(Emitido a las 8.55)

EMILIANO COTELO:
Los fondos que Uruguay recibe por su participación en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU) han estado en la picota en los últimos meses.

Se ha llegado a hablar de una "caja negra" que el Ejército manejaría sin mayores controles, y se ha aludido a este dinero en las denuncias sobre tráfico de influencias que habría ocurrido a la hora de comprar equipamiento o realizar algunas obras para la fuerza de tierra.

Ayer, el diario El País adelantó algunas de las críticas y recomendaciones que surgen del estudio que realizó la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Por otra parte, se aguarda para los próximos días otro informe sobre el tema, elaborado por el Tribunal de Cuentas (TC).

¿Cómo recibe el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) esas observaciones? ¿Qué medidas se piensan tomar, para adelante y para atrás?

Vamos a entrevistar al subsecretario, José Bayardi.

***

Doctor Bayardi, la AIN evaluó el manejo de los fondos que ingresan por las misiones de paz de la ONU. Según las fuentes que consultó En Perspectiva, el análisis se centró en el Ejército, y se examinó, en particular, el año 2006, cuando se recibieron 56.302.000 dólares.

Le cuento lo que averiguamos sobre el trabajo de la AIN. En primer lugar, se destaca que son fondos públicos de afectación especial. Las Fuerzas Armadas los reciben porque hay contingentes que participan en las misiones de la ONU. Además, tienen un destino previsto: pagar viáticos, salarios, transporte de los batallones, armamento que se emplea en las misiones, etcétera. En suma, el dinero que ingresa es para remunerar a los efectivos y para reembolsar a nuestro país por el desgaste del equipamiento que se utiliza.

Según constató la AIN, la administración de esos fondos es realizada por el Ejército a través de cuatro oficinas: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército, el Departamento Financiero Contable, el Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Cecomapa), que depende del Estado Mayor, y el Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Paz (Sinomapa).

Cada una de estas oficinas lleva una contabilidad, por lo tanto, no hay una contabilidad integral, sino que existen contabilidades parciales. Pero además, cada una de esas contabilidades refiere a aspectos diferentes. Como consecuencia, si se quiere saber cuánto ingresó, la única forma es consultar el estado de la cuenta del Banco República (BROU) en Estados Unidos, donde la ONU hace estos depósitos.

Pero el problema no es solo la diversidad de contabilidades, sino que, además, cada oficina opera como unidad ejecutora.

Por todas estas razones, una de las recomendaciones de la AIN es centralizar, que no exista esa dispersión de funcionarios y oficinas con injerencia en la administración general de los fondos. Eso permitiría que existiera un criterio general que partiera del ministerio, tanto para las decisiones de gastos como para la administración de los fondos.

Un segundo aspecto que advierte el informe de la AIN es que los fondos, al ser públicos, requerirían la intervención de la Contaduría General de la Nación (CGN) y del TC. Sin embargo, este dinero nunca ha pasado por el control de estos organismos.

Por último, si bien está previamente definido cuánto se le paga a cada soldado que asiste a las misiones de paz, y hay establecido un monto genérico para reposición y mantenimiento de la infraestructura, estos rubros no siempre se gastan en su totalidad. Por ejemplo, en la caja fuerte del Comando del Ejército existe un remanente de casi 4 millones –no porque haya sobrado de 2006 sino porque se fue acumulando de varios años–, que está allí por las dudas. Este dinero debería estar en una cuenta bancaria, como todos los fondos públicos. Esta es otra práctica que debería ser mejorada.

Supongo que usted conoce el informe, que lo leyó.

JOSÉ BAYARDI:
Sí, sí.

EC - ¿Cómo reacciona el MDN al recibir estas observaciones?

JB - En primer lugar, no son observaciones que haya recibido el ministerio, es un informe que se elevó al jefe de la unidad ejecutora, que es el comandante en jefe del Ejército. El ministerio todavía no recibió el informe final de la Auditoría.

