(Emitido a las 7.40)

EMILIANO COTELO:
Ocurrió, finalmente, en la Cámara Alta, lo que todos los pronósticos anticipaban.

Se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, pero no alcanzaron los votos para incluir el capítulo que aprueba la despenalización del aborto en determinadas circunstancias.

Tal cual se había previsto, fueron 15 los legisladores que respaldaron esas disposiciones polémicas, todos pertenecientes al Frente Amplio (FA). Y fueron 15 también los que negaron su voto. En esos 15 se incluyó toda la bancada nacionalista, dos senadores colorados y dos del FA.

Por su parte, Washington Abdala, del Foro Batllista, que suplía a Julio María Sanguinetti, se retiró de sala.

Con ese resultado, empate 15 a 15, el capítulo que incluía la despenalización del aborto no prosperó. Pero sí prosperó el conjunto, el resto del proyecto de ley. El texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde, según dicen distintos dirigentes esta mañana, el FA intentará incorporarle los artículos que fueron rechazados en el Senado.

Por otra parte, queda pendiente saber si producen algún tipo de resultado las apelaciones que algunos de los senadores oficialistas, por ejemplo Alberto Couriel y Lucía Topolanski, dirigieron al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para que, variando lo que ha anunciado –su disposición a vetar un proyecto de estas características–, habilite una consulta popular para que sea la ciudadanía la que se expida sobre esta cuestión.

***

EC - Estamos con el senador Eber da Rosa, de Alianza Nacional, Partido Nacional (PN).

A usted le tocó exponer en el plenario de la Cámara la posición de su partido, pero además la posición que había sido mayoritaria en la comisión que estudió el tema.

EBER DA ROSA:
Es verdad. En la comisión hubo cuatro senadores a favor de la posición que primó, del informe en mayoría, y tres a favor del informe en minoría. Y en cuanto a la posición del partido, como lo aclaramos en sala, nunca hubo un análisis partidario.

EC - ¿Usted está aclarando que no hubo un mandato para que todos los senadores blancos votaran en contra?

E da R - Es verdad. No hubo ni siquiera una reunión de bancada para considerar el contenido, el concepto del proyecto. Eso fue surgiendo de las posiciones individuales que fueron marcando la posición en la que al final todos coincidimos.

EC - La posición finalmente fue votar todo el proyecto de ley, menos el capítulo 2, el que hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo.

E da R - Exactamente, votar en general el proyecto, con algunas modificaciones, sobre todo en el capítulo 1. Y no votar el capítulo 2, que era el que se refería a la despenalización del aborto.
Esa fue la posición en la que finalmente coincidieron los legisladores, a los efectos de votar en general el proyecto, sin el capítulo 2, y después, cuando se entrara a la discusión particular del articulado, pedir el desglose de algunos incisos y artículos que sí fueron aprobados en general para modificarlos o eventualmente no votarlos.

EC - Vamos a recordar el texto de los artículos polémicos, los artículos 9 y 10. El artículo 9 decía: "En el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez, en las condiciones que determina el artículo siguiente". Y el artículo 10 señalaba: "Para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, la mujer alegará ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción. Situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. Su voluntad deberá quedar asentada en el consentimiento previo informado, diseñado específicamente a tales fines".

En pocas palabras, ¿por qué usted y en general los senadores blancos no acompañaron estas disposiciones?

E da R - Es un tema muy profundo. No se trata de que desconozcamos la existencia de una realidad. No vamos a entrar en números porque uno no sabe qué grado de verosimilitud tienen las cifras que se manejan. Se habla de 30.000 abortos... Uno no sabe de dónde sale esa información. Pero sabemos que hay realidades concretas que determinan que la práctica de ese método exista y sea bastante extendida.

Y por otro lado hay una cuestión de principios, de valores, que pone en el otro plato de la balanza el concepto y el valor mismo de la vida, fuente fundamental de todos los derechos, como dijimos en la comisión. Porque del derecho a la vida emanan todos los demás derechos consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, en la propia Constitución de la República, etcétera. Entonces, planteada esa disyuntiva, planteada esa situación, que naturalmente no es sencilla ni fácil de resolver, en nuestro criterio primó la defensa de esos principios fundamentales.

