(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:
En el comienzo del asueto de Semana Santa, el sábado, la tapa del diario El País trajo un titular impactante: "La Corte votó tres a dos que el IRPF a los pasivos es inconstitucional".

La nota decía que "habrá al menos un expediente en que la Suprema Corte declarará la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones antes del retiro de la ministra Sara Bossio, el 7 de abril".

El viernes, continuaba la crónica, "el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, emitió el quinto y último voto en un expediente sobre la constitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los jubilados.

Tras ello, los ministros dialogaron sobre el caso y mantuvieron sus posiciones. Al estar en minoría, Van Rompaey pasó el expediente al ministro Hipólito Rodríguez Caorsi (de la mayoría a favor de la inconstitucionalidad del impuesto) para que redacte la sentencia.

Las opiniones en este tema están divididas entre los cinco ministros de la Corte. Bossio, Rodríguez Caorsi y el presidente de la corporación, Jorge Ruibal Pino, entienden que la aplicación del IRPF a las pasividades es inconstitucional; Van Rompaey y Daniel Gutiérrez consideran en cambio que el nuevo tributo es constitucional.

Después de Semana Santa, Rodríguez Caorsi deberá presentar la sentencia redactada, la que en un nuevo acuerdo será analizada y votada definitivamente por los cinco ministros", informó el matutino.

Los diferentes actores de los partidos tradicionales levantaron su bandera para reclamar que el Poder Ejecutivo elimine ya mismo el tramo de la ley de reforma tributaria que dispuso esa retención a las pasividades. Desde la bancada parlamentaria del Partido Nacional, el diputado herrerista Pablo Abdala advirtió que el gobierno, "en un sentido republicano, debería reconocer y aceptar el fallo y extender la derogación del impuesto a todos los jubilados, no sólo a aquellos que presentaron el recurso. Si el gobierno no lo hace, el representante blanco adelantó a Últimas Noticias que el Partido Nacional tiene que reaccionar por lo que prepara para ese caso una interpelación al ministro de Economía, Danilo Astori. ‘Si el ministro se encapricha y sigue con su soberbia entra en un camino espinoso’, consideró Abdala".

"El diputado del Herrerismo comentó que el Poder Ejecutivo debería ganar tiempo porque si alarga su decisión corre el riesgo de enfrentar otras sentencias, lo que generaría además un riesgo de costas y costos para el Estado", agrega el matutino.

Desde el Partido Colorado, el ex presidente y actual senador, Julio María Sanguinetti, prepara un proyecto de ley que presentará después de Semana de Turismo que propone la derogación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades. Sanguinetti consideró que "es la única solución que política y jurídicamente corresponde. Si una ley está declarada inconstitucional, persistir en el esfuerzo y arroparse en la técnica jurídica de que esto rige solo para el caso, no creo que sea sostenible y por eso vamos a proponer la derogación específica".

Vamos a tratar de sondear cómo está el ambiente político sobre este tema. Primero entrevistaremos a Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, y luego al senador de la Lista 15 Isaac Alfie.

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Diputado Varela, lo llamamos a usted no sólo porque integra la bancada del Frente sino además porque pertenece al sector Asamblea Uruguay, que encabeza nada menos que el ministro de Economía Danilo Astori. ¿Cómo están observando ustedes esta situación?

CARLOS VARELA:
Con atención obviamente, con cierta preocupación no por el fondo del asunto sino por la forma.

EC - ¿En qué sentido?

CV - Esto de que nos estemos enterando por la prensa de una decisión de la Suprema Corte de Justicia y a partir de allí lanzar toda una serie de hipótesis de trabajo y de posicionamientos respecto al tema, creo que no le hace bien al fondo del asunto. Genera expectativas que, en un sentido o en otro, se van alimentando de la opinión pública y que luego puede ser una dificultad para resolver la cuestión cuando conozcamos definitivamente el fallo de la Corte y fundamentalmente los fundamentos de ese fallo que van a ser sustanciales, desde mi punto de vista, a la hora de tomar ulteriores decisiones.

EC - La semana pasada, el propio viernes, le preguntaron al ministro Astori cuando todavía no se conocía este trascendido, qué actitud adoptaría el Poder Ejecutivo cuando se produjeran las resoluciones en el caso del Impuesto a la Renta a las pasividades. Astori se limitó a decir que acatará lo que resuelva la Suprema Corte. Ahora, cuando los periodistas le insistieron preguntándole si la ley va a ser derogada en caso de un fallo por la inconstitucionalidad, Astori insistió en mantenerse en la postura: "vamos a acatar el fallo de la Justicia, cualquiera sea y no me voy a adelantar porque no lo conozco".

Llama la atención tanta cautela, que no haya todavía una posición, un adelanto de la reacción del Poder Ejecutivo.

