Emitido a las 7.41

EMILIANO COTELO:
Los ecos de la Operación San Francisco han estado corriendo en estos días. Por un lado en el Poder Judicial, con las actuaciones que lleva adelante el magistrado de Salto encargado de este expediente. Por otro lado en la región, con operativos de la policía brasileña. Pero también ha habido ecos a nivel político.

El senador nacionalista Francisco Gallinal impulsará el endurecimiento de penas para los narcotraficantes en un planteo en la Comisión de Reforma del Código Penal. Este tipo de delito tiene prevista una pena mínima de 20 meses de prisión y un máximo de 10 años de penitenciaría. Eso es lo que lleva al líder de Correntada Wilsonista a impulsar una revisión. "Me sorprendió saber que las penas a narcotraficantes sean excarcelables. Es lógico que en la próxima sesión de la comisión se llegue a un acuerdo para derivar el tema a consideración de la Comisión de Reforma del Código Penal para que lo tenga presente", según declaraciones que publica hoy Últimas Noticias.

Pero hay consecuencias también a nivel parlamentario: "Jerarcas del gobierno y de la Brigada de Narcóticos reclamaron ayer modificar la legislación para agilizar la represión al narcotráfico". Este es un título en la tapa del diario La República, que en la nota en página 2 dice que además de ser uno de los países de salida de la droga colombiana, Uruguay es el país preferido por los narcotraficantes para efectivizar sus operativos clandestinos de tráfico y elaboración de droga y, por sobre todas las cosas, para vacacionar. Además, se destaca que el Puerto de Montevideo fue señalado como uno de los puntos vulnerables. Esta información fue expuesta ayer en el Parlamento por los jerarcas del gobierno en la lucha contra los estupefacientes Julio Guarteche y Milton Romani. El Parlamento ahora ha resuelto revisar, por ejemplo, las normas que rigen para las sociedades anónimas al portador y las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión). Se sospecha que son instrumentos utilizados para blanquear dinero.

La Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes comenzará a trabajar en la modificación de las normas legales que rigen las SAFI y las sociedades anónimas al portador, ante la sospecha de que estas modalidades financieras están siendo utilizadas por organizaciones de narcotraficantes para el lavado de dinero producto del tráfico ilícito de drogas. La iniciativa de esta comisión nació tras haber recibido ayer al director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, inspector mayor Julio Guarteche, y al director de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Los dos jerarcas les trasladaron a los representantes parlamentarios la necesidad de que ese ámbito legislativo tome iniciativas en esta materia.

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EC - Estamos con el diputado Iván Posada (Partido Independiente), integrante de esa comisión.
¿Cuál fue el análisis que se hizo?

IVÁN POSADA:

El inspector mayor Guarteche informó que las vulnerabilidades de nuestro país tienen relación fundamentalmente con dos aspectos. Uno es el que usted mencionaba: distintas formas societarias que se prestan para el lavado de dinero. En este sentido Uruguay está bastante atrás del resto del mundo, sobre todo de los países que uno juzga que tienen una legislación seria en este sentido. De hecho, cuando se discutió la eliminación de las acciones al portador para el sector agropecuario trabajamos en la presentación de un proyecto de ley que establecía esa eliminación para todo tipo de sociedades anónimas al portador y no sólo para el sector agropecuario, para los sectores de actividad.
 
El otro aspecto que planteó el inspector Guarteche es la dificultad que tiene el Estado para hacerse de los bienes en poder de los narcotraficantes que se incautan o decomisan en las distintas actuaciones.

EC - ¿Qué tipo de dificultades son esas?

IP - Hay dificultades para que el Estado pueda hacerse de esos bienes, para que se le pueda transferir la propiedad a los efectos de liquidarlos o venderlos. Informó que el Prado está lleno de vehículos que han sido incautados a narcotraficantes, que con el paso del tiempo se deterioran sin que haya un pronunciamiento final de la Justicia. Hasta que no se establece la sentencia no se puede disponer de esos bienes. Ponía como caso un operativo que se realizó hace 10 años y recién ahora el Estado está disponiendo del producido de esa acción.

EC - Diez años desde el operativo hasta el momento en que se puede vender esos bienes que se incautaron.

IP - Exactamente.

EC - Evidentemente es un problema. Por otra parte, ¿qué destino tienen esos fondos? ¿Qué se hace cuando se logra comercializar un automóvil que fue incautado en un operativo de este tipo? ¿Qué se hace cuando se incauta una estancia?

IP - El inspector mayor Guarteche reclamaba que esos recursos se volcaran a reforzar los escasos recursos que tiene hoy toda la División a los efectos de tener mayor operatividad en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.

EC - ¿Ya está habilitado ese destino para esos fondos?

IP - Esa pregunta va a tener que hacérsela a él. Porque me quedó la duda de si ya existe una disposición especial o si en definitiva es una decisión que tiene que tomarse en cada momento cuando se obtiene el producido del dinero.

La otra preocupación importante, y que tiene directa relación con esta, es el reclamo de que haya fiscales y jueces especiales para atender todo el tema derivado de la acción del narcotráfico.

Vamos a recoger antecedentes sobre estos dos aspectos. Ya ayer solicité a la división correspondiente del Poder Legislativo toda la información de legislación comparada sobre estos dos aspectos, las sociedades anónimas y eventuales disposiciones especiales que rigen en otros países en lo que tiene que ver con la legislación que se refiere al narcotráfico, especialmente lo que refiere a la existencia o no de juzgados o fiscalías especiales.

EC - ¿Se resolvió legislar en esas materias? ¿Va a haber un trabajo ágil, rápido? ¿Qué es lo que usted prevé?

IP - Primero tenemos que recoger toda esa información y a partir de allí formular un proyecto de ley que tendrá que ser analizado en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados. Lo importante es que ayer toda la comisión quedó sensibilizada con este planteo que pone en blanco y negro las dificultades de la Policía en la lucha contra el narcotráfico.

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Edición: Ma. Eugenia Martínez