Referéndum por Antel: las firmas exceden largamente el requisito constitucional

La Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional, promotora de una consulta para derogar los artículos del Presupuesto que reformaron la carta orgánica de Antel, entregó 684.000 firmas. Así superó las 598.000 que exige la Constitución para habilitar una consulta popular.

Entrevista con Carmen Zurano, presidenta de Sutel.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 20.02.02, Hora 8.10.

EMILIANO COTELO:
684.000. Esta es la cantidad de firmas que la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional informó que había presentado ayer ante la Corte Electoral. De esa forma se dio el primer paso con vistas a la realización de un referendo que intenta derogar los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto. Las disposiciones cuestionadas son las que, entre otras cosas, habilitan al Poder Ejecutivo a vender el 40% del paquete accionario de Ancel, derogan el monopolio ostentado por Antel en todos sus servicios, salvo la telefonía básica, y permiten la asociación de la empresa de telecomunicaciones del Estado con capitales privados.

Las firmas todavía deben ser verificadas, pero el total de 684.000 sobrepasa casi en 100.000 el mínimo exigido por la Constitución para habilitar una consulta popular.

¿Qué viene ahora? Vamos a conversarlo con Carmen Zurano, presidenta del sindicato de Antel, Sutel.

Zurano, antes que nada, ¿se entregó todas las firmas en el día de ayer?

CARMEN ZURANO:
No, en la fecha vamos a estar haciendo una entrega final, unas 6.000 más, porque el plazo vence legalmente hoy. Más allá del intensísimo trabajo de los últimos días, algunas ingresaron antes pero no tuvimos tiempo de procesarlas y revisarlas adecuadamente. De modo que casi con seguridad estaremos completando las 690.000 y sobre el mediodía o un poco más tarde estaremos haciendo entrega del resto.

EC - ¿Qué balance hacen ustedes de la campaña de recolección de firmas?

CZ - Muy positivo, realmente cumplimos el objetivo de esta primera etapa. Fueron 10 meses de recolección que tuvieron sus altibajos. Al principio hubo momentos de dificultad, sobre todo para organizarnos y para alcanzar la cantidad necesaria de gente cubriendo todo el país para poder llegar a la población. Es la primera vez que se realiza un referéndum por esta vía, con la nueva reglamentación, y es realmente una tarea ardua.

EC - Hasta fines del año pasado la campaña de recolección iba muy lenta, incluso se llegó a dudar de su resultado final. ¿Cuántas firmas tenían a principios de diciembre, por ejemplo?

CZ - En diciembre se levantó muchísimo, a partir de noviembre comenzó un ritmo ascendente, en esos dos meses se trabajó muy bien.

EC - Algunos analistas y también algunos dirigentes sindicales y políticos entienden que la recolección de firmas se vio favorecida por la crisis argentina.

CZ - Lo que sucede es que la crisis argentina generó en la población, que la vivió tan de cerca en función de las coberturas periodísticas, la reflexión en cuanto a la crudeza de lo que estaba viviendo el pueblo hermano. Es un país donde se había aplicado a fondo las privatizaciones. La reflexión era prácticamente instantánea: para que no nos pase lo que a ellos... Hubo incluso muchísimos argentinos entre nosotros que participaban de la misma idea: "Ustedes que pueden, hagan algo, no dejen que les vendan todo", nos decían. Pero ésa no fue la llave que dio vuelta la campaña, aunque sí generó una ola relativamente importante en cuanto a la mayor facilidad en las adhesiones.

EC - O sea que influyó, pero usted dice que no fue "la llave" que dio vuelta la campaña. ¿Cuál fue esa llave?

CZ - Hubo varias, pero la población en general desde el comienzo siempre tuvo una muy buena aceptación. La dificultad no estaba en que la gente no quisiera firmar, no entendiera el tema o rechazara el recurso, el problema estaba en nosotros. Hay que recordar que tuvimos que hacer una campaña casi sin recursos. La difusión se fue logrando a través del tiempo, es decir que nuestros brazos eran para todo: para recolectar las firmas y simultáneamente para hacer finanzas, para con ellas poder hacer algún mínimo de propaganda que obviamente se necesitaba para que la gente supiera de qué le estábamos hablando y por qué íbamos a ir a buscar su firma.

EC - ¿Qué espera que ocurra ahora en la verificación de las firmas? ¿Ustedes han tomado precauciones para asegurarse de que no hay una proporción importante de firmas inválidas?

CZ - Sí, hemos tomado precauciones para que no haya un porcentaje importante de firmas inválidas. Probablemente haya algunas, pero vamos a estar entregando por lo menos 90.000 por encima de las necesarias. No sabemos cuál será exactamente el cierre del padrón al momento de la entrega, eso lo definirá la Corte que seguramente en el día de hoy indicará un cierre ficto. Por ahora nos manejamos con una cifra de 598.000 y no pensamos que vaya mucho más allá de 600.000, porque nuestro padrón no tiene una fluctuación tan importante en un par de meses. De modo que creemos que los descartes -que los va a haber, es bastante obvio que sería muy difícil que hayamos hecho todo tan perfectamente, aunque intentamos la mayor rigurosidad en la recolección- no van a afectar el recurso en sí, no van a impedir alcanzar el porcentaje.

