(Emitido a las 9.14)

EMILIANO COTELO:
¿Cómo deben manejarse los recursos que las Fuerzas Armadas reciben por su participación en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU)?

¿Pueden las Fuerzas Armadas resolver por sí mismas sobre el destino de ese dinero? ¿Pueden financiarse con esos fondos gastos no relacionados con esas misiones? ¿Debe haber rendición de cuentas de esos recursos? ¿Qué tipo de controles deben ejercer el Tribunal de Cuentas (TC) y la Contaduría General de la Nación (CGN)?

Estas preguntas están en el tapete a raíz de una serie de denuncias anónimas que recibió el gobierno, que en noviembre tomaron estado público y que luego fueron ampliadas por investigaciones de prensa.

En ese contexto, el jueves trascendió en el diario El País el informe que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) elaboró luego de examinar la administración de esos recursos en el Ejército. El trabajo, que se inició en agosto, abarca los movimientos del año pasado, cuando la ONU giró a Uruguay 56 millones de dólares.

El viernes, aquí En Perspectiva adelantamos otros detalles de ese documento y entrevistamos al subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi.

Pero como también el TC está investigando estos números, vamos a dialogar con su presidente, general y contador Guillermo Ramírez. 
 
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Contador Ramírez, ¿qué tipo inspección está haciendo el TC sobre el manejo de los fondos que las Fuerzas Armadas reciben por su participación en misiones de paz de la ONU?

GUILLERMO RAMÍREZ:
Está haciendo una auditoría, que prácticamente ya está terminada. Usted hacía referencia a las declaraciones del subsecretario Bayardi el viernes último en su audición; allí él dijo que el Tribunal, en anteriores gobiernos, cuando fue convocado sobre cómo proceder con estos fondos había dicho que por no ser presupuestales no entraban en su análisis.

EC - Esa es una de las preguntas que pensaba formularle.

GR - No le encontramos asidero a esa aseveración. Hemos consultado a memoriosos jerarcas técnicos del organismo y ninguno tiene presente que el Tribunal haya sido convocado para expedirse sobre el particular. De cualquier manera es un capítulo abierto, vamos a seguirlo averiguando, pero si el subsecretario de Defensa tiene información sobre el particular, sería buena cosa que nos la proporcionara, porque no encontramos ningún elemento de juicio que permita avalar esa aseveración.

EC - Entonces, ¿qué hay que concluir en cuanto a anteriores intervenciones del TC en este tema, manejo de fondos de misiones de paz?

GR - Que no hay ningún antecedente en nuestro poder de que el TC haya sido convocado para expedirse y haya dicho que no lo podía hacer porque eran fondos extrapresupuestales; por lo menos hasta hoy no han aparecido.

EC - Eso lo entendí, mi pregunta siguiente era si efectivamente el TC había desarrollado controles sobre estos fondos antes del año pasado.

GR - No. Además, el doctor Bayardi lo reitera, dice que el Tribunal en un momento se declaró nulo para realizarlos por no estar considerados dentro del presupuesto. El hecho de que no estén considerados dentro del presupuesto no quiere decir que el Tribunal no deba analizarlos.

Por otra parte, agregó en otro medio, que el TC se desentendió. El TC no se desentendió.

EC - Pero usted acaba de señalar que no hizo controles sobre estos fondos.

GR - Claro, pero eso no supone desentenderse.

EC - ¿Puede explicar esa situación?

GR - Vamos a hacer la cronología, para que se entienda. Cuando toma estado público el hecho, como consecuencia de la denuncia que se hace...

EC - La denuncia que partió del semanario Búsqueda, en el mes de noviembre pasado.

GR - En noviembre, y después fue motivo de la remisión de una nota de Presidencia a Defensa, etcétera, y la prensa toda se hizo eco de la cosa. Hay una norma vigente en el TC –la ordenanza número 22, del año 1956, de hace 52 años, que no está vinculada para nada con estas situaciones actuales– según la cual todos los auditores, en la medida que tomen conocimiento por medio de la prensa, de denuncias con cierto carácter de verosimilitud deben necesariamente actuar, sin esperar ninguna indicación de las jerarquías del Tribunal. Y en aquellos lugares donde no existan inspectores, serán los directores de departamento los que actúen, dice la misma norma. Por lo tanto, cuando el TC considera este asunto, resuelve, como primera medida y con carácter unánime –porque en esto participaron todos los integrantes del Tribunal de Acuerdo–, hacer un oficio al Ministerio de Defensa (MDN) pidiéndole que informe dos cosas: primero, qué procedimientos se están utilizando para el manejo de los fondos que proceden de la ONU; segundo, cómo se procesó la habilitación de la unidad carcelaria número 8 en Domingo Arena. El MDN dio traslado de esos oficios, remitió copia a cada una de las tres fuerzas.

EC - Usted aclara que estamos hablando de una intervención del TC por iniciativa propia.

GR - Por supuesto, no quiere decir que no haya habido otra previa, pero en todo caso la del Tribunal es distinta, porque las que se estaban haciendo referían solamente al Ejército.

EC - Sí, el subsecretario Bayardi destacó que el estudio de la AIN empezó en agosto y había sido pedido por el ministerio.

GR - Al Ejército.

EC - Sí, específicamente concentrado para el Ejército.

GR - El Tribunal pide para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

EC - ¿Cuándo lo pide? ¿En noviembre o diciembre?

GR - Sí, por ahí, por esa fecha.

EC - Después de las denuncias periodísticas.

GR - Exactamente. Una vez que el MDN recibe los informes de las fuerzas, los remite al TC, acompañados de un oficio que solamente dice: "Remito tal en función de lo solicitado". Como esos informes tienen algunas diferencias, que son lógicas por la naturaleza propia de la función que cada una de las fuerzas cumple, y como además para una de las fuerzas se le consultaba sobre un tema específico diferente, que era qué pasó con la construcción de la cárcel número 8, los servicios del Tribunal entendieron que necesitaban tener información directa y por eso iniciaron procedimientos de auditoría, que prácticamente ya están terminados y serán considerados en el correr de los próximos días.

El factor común en los informes de las distintas fuerzas es la urgencia, porque debe comprenderse que en esas operaciones que se están realizando en el exterior, aunque se han denominado de paz, de ninguna manera pueden desconocerse los riesgos y las urgencias que las decisiones requieren. Aparentemente la explicación sería que como hay urgencia hay que hacerlo y no seguimos el procedimiento. En lo personal, lo que está procurando el Tribunal es ver cómo se está haciendo, y si hay algunas cosas que no se están haciendo de conformidad con lo que disponen las normas que regulan la materia, establecer cuáles deben ser las normas aplicables y, lo más importante, cómo transitar de la situación actual hacia la situación futura. Hay instrumentos legales perfectamente aplicables, porque el TOCAF, en las excepciones que establece para licitación, consagra una serie de situaciones que pueden ser perfectamente invocadas. Es más, en el artículo 34 el propio TOCAF establece la posibilidad de que a requerimiento de los ordenadores el Poder Ejecutivo, previo informe favorable del TC, puede establecer procedimientos especiales de contratación. Por ese lado viene la solución del tema, si es el que el tema es ese.

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EC - Usted comenzaba a avanzar sobre algunas conclusiones primarias que han surgido del estudio que el TC viene haciendo de cómo se manejan en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Marina los fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU. Pero también se han conocido algunas conclusiones del informe de la AIN sobre el caso concreto del Ejército. Repaso brevemente por dónde vienen esas conclusiones

Según constató la AIN, la administración de esos fondos es realizada por el Ejército a través de cuatro oficinas que cada una de ellas lleva una contabilidad diferente, por lo tanto no hay una contabilidad integral sino que existen contabilidades parciales. Además, cada una de esas contabilidades refiere a aspectos distintos. Como consecuencia, si se quiere saber cuánto ingresó, la única forma es consultar el estado de la cuenta del Banco República (BROU) en Estados Unidos, donde la ONU hace esos depósitos.

Pero el problema no es solo la diversidad de contabilidades, sino que además cada oficina opera como unidad ejecutora. Por esto, una de las recomendaciones de la AIN es centralizar, es decir, que no exista esa dispersión de funcionarios y oficinas.

Un segundo aspecto que advierte el informe es que los fondos, al ser públicos, requerirían la intervención de la CGN y el TC, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Y por último, si bien está previamente definido cuánto se le paga a cada soldado que asiste a las misiones de paz y hay establecido un monto genérico para reposición y mantenimiento de la infraestructura, estos rubros no siempre se gastan en su totalidad, queda un remanente. Hoy en el caso del Comando del Ejército habría casi 4 millones de dólares en la caja fuerte, un dinero que debería estar en una cuenta bancaria, como todos los fondos públicos.

¿Qué dice usted a propósito de esas observaciones?

GR - Primera cosa, debemos distinguir cuál es el cometido de la AIN y cuál es el del TC; y no solo el cometido, también la naturaleza y las competencias. La AIN es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, integra el Poder Ejecutivo y está dentro de sus competencias entender en la conveniencia de los actos. Es decir, que si entiende que en lugar de 14 oficinas debe haber tres, es un problema del administrador.

El TC es un órgano de control externo al Poder Ejecutivo, no depende del Poder Ejecutivo, y tiene como cometido específico analizar la legalidad de los procedimientos, el cumplimiento de las normas. El TC toma conocimiento de estas situaciones cuando los gastos y los pagos se someten a intervención preventiva, como preceptúa la Constitución, a su contador delegado. En la medida que esos gastos no son sometidos al contador delegado, el Tribunal no toma conocimiento de su existencia.

Segunda situación, el Tribunal emite su dictamen constitucional cuando el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General, año a año, la ley de Rendición de Cuentas. El Tribunal analiza los ingresos y audita, por ejemplo la Dirección General Impositiva, Loterías y Quinielas, las cajas recaudadoras clásicas. Y también analiza los egresos, y de la comparación entre ingresos y egresos ve si el resultado que el Poder Ejecutivo le dice a la Asamblea General es el correcto o no. ¿Cómo puede el TC tomar conocimiento de un ingreso que no figura y de un egreso que no consta? Porque además, aunque sean recursos de afectación especial, es decir, que no están previstos en el presupuesto, necesitan habilitación de crédito, habilitación legal, esta debe ser concedida necesariamente para que el gasto pueda ser efectuado.

EC - ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que el manejo de estos fondos requeriría intervención del TC?

GR - Por supuesto.

EC - En eso coincide con la AIN.

GR - Totalmente; por eso le decía: vamos a mirar hacia delante, vamos a ver qué se está haciendo, vamos a ver si está bien o no. Y si no está bien, qué es lo que no está bien y cómo corregirlo. La corrección va a venir necesariamente por exponerlo todo de manera tal que quede reflejada la realidad de las operaciones y que eso sea de conocimiento público y en particular del Parlamento, de la Asamblea General.

EC - Hace unos minutos usted respondía a declaraciones hechas el viernes aquí por el subsecretario Bayardi. Pero a propósito del TC y su relación con estos fondos, hubo también comentarios la semana pasada de la propia ministra Azucena Berrutti, que sostuvo que el manejo de estos fondos que ahora se investiga pudo haberse hecho antes, debía ser conocido por los ministros de antes. Recordaba que "desde 1991 o 1992, cuando teníamos un gobierno del Partido Nacional, y luego durante los dos gobiernos colorados, se procedía así, se manejaban de la misma forma estos fondos". Esto "era de conocimiento de todas las fuerzas, de los gobiernos de la época y naturalmente de todos los militares que sabían cómo se distribuían los recursos". Y agregó que "también era de muy particular conocimiento del TC, que tiene a su frente a un general retirado del Ejército. Por lo tanto, no podía desconocer cómo se hacían esos gastos", subrayó.

¿Qué responde usted a esto? Porque de algún modo la ministra está diciendo que no se pueden sorprender por esto ahora.

GR - Es muy claro, la propia señora ministra dice que estos gastos operan desde el año 1992. En lo personal, fui desvinculado del Ejército en 1972, 20 años antes. Yo me voy y a los 20 años empieza a operar esto. ¿Por qué tengo yo, en mi calidad de general retirado, que conocer cómo se está trabajando en algo que se hace 20 años después de que yo me fui de allí? Es como si yo dijera que por el hecho de que la señora ministra es abogada tenía que haber conocido si se aplicaban la Constitución y la ley en el manejo de los fondos públicos, de las unidades ejecutoras que dependen de su ministerio, cosa que percibe tres años después de asumir el cargo. No tiene relación, no se trata de eso, se trata de ver cómo lo solucionamos.

EC - Pero lo cierto es que usted preside el TC desde el año 95.

GR - Desde 1996.

EC - La ministra alude al hecho de que usted quizás, por el hecho de ser militar, tenía una sensibilidad especial a estas cuestiones y pudo haber actuado, pudo haber dispuesto actuar en torno a estos fondos. Estoy tratando de interpretar a la ministra.

GR - Si yo quisiera interpretar a la señora ministra tendría que remontarme al año 2006, cuando ella concurrió a la Escuela de Auditoría Gubernamental del TC, porque muchas veces se olvida que el Tribunal no solamente controla, sino que además asesora y capacita a varios ministerios, a todos los que puede, entes autónomos, BROU. En el año 2006 capacitó en su escuela, que tiene una capacidad muy reducida, como todo el Tribunal, a 25 funcionarios. La señora ministra concurrió al acto final y compartimos la entrega de certificados a los funcionarios, dos semanas de trabajo. Quedó entusiasmada al extremo que pidió que se repitiera esa exposición en el anfiteatro del ministerio, que tiene capacidad para más de 100 personas, y así se hizo.

Vale decir que el Tribunal estaba dando de sí todo lo que podía para que quienes tienen que gestionar la cosa supieran cómo se debe trabajar. Yo no fui designado por la Asamblea General en mi calidad de general retirado, sino como ciudadano, porque cumplía con las condiciones –las únicas que establece la Constitución–, que son las mismas que para ser senador. No puedo aceptar que se diga que por ser general retirado tenía que conocer algo que se empezó a hacer 20 años después de que yo me fui, o me fueron.

EC - Dejemos de lado el factor militar. El otro lado del planteo de la ministra, que estos fondos existían, que venían de la ONU, que los manejaban las Fuerzas Armadas, era un dato público. ¿Por qué el TC nunca intervino hasta ahora?

GR - Que era un dato público lo sabemos ahora.

EC - Pero siempre se habló de los recursos que obtenían las Fuerzas Armadas por la participación en misiones de paz, eso siempre se supo.

GR - Sí, pero ¿quién lo manejaba? ¿Relaciones Exteriores? A mí no me consta, hasta ahora que se empieza a plantear. Además, la última memoria anual publicada por el TC, que está en su página web, la correspondiente al año 2006, hace referencia a que en total el Tribunal comunicó 90.622 observaciones, de las cuales solo 6.757 iban dirigidas a la Administración Central. Y de estas seis mil y pico de todo el Poder Ejecutivo solamente diez iban para el MDN, es una insignificancia. Compare esta cifra con el renglón correspondiente al Ministerio de Salud Pública, 5.342. Traigo esto a colación porque tradicionalmente las Fuerzas Armadas han sido muy respetuosas y muy pulcras en el cumplimiento de todo esto, porque así como se presentaron situaciones con la Dirección de Sanidad Militar, donde no figuraban como ingresos los aportes para recibir atención médica –es una situación que se planteó hace dos años, se conversó y se expuso ahora con toda claridad cuánto ingresa y en qué se aplica–, en esto tenemos que hacer exactamente lo mismo, en la medida que la auditoría que el Tribunal realizó encuentre una situación similar vamos a solucionarla, sin que la solución afecte la esencia de la cosa, que son las operaciones de paz. Porque mal trabajo podrían hacer los órganos de control si sus exigencias impidieran la realización de la misión principal, que ha sido motivo de elogio en el mundo y por la ONU en particular.

EC - ¿Implícitamente usted está diciendo que no es imprescindible que se proceda por la vía de las licitaciones en todas las compras?

GR - Digo que la legislación vigente es de una amplitud tal que provee los instrumentos jurídicos necesarios para que se hagan las dos cosas, para gastar con la debida urgencia y que esos gastos queden absolutamente documentados y expuestos según todas las normas que regulan la materia.

EC - ¿Es posible que esos fondos tengan como destino gastos no relacionados con las misiones de paz?

GR - Ahí usted analiza otro tema, hasta ahora hemos estado en uno de los temas por los que el Tribunal en su oficio le preguntó al MDN. El otro tema es el que tiene que ver con la construcción de la cárcel.

EC - Es un ejemplo que ha estado circulando, pero quizás esos fondos hayan tenido otros destinos.

GR - Es mucho más fácil ubicar el hormiguero que correr a cada una de las hormigas, no es tan fácil estar detrás de las hormigas, máxime cuando los recursos no son ilimitados. Son dos pedidos de información diferentes que el TC le hizo al MDN, por un lado los procedimientos que está usando para la administración de los fondos de la ONU, y por otro cuál fue el procedimiento y qué recursos se utilizaron para la construcción de la cárcel número 10, de Domingo Arena. Los técnicos del Tribunal lo están analizando.

EC - Pero técnicamente, ¿qué dice la lectura legal?

GR - La hipótesis, dice usted.

EC - Claro, ¿esos fondos pueden tener destinos ajenos a las misiones de paz de la ONU?

GR - De ninguna manera; es más, según la prensa, el subsecretario, doctor Bayardi, expresó en la Comisión de Defensa del Parlamento que no se sabía si eran gastos presupuestales o extrapresupuestales. Que no son presupuestales está claro, porque si fueran presupuestales estarían sujetos a toda la regulación en particular de la CGN, salta inmediatamente en el Sistema Integrado de Información Financiera. Eso no es, vamos a ver qué fue. Esperemos unos poquitos días para poder opinar sobre los hechos constatados y no sobre hipótesis.

Si usted me pregunta en hipótesis si puede hacerse, no puede hacerse.

EC - No se puede hacer.

GR - No, no se puede.

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Edición: Mauricio Erramuspe