Para que se entienda más en profundidad, en primer lugar, la AIN está auditando a pedido de la señora ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berrutti. Digo esto porque en estos días, ni el lector de prensa ni el que escucha la radio tienen claro cómo empezó esto y cuál es la preocupación de las actuales autoridades del ministerio. Esta preocupación nació a punto de partida de que las actuales autoridades del ministerio convocaron a la AIN para que llevara adelante la auditoría de estos fondos de la ONU.

EC - A propósito, ¿cuándo fue que el MDN solicitó este estudio de la AIN? ¿Fue antes o después de que circularan las denuncias sobre presunto tráfico de influencias que llegaron a involucrar a Gonzalo Nin, etcétera?

JB - Lo pidió antes, el informe dice que la auditoría empezó en agosto de 2007; los informes que implicaron esas denuncias de presuntas irregularidades fueron posteriores.

EC - Las denuncias se conocieron en la prensa en noviembre.

JB - La auditoría había sido solicitada antes y la AIN empezó en la fecha que está marcada. Era una preocupación de las autoridades del ministerio desde antes, hoy este análisis se está haciendo por la AIN y el TC.

Dejo constancia de que nosotros estamos de acuerdo en que el TC lleve adelante esta auditoría. Dejo constancia porque se nos trasmitió la información de que el propio TC en anteriores gobiernos, cuando fue convocado a definir cómo proceder con estos fondos, había dicho que por no ser fondos presupuestales no entraba en su análisis. Aclaro esto porque nadie es más papista que las actuales autoridades del ministerio, nadie es más realista que las actuales autoridades del ministerio respecto de cómo se debe proceder con estos fondos.

EC - Esta semana hubo declaraciones de la ministra Azucena Berrutti, destacando que estos fondos de las misiones de paz de la ONU se manejan de esta manera desde comienzos de los años noventa, durante el gobierno del doctor Lacalle, y agregaba: "blancos y colorados tenían que conocer esto, en particular tenía que conocerlo el presidente del TC, que además es militar".

JB - No sé si conocía los fondos, pero fue convocado –porque tenemos el mismo TC que viene desde hace un rato largo– y no tomó participación por no considerarlos fondos presupuestales. Nosotros estamos de acuerdo en que entre en su análisis y efectúe las recomendaciones de cómo proceder con estos fondos. Lo aclaro para que quede constancia de cómo está planteado eso.

Tercero, estos fondos empiezan con fuerza en la década de los noventa, porque es entonces que se empieza a participar en misiones en forma más masiva, con Camboya, que fue la primera, y luego Angola, Mozambique, hasta la actualidad, cuando tenemos contingentes desplazados en el Congo y en Haití.

Y quiero hacer una aclaración sobre lo que usted dijo, porque esto tiene sensibilidades a varias puntas: la ONU reintegra fondos por lo que tiene que ver con el pago a los efectivos y pagos por lo que tiene que ver con la reposición de los bienes materiales que se utilizan en esto y eventualmente para entrenamiento, adiestramiento, alistamiento de los contingentes que se van a desplazar. Aclaremos que todo el dinero que va a los efectivos ha ido a los efectivos, lo que les corresponde a los efectivos va a los efectivos cuando la ONU lo vuelca. Y los datos que hay de cuánto se vuelca es porque se acumulan, hay que volcarlos mensualmente, pero la ONU no los vuelca mensualmente, porque cada misión tiene su fondo que los países cooperantes construyen, y cuando los países aportan la ONU lo vuelca. Puede ser que la ONU lo vuelque con un atraso de nueve meses, a veces sale en la prensa información de que están atrasados los fondos de la ONU. Esto va a una cuenta del BROU, que es manejada desde el Ejército; desde antes de la llegada de esta administración es el Ejército el que maneja los fondos de esta cuenta y hace la redistribución.

En el análisis del informe que fue elevado al Ejército figura que el Ejército los distribuye a la Armada, a la Fuerza Aérea, a Pluna por transporte de contingentes y a OSE por el manejo de las UPA. Ningún ministro de Economía desde la década del noventa hasta ahora había incorporado esos fondos al presupuesto –en algún punto porque estábamos siendo auditados por el Fondo Monetario Internacional en lo que tenía que ver con nuestros niveles de endeudamiento y no se quería incrementar el gasto, porque si esos fondos ingresaban incrementaban el gasto–, pero ha sido insistencia de esta administración –capaz que las otras también, lo desconozco– que fueran incorporados.

La AIN analiza que son fondos públicos y que deben ser considerados fondos 1.2, que son recursos de afectación especial; 1.1 es Rentas Generales, 1.2 son recursos de afectación especial.

EC - ¿Qué quiere decir "recursos de afectación especial"?

JB - Son los viejos proventos, se los cambió por recursos de afectación especial. Son recursos que se producen dentro de las unidades ejecutoras y después se catalogan como 1.2 y cuando se afecta el egreso, el gasto, se afecta contra los recursos de afectación especial. El informe de la AIN dice que son 1.2 y analiza por qué; en el caso del MDN hay otros que se llaman "fondos de terceros", que son 1.8, que son lo que aportan los beneficiarios de sanidad de las Fuerzas Armadas y que se gasta con un régimen de control distinto. Pero todos, los recursos 1.1, 1.2 y 1.8, tienen su régimen legal y sus formas de ser controlados y auditados. En este caso, por no estar dentro del presupuesto, no se llevaban adelante los controles de la CGN y el TC –ya dije que el TC en un momento se declaró nulo para realizarlos por no estar considerados dentro del presupuesto–, no estaban sujetos a controles, es una de las cosas que se marcan en el informe.

EC - Pasando en limpio: estos fondos no tienen hasta ahora control del TC ni de la CGN, y además se manejan con contabilidades varias, que aparentemente no permiten reconstruir el conjunto del dinero. ¿Se manejan de forma discrecional e incluso sin que el MDN conozca cómo?

JB - Hay cuatro unidades: el Sinomapa, que integra distintos ministerios, distintas unidades, no hace control, hace un seguimiento de si el dinero entra de la ONU o no; el Cecomapa de cada una de las fuerzas está más en la parte operacional, en las necesidades; y después hay dos organismos de control, que son los auditados dentro del Ejército, que son la Oficina y Planeamiento y Presupuesto del Ejército y el Departamento Financiero Contable. Estos son los que harían el control de esos recursos que están expresados centralmente en el análisis que hace la AIN. El ministerio no tiene un control desde su Departamento Financiero Contable. Y hay una recomendación –que comparto– de la AIN de centralizar eso en una oficina única, que creo que debe estar ubicada en el centro del inciso, en el ministerio.

EC - La AIN no recomienda esa solución específica, pero usted dice que eso es lo que seguramente se va a hacer.

JB - No, digo que comparto y que en mi opinión la oficina central debería ser el Departamento Financiero Contable del ministerio. Aclaremos también que el ministerio tenía una estructura que reproducía mucho de la estructura general de los otros incisos, pero desde el punto de vista de su organización estaba manejada por funcionarios militares. Recién en la última etapa esas responsabilidades son delegadas en cargos que el ministerio actual pidió para ser incorporados como cargos de confianza y de designación política por las autoridades ministeriales, como pasa en otros ministerios.

EC - Esta particular forma de manejar los dineros provenientes de las misiones de paz de la ONU, que no tenían controles de los organismos correspondientes, con unidades ejecutoras que se manejaban con criterios discrecionales, ¿al ministerio le preocupa? ¿Ustedes tienen la impresión de que esos recursos pudieron haber dado lugar a irregularidades?

JB - Al ministerio le preocupa porque todo fondo que no tiene control puede lugar a irregularidades. También preocupa, porque así se nos ha trasmitido, a los actuales mandos de las Fuerzas Armadas que no haya niveles de supervisión que les den garantías de que se utilizan de manera santa, que no se desvían para ser utilizados de otra manera. No se han constatado, porque en el propio informe de las conclusiones dice que, por la falta de sistematización en lo que tiene que ver con los controles, es difícil. Cuando yo no puedo constatar que se usaron para lo que tienen que usarse, tampoco puedo constatar que no se usaron para lo que no deben usarse. Entonces, a los efectos de que cualquiera pueda reconstruir qué pasa con esos fondos, lo lógico es que haya un régimen legal, que quede claro cuáles son los mecanismos de control y que los mecanismos de contralor controlen según ese régimen. Porque cuando tenemos contingentes de entre 1.200 y 2.500 hombres fuera, son fondos que hay que utilizar con determinada celeridad para satisfacer algunas necesidades logísticas: armamentos, alimentación, los recursos que se necesiten.

EC - ¿Usted dice que no necesariamente se va a recurrir a licitaciones para las compras que tienen que hacerse con estos fondos?

JB - Cuando hay que comprar armamento no es necesario llamar a una licitación, el propio Texto Ordenado de Contabilidad de Administración Financiera dice –y me parece bien– que lo que es armamento es absolutamente discrecional, pero no acá, en cualquier país del mundo. Veamos qué tenemos que comprar, si son bienes perecederos, bienes para la alimentación, armamento, pero que quede claro cuál es el régimen y cuáles son los pasos que hay que dar para comprar dentro del régimen legal. Mientras tanto, hay que hacerlo en función del régimen vigente.

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EC - Usted lo mencionaba al pasar: la AIN analizó por qué conceptos ingresaban y salían los fondos, fue una auditoría de administración, como se nos puntualizó en ese organismo. No se analizó, por ejemplo, qué ocurría con los fondos de inversión y mantenimiento, no se hizo un control de la materia del gasto y de qué manera fue utilizado, se observó cuánto ingresó y cuánto salió.

Sobre cómo se gastó, ¿qué es lo que ustedes han sabido? Concretamente, ¿los fondos han llegado a ser utilizados para fines que no tienen nada que ver con las misiones de paz? ¿Se ha utilizado dinero de los fondos de las misiones de paz para construir la cárcel especial para militares?

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EC - Entonces, ¿efectivamente se ha podido comprobar que los fondos provenientes de la participación en misiones de paz de la ONU han sido utilizados por el Ejército o por alguna otra de las fuerzas para destinos que no tienen nada que ver con esas misiones de paz?

JB - No, no se ha podido probar nada. La AIN deja expresa constancia de que, por la forma de llevar adelante el control de ese dinero, no puede reconstruir si fue utilizado con fines distintos de la orden de instrucción del comandante.
 
EC - Por ejemplo, la cárcel especial para militares procesados por violaciones a los derechos humanos ubicada en la calle Domingo Arena, ¿con qué fondos se construyó?

JB - Se construyó con fondos del Ejército; lo que no se ha podido discriminar todavía es si fue con fondos de los que el Ejército tiene asignados como 1.1, que son recursos de Rentas Generales para construcción y mantenimiento de unidades, o con parte de estos fondos.

EC - Puede haber sido hecha con estos dineros.

JB - Seguramente se utilizaron fondos de 1.1, de Rentas Generales, pero no podemos discriminar si se utilizaron además fondos de las misiones de paz.

EC - Pero, ¿cómo el MDN no sabe? ¿Cómo se resolvió que hubiera una cárcel de estas características? ¿Con qué financiamiento se tomó esa decisión?

JB - El comandante en jefe del Ejército, en su oportunidad el teniente general Carlos Díaz, ante la inminencia de que se terminaran llevando adelante los procesamientos de militares, pidió autorización al presidente de la República para poner en condiciones para la reclusión, en lo que es hoy la cárcel de Domingo Arena, el Centro de Reclusión número 8, que era una unidad militar que estaba desafectada para fines del Batallón de Ingenieros. Se le dio la autorización y el Ejército llevó adelante el reacondicionamiento de esa unidad.

EC - Pero en ese momento, cuando se tomó la decisión, ¿no se analizó si había o no recursos para esa obra?

JB - Había recursos asignados en el presupuesto. No puedo discriminar si se tomaron de 1.1, de los recursos que están presupuestados para manejo de unidad, o si se tomaron de los recursos de la ONU. Había recursos asignados presupuestalmente al momento de la construcción, porque estábamos en la mitad del ejercicio del año.

EC - ¿Eso se puede esclarecer?

JB - Para eso hemos convocado a la AIN. La auditoría la convocamos nosotros, la convocaron las actuales autoridades del ministerio. Esperemos que quienes tienen la responsabilidad o la función de auditar puedan llegar a conclusiones.

EC - Supongamos que para esa cárcel militar se usaron fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU; ¿cómo reacciona el ministerio ante un hecho así?

JB - En primer lugar, había autorización para construir. Usted me pregunta cómo reaccionaría a futuro; había autorización para la construcción, remodelación y puesta en orden de ese predio de unidad para que sirviera como cárcel. De dónde se tomaron los recursos, una vez que se sepa no necesariamente va a dar lugar a tomar conductas, porque hubo autorización para esto. Lo peor habría sido que se hubieran utilizado recursos de este tipo para otras cosas que dieran lugar a situaciones de dolo.

EC - A eso voy con la pregunta siguiente. Hay versiones de todo tipo a propósito de cómo se usan esos fondos.

JB - Denuncia no ha llegado ninguna.

EC - ¿La intención es averiguar todo eso?

JB - Sí, la intención es averiguar todo eso, pero denuncia no ha llegado ninguna. Se presupone que puede haber sido utilizado para; no es denuncia, aclaremos para separar. Si no, lo que titulan los diarios en primera página pasa a ser verdad, y lo que titulan los diarios en primera página muchas veces es una forma de vender.

EC - Mi pregunta es: ¿el MDN está interesado en investigar eso, en obtener la verdad a propósito de cómo se utilizó cada uno de esos dólares que vinieron de la ONU?

JB - Repito: si el ministerio no hubiera estado interesado no habría llamado a la AIN. Lo que está procesando es por indicación de la señora ministra de Defensa Nacional. No llegó nadie a auditar dentro del marco de sus competencias, que se tienen, independientemente de la voluntad del ministerio. Si se decidió avanzar en esto es para llamar las conclusiones y las conductas del caso.

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EC - Yo le preguntaba por el eventual uso de fondos provenientes de misiones de paz de la ONU para otros destinos que no tuvieran nada que ver con esas misiones. Han estado circulando también versiones de prensa, basadas a su vez en denuncias, sobre lo que sería un uso discutible o cuestionable dentro del capítulo misiones de paz. El 22 de noviembre Búsqueda reveló una denuncia anónima que llegó a Presidencia de la República sobre la existencia de una organización conformada por altos militares en actividad, empresarios y proveedores del Ejército, que se dedicaría al tráfico de influencias y que incurriría en actos de corrupción. Según aquella nota, el MDN tiene en su poder varios documentos que cuestionan el manejo de dineros por el Ejército, especialmente en el área logística. Esta denuncia plantea dudas sobre el proceso de compra de armamento y la contratación de una empresa constructora para las obras de acondicionamiento en varias unidades militares. La denuncia sostiene que el grupo empresarial hace sobrefacturación, cambio de rubros, blanqueo de gastos, con colaboración de mandos militares intermedios.

Sobre este tipo de manejos, ¿qué dice usted a esta altura de los acontecimientos?

JB - Son dos cosas distintas, una cosa es cómo manejamos los recursos de la ONU y otra cosa es cómo se manejan las compras dentro del Ejército. Esa denuncia tiene que ver con las formas como se han llevado adelante licitaciones de compra dentro del Ejército. Puede comprarse con fondos de la ONU o con fondos presupuestales, este es el tema central.

EC - Se aludía a la compra de 40 blindados, con la intermediación de un empresario uruguayo, que están siendo objeto de una repotenciación en Chile. Blindados que tienen que ver con las misiones de paz, que según el informe van camino de ser chatarra. Ese es un caso concreto en que se cuestiona una operación vinculada con las misiones de paz.

JB - Sobre ese caso particular y los que van apareciendo, hemos pedido informaciones. Estos blindados canadienses fueron objetados en ese informe al que se hace referencia, estamos esperando conocer cuál es el proceso de repotenciación, porque se nos daba la explicación de que tenían un costo mucho menor que otras ofertas que habían sido presentadas en su oportunidad y que tenían relación con otro tipo de blindados. No sabemos cómo termina siendo este repotenciado, todavía no hemos visto los modelos repotenciados, hemos visto modelos que han estado en transición hacia la FAMAE para su repotenciación.

EC - Son blindados usados.

JB - Son blindados Mowag que estaban en Canadá.

EC - Y se ponen al día en esta fábrica en Chile.

JB - Tienen una repotenciación a Chile y vendrían para acá. Veremos cómo termina la repotenciación. El costo que se nos estaba acreditando, por blindado –que habría dado lugar a que fuera esa la compra–, sería de 100.000 dólares, contra otros precios que eran el doble en su momento. Esta operación todavía no ha terminado y está siendo analizada por el MDN con informes sobre el Ejército.

EC - Pero en general sobre todos los elementos que se incluían en el informe de Búsqueda, basados en documentos que se habrían entregado en Presidencia de la República y que estarían en poder del MDN, sobre aquel paquete, ¿qué ha hecho hasta ahora su cartera?

JB - Lo que se entregó en su momento fue lo mismo que se publicó en Búsqueda, no hay documentos aparte de lo que publicó Búsqueda, el semanario publicó lo que fue entregado en la Presidencia de la República y en el ministerio.

EC - En aquel momento, en los primeros días posteriores a la publicación, la ministra Azucena Berrutti descalificó las denuncias, sosteniendo y destacando el hecho de que se trataba de denuncias anónimas. ¿Eso quiere decir que no se las tuvo en cuenta?

JB - Cuando llegó esta denuncia, la ministra consideró que a las denuncias de naturaleza anónima no les iba a dar el seguimiento de denuncia que se le exige a quien está convencido de que hay una irregularidad y puede poner por delante su firma o su cara para llevarla adelante y necesita todas las garantías del caso. No obstante lo cual, se pidió a las unidades, en este caso al Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que informaran. Separemos: estaba el tema de la compra de armas y estaba el tema de la compra de blindados. En la compra de armamentos el ministerio ya venía siguiendo, por información, con las autoridades del Ejército, paso a paso cada una de estas situaciones. Mientras en la prensa seguían apareciendo informaciones: que ganaba el fusil Galil, que ganaba el Aka, etcétera, se estaba haciendo el seguimiento de todo el proceso. Por lo cual lo que salía en la prensa no necesariamente inquietaba al ministerio, y terminó siendo adjudicado a empresas que no tenían nada que ver con las que se mencionaban en los medios de comunicación.

De la otra denuncia no se estaba haciendo el seguimiento cuando salió porque no se estaba siguiendo el proceso, era la de los blindados, y se pidió la información que le referí antes, por qué se optó por este blindado y no por otro, y se dieron las explicaciones que mencioné, que los costos de los blindados repotenciados iban a ser menores que los otros. Veremos, este proceso todavía no terminó.

EC - Las denuncias incluían otros elementos, se hablaba también de construcciones y presunto favorecimiento a una empresa en particular, encabezada por un ex militar, etcétera. ¿Qué pasa con ese otro rubro de las denuncias?

JB - Estamos hablando de construcciones dentro de las unidades. Hasta ahora la información que hemos recibido es que esas construcciones son llevadas adelante dentro de los rubros presupuestales. El proceso de licitación de la cárcel, que es el que estaba más en cuestión, habría tenido que ver con la urgencia y con proceder en forma directa a su adjudicación al constructor que estaba implicado, que es el que trascendió en los medios.

EC - Que casualmente ha desarrollado varias obras para el Ejército y en lo personal para varios altos oficiales del Ejército en sus casas o en determinados lugares donde tienen propiedades.

JB - Los altos oficiales en actividad se han presentado ante la señora ministra. En su caso el jefe mayor del Ejército –incluso lo habló conmigo– no habría tenido dentro de su ámbito familiar ningún tipo de construcciones potenciadas o hechas por este constructor. Estamos hablando del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Duarte, a quien se implicaba en la denuncia.

EC - Mi pregunta iba en general a la forma como se han asignado a este constructor las distintas obras que ha terminado haciendo para el Ejército. ¿Eso está siendo investigado?

JB - Está siendo investigado, y sobre algunas denuncias ya estábamos haciendo otro tipo de investigaciones, porque teníamos denuncias anteriores de que se podía haber favorecido a determinados representantes en licitaciones, y no hemos llegado todavía a conclusiones respecto de ellas. No solo las que trascendieron en Búsqueda el 11 de noviembre.

EC - Entonces, por un lado está la investigación de la justicia penal, pero por otro lado viene corriendo una administrativa del MDN.

JB - La justicia penal está investigando una denuncia que se le presentó en su momento. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, se nos pide información en calidad de cooperación con la justicia. Dentro del ministerio tenemos otras denuncias, en las cuales no hemos llegado –particularmente en estas del 11 de noviembre de Búsqueda– a conclusiones. Pero tenemos registrado ese tipo de denuncias en el manejo de fondos que provienen en general del Comando de Apoyo Logístico del Ejército.

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EC - Antes de que circularan esas denuncias que publicó Búsqueda en el mes de noviembre, había existido otro episodio que había generado preocupación en el ámbito político, vinculado con eventuales compras en las Fuerzas Armadas. Concretamente, el barco de la Armada que iba a traer desde un puerto de Venezuela un cargamento de municiones para el Ejército uruguayo. Ese episodio aún no se ha terminado de esclarecer, ayer lo señalaba el diputado Javier García cuando se discutía otro tema aquí en el programa. Eso quedó pendiente, ¿ustedes ya terminaron la investigación?

JB - Para el ministerio está claro lo que pasó, lo que hay ahora es una investigación administrativa, que pasó a la órbita de la Asesoría Letrada para que catalogue las irregularidades. Ayer le aclaré al diputado García en la Comisión de Defensa, el diputado cometió un error en la entrevista aquí. Enterada la ministra de que se iban traer algunos proyectiles y que no estaba claro el destino de esos proyectiles, fue ella –no ante la pregunta del diputado García en la comisión–, con el subsecretario –nos enteramos antes de ir a la comisión, una semana antes o varios días antes–, que dispuso que esos proyectiles no se trajeran en el buque de la Armada. Aclaro esto porque ayer lo aclaré en la comisión con el diputado García, está en las actas de la comisión de ayer y en las actas de la comisión del día en que el diputado García hizo la pregunta.

Lo hubo fue lo siguiente. Una empresa uruguaya representaba a una empresa del Reino Unido y a una empresa iraní; la iraní presentaba tres armas para la adquisición de armas del Ejército. Todas las empresas debían presentar tres armas y 15.000 proyectiles y esta empresa había presentado las tres armas pero no los proyectiles, entonces la empresa uruguaya se contactó con la empresa iraní y le pidió que enviara 15.000 proyectiles para las pruebas. Y el Comando del Ejército, en aquel momento el teniente general Carlos Díaz, libró la orden de último destino, que va a todas las empresas del mundo que trabajan con armas. Y la empresa iraní le pidió a una empresa venezolana, Camin, que pusiera 15.000 proyectiles en Uruguay. El gerente de la empresa venezolana empezó el trámite en la embajada de Uruguay, la embajada lo mandó a Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores lo mandó ver si podían traer en un buque de la Armada esos 15.000 proyectiles. Enterada la ministra de que esto era para una empresa privada que estaba presentándose a una licitación, entendió que no correspondía y lo cortó de raíz. Estos fueron los hechos de los 15.000 proyectiles.

EC - Pero queda la pregunta de cómo ese procedimiento pudo ponerse en marcha, cómo hubo disposición a traer esos proyectiles para una empresa privada en un barco de la Armada.

JB - Fueron consultas que hizo el gerente de la empresa venezolana a la embajada, la embajada llevó la consulta a Relaciones Exteriores, y cuando la Armada fue consultada, dijo: "yo tengo la santa bárbara del barco vacía, puedo traer lo que nos manden traer". Pero nunca se trajo nada y quedó sin efecto por decisión de la ministra, porque se habría estado beneficiando a una empresa frente a otras.

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Edición: Mauricio Erramuspe