EMILIANO COTELO:

Tras escuchar la posición del diputado nacionalista Pablo Abdala sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia acerca de la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las jubilaciones, vamos a meternos en la interna del gobierno, para saber cómo caen la decisión de la corte y los comentarios de la oposición sobre el tema. Para eso estamos con el senador Alberto Breccia, del Espacio 609.

¿Qué sabe usted, qué información surgió en la reunión que el MPP tuvo ayer con el ministro de Economía? ¿Cómo se piensa reaccionar ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades?

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ALBERTO BRESCIA:

Yo tengo la misma información que ustedes manejan. Recibimos la misma información del ministro, en el sentido de aguardar una secuencia de fallos de la SCJ que marque la tendencia en este asunto.

EC - Esa es la posición oficial: aguardar una secuencia de fallos.

AB – Exactamente. Además, hace varios días que yo me vengo manifestando en esa misma posición, que es la más sensata, atento a las circunstancias actuales de integración de la Suprema Corte y al próximo cambio en ella. Además, los argumentos en contrario de esa posición son frágiles jurídicamente. Se apunta a crear en la conciencia del ciudadano la impresión de que el sistema jurídico uruguayo ingresaría en una situación de inseguridad total si la Corte dictara fallos contradictorios con respecto a este tema. Es un grave error que cometen quienes propugnan esa posición, por las repercusiones sociales que puede tener.

EC - El argumento principal que maneja la oposición, que recién repetía el diputado Abdala, es que si algunos pasivos –los beneficiados con la declaración de inconstitucionalidad del IRPF a sus jubilaciones– dejan de pagar el IRPF y se les devuelve lo que ya pagaron, se genera una situación de inequidad con respecto a otros que no presentaron recursos o cuyos recursos fueran laudados en sentido contrario. Entonces la manera de resolver esa inequidad es derogar la ley.

AB - Le voy a comentar dos cosas. Primero, manifestar que se plantea una situación de inequidad con aquellos pasivos que no presentaron recursos parte de la interpretación del silencio del 90% de los pasivos que podrían tener interés en este asunto pero no presentaron recursos. La interpretación del silencio no es materia legislativa. Coincidirá conmigo en que de esos 90.000 interesados hubo 9.000 que presentaron recursos y 81.000 que no los presentaron. Yo, como legislador, no soy quién para interpretar la voluntad de esos 81.000 pasivos que no presentaron recursos.

No escapa a mi criterio ni al suyo que muchos no lo habrán hecho por ignorancia de sus derechos, otros por pura desidia, pero es muy factible que muchos miles de jubilados estén absolutamente de acuerdo, como mucha gente que se ha manifestado al respecto. Por ejemplo el doctor Guillot, que ha dicho "yo no presento recurso porque este impuesto es constitucional". Y muchos porque considerarán que este sistema tributario es mucho más justo que el anterior, porque están absolutamente de acuerdo en proteger, amparar e impulsar la promoción de derechos colectivos que surgen en las sociedades a partir de que las sociedades son tales, y quieren contribuir con su esfuerzo a la promoción de esos recursos colectivos. Sería una infamia de nuestra parte interpretar el silencio de esos tantos miles y miles de jubilados que no presentaron recursos.

Un ejemplo más. Hace pocos meses usted y yo conversamos acerca de una disposición de la Rendición de Cuentas que establecía una tercera instancia ante la SCJ con respecto al tema de los juicios contra el Estado. Usted me preguntó si se trataba específicamente del tema de los guardahílos y no quisimos ingresar en ese aspecto. En el caso de los famosos guardahílos hubo fallos absolutamente contradictorios de tribunales de apelaciones, hubo 200 sentencias en contra y 1.000 a favor. ¿Y qué seguridad jurídica se violó con eso? Forma parte del orden jurídico uruguayo, no es una cuestión de salir a atacarlo diciendo que se va a generar una situación de caos y que se está colaborando a la pacificación de la sociedad.

EC - Usted maneja ejemplos de otros temas en los cuales las demandas presentadas –en ese caso por empleados contratados por el Estado– tuvieron resultados diferentes según cuáles fueron los magistrados que consideraron los escritos.

AB - Exactamente, lo han admitido los propios ministros actuales de la Corte. Ayer el doctor Hipólito Rodríguez Caorsi manifestó que esta sentencia de la Corte podría variar con su nueva integración.

