(Emitido a las 8.35)

JOSÉ IRAZÁBAL:
Ayer, el Partido Nacional (PN), a través de su Directorio, decidió congelar las negociaciones con el oficialismo para integrar los organismos de contralor y exige al Poder Ejecutivo que acate las resoluciones del Tribunal de Cuentas (TC).

El tema fue abordado en la reunión del Directorio. La propuesta venía del presidente del órgano nacionalista, Jorge Larrañaga. El líder de Alianza Nacional había adelantado que no se tenían garantías de que la futura conformación del órgano fuese respetada por el gobierno. "El gobierno se desacata cada vez que el Tribunal objeta la legalidad o conveniencia de un acto suyo. Ha llegado al colmo de sospechar políticamente del Tribunal", decía Larrañaga.

Estamos en contacto con el senador Francisco Gallinal, de Correntada Wilsonista, quien ayer ofició como vocero de esa reunión.

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JI - Senador Gallinal, ¿fue Larrañaga quien puso el tema sobre la mesa? ¿Ya había un consenso previo entre los sectores nacionalistas de llegar a esta resolución que se tomó ayer?

FG – Sí. Había consenso en tomar una decisión de estas características. Las posiciones oscilaban entre poner punto final a las negociaciones como consecuencia de la actitud del Poder Ejecutivo respecto de la decisión del TC y suspenderlas o congelarlas. Esto último nos parecía la solución más adecuada a las circunstancias. El Directorio tomó esa decisión porque nos parecieron totalmente fuera de lugar y desmedidas las reacciones del Poder Ejecutivo, a través del ministro de Transporte, respecto de las observaciones que realizó el TC a la negociación vinculada con la capitalización de Pluna SA.

JI - Puede haber una clave en lo que usted dice: lo que molestó a los blancos fue la forma como reaccionó el gobierno, no el rechazo a la observación del Tribunal. Porque el Tribunal ha hecho muchísimas observaciones a todos los gobiernos y no hubo planteos tan fuertes de los nacionalistas.

FG - En este caso hay dos peculiaridades. Ante todo, se trata de una negociación de enorme trascendencia. El Estado pretende, desde hace ya un buen tiempo tomar distancia de Pluna, compartir la responsabilidad o trasladarle a un nuevo socio capitalista el máximo de las responsabilidades. Y las decisiones tomadas en los últimos tiempos han ido en el sentido contrario. Es allí que el TC hace observaciones muy fundamentadas y muy claras, que no admiten ningún tipo de discusión.

Primero, dice el TC, debió haberse realizado un procedimiento competitivo para la elección del inversor. Ni siquiera le exige una licitación: simplemente un proceso competitivo. Y segundo, el Estado se constituyó en garante sin límite de toda adquisición, alquiler o leasing de aeronaves que se produzca en los próximos tiempos a través de la sociedad anónima. Dice expresamente en el contrato: "El Estado se constituye en garantía soberana". Está todo el Uruguay detrás de ese contrato. Frente a esto, el TC exige una ley que habilite o autorice al Estado a constituir una garantía de esas características.

Y viene la reacción del ministro de Transporte, que dice que va a prescindir de la opinión del TC, cuestiona su integración y les atribuye a los ministros intencionalidad política por haberle exigido una ley para salir de garantía de por lo menos 260 millones de dólares, que es el monto de la operación que se va a concretar. Además, el ministro decide, por sí y ante sí, remitir los antecedentes a la Asamblea General. La Constitución de la República en ningún caso le atribuye competencia para proceder de esa manera. En determinadas circunstancias, es el TC que remite a la Asamblea General; no el propio ministro.

JI - ¿Cómo sigue esta situación? Ustedes dicen que hasta que el gobierno no cumpla con lo que pide el Tribunal no se retoma el diálogo respecto a la elección de las nuevas autoridades para los organismos de contralor. Piden algo que saben que es imposible de cumplir. Para cumplirlo, habría que echar atrás todo el proceso de asociación Leadgate-Pluna?

FG - Hay que cumplir con lo que establece el TC, que no es desmedido ni imposible. La Constitución de esa garantía soberana requiere una ley que habilite y un compromiso formal que previamente significará discutir la conveniencia del negocio que se realiza. En ese caso, pedimos que se atienda y se busque la resolución. Con el tema de Buquebus pasó lo mismo; también con este ministro.

JI - El negocio ya está funcionando.

FG - En aquel caso, el ministro de Transporte le pidió al TC una reconsideración del tema y finalmente el TC le exigió que redujera el plazo. El plazo se bajó de 10 a cinco años y se cambiaron algunas otras condiciones. En este caso, es muy claro que para la garantía se necesita ley y que el Poder Ejecutivo debe encontrar algún mecanismo para habilitar un proceso competitivo.

JI - ¿En qué está pensando? Porque la asociación en sí ya está firmada. Ya está funcionando.

FG - Vamos a ver hasta qué punto está funcionando, hasta qué punto se ha cumplido con las obligaciones que establece el contrato y hasta qué punto son favorables para el Estado.

JI - ¿Qué datos tiene usted?

FG - Ahí entran los cuestionamientos de carácter político, que van por otro andarivel. No tienen nada que ver con la negociación por los organismos de contralor con el gobierno. Hasta aquí estaba explicando esas negociaciones. No les hemos puesto punto final, decidimos congelarlas, dejarlas en suspenso. Porque queremos saber qué actitud va a tener el Poder Ejecutivo respecto del TC. Porque de nada sirve seguir negociando su integración si va a haber un desplante, un desconocimiento de la autoridad del Tribunal cada vez que no concuerde con la opinión del Poder Ejecutivo.

JI - El PN le pide al gobierno que avance en el tema de la garantía a través de una ley. ¿El cumplimiento de ese punto permitiría que ustedes volvieran a la mesa?

FG - El PN le pide al gobierno que cumpla con lo que decidió el TC, que cumpla con el punto uno, en tanto significa establecer un procedimiento competitivo para ver si además de este existe otro potencial inversor.

JI - ¿Se refiere a un nuevo llamado, por ejemplo?

FG - Claro, por supuesto. Las condiciones en las que se hace esta versión son notoriamente contraproducentes y en desventaja para la situación del Estado.

JI - Para el PN se está a tiempo de deshacer lo que se ha hecho con Leadgate y buscar otras posibilidades...

FG - Sin duda, sobre todo a la luz de las concesiones inaceptables que se han realizado. Compare lo que dijo el ministro de Transporte en febrero, cuando compareció ante el Parlamento, sobre qué era lo que el Estado estaba dispuesto a dar y qué se le iba a exigir el inversor, con lo que se le da y se le exige ahora. Va a ver que las condiciones han cambiado 180 grados y que el Estado está comprometido hasta el tuétano en esta negociación.

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Edición: Ma. Eugenia Martínez