta primera etapa no existiría el concurso.

JPD - Pero la calificación puede ser un concurso de méritos.

RG - Podría serlo, en el caso en que los tribunales estuvieran integrados de forma fehaciente. En todo este proceso no se ha tenido en absoluto en cuenta la opinión de los funcionarios de DGI. Está en la tapa de cualquier libro de administración que para llevar adelante cualquier proyecto en el campo laboral debe contarse con la anuencia expresa de aquellos que están directamente involucrados en llevarlo adelante. En este caso no hemos sido consultados absolutamente para nada, lo que a nuestro juicio revela una especie de menosprecio hacia el funcionario de DGI en su calidad intelectual y moral. No olvidemos que el funcionario de DGI ha sido denostado, generalmente en forma anónima, a través de diferentes medios de difusión.

Aquí estamos dando la batalla acerca de un proyecto que consideramos inconveniente, tanto para el Estado como para los propios funcionarios y que, como se mencionó en la entrevista con el diputado Amorín, evidentemente fractura a la DGI. Va a quedar integrado un cuerpo de funcionarios muy bien remunerados y una cantidad impresionante de funcionarios del interior del país totalmente excluidos, que son tan buenos como los de Montevideo -o mejores- y saben hacer un montón de tareas. Estos funcionarios son excluidos; no se los tiene en cuenta, lo que va a incidir en que quede una DGI totalmente quebrada. Hay experiencias anteriores en este sentido, en otras oportunidades se intentó hacer reformas de este tipo que dieron lugar a procesos muy dolorosos que terminaron en forma bastante fea y que en su momento -1965, 1966- condujeron a la creación de la actual DGI.

En estos momentos se crearía ese cuerpo de elite de "superfuncionarios" muy bien remunerados y otra DGI que subsistiría; ojo: en cualquier organismo recaudador Fiscalización no es un ente aislado que funcione por sí mismo, precisa todo el apoyo de una cantidad de funcionarios que no salen directamente a la tarea de fiscalizar. Estamos hablando de toda la parte de informática, administrativa y de lo que tiene que ver con la ley, o sea la parte integrada por escribanos, abogados y demás. De manera que no podemos crear un cuerpo que quede aislado en el tiempo y el espacio, que va a tener que depender de los datos y del trabajo de otro cuerpo que estará ganando sensiblemente menos, salarios muy disminuidos respecto a los anteriores.

JPD - Previo a la reforma, ¿la Asociación de Funcionarios de la DGI está conforme con el funcionamiento del organismo o coincide -por lo menos en el diagnóstico- en la necesidad de iniciar un proceso de reforma dentro del organismo?

RG - Estamos absolutamente convencidos de que hay que reformar al organismo.

JPD - ¿Hacia dónde apuntan ustedes en ese diagnóstico?

RG - En este momento no tenemos un proyecto alternativo, lleva mucho tiempo confeccionar uno y -reitero- como hemos sido ignorados en la parte de confección de éste por parte del Poder Ejecutivo, hasta este momento lo que hemos hecho es estudiar lo que se propone y tratar de introducir alternativas a ese proyecto, que es totalmente nocivo para el funcionamiento del Estado.

Hay la necesidad perentoria de que la DGI cambie. Entre las cosas que esta gremial ha propuesto y llevado adelante desde 1985 está, por ejemplo, la reinstauración de la carrera administrativa, porque desde la época de la dictadura la DGI los cargos de encargados en nuestra Dirección obedecen a nombramientos directos.

JPD - Usted planteaba básicamente dos argumentos centrales: que este proyecto de reforma no tiene en cuenta a la mayoría de los funcionarios actuales de la DGI, y que para la elaboración del mismo no se consultó a los propios funcionarios, que se supone conocen perfectamente los puntos altos y bajos del organismo. Entiendo que usted califique esto como inconveniente para los funcionarios, pero usted también dice que también lo es para el Estado. No me queda claro por qué hace esa afirmación tan tajante.

RG - Si el proyecto funcionara, al Estado le sería reintegrado el desembolso en sueldos que va a hacer, tendría un retorno rápido. Pero nadie asegura que, sin tomar las medidas de organización administrativa pertinentes, esta sola designación de funcionarios con alto costo en remuneración garantice un retorno rápido del dinero invertido.

JPD - También se está hablando de una auditoría en manos del propio MEF para garantizar la gestión.

RG - Nosotros estamos propugnando la autonomía económica del poder central para que la oficina se maneje con sus propios dineros y con criterios técnicos también propios para su funcionamiento.

JPD - Da la impresión de que criterios como por ejemplo la incompatibilidad del ejercicio de la función de inspector de la DGI con otro tipo de actividades privadas y que el cuerpo de inspectores sea bien remunerado son medidas que disminuyen la posibilidad de que se cometa cualquier tipo de hecho de corrupción, parecerían medidas sensatas.

RG - Totalmente, estamos absolutamente de acuerdo con la incompatibilidad. Desde 1985 este gremio está bregando por que se tenga una buena retribución al funcionario y por que la de la DGI sea la única tarea que desempeñe. En ese sentido no tenemos ninguna oposición.

JPD - Siempre se habla de un nivel de evasión fiscal muy alto en nuestro país, de varios cientos de millones de dólares por año. La DGI, con los funcionarios actuales, ¿está en condiciones de resolver el problema, al menos en lo grueso?

RG - Hay varios problemas. En primera instancia y para que vea cómo ha sido el funcionamiento de la DGI en los últimos años, le diría que hace más de 15 años que no se hace un estudio serio acerca de la evasión fiscal. El último que conozco data de 1984, que situaba la evasión en un 32%.

Respecto a eso debemos decir que las épocas de crisis acentúan la evasión, más cuando, de alguna forma, el contribuyente sabe que su actuación tributaria va a ser pobremente fiscalizada. A tal punto, que en el sistema actual lo que la DGI recauda por fiscalización es alrededor del 8% de la recaudación total, lo que no habla mal de los compañeros de fiscalización sino de quienes están a cargo de realizar la disposición de las tareas. Pienso que con el cuerpo tal cual está, si no hay un rediseño de la dirección, va a ser muy difícil que se logre aumentar la recaudación por concepto de combate a la evasión. Y este proyecto, justamente, en absoluto nos asegura que eso vaya a suceder.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón