(Emitido a las 8.48)

ANDRÉS GIL:
Por más que uno lo repita y lo escuche sistemáticamente, no deja de ser impactante: la madre de todas las reformas. Así definió el gobierno a la reforma del Estado.

No es fácil abordar en una entrevista un asunto que el gobierno ha asumido y ha presentado como la raíz, la estructura general de todos los cambios que pretende introducir en un país al que gobierna por primera vez.

Todos sabemos que en el Estado algo anda mal, pero no siempre está claro, y menos aún hay consenso sobre lo que no funciona y cómo habría que hincarle el diente. De hecho, el propio subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Conrado Ramos, dijo aquí en El Espectador, en el programa Dosmil30, que "el Estado es un elefante demasiado grande para comérselo de un solo bocado".

Les proponemos repasar por dónde vienen esos primeros bocados que pretende dar el gobierno, cómo se perfila la madre de todas las reformas, ya que ayer se presentó un nuevo borrador en la reunión del Consejo de Ministros.

Estamos en diálogo con el director de la OPP, profesor Enrique Rubio.

***

Profesor Rubio, lo vi sonreír con eso del "elefante demasiado grande...".

ENRIQUE RUBIO:
Conrado tiene algunas metáforas contundentes y muy expresivas.

AG - Le propongo, para comenzar, pasar en limpio los principios en los que se apoya el proyecto de reforma. Ustedes dicen "apuntar a un Estado regulador, social y empresario". ¿Qué quiere decir esto?

ER - Que tiene que tener una función mucho más estratégica, orientadora, lo que se llama rectora. Por ejemplo, que un ministerio se ocupe mucho más de la definición de políticas que de la administración y la gestión; que tiene que tener una función mucho más social y productiva, de inclusión de la gente y de cara al servicio de políticas básicas; y que tiene que tener empresas muy buenas, como es el caso de toda el área de las empresas públicas y demás.

Hay que tomar todas estas cosas, es un tema complejo, el Estado es una organización social muy importante en el mundo en general pero en Uruguay en particular. Hay que hacer un proceso de transformaciones, hay que hacerlo con mucho consenso, hay que elegir los temas básicos y no hay que pensar que esto comienza ahora. En realidad desde que arrancó este gobierno estamos en un proceso de transformaciones muy importantes que incluye aspectos básicos. Si hay esta transformación en la salud que implica la descentralización nada más ni nada menos que de ASSE, de los hospitales y todo lo demás, es parte de la reforma del Estado. Si se han creado por lo menos una docena de agencias, como la de la Innovación o la del Gobierno Electrónico y otras, que cortan todo el Estado, son parte de la reforma. Estamos en un proceso de transformaciones, no es que se vaya a hacer con un proyecto, un decreto o una ley, se va a profundizar en determinadas direcciones.

AG - Dentro del paquete global es importante distinguir entre las medidas de carácter puramente administrativo y de gestión y las que son más de definición de política, como la búsqueda de una mayor participación de la ciudadanía, la descentralización de poder. ¿Estos objetivos están ordenados en el tiempo? ¿Hay alguna prioridad establecida en cuanto a estos dos grandes asuntos, estas dos grandes líneas de trabajo?

ER - Hay una prioridad conceptual, se entiende que el proceso que estamos impulsando o que vamos a impulsar, que está en etapas de definición, requiere todavía más tiempo de trabajo. Hacia el 13 de diciembre daríamos un paso significativo, según acordamos ayer en el Consejo de Ministros. Tiene dos grandes capítulos, un capítulo orientado directamente a la gente, que es el alma de la cosa, que es la descentralización y la participación ciudadana y el nuevo vínculo con el ciudadano.

AG - Usted decía que el Estado es muy importante en todos los países; en Uruguay es muy importante, pero también es una marca muy desgastada, muy deteriorada.

ER - Hay una relación dual con el Estado desde el punto de vista del ciudadano. El ciudadano en Uruguay aprecia determinadas funciones del Estado, por algo apela a él cada vez que tiene un problema grande, sea un sector productivo, un empresario, los trabajadores, la sociedad en general, le reclaman que les solucione el problema. Esto es producto de toda una historia en que ha habido un Estado socialdemócrata en Uruguay, que viene del Batllismo y que le dio esta impronta, con aportes muy significativos de la izquierda y del Partido Nacional.