EC - Desde el lado de quienes impulsaban estas disposiciones se argumentaba que ellos también rechazaban el aborto, pero que querían aprobar la despenalización en estas circunstancias como forma de combatir un problema social muy serio, porque por un lado está la industria del aborto clandestino, lo que se cobra por esas intervenciones, pero además la situación de las mujeres de condición humilde que no pueden acceder a las mejores operaciones y tienen que ser intervenidas en condiciones de riesgo sanitario e incluso hay quienes recurren a métodos antiguos y hasta caseros que son agresivos y pueden terminar en heridas, en lesiones permanentes e incluso en la muerte. Ese es el grueso de la fundamentación de las normas que finalmente no salieron.

¿Qué responde usted a ese tipo de argumentos? ¿Cómo se puede combatir todo ese problema social sin esas disposiciones?

E da R - Eso fue lo que nos llevó a votar el resto del articulado y el proyecto en general. Porque el proyecto no se refiere sólo a la despenalización del aborto. Incluye disposiciones que tienen que ver con fortalecer los mecanismos de educación, sobre todo en materia sexual, con la capacitación de docentes para instruir, para educar a la adolescencia, a la niñez en la materia. Es un tema en el cual no se puede ignorar ni mirar para otro lado. Porque hoy en día, por la acción de los propios medios de comunicación, el cine, publicaciones, etcétera, está al alcance de los niños y los jóvenes desde muy temprana edad.

Para nosotros el tema pasa por fortalecer la educación, la atención de salud a nivel primario, para dar adecuada difusión, por ejemplo de métodos anticonceptivos que ayuden a combatir o a prevenir las causas a través de la información, de la prevención, a combatir las causas de ese problema y no ir a la simple legalización o reconocimiento de los hechos tal cual se plantean en la vida real. Admitir ese criterio sería como legalizar la rapiña, porque existen muchas rapiñas y no las podemos atenuar o limitar. Una cosa son las causas del problema y otra las consecuencias, y para nosotros el aborto es una consecuencia, no una causa.

De manera que insistimos –y por eso compartimos otros términos del proyecto– en que hay que fortalecer los niveles de instrucción, de promoción en materia de salud y educación sexual, en materia de difusión de métodos anticonceptivos, de cobertura que abarque ese tema en toda la red de atención primaria de salud, en las policlínicas y servicios de atención extendidos por todo el país, como elementos fundamentales para evitar que un valor fundamental, un valor primario en la organización jurídica y de la sociedad en general, como es la vida, sea atenuado, limitado, y se genere un peligroso precedente que pueda llevar después a otras definiciones en el futuro que continúen perforando o limitando lo que consideramos derechos fundamentales.

EC - En ese análisis, ¿cómo consideraron las encuestas de opinión pública que marcan que hay una mayoría importante de la población a favor de la despenalización del aborto en determinadas circunstancias? Por ejemplo, las encuestas de Factum hace tiempo que vienen mostrando en el orden de un 60% de aprobación a ese tipo de norma.

E da R - Depende de cómo se hagan las encuestas. Nosotros accedimos a algunas y en realidad cuando se habla de más de 60% de aprobación la pregunta que se hace no es "¿Usted es partidario o no de la despenalización del aborto?". Se pregunta: "¿Usted es partidario de una regulación de los derechos y de las políticas en materia de sexualidad que implique mayor educación, mayor salud y la despenalización del aborto?". Esa pregunta la vimos en algunas encuestas que tuvimos oportunidad de conocer. Es diferente de que se pregunte concretamente si se está de acuerdo en la despenalización del aborto.

EC - En el caso de la Encuesta Factum la pregunta era bastante precisa.

E da R - Nosotros hemos tenido acceso a otras encuestas en las que la pregunta no estaba referida a la despenalización del aborto sino en general a un proyecto en materia de política sexual y de derechos en materia de sexualidad. Cuando se refiere a la educación, al fortalecimiento de los niveles de atención de salud en la materia, más del 90% de la población que está de acuerdo, y es muy reducido porcentaje, de 12% o 15%, de los que no están de acuerdo. Sin embargo, cuando se pregunta concretamente sobre la despenalización del aborto da que 47% no está de acuerdo, 45% está de acuerdo y un porcentaje de alrededor de 7% manifiesta que no contesta o que no sabe.

EC - ¿Qué encuesta es la que da esos números?

E da R - Es una encuesta de Equipos. Nos enviaron fotocopias de esa encuesta, precisamente para aclarar que cuando se habla de 63% que aprueba no se refiere a la despenalización concretamente, sino a un conjunto de políticas que regulen todo el conjunto del problema.

EC - ¿Esos son números de una encuesta de Equipos?

E da R - Exactamente.

