(Emitido a las 7.41)

EMILIANO COTELO:
Las principales gremiales empresariales del país resolvieron ayer, por unanimidad, impugnar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el proyecto de ley de negociación colectiva que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.

Unas 18 cámaras empresariales (de las 23 que existen) se reunieron ayer de mañana, y se informó que las que faltaron a la cita lo hicieron con aviso y dieron su apoyo al paso que se estaba discutiendo. La reunión dio comienzo pasadas las 9.30 de la mañana y se extendió por una hora y diez minutos, hasta las 10.45.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Diego Balestra, comentó que la decisión se tomó porque el oficialismo definitivamente no ha tenido en cuenta la opinión de los empleadores. "La ley de negociación colectiva es demasiado importante para que salga con la opinión en contra de los empresarios", evaluó el dirigente en sus primeras declaraciones.

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EC - Es un capítulo más en una historia de varios meses de enfriamiento de la relación entre las cámaras patronales y el gobierno. Un capítulo más que tiene su relevancia y que nos interesa examinar con dos puntos de vista. En primer lugar, con el presidente de la CIU.

Ingeniero Balestra, la que tomaron ayer no fue una decisión cualquiera.

DIEGO BALESTRA:
No, sin duda que no fue un paso cualquiera. Quiero aclarar que en el relacionamiento con el gobierno tenemos dificultades de larga data en el tema laboral, desde hace más de dos años, desde que el gobierno comenzó a elaborar las leyes que tienen que ver con el asunto laboral. En el resto, el relacionamiento es muy bueno. No tenemos problemas y apoyamos vivamente una serie de medidas que el gobierno está llevando adelante.

EC - Es interesante la puntualización. Ese vínculo complicado, espeso, se ha concentrado en el capítulo relaciones laborales, y da la impresión de que con esta decisión de ayer se agrava aún más...

DB – Sí. Cuando un diálogo se corta o se transforma en que alguien lleva siempre adelante su posición sin tener en cuenta la del otro, se termina en eso. Primero, el sector empresario se retiró de las negociaciones, como consecuencia de no haber llegado a un mínimo acuerdo, después de casi un año, en lo que tenía que ver con la ley de tercerizaciones. La ley de tercerizaciones, con la que tampoco estábamos de acuerdo, se promulgó en enero de 2007 y su reforma fue aprobada en los primeros días de este año.

Fuimos adonde teníamos que ir, discutimos, enviamos cantidad de documentos, pero no se tuvo en cuenta la posición del sector empleador. El gobierno tomó la decisión de decir: "si se retiran del diálogo, enviamos la otra ley", la ley de negociación colectiva, que supuestamente iba a negociar. Pero se ve que no tanto porque estaba pronta y la envió al Parlamento.

EC - Ustedes se presentan ante la OIT con la denuncia, ¿por la forma como el Poder Ejecutivo ha procesado hasta ahora ese proyecto de ley o por el propio contenido del proyecto?

DB - Por el contenido, yo estaba haciendo un racconto de lo que había sucedido en el relacionamiento para intercambiar ideas sobre los documentos. Es evidente que el documento que el Ejecutivo le envió al Parlamento no cuenta con el mínimo apoyo del sector empresario. El proyecto no es bueno. Tiene una serie de puntos muy perjudiciales para lo que va a suceder en el país; específicamente en los artículos 21 (que tiene que ver con la ocupación de los lugares de trabajo) y 22, 23 y 24 (que tienen que ver con la solución de conflictos). Ese es el motivo.

EC - ¿Qué es lo que cuestionan de esos artículos 21 al 24?

DB - Cuestionamos básicamente que la ocupación se transforme en una extensión del derecho de huelga, por más que ahora se diga que si se cumplen ciertos requisitos es un complemento. Nosotros entendemos que no, que no es correcto, que no es así, que eso vulnera absolutamente el derecho de la propiedad privada. El documento fue analizado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la que la Cámara del Comercio y la CIU somos socias, que llegó a la conclusión de que atenta contra los derechos de los empleadores.

EC - El proyecto reglamenta la utilización del instrumento de la ocupación, pone una serie de límites, establece cómo debe procederse, incluso en el artículo 23 se establece que "el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar, con un plazo perentorio de 24 horas, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada en determinadas circunstancias". ¿Eso no es un avance con respecto a la situación actual? Ustedes entienden que directamente no debería permitirse la ocupación...

DB – Absolutamente. Va contra el derecho de propiedad, que también está regulado por la Constitución. Desde nuestro punto de vista y el de analistas internacionales es una situación muy extrema reglamentar por ley la posibilidad de ocupar, sea cual sea la alternativa que se maneje o los recaudos que se tomen. El simple hecho de que esté permitido es algo inédito en el mundo, es el primer caso en el mundo.

EC - ¿El primer caso en el mundo?

DB - Absolutamente.

EC - El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo ayer al diario El País: "Denunciar en la OIT algo que por ahora es un proyecto, un texto que se está discutiendo en el Parlamento y que no se aprobó ni se terminó de discutir, me parece un error. Es, además, denunciar la soberanía del Parlamento".

¿Qué dice usted sobre ese análisis?

DB - Estamos comenzando a elaborar la demanda. No se ha presentado, la estamos analizando, se está revisando, comenzamos después de la decisión de ayer... Se va a analizar con especialistas internacionales. Y se va a elevar a la OIE, que es la que la va a presentar, como organismo asociado, a la OIT. El problema que se plantea es que, hasta el momento, decididamente, cada uno de los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento por más que (sea desde los sectores involucrados, en este caso las cámaras empresariales, o voces de oposición) se trate de reclamar sobre determinados puntos, los temas se votan como van. Existen las mayorías. Está predeterminado el fin que se persigue con este tipo de legislación sobre temas laborales. Entonces, simplemente nos adelantamos a algo que sabemos que va a suceder.

EC - Usted dice que no tiene sentido esperar la instancia de comisiones en el Parlamento, la comparecencia que seguramente las cámaras empresariales van a tener allí. ¿Eso no va a servir para nada?

DB - La experiencia que tenemos es que ante la presentación de algunos de los proyectos enviados por el Ejecutivo en la tarde las cámaras iban al Parlamento a hacer su exposición sobre determinados temas y dar sus puntos de vista y a la mañana siguiente las leyes se aprobaban. La experiencia es muy clara, hasta el momento no se ha tenido en cuenta absolutamente ninguno de los planteos que ha hecho el sector empleador, entonces todo nos hace pensar que un proyecto que se envía sin consultar al sector empresario –por más que se diga que el sector se retiró de las negociaciones y por lo tanto no había que consultarlo, son maneras de llevar las cosas– se va a votar tal como fue, sin tener en cuenta tampoco la posición que puedan esgrimir algunos legisladores de la oposición.

Esa es nuestra percepción. Tenemos problemas porque hasta el momento, después de casi tres años de gobierno, nunca hemos sido escuchados. Si usted analiza toda la legislación laboral que se ha producido hasta el momento, verá que ha tenido un marcado sesgo y no se han tenido en cuenta la posición ni los derechos de los empresarios. Entonces no tenemos por qué pensar que vaya a pasar algo distinto con la ley que se va a enviar sobre este tema, que es de gran importancia. En comparación con lo que está sucediendo ahora, en otras instancias, hace algunos años otros gobiernos también quisieron llevar adelante este tema, legislar en materia de negociación colectiva, solo que como no se llegó a un acuerdo entre los sujetos afectados, los empleadores y los empleados, el proyecto no se presentó. En este caso la ley se presenta igual y la voluntad es votarla.

Ante esta situación decimos: "señores, lo que se va a votar en Uruguay, esto es lo que Uruguay está llevando en legislación laboral". De todas maneras, si el gobierno quiere seguir adelante, no creo que una resolución favorable a las cámaras empresariales se lo impida.

Texto del proyecto de ley de negociación colectiva

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Edición: María Eugenia Martínez