Por otro lado el ciudadano detesta el aspecto burocrático de papeleo, de lentitud, de ineficiencia del Estado uruguayo. Tiene una relación en los dos sentidos.

AG - Yo le preguntaba sobre el orden en el tiempo, porque se podría pensar que el orden administrativo, la eficiencia en la gestión es una condición previa para pensar después en una ampliación del Estado o en cambios en la estructura. ¿Lo ven así?

ER - No, las vemos como dos cuestiones que corren de manera muy vinculada. Por ejemplo, vamos a abrir todo un proceso de participación y descentralización, en el que el presidente ha puesto la carga central como gestualidad política, que se expresa en un proyecto de ley que se va a enviar al Parlamento hacia fin de año, para crear un tercer nivel de gobierno en todas las localidades pequeñas del país a partir de 2010. Eso va a ir acompañado de un proceso de desconcentración de la gestión que va a instalar en cada pequeña localidad, en combinación con las intendencias, las empresas públicas y otros actores –el BPS y demás–, un centro de atención al ciudadano donde se va a poder hacer trámites. Esto va a llevar varios años, pero le van a poder resolver al ciudadano aspectos centrales de su vida sin desplazamientos ni esperas inútiles.

Esto supone un Estado en red, con lo que se llama gobierno electrónico en otras partes del mundo. En cada pequeña localidad se va a poder pedir una partida de nacimiento, se va a poder renovar la Cédula de Identidad, o pedir hora para la atención en salud en un centro urbano, todo eso rápidamente. Es lo que más le interesa a la gente en lo inmediato. Tiene una cara política, tiene una cara de gestión y tiene otras caras, de desarrollo local y más culturales, hacia lo local. Para hacer esta descentralización y esta desconcentración a nivel central tiene que haber alguien que conteste. Por lo tanto tenemos que integrar las bases de datos de las distintas oficinas públicas y unidades ejecutoras centrales más importantes.

Pongo un ejemplo muy revelador, el certificado de nacido vivo, que ya está en ejecución en el Canzani y se va a generalizar a todos los hospitales del país. Significa que cada vez que nace un niño se dispara un proceso en el cual se integra la historia de sus padres, la historia desde el punto de vista médico, la Cédula de Identidad y su número, porque se vincula con la Oficina de Identificación Civil, se dispara el proceso de la partida de nacimiento que le da el Registro Civil y se dispara el proceso que le da sus derechos en el BPS, y eso a su vez se vincula con el Instituto Nacional de Estadísticas. Todo esto junto, armonizando el trabajo de una decena de instituciones.

Eso no solo va a permitir progresar desde ese punto de vista, sino integrar procesos. Se renueva y moderniza la gestión pública, porque no es posible hacer desconcentración sin hacer modernización en la otra punta, y la gente no valora la descentralización política si en su pequeña localidad no puede tomar decisiones sobre aspectos de la vida de todos los días.

AG - Hoy no vamos a profundizar en el proyecto de descentralización, en la creación de ese nuevo escalón del gobierno, de los municipios.

ER - Está prácticamente pronto.

AG - Sobre eso ya hicimos una entrevista con usted en julio de este año. Vamos a repasar el proyecto de reforma del Estado desde el punto de vista de la gestión y la administración.

Algo que vuelve más complejo esto es que hay otros proyectos de ley o leyes ya aprobadas vinculados con la reforma del Estado en ese plano. Por ejemplo, en la pasada Rendición de Cuentas ya se introdujeron algunos avances en ese sentido, en la carrera funcional. ¿Cómo se arma el mapa, el esqueleto de esta reforma del Estado con los distintos proyectos o leyes involucrados tema, en lo que a la gestión y a la administración refiere?

ER - Hay todo un capítulo que tiene que ver con hasta dónde van las empresas públicas, cuáles son sus cometidos centrales, o de la Administración Central. Somos muy partidarios de fortalecer lo público en el corazón de la Administración Central y las empresas públicas sobre la base de modernizar el derecho público. No somos partidarios de la privatización. Ha habido un derecho público muy viejo, lo que ha llevado a algunas iniciativas y va a llevar a otras, por ejemplo que se refieren al TOCAF, el conjunto de leyes que tienen que ver con la contratación pública, con las compras y otros mecanismos. Modernicemos el derecho público para el corazón estratégico de la Administración Central y de las empresas.

Por otro lado, hay la necesidad de que algunas áreas estén en emprendimientos mixtos, de propiedad pública pero en el marco del derecho privado. Antel tiene algunas actividades, Ancap tiene otras; en la OPP estamos muy en contacto con las empresas públicas. En algunos lugares necesitan mantener la propiedad pública pero seguir caminando sobre la base del derecho privado por la naturaleza de la actividad. Porque a veces es una actividad que tiene una gran expansión en una época del año y en otra época se contrae, entonces el vínculo y los sistemas de contratación de los trabajadores son distintos de los que se dan en una situación de permanencia en la Administración Central o en el corazón de la empresa pública. Es todo un capítulo las formas de contratación y de vínculo.

Otro capítulo se vincula con los funcionarios. La directiva que tenemos es hacer los cambios dentro del marco constitucional vigente. No vamos a tocar el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, pero advertimos que Uruguay se ha trampeado mucho en este aspecto. Por ejemplo, para problemas de incumplimiento de trabajo y omisiones muy graves implementó todo un mecanismo de sanciones que a veces termina con la destitución, previa venia del Senado, pero que es extremadamente largo, complejo y se pierde en el camino. Eso está regulado por el decreto 500, que dentro del sistema de garantías hemos renovado, para agilizar y permitir, si no hay cumplimiento y hay omisiones graves, que se apliquen las sanciones correspondientes.

Por otro lado, hemos registrado que Uruguay se trampeó, cerró el ingreso al Estado pero creó 30 formas espurias de vínculo que han llevado a no sé cuántos conflictos y juicios en la actualidad. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario, démosle racionalidad a todo esto, previendo sistemas que combinen la estabilidad y la permanencia para funciones permanentes y otros vínculos contractuales para funciones que no son permanentes. Este capítulo no se vincula con cómo trabajan las empresas, cuál es su régimen de propiedad dominante o de formas en este sentido, sino que se vincula con los funcionarios.

Otros capítulos se vinculan directamente con el ciudadano, se refieren a cuáles son sus derechos y cuáles son los compromisos que asume el Estado frente a él. Esto, junto con el tema de la participación y la descentralización, es para nosotros políticamente la cosa más importante: hacer la reforma del Estado no desde la mirada del Estado sino desde la mirada del ciudadano, de qué servicios me dan a cambio de lo que yo doy. Por eso cuando nos preguntan si lo vamos a achicar respondemos que vamos a seguir aplicando el 27% del Producto Bruto Interno, pero queremos menos funcionarios públicos, más capacitados y mejor pagos en muchos aspectos, salvo en las cosas que son de exceso notorio. Hay mucha gente deprimida dentro y la queremos más estimulada.

La manera de hacer mejor las cosas con el mismo dinero es facilitar la salida, renovar la entrada, pero en menor número, para rejuvenecer una cosa que está envejecida y con poco potencial técnico, y al mismo tiempo pagar mejor cuando hay que hacerlo, porque, si no, no se compite con el resto de la vida pública y la privada. Y ser exigentes.

***

AG - Han llegado varias preguntas. Por ejemplo, pregunta Javier: "¿Cuándo se va a terminar que un portero de ente gane 30.000 pesos y un administrativo de carrera de un juzgado, etcétera, 7.000 pesos". Es una pregunta bastante recurrente cuando nos ocupamos de estos temas.

"El Ministerio de Transporte de a poco se queda sin ingenieros. Se van por las bajas remuneraciones", dice otro de los mensajes. O preguntan "¿cómo se piensa mejorar los sueldos de la Administración Central?"

En la primera parte de la entrevista usted se refería a estos temas, hablaba de funcionarios públicos desmotivados, entre otras cosas por las bajas remuneraciones.

Hablemos de la Administración Central. Ustedes apuntan, según señalan en los documentos que se han conocido, a reconciliar al ciudadano con el Estado en la gestión cotidiana. ¿Qué tipo de Administración Central quieren? ¿Es algo así como gestionar el Estado con una lógica más empresarial, con planes, con metas, con incentivos a la eficiencia?