EC - De todos modos, el proyecto tal cual fue aprobado, sin el capítulo 2, incluye modificaciones al delito de aborto. Son las que estaban previstas en el capítulo 4. ¿Qué son estas modificaciones?

E da R - En el año 1938 se hicieron modificaciones en el Código Penal Uruguayo que establecieron algunas causas por razones muy excepcionales. Ayer, creo que fue el senador Baráibar que dijo, con mucha razón, que son normas sobre las cuales existe un enorme desconocimiento en la población. Porque desde 1938 estas normas consagran la posibilidad de aplicar atenuantes por parte del juez cuando la práctica de interrupción del embarazo se hizo sin consentimiento de la mujer, e incluso la no aplicación de pena cuando el aborto sea practicado con consentimiento de la mujer pero que por determinadas causales, como que la concepción sea fruto de una violación, por el móvil del honor o por razones de angustia económica o miseria económica.

Este proyecto busca "aggiornar" algún concepto. Por ejemplo, en vez de mantener la causal del honor usa la expresión "intensa conmoción emocional", como una forma de dar mayor campo al juez para apreciar las circunstancias del caso y considere que hay una situación que afecta profundamente a la mujer, que le genera consecuencias psicológicas muy profundas, muy serias, y pueda no aplicar ninguna pena. Son algunas circunstancias muy excepcionales que ya están consagradas en el Código Penal, que existen desde 1938, que en algunos casos buscamos "aggiornar" o darles una interpretación más moderna, acorde con los tiempos que vivimos, para que mantengan la vigencia.

Pero siempre considerando ese tipo de situaciones como excepcionales y no como regla general. Porque el problema del proyecto era que las causales que se establecían en el capítulo 2 eran tan amplias –porque hablaba de razones familiares, sociales, etarias o económicas–, tan discrecionales, que prácticamente era la despenalización total. Se mantienen esas disposiciones del Código Penal de 1938 un poco aggiornadas o adecuadas a los tiempos que vivimos, con carácter excepcional en función de este tipo de situaciones que el legislador en 1938 habilitó y estableció como eximentes de pena en el caso de práctica de aborto.

EC - ¿Qué dice usted a propósito de la posibilidad de que este asunto, que ha resultado tan controvertido, termine laudándose en una consulta popular? Es un mecanismo que impulsa particularmente el Partido Colorado y que ayer fue asumido por algunos senadores del FA.

E da R - Personalmente estoy de acuerdo. Porque es un tema muy personal. Los legisladores somos representantes de la voluntad popular, no se trata de desconocer la función que tenemos que cumplir, pero frente a un tema tan polémico como este uno se plantea si cuando asume una posición en un sentido o en otro está realmente representando la voluntad de la gente que lo votó, por la cual uno es representante.

EC - ¿Cómo puede concretarse esa consulta popular? ¿Qué mecanismos pueden impulsarse desde el propio Parlamento?

E da R - El doctor Semino, que es un destacado constitucionalista, que fue invitado por el senador Alfie a concurrir a la Comisión de Salud, planteó la posibilidad de que dentro de la normativa constitucional actual, sin necesidad de una reforma constitucional, se hiciera algún tipo de referendo consultivo. No un plebiscito, porque el plebiscito supone la existencia de una ley.

EC - ¿Y de quién es la iniciativa para un referendo consultivo?

E da R - Probablemente requiera una ley que habilite, porque no hay ninguna reglamentación.

EC - ¿Ustedes están dispuestos a promover esa ley?

E da R - En lo personal, estoy de acuerdo en acompañar, en promoverlo. Porque sería una instancia en la cual la gente tendría la oportunidad de pronunciarse en forma personalísima, en el cuarto secreto, sobre un tema que genera tanta polémica en la sociedad uruguaya y en los propios partidos políticos, porque en esto hay diferencias prácticamente en todos lados.

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EC - Veía en el diario El Observador esta mañana que la Red Mujer y Salud en Uruguay, que es una de las principales promotoras de la despenalización del aborto, no se rendirá ante el no que se dio ayer en el Senado. A partir de hoy empezará a buscar el camino que permita plebiscitar una norma que contenga esas disposiciones polémicas. Las posibilidades no están claras, pero en un seminario que organizarán durante todo el día de hoy buscarán una respuesta, entre otros, con el ministro de la Corte Electoral Rodolfo González Rissotto, legisladores y politólogos.

Además se habla de volver a discutir los artículos que no fueron aprobados cuando el proyecto se trate en la Cámara de Representantes.

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Edición: Ma. Eugenia Martínez