CV - A mí no me llama la atención, me parece absolutamente razonable y lo primero que quiero resaltar es lo que usted acaba de señalar: esta es una decisión del Poder Ejecutivo, no de un Ministerio y mucho menos, obviamente, de un sector político. Me parece razonable la cautela porque primero hay que conocer el fallo y hay que conocer, insisto, los fundamentos. El Poder Ejecutivo sin ninguna duda va a tomar recaudos respecto a cualquiera de las hipótesis posibles del resultado de ese fallo, pero tomemos en cuenta que la Reforma Tributaria en sí misma es un delicado equilibrio entre todos sus componentes y cualquiera de ellos que toquemos necesariamente va a tener una directa influencia sobre todo el resto de ese esquema que está pensado no con un afán recaudador, eso es obvio y está claro una vez que se puso en práctica, sino con un sentido de modernizar el sistema tributario uruguayo y hacerlo más justo.

Por lo tanto no tenga ninguna duda que sea cual sea el resultado se va a tomar en cuenta y se va a reflejar en decisiones que el Poder Ejecutivo va a realizar partiendo de una base que es casi una obviedad, afortunadamente una obviedad en el sistema republicano uruguayo. El Poder Ejecutivo va a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia resuelva.

EC - Pero usted sabe diputado que puede llegar a darse que en algunos de los expedientes la Suprema Corte falle por la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Pasividades y en otros al revés, considere que ese impuesto es constitucional. Puede llegar a ocurrir, entre otras cosas, porque el 7 de abril pasa a retiro la doctora Sara Bossio y entra en su lugar otro ministro. Como el fallo por lo visto viene tres a dos, ese detalle podría generar diferencias con los fallos que se produzcan después del 7 de abril. Más allá de que además podría darse el caso de que incluso antes del 7 de abril hubiera fallos diferentes por tomar en cuenta argumentos o razones distintas en expedientes a su vez distintos. Entonces, acatar como dice el ministro Astori podría significar que en los casos individuales en los que la Corte acoja el pedido de inconstitucionalidad obviamente el Poder Ejecutivo elimine ese IRPF a fulano de tal que presentó ese escrito pero que lo mantenga para perengano que no presentó un escrito, etcétera. ¿Podríamos llegar a estar en ese escenario?

CV - Efectivamente pero fíjese qué delicado ese este tema. Esa hipótesis que usted plantea que efectivamente es real, podría estar dándose ahora. Supongamos que por distintas razones de la Suprema Corte de Justicia se hubiera conocido que el primer fallo que va a tener es positivo en relación a decir que el impuesto a la Renta de Personas Físicas a los jubilados es constitucional, ¿cuál sería el panorama? Seguramente desde el oficialismo estaríamos respaldando con alegría la decisión de la Suprema Corte de Justicia, señalando el acierto del Poder Ejecutivo en su momento y la oposición pondría el grito en el cielo marcando la posición de la Suprema Corte de Justicia y señalando a ver qué caminos se iban a seguir en el otro caso, en que hubiera un fallo positivo en una segunda instancia.

O sea, este es un tema muy delicado por eso me parece razonable la actitud de cautela que el Poder Ejecutivo ha manifestado respecto a este punto esperando este fallo, esperando sus fundamentos y sobre todo lo que va a transcurrir en los inmediatos casos que sabemos que van a venir luego.

Me parece que apresurarnos en decisiones o lo que es peor, que es lo que estoy viendo que está ocurriendo en estos días, partidizar este tema tratando de lograr beneficios electorales sin entender lo que significa la arquitectura nacional hoy del sistema tributario es complicado. Sobre todo genera todo lo que yo le decía al principio, una serie de expectativas que pueden llegar a complicar luego la situación a la hora de resolverlo racionalmente, como debemos resolver sea cual sea la situación, que tengamos una vez conocido el primer fallo.

EC - Está bien pero hablando de racionalidad la sensación que cualquiera tiene es que debería haber un criterio único, ¿no? Que no podría ocurrir que para unos pasivos rigiera el IRPF y para otros pasivos no.

CV - Es muy probable que eso suceda. El problema es –usted mismo lo señalaba- que hay un fallo positivo para los pasivos digámoslo así, para los que hicieron el reclamo, pero puede haber luego inmediatamente un fallo negativo. ¿Cuál es el criterio que aplicamos? Entonces, no es tan sencillo, no es blanco y negro esta situación tal como yo la veo hoy. Aclaro que no soy un especialista en el tema, estoy viendo digamos desde la sensibilidad del sistema político o de quien tiene hoy la responsabilidad de gobernar el país.

Y trato de situarme lo más objetivamente posible respecto a una decisión que va a tener, yo creo, una gran consecuencia porque no afecta sólo a una persona que hizo un reclamo sino indudablemente va a generar, sea cual sea este resultado, un verdadero terremoto político.

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Edición: Mauricio Erramuspe