ER - Queremos jerarquizar la función rectora de la Administración Central, conductora. Eso significa que tiene que tener una unidad de planificación estratégica con un sistema de indicadores de cómo van funcionando las cosas y de monitoreo. De manera que cada seis meses, por ejemplo, el Consejo de Ministros tenga la información de en qué está la ejecución de las políticas públicas en cada uno de los ministerios, adónde llegó y qué le falta, para hacer una evaluación. Esta función de conducción y rectora no es esa impresionante carga burocrático-administrativa de firmar expedientes, es el pensamiento sobre las grandes líneas, sobre ambiente, tecnología, inserción internacional del país, las cosas que importan. Eso lo queremos jerarquizar mucho.

Para hacer eso se necesita potencial técnico, se necesitan equipos. Los equipos hay que pagarlos, pueden ser de carrera o ser contratados con nuevas figuras. Por ejemplo, el Ministerio de Economía creó el Departamento de Deuda Pública, que maneja todo el tema de la deuda externa, y hubo que conseguir funcionarios muy competentes para hacerlo. Es un área nueva para una cuestión neurálgica. ¿Cuánto se ha ahorrado el país con el conocimiento que incorporó esta gente? Eso significa tener la capacidad de decir: vamos a incursionar en este campo, y si no tenemos la gente, la contratamos con un sistema objetivo en cuanto a las formas de ingreso.

AG - Lo importante es dar señales claras a la población. Lo digo a partir de un comentario de Rosa, de La Blanqueada, que dice que "por un lado quieren menos funcionarios y por otro toman centenares". En los últimos tiempos, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, han sido sistemáticos los anuncios públicos de llamados a ingreso. Eso contribuye a ese punto de partida que en los documentos ustedes señalan como muy malo, dramático, pésimo. Hay herencia pero a esa herencia se contribuyó en estos años de gobierno. Quizás fue en algún sentido inevitable, pero ahí es importante la comunicación a la población.

ER - Hemos hecho un enorme esfuerzo por un lado por introducir racionalidad y por otro lado por reconocer las situaciones que ya estaban, no se está inventando. Había un conjunto de vínculos, muchos que venían de una década, de dos décadas, por ejemplo los llamados becarios, muchos de los cuales mantenían la capacidad de gestión en muchos lugares del Estado cuando estuvo cerrado el ingreso durante prácticamente 15 años. Muchos de ellos llevaban más de una década y eran esenciales para cumplir la función. Se regularizó esa situación y se incorporaron. Era un dato de la realidad que heredamos.

Están saliendo funcionarios por sistemas de incentivos y otros mecanismos, está saliendo bastante gente.

AG - ¿Cuánto es bastante gente? Marta, del Centro, pregunta exactamente eso: "¿Cuántos funcionarios han sido despedidos en los últimos diez años?".

ER - Salieron por sistemas de incentivos. De la Administración Central no muchos, alrededor de 1.000, pero del BPS 500 y muchos de muchos entes. En este momento no tengo la suma, pero han salido varios miles. Por otro lado, simplemente se naturalizaron situaciones que venían de muchos años, que se constituyeron a lo largo de toda esta historia y que eran irreversibles. Lo que se hizo fue introducir racionalidad y regularizar ese tipo de situaciones.

No vamos a ampliar la plantilla, más bien vamos a reducirla, mejorando la calidad y atacando ese tema de la brecha salarial. Porque la brecha ha hecho que haya salarios deprimidos en funciones de alta calidad, como ocurre en materia de educación y de salud, y salarios de privilegio en altas jerarquías de áreas bancarias y no bancarias. Buscamos acortar la brecha como política general. Esto se ha hecho con la Reforma Tributaria, que ha acortado la brecha en forma muy significativa, y con otros sistemas que dan prioridad a algunos. Cuando uno tiene ingresos limitados establece prioridades, entonces algunos salarios se han incrementado mucho más rápidamente que otros.

Esto ha permitido introducir una política de recursos humanos que va acompañada de formación, capacitación y otros elementos. Lleva bastante tiempo, no se puede hacer en poco tiempo, porque son procesos lentos, llevan dinero y hay que hacerlos atendiendo a distintas situaciones. En algunos casos significa que uno paga mucho algo que tiene alta calificación, que es escaso en el país y que es un recurso técnico. Son situaciones puntuales. Pero aplica como regla general, cuando es un ingreso, el concurso y el sorteo, salvo que sea un cargo de conducción de naturaleza política. La regla general para los ingresos es el concurso y el sorteo. Cuando se está dentro se va a la renovación de situaciones, a dar más movilidad interna y más flexibilidad, porque la situación más generalizada es que sobran en un lugar y faltan en otro. Incluso por las políticas anteriores de incentivos a la salida, que fueron predominantemente tomados por algunos y no por otros, en determinadas funciones y no en otras.

AG - Una de las críticas que se hacen a los procesos anteriores en los cuales se aplicaron esos mecanismos de incentivo es que se fueron los que trabajaban mejor, el que trabaja peor se queda.

ER - En muchos casos se dio así, no en todos los casos pero en muchos. En este momento estamos analizando, en materia de recursos humanos, no solo la forma de vínculo, que es la situación del trabajador permanente que está en la Administración Central o en un ente, sino cómo reducir las 15 o 20 formas de contratación para funciones no permanentes a una o dos que sean evaluables para ver si se mantienen o no, y en el caso de que se mantengan qué sucede con esos funcionarios, cómo se meten en la carrera.

Estamos examinando el problema de la brecha salarial, el problema de la pirámide de edades. Esto está muy envejecido, en la Administración Central, es decir en los ministerios, sin contar los ministerios del Interior y de Defensa, en los que los funcionarios son más jóvenes por otras razones, el 12% de los funcionarios tiene más de 60 años y el 8% tiene entre 65 y 70 años. No toman los sistemas de incentivos porque no les conviene por los topes jubilatorios y por otras cuestiones. Entonces, atarlos a incentivos con la edad de retiro es uno de los temas que estamos examinando.

Todo esto lleva a renovar, a buscar rejuvenecer, acortar la brecha en materia salarial, a buscar vínculos de funcionarios permanentes en algunos casos, porque tienen los derechos que dan los marcos constitucionales, pero en otros casos a introducir racionalidad, cuando hay contratos a término que son anuales, que vienen anuales desde hace mil años, pero se reiteran en forma automática. No queremos reiteraciones automáticas, queremos que cuando haya un contrato sea evaluable, y si hay una decisión expresa continúa, pero si no, no continúa. Eso debe someterse a evaluación.

AG - Ha trascendido la intención de crear una nueva figura jurídica, la del empleado público. ¿Qué significa esta nueva categoría? ¿Es un funcionario público pero con una categoría diferente, al que se le van a exigir resultados, metas, para la renovación de los contratos? ¿Qué más hay?

ER - A todo el mundo se le van a exigir resultados, en términos colectivos o individuales. Vamos al concepto de una administración por resultados, con metas evaluables, con indicadores que muestren que se está avanzando o retrocediendo en el cumplimiento hacia la meta. Y que eso valga desde el ministro para abajo, que sea evaluable el conjunto, no que simplemente sea la herencia de lo que había. Y que estimule el buen trabajo. Al mismo tiempo, una actitud firme de combate a las prácticas de inercia, de actitud displicente o de destrato al ciudadano.

AG - Hay que procesar un cambio cultural a fondo.

ER - Hay que procesar un cambio cultural. Hay cosas de corto plazo y cosas de largo plazo, que no se arreglan con una ley ni con un decreto, son procesos. Estamos estimulando procesos. Si el Ceibal se extiende a todo el país incorporará una nueva generación de golpe, incorporará las teclas, las tecnologías de la comunicación, eso se toma y se convierte en una parte del capital cultural de la sociedad. ¿Puede concebirse una sociedad con jóvenes que tienen esa cultura y que al mismo tiempo haya empresas privadas o públicas que están dos siglos más atrás? No va a marchar una cosa con la otra. Si queremos un país moderno, inclusivo y solidario, lo tenemos que tener a todo lo largo y lo ancho de su estructura, sea pública, privada o social.

Esto significa renovación en el caso de los funcionarios públicos, valorizándolos cuando se dedican a cumplir su función al servicio de la sociedad; significa cambios de reglas; significa un sistema de incentivos y de estímulos; significa acortar las brechas; significa que uno tiene el funcionario de carácter permanente y de carrera pero que también tiene otras formas de contratos que reducen una decena de sistemas caóticos a uno o dos evaluables y transparentes; significa que esos funcionarios estén en la página web y se diga: "Esta persona fue contratada por este sistema de contrato; pujaron varios, hubo competencia y hubo evaluación; entró para una función que no era permanente, que no se sabía cuánto tiempo iba a llevar porque es una función nueva, para la cual no había gente". Entró por un año, por ejemplo, y al final del año se evalúa, si es necesario se mantiene y si no es necesario el vínculo termina. No se perpetúan vínculos de hecho de los cuales nadie es responsable y quedan situaciones cristalizadas. Hoy un tercio de los funcionarios públicos no son permanentes sino contratos de servicios públicos que vienen desde hace 20 o 30 años.

AG - Por esa gran cantidad de formatos diferentes que existen. Usted decía que hay 15, 30.

ER - Sí, 15, el contrato de función pública, el contrato a término, que es distinto, otras formas de contrato.

AG - ¿Todo eso se va a eliminar? Porque se va a crear una categoría nueva, el empleado público.

ER - Queremos hacer una categoría nueva que signifique eliminar gran cantidad de las anteriores, la inmensa mayoría. Que la gente sepa que una persona entró por concurso a la Administración Pública y adquirió, de acuerdo con la Constitución de la República, el carácter de funcionario publico de carrera, que tiene un conjunto de exigencias para pasar de grado; eso supone concursos, formas de evaluación, de estímulo, pero también de sanciones cuando no cumple. Y que otra persona ingresó para cumplir una función a término o muy periférica, que ni siquiera se va a mantener dentro de lo público, y entonces tiene otro vínculo.

Pero si la persona se mantiene en el tiempo tiene que estar previsto qué sucede con ella. Hoy hay un limbo, esas 70.000 personas que entraron y que son contratos de función pública quedaron en el limbo, no pudieron ascender, ni pasar a otro lugar, ni tuvieron ningún tipo de estímulo, quedaron con el contrato que tenían que simplemente se renovó de hecho.

AG - Un limbo que además expone al Estado a juicios millonarios.

ER - Aparte de eso, están todas las formas de contratación que se inventaron en los años en que estuvo cerrada la entrada, que no eran contratos de función pública, ni contratos a término, ni otras 20 formas más, eran contratos privados en los que había algún pedacito público. Ese entrevero dio lugar a la industria de los juicios, hoy estamos frente a la industria de los juicios.

AG - ¿Se puede desactivar esa industria?

ER - Sí, se puede. Estamos procurando crear algo que hay en otros países, la abogacía del Estado, una unidad central que dé orientación a las distintas jurídicas sobre cómo hacer la defensa de lo público y del Estado.

AG - Eso se hace mal hoy.

ER - Se hace muy mal, está totalmente fragmentado, es opaco, los jerarcas, ministros y demás no conocen, no se les informa en la mayor parte de los casos los juicios que se han entablado, entonces simplemente un día se desayunan: "perdimos un juicio por 30 millones de dólares". ¿Cómo puede suceder una cosa de esta naturaleza? Es un símbolo del atraso, del feudalismo interno, de la fragmentación de las estructuras. Esto no puede pasar más. Estamos trabajando, junto con el secretario de la Presidencia y con el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene competencia en esto –incluso hay apoyo externo para esta cuestión–, para ver si hay una procuraduría o una abogacía que cree una unidad central que oriente a las jurídicas de la Administración Pública y de los entes. Muchas de estas cosas vienen en avances desiguales y algunas se han renovado enormemente, fundamentalmente en las empresas públicas ha habido una renovación de gestión muy impactante.

AG - Usted decía, a propósito de la creación del empleado público, que esta nueva categoría viene a subsanar la situación de hecho de que un tercio de los funcionarios del Estado no son funcionarios sino contratados a través de algún mecanismo.

ER - Ya se previeron en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas formas para pasar de una situación a otra e intentar regularizar un poco todo esto. Lo que haríamos sería profundizar esta política, se crearon el Sistema Integrado de Remuneraciones y otras formas de racionalidad. Vamos a procurar reducirlo más, introducir más transparencia y nuevas reglas de juego, de manera de tener claridad en la gestión de los recursos humanos.

AG - Esa nueva modalidad no afecta a los otros dos tercios de funcionarios públicos, que van a seguir siendo funcionarios públicos.

ER - No los afecta, buscaríamos sistemas de estímulo y de carrera que mejoraran lo existente y permitieran rejuvenecer esta situación y mejorar su potencial técnico. No estamos planteando tocar la inamovilidad.

AG - En su momento usted dijo que no descartaban hacerlo, si era necesario.

ER - Como principio general, en esta reforma, que incluye la descentralización como uno de sus grandes capítulos, que incluye los pequeños centros de gestión en todas partes del país, que incluye el Estado en red, que incluye achicar la brecha salarial, que incluye fortalecer las empresas públicas en los aspectos centrales, que incluye estos cambios de gestión en los ministerios y nuevas figuras, que incluye un sistema de sanciones cuando no se cumpla con la función pública, lo que se llama la omisión, la ineptitud o el delito, y otro conjunto de cosas muy relevantes desde el punto de vista educativo, cultural y tecnológico, con la gestión del gobierno electrónico, dijimos: en principio lo vamos a hacer dentro de los marcos constitucionales existentes, que implican leyes en algunos casos, decretos en otros y en otros decisiones administrativas.

Pero no está descartada en ningún aspecto la posibilidad de una reforma constitucional, de repente hay que hacer una reforma constitucional para descentralizar. Alguno sostiene que para crear los gobiernos electivos locales obligatorios en todo el país, en poblaciones mayores a 2.000 habitantes u otro límite, habría que hacer una reforma constitucional. Alguno en la oposición lo ha dicho. No rehuimos a eso, la reforma constitucional puede estar planteada para algunos aspectos. El presidente de la República ayer, en este segundo o tercer intercambio que hicimos, dijo que habría que ver si hay aspectos que requieren solo cambios legales o puede haber algún cambio constitucional implicado. Quedamos en que ese estudio se va a hacer en estos 20 días que hay hasta el 13 de diciembre. No se descarta nada desde este punto de vista.

AG - El artículo 60 de la Constitución, que consagra la inamovilidad, no se toca.

ER - En principio no hay nada intocable, pero hasta ahora nos parece que, por lo que es la historia de este país, la cultura incorporada, es preferible no tocar eso. Eso es producto de una historia, se quiso dar garantía de estabilidad, que el funcionario público tuviera una carrera, que no viniera un cambio político y al jerarca se le antojara cambiarle el color a la administración e introducir la arbitrariedad.

AG - Esas cosas de hecho pasan hoy y con un resultado todavía peor, queda mucha gente con su sueldo pagado por el Estado, sin una función indicada, porque se incorporó a una persona de confianza del nuevo jerarca. Eso tiende a la acumulación, hay un vicio en esa inamovilidad.

ER - El problema es qué principios sigue la gestión pública. Nosotros decimos que nadie entra si no es por concurso o por sorteo. Los que entran formando parte del equipo de conducción, que forman parte de la función política para incorporar un proyecto –eso lo defiendo a muerte, hay un grupo limitado de personas que está identificado con el proyecto, que son de confianza política, sin ellas no se puede llevar adelante el proyecto–, se van con el gobierno, no se quedan.

AG - ¿Eso pasaba?

ER - Eso pasaba, se quedaban, se buscaban mecanismos espurios para mantenerlos. Nosotros no lo vamos a hacer, los que ingresaron y se incorporaron al lado de los ministros o de los secretarios como asesores del grupo de conducción están a término y por un sistema de contrato que caduca el día en que termina el mandato. El staff de conducción, que todo país en el mundo tiene, porque de nada vale que el ciudadano vote un programa si no hay quién lo ejecute, si no hay quién lo elabore y lo conduzca, se va cuando termina el gobierno. El resto ingresa por concurso y sorteo.

Puede ingresar a una función permanente, de carrera, que tiene sus sistemas de estímulos, de sanciones y de renovación, de ingreso y de egreso, o puede ingresar a una función a término, porque la naturaleza de la función hace que no se deba mantener más allá de un tiempo. Y puede haber situaciones híbridas o mixtas o cambios, porque la realidad tiene un extraordinario dinamismo y de repente algo que no era permanente se convierte en permanente, o a la inversa. Eso en la Administración Central.

En las empresas públicas la situación es distinta. El corazón de la empresa es de carrera, aunque tiene reglas más flexibles que la Administración Central, pero a su vez las empresas públicas generan otras actividades, incursionan en nuevas áreas. Cuando incursionan en nuevas áreas estas pueden ser de propiedad pública, algunas son de propiedad pública y derecho privado, porque están en competencia con la actividad privada, porque se amplían y se contraen según las necesidades de cambio técnico, de la demanda y de un conjunto de otras cosas, y se mantienen dentro de ese sistema. Y algunas son en asociación. No sé qué decisión va a tomar el gobierno, personalmente no soy muy partidario de las empresas mixtas con minoría estatal.

AG - Como Pluna.

ER - Claro, eso hereda una situación y fue la mejor salida para esa situación. Prefiero tener la mayoría de propiedad pública y la conducción, porque sé lo que hago. Si no puedo tenerla, prefiero que sea una empresa privada que pague determinado canon por la concesión que se le da. No me gusta estar en una situación en que comprometo el patrimonio público en una posición minoritaria sin peso en la conducción. Digo esto porque en una versión periodística salió lo inverso de lo que dije. No me gusta esa minoría, prefiero que sea de propiedad privada.

AG - Ese tema termina siendo polémico en la población, en los sindicatos. Se habla de menos funcionarios mejor remunerados, de planes de incentivos, de una cantidad de medidas que van a tener sus plazos pero que a uno lo enfrentan a la sensación de que siempre son difíciles de ejecutar porque para todas ellas, por ejemplo para ajustar el sistema de remuneraciones, se tocan intereses, se choca contra la corporación o contra el cúmulo de corporaciones que es el funcionariado del Estado. ¿No es idílico pensar que se va a poder llevar adelante todo esto cuando esas situaciones están, son de hecho? Trascendió que ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, el propio presidente Tabaré Vázquez dijo que él sería el encargado de comunicarle esto al PIT-CNT. Se da una señal política fuerte.

ER - Debe de ser la elección más adecuada. Es que la reforma del Estado, lo que nosotros llamamos la transformación democrática del Estado para diferenciarla de las otras reformas que se intentaron en el pasado, debe llevarse adelante con los actores de la sociedad. No es un problema entre el Estado y los funcionarios públicos solo, es un problema principalmente del Estado con la sociedad, incluyendo a los funcionarios. No es un problema interno, si uno va al PIT es porque ahí están representados los trabajadores, tanto los públicos como los que no, porque es un problema de interés de la sociedad. Ese punto de vista debe ser el dominante, porque lo otro haría un punto de vista corporativo desde quienes conducimos y desde quienes lo viven de dentro.

AG - Ustedes reconocen en el documento que hay que ir con mucho cuidado y con una señal, una imagen y un objetivo muy claros ante estos actores, porque se corre el riesgo de que finalmente predominen las posturas de quienes sí tienen claros sus intereses inmediatos, que son legítimos pero que no siempre son atendibles.

ER - Tenemos un dilema, Mujica el otro día lo resumía diciendo comunidad o corporación. En primer lugar hay que defender el interés general, que es el de los tres millones de uruguayos. Dentro de los tres millones de uruguayos hay que priorizar a los que están peor, que pueden estar dentro o fuera de la Administración Pública. Todo el mundo quiere mejorar su situación, pero un gobierno tiene que establecer prioridades. Este gobierno ha mostrado capacidad para establecer prioridades, no se les dio el mismo aumento a los docentes o a los trabajadores de Salud Pública que a otros. Eso posterga algunas situaciones y prioriza otras, genera tensiones. Pero si esto se conversa, más allá de las tensiones, de los malestares, tiene una racionalidad básica que nos permite negociar y nos va a permitir hacer una reforma con algunas tensiones pero con gran aceptación por los propósitos y los caminos.

Si incentivamos las instancias de diálogo y no imponemos el corsé de un decretazo –este gobierno no va a hacerlo–, eso habilitará el proceso de reforma, y no que cosas que tienen buenas intenciones terminen en grandes frustraciones. No vamos a seguir ese camino. La prueba es que lo estamos haciendo, el mensaje más importante es que quizás no se ha percibido que el proceso de transformación democrática del Estado ya está en ejecución a través del conjunto de reformas que se están llevando adelante, que no son ajenas.

-------------
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Pablo Melgar