EMILIANO COTELO:

Durante días y días se especuló con que venía el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarando inconstitucional la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades. En torno a ese trascendido había polémicas, discusiones, debate sobre si se estaba presionando o no a los ministros, etcétera.

El fallo salió, ya se conoce, pero la polémica no se agota. Al revés, se incentiva por distintos lados. Por ejemplo, El País titula hoy: "Crece incertidumbre sobre derogación del IRPF a los pasivos".

La mayoría de los dirigentes del Frente Amplio espera que de la reunión del lunes del Consejo de Ministros surja alguna línea sobre qué hacer con el IRPF aplicado a las pasividades, que la SCJ el miércoles declaró inconstitucional en el primer expediente que falló.

La derogación del IRPF a las pasividades aparece como una medida lógica, según dijeron fuentes oficiales. De todos modos, el ministro de Economía, Danilo Astori, insistió ayer en que deberá aguardarse una secuencia de sentencias sobre el impuesto antes de definir qué hacer. En su óptica, la correlación de fuerzas en la Corte (de tres a dos a favor de la inconstitucionalidad) puede cambiar a partir del 7 de abril con el retiro de la ministra Sara Bossio o en función de los argumentos que se manejen en los expedientes que restan por salir.

"El gobierno no está en condiciones de adelantar ningún paso, salvo que se acatará lo que resolvió la Corte", dijo ayer el ministro Astori.

Vamos a tener un par de enfoques a propósito de esta situación. Primero, con el diputado Pablo Abdala, del Herrerismo, Partido Nacional y luego con el senador frenteamplista Alberto Breccia.

¿Cómo analizan el escenario posterior a la sentencia de la Corte?

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PABLO ABDALA:

Con mucha expectativa y un poco de preocupación. Expectativa porque todos estamos a la espera de lo que el gobierno actúe, decida o asuma como actitud. Eso se desprende de lo que usted comentaba al comienzo de esta nota, que la reunión del Consejo de Ministros del lunes puede ser la oportunidad –y espero que sea– en la que el presidente de la República –que a esta altura es el que tiene la llave, porque todavía no se ha pronunciado sobre esto– resuelva esta situación.

Nosotros creemos que el gobierno debe derogar el impuesto. Las expresiones que usted reseñaba del ministro Astori son las que provocan nuestra inquietud, porque podrían estar insinuando un camino sinuoso de reconocer simplemente la derogación del impuesto para aquellos que obtengan una sentencia favorable. Eso es muy peligroso, en primer lugar porque generaría una enorme inequidad, sería una situación insostenible en el tiempo, que violaría el principio de igualdad, porque tendríamos jubilados pagando el impuesto y jubilados que no.

En definitiva, terminaría de describir una conducta bastante reprochable del ministro Astori a lo largo de todo este proceso. Entre otras cosas –voy a recordar un solo antecedente, que define esta cuestión–, cuando el fiscal de Corte se pronunció hace unos meses sobre la inconstitucionalidad del impuesto, además de atacar duramente el dictamen y los argumentos, el ministro Astori dijo algo que estrictamente es cierto: que el pronunciamiento del fiscal de Corte era un mero asesoramiento no vinculante y que él iba a esperar la sentencia de la SCJ. La sentencia ya está, por lo tanto el ministro debería estar en una actitud distinta de la que insinuó o directamente asumió en estos últimos días y particularmente en las expresiones de anoche.

EC - Para ustedes hay una sola solución: la derogación de la parte de la ley de Reforma Tributaria que introdujo el IRPF a las pasividades. Incluso manejan la posibilidad de interpelaciones a ministros si eso no ocurre.

PA - No hay que descartar nada. El directorio del Partido Nacional el lunes pasado, en su última sesión, aprobó una declaración con tres puntos. El primero es rechazar los ataques furibundos que se vienen sucediendo contra la SCJ y sus integrantes –ayer tuvimos un nuevo episodio–. En segundo lugar, reclamar la derogación del impuesto, que entendemos que es la solución atinada. Pero no para infligirle una derrota al gobierno sino para pacificar al país en este tema que está dividiendo a los uruguayos y para descomprimir esta tensión. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de los procesos políticos, trasladó el tema a la agrupación parlamentaria, para que la bancada de legisladores resolviera cuál es el camino a seguir.

Entendemos que desde la oposición lo que cabe no es lo que ha hecho el Partido Colorado –lo digo con todo respeto y es absolutamente legítima su actitud– de presentar proyectos de ley que derogan el impuesto –que no está mal que se haga–. Para nosotros es más importante (porque todos sabemos que los proyectos en esta situación dependen de la iniciativa del Poder Ejecutivo y de su voluntad, porque tiene los votos) que la oposición ejerza la presión que tiene que ejercer, no sobre el Poder Judicial sino sobre el Poder Ejecutivo. Queremos y debemos reclamarle y exigirle al gobierno que resuelva esta situación y la resolución es la derogación.

EC - Pero por lo que veía, la derogación no es la solución, hay algo más que eso de por medio. Está el problema de si los jubilados que pagaron IRPF desde el 1° de julio del año pasado recuperan o no el dinero que se les cobró. Eso no se soluciona con la derogación.

PA - El reclamo es doble, corresponde la derogación y la devolución de lo descontado ya ilegítimamente por el gobierno, que lo hizo a partir de una ley que estaba vigente pero que acaba de ser declara inconstitucional. En función de eso, de lo que se ha venido percibiendo por aplicación de la aplicación del IRPF a las pasividades deviene un enriquecimiento injusto a favor del Estado, que debe ser resarcido. Surge de la última expresión de la parte resolutiva de la sentencia, o sea la declaración de inconstitucionalidad con vigencia al 1° de julio de 2007.

EC - Pero si el Poder Ejecutivo derogara el IRPF a las pasividades no contraería la obligación de devolverles a todos los pasivos lo que abonaron por el tributo. En todo caso, la obligación quedaría circunscrita a aquellos pasivos que tuvieron éxito con sus recursos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, se necesitaría una segunda medida, además de la derogación.

PA - Una primera es la derogación, que opera hacia el futuro para todos los casos, o sea que el impuesto deja de existir para los que accionaron y para los que no lo hicieron. Otra decisión política que no sé si será necesariamente materia de ley –tal vez lo pueda disponer directamente el Poder Ejecutivo– es el reintegro de lo que se ha venido descontando. A nuestro juicio corresponde y vamos a trabajar en eso, porque si no después se abre el otro engorroso camino de los reclamos individuales de los afectados a través de acciones de reparación patrimonial o de repetición, que serían absolutamente legítimas.

Aquí hablamos de que el Estado no tiene ningún privilegio ni ninguna prevalencia con relación a las demás personas en relación con el pago de los tributos. El Estado como persona pública mayor puede y debe demandar los tributos que la ley lo autoriza a demandar y si alguno, como en este caso, resulta inconstitucional o ilegítimo, tiene que devolver el cobro de lo indebido, como cualquier persona privada haría en una relación entre dos particulares.