Entonces, ¿qué es más inequitativo, quitar el impuesto, que favorece a toda la sociedad, porque haya un fallo de cuatro o de mil a favor de su inconstitucionalidad, o dejarlo cuando haya fallos a favor de su constitucionalidad?

EC - Usted destacaba que entre los pasivos que pagan IRPF no todos han presentado recursos.

AB - No es que yo lo destaque, es un hecho. Hay 87.000 pasivos que podrían estar interesados y el único requisito imprescindible para iniciar un proceso judicial es tener un interés –eso está en el Código General del Proceso–. Y de esos 87.000 pasivos afectados, 80.000 no han presentado recursos. Entonces, ¿qué derecho tengo yo como legislador a interpretar la voluntad de 80.000 pasivos que no presentaron recursos?

EC - Para usted, podría ocurrir que el gobierno resolviera simplemente cumplir con las sentencias puntuales de la Suprema Corte de Justicia.

AB - Cumplir estrictamente con las sentencias puntuales de la SCJ, con el alcance que tienen, de acuerdo con el artículo 520 del Código General del Proceso, que dice que se aplican al caso concreto.

EC - ¿Eso no implicaría para el gobierno un costo político complicado, porque generaría un debate muy fuerte, incomprensión de una parte de la población, etcétera?

AB - Esas son las evaluaciones que se tienen que hacer desde el punto de vista político, yo le planteo lo que sucede desde el punto de vista jurídico. Lo que me preocupa es que en el plano estrictamente jurídico se esté planteando la generación de situaciones inequitativas y que afectan el orden jurídico nacional, cuando eso no sucede. Me preocupan las consecuencias de todo este tema en el plano institucional, en el plano estrictamente político y en el plano social.

En el plano institucional me preocupa sobre todo lo que se ha generado alrededor de la Suprema Corte de Justicia. No me gusta que esté expuesta a lo que está expuesta. Pero lo está, no por responsabilidad del gobierno, sino por una cantidad de situaciones que se han dado, entre otras, por el hecho de que ella misma no haya respetado una decisión que tomó (muy sabiamente, mucho tiempo atrás), en el sentido de tener un vocero como el doctor Raúl Oxandabarat, que ha actuado en forma brillante. Pero lamentablemente –no en el plano personal, porque tengo el máximo respeto por cada uno de los ministros en el plano jurídico y en el plano ético–, en medio de la situación de confusión que se dio salieron a hablar los propios ministros de la Corte, dando lugar a situaciones como la que se generó ayer en su entrevista con el doctor Rodríguez Caorsi, que dejó el ambiente sumamente tenso en la Corte.

EC - Desde el Espacio 609 ayer el senador Eleuterio Fernández Huidobro anunció que está estudiando la posibilidad de iniciar un juicio político al ministro Rodríguez Caorsi por las declaraciones que formuló aquí En Perspectiva, sobre todo cuando llegó a sostener que otros ministros de la Corte, integrantes de la minoría, habían sobrepasado los plazos que tienen para considerar los expedientes. Todo esto en el contexto de que el 7 de abril pasa a retiro la doctora Sara Bossio, lo que podría implicar una nueva correlación de fuerzas en la corporación.

AB - Yo no escuché las declaraciones de Fernández Huidobro, pero me refiero a eso. Está en la labor periodística de ustedes investigar cuántos expedientes de los años 2005, 2006 y 2007 previos a la presentación de este recurso se encuentran todavía a estudio de la Corte. Si hay muchos expedientes que se encuentran a estudio de la Corte desde antes de la presentación de este recurso, no veo por qué estamos poniendo el grito en el cielo por el hecho de que la Corte resuelva dentro de plazos que son absolutamente razonables. De hecho, una de las tareas que ha emprendido esta Suprema Corte con éxito ha sido que de un plazo promedio de cinco años de estudio de los expedientes, se bajó abruptamente a tres, y de un plazo de tres se pasó a un plazo promedio de un año y medio. Entonces no veo por qué se pone el grito en el cielo cuando un recurso presentado después de julio de 2007 se termina resolviendo en ocho meses.

EC - ¿Usted entiende que hay que llevar adelante algún tipo de acción con respecto al ministro Rodríguez Caorsi, como sostenía ayer Fernández Huidobro?

AB - Para nada, en absoluto, hay que dejar a la Corte tranquila. Tenemos que dejarla tranquila todos los actores políticos.