EC - La Corte Electoral tiene 150 días para expedirse.

CZ - Exactamente, 150 días hábiles.

EC - Por un lado hay que verificar si la cantidad de firmas es suficiente de acuerdo al mínimo requerido por la Constitución, pero por otro está pendiente la discusión a propósito de si este recurso de referéndum es pertinente.

CZ - Sí, simultáneamente la Corte -que según tenemos entendido se reunirá en el día de hoy- definirá las dos tareas. De acuerdo a la reglamentación que rige, se forma una comisión que se encargará de estudiar la procedencia del recurso, que no tiene, dentro de esos 150 días hábiles, un plazo específico menor establecido para expedirse. Todo parece indicar que no utilizará el plazo máximo, o sea que tendrá que hacer sus análisis y sacar sus conclusiones, pero en un plazo muchísimo menor a aquel en que tendrá que dar la respuesta. Para el resto de la tarea, que se va haciendo simultáneamente -cotejar las papeletas-, seguramente tendrá que usarse el plazo en su totalidad.

EC - ¿Qué pasa si la Corte considera que no es pertinente el recurso de referéndum debido a que las disposiciones cuestionadas están en la ley de presupuesto, que es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, cuando para ese tipo de iniciativas la Constitución aclara que no vale el referéndum?

CZ - No tenemos definido qué actitud vamos a tomar, qué acciones vamos a llevar adelante. Sin duda hay varias cosas que están un poco en la tapa del libro. En primer lugar consideramos bastante difícil, más allá de que incluso algunos integrantes de la Corte han expresado algunas dudas al respecto. Desde el punto de vista legal todo tiene una lectura y otra, porque dijimos muy claramente desde el comienzo de la discusión de estos artículos que lo que no se debió haber hecho nunca fue incluirlos en el presupuesto, ya que expresamente la Constitución indica cuáles son las materias que deben contener este tipo de leyes, y nada tienen que ver los dos artículos impugnados con esa materia es estrictamente presupuestal. Esa es una de las razones por las cuales no deberían estar incluidos. Utilizar desde el poder político esta especie de "trampa" de incluirlos en la ley de presupuesto para después argumentar como si se tratara de una ley de presupuesto normal, cuyos artículos no se pueden plebiscitar, parecería ser un procedimiento no demasiado adecuado ni democrático. Por lo tanto pensamos que la Corte no se guiará sólo por argumentos legales desde una óptica, porque también están los otros, que también son legales: esos artículos jamás debieron haberse incluido en una ley de este tipo. En el fondo de todo esto están las 690.000 voluntades que están reclamando una consulta popular. Creo que eso también debe ser considerado y merecidamente evaluado.

EC - ¿Qué pasó con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte?

CZ - No se ha efectuado todavía, lo estamos manejando como otra posibilidad.

EC - ¿Sería un recurso a utilizar en caso de que la Corte fallara negativamente a la pretensión de un referendo?

CZ - Podría ser. Como sindicato lo tenemos definido, pero habrá que evaluar, en caso de presentarlo, cuál es el momento apropiado. No tendría demasiado sentido presentarlo si vamos a ir a un referendo, en ese caso dejaremos que las urnas sean las que definan si se derogan los artículos, el recurso ya no tendría razón de ser.

EC - ¿Qué es lo que ustedes impugnarían por inconstitucional?

CZ - Son varias cosas. Como decía antes, hay inconstitucionalidad en haber incluido en una ley de presupuesto aspectos no estrictamente presupuestales. Nuestra Carta Magna indica incluso que las disposiciones del presupuesto no pueden superar, en su vigencia, el período de gobierno del que se trate, cosa que ocurre con esto, es clarísimo. Las leyes de presupuesto rigen durante los cinco años de mandato del gobierno al que corresponde el presupuesto que se aprueba en el Parlamento. Esta no es la situación de los artículos 612 y 613.

Además, tratándose del patrimonio de los entes hay artículos específicos en la Constitución que requieren determinadas mayorías que no fueron las que se tomó en cuenta en el Parlamento. Ese aspecto fue expresado formalmente en la discusión en una de las cámaras; en la primera de las cámaras la ley se aprobó con serias dudas y al borde del plazo constitucional, la población recordará también que se aprobó muchísimos artículos de golpe, en una votación muy rápida por zonas temáticas, y en la otra cámara se suscitaron algunas dudas en cuanto a que las mayorías especiales no habían sido tenidas en cuenta. Todo eso quedó para resolver después y no se resolvió.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe