EMILIANO COTELO:

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se reunió ayer con una delegación del Partido Nacional (PN) para analizar la posibilidad de adjudicar una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.

El gobierno quiere amplios consensos políticos para llevar adelante una medida de este tipo, y la aprobación de una ley aparece como el mecanismo más adecuado, según la síntesis que esta mañana publica el matutino Últimas Noticias.

La crónica indica que Rossi estuvo acompañado por el subsecretario, Luis Lazo, y por el presidente y el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Fernando Puntigliano y Gastón Silberman, respectivamente. La comisión nombrada por el directorio del PN estuvo encabezada por el presidente del cuerpo, Jorge Larrañaga, e integrada, entre otros, por el senador Enrique Antía, con quien estamos.

¿En el PN hay una posición fijada sobre el tema de fondo, si debe o no haber una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo?

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ENRIQUE ANTÍA:

Para el Partido Nacional, al país le va la vida en la política nacional de puertos, que incluye no solo una decisión sobre el desarrollo del puerto de Montevideo, sino también un equilibrio con participación importante del puerto de La Paloma y todo lo relacionado con la línea de puertos sobre el río Uruguay e incluso el tema de los cruceros. Eso fue lo que se planteó en general, para ir después a la situación particular del puerto de Montevideo.

EC - El puerto de Montevideo es lo más cercano en el tiempo, el gobierno se apresta a tomar decisiones en esa materia. ¿Cómo observan los pasos que se están dando?

EA - En noviembre del año pasado el PN, a pedido del propio senador Larrañaga, hizo un planteo en el Senado sobre una política nacional de puertos. Fue el mismo planteo que el partido le llevó ayer al ministro.

EC - Recuerdo que entrevistamos al senador Sergio Abreu a propósito de aquella exposición.

EA - Abreu también participó ayer. El gobierno tiene que tomar una decisión, que en primera instancia sería llamar a una nueva licitación. El Partido Nacional le dijo: nosotros somos responsables, hemos sido siempre responsables en materia de puertos, fuimos quienes llevamos adelante el planteo de eficiencia del puerto, muy criticado en aquel momento por el Frente Amplio.

EC - Se refiere a la ley de puertos de la administración Lacalle.

EA - Que fue lo que efectivamente puso al país en condiciones de apostar a ser un centro de distribución regional. Esta segunda terminal va en la misma línea de ese planteo inicial que los nacionalistas pusieron en marcha hace 18 años. Por eso no podemos estar en desacuerdo con algo que tiende a seguir ubicando a Uruguay como un puerto de distribución regional, que en definitiva es parte de nuestra exportación, la logística.

EC - Usted dice que el PN no puede estar en desacuerdo. Pero hay una polémica planteada, sobre todo a partir del rechazo que una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo le genera a la empresa Katoen Natie, que tiene la mayoría en la concesión de la Terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada en contenedores que hoy existe. Katoen Natie sostiene que ir a una segunda terminal implicaría cambiar las reglas de juego de la licitación en la que obtuvo la concesión.

EA - Recibimos informes del presidente de puerto, Puntigliano. Ellos manejan cifras no muy diferentes de las que emplea Katoen Natie y que estarían planteando un momento de dificultad para el puerto en el año 2016. Por eso hay que comenzar a tomar decisiones prontamente, porque el proceso de licitación llevaría a resolver los temas entre 2012 y 2014. Pedimos información adicional sobre los números que maneja el gobierno, pero no tenemos la información oficial, las proyecciones y los estudios que maneja el gobierno. También planteamos que hay un riesgo país en ese sentido y el gobierno tiene que asumir la responsabilidad, pero queremos conocer los informes técnico-jurídicos y las consultorías jurídicas que el gobierno va a encarar y va a llevar adelante, para analizarlos.

EC - ¿A qué alude con el riesgo? ¿A la posibilidad de Katoen Natie le entable un juicio al Estado?

EA - Eso está en la tapa del libro. Según lo que manifestó Silberman, el sistema de negociación de la empresa es muy duro, habló con el propio presidente de la empresa, nos lo trasmitió el otro día y no tenemos por qué no creerle. El PN pidió toda esa información para tomar una decisión.

Y nos preguntaron cuál nos parecía que debía el camino, si una ampliación de la ley vieja, que le daría potestades para encarar esta nueva instancia de licitación, o una ley específica. En primera instancia, a quienes estábamos presentes –en particular al presidente del Directorio– nos pareció que una ley específica sobre el tema puerto, que incluyera además proyecciones del puerto de ultramar, del puerto de La Paloma y un reordenamiento del puerto de Montevideo en lo que tiene que ver con las otras especialidades, sería el camino más adecuado.

EC - ¿Por qué una ley específica sería el camino más adecuado?

EA - Porque la ley de puertos vigente ya tiene un montón de años y la estructura del propio puerto ha cambiado. Tengo entendido que esa ley permitía un tipo de puerto con bastante mezcolanza de mercaderías y de usos en un mismo espacio. Una nueva ley permitiría incorporar otras áreas y tendría una vigencia más moderna, porque las tecnologías de manejo y transporte de carga han cambiado. Todo eso hace necesario ajustar una nueva ley. El Partido Nacional no va a tener ningún inconveniente en analizarla con la máxima velocidad, viendo a fondo la defensa del Estado y el desarrollo de este puerto que define al país.

EC - La ley contaría con votos de la oposición, eventualmente con unanimidad, y eso le permitiría al gobierno plantarse de mejor manera en la polémica con Katoen Natie. ¿Esa es una de las ventajas de ese instrumento?

EA - No por la polémica, le significaría plantarse mejor frente a los posibles interesados y con una imagen país hacia delante. Cuando uno licita una concesión de esas características muestra el país hacia el exterior, donde están los inversores y donde se mueve todo el tema del comercio. No se debería hacer una ley para ubicar al puerto frente a una empresa que va a litigar, sería un error, debe ser una ley que ponga al país en la modernidad del comercio de contenedores y el negocio del trasbordo de contenedores a escala mundial.

EC - Teniendo en cuenta los contenidos que usted mencionó que debería tener esa ley, ¿no se correría el riesgo de que se demoraran su elaboración y su aprobación? ¿Cómo son los tiempos que están en juego?

EA - Por apurarse capaz que se comenten errores. Hemos visto errores muy grandes en la ley de reforma tributaria, en la ley de reforma de la salud y en otras, y después cuesta dar marcha atrás. La ley se tiene que conversar, se demorará, pero en esa demora se gana en eficiencia y en resultado. Ojalá las otras leyes hubieran tenido esa misma línea, no estaríamos discutiendo cosas que hoy estamos discutiendo y sufriendo como país.

EC - ¿Qué debería incluir la ley con respecto a los otros puertos?

EA - Hay dos temas importantes, que el propio vicepresidente del puerto planteó. Tenemos un lío bárbaro con el crecimiento del área de cruceros, el PN ya había propuesto soluciones alternativas. Ayer había dos cruceros que ocupaban el 25% del área de muelles disponibles. Es un asunto que ha ido creciendo y hoy compite con la carga. Hemos tenido la suerte de que no ha caído ningún contenedor arriba de una excursión de cruceristas, sería noticia mundial. Hay que reordenar ese aspecto, podría incluirse en una nueva ley.

Y también el puerto de ultramar. Es una apuesta a más largo plazo, pero hay que iniciarla, porque, según el propio gobierno y según la gente que conoce el tema, el problema no es solo la construcción del puerto, sino todo lo que significa apoyo logístico hacia el puerto de ultramar, que hoy en la zona de Rocha, en La Paloma, estaría en forma bastante precaria. Todos los presentes, incluso el presidente del puerto, coincidieron en que el mejor lugar es La Paloma, el Partido Nacional ha planteado La Paloma como un sitio adecuado para eso.

EC - ¿En qué quedaron con el ministro y las autoridades de la ANP?

EA - Quedamos en que le iban a entregar al presidente del Directorio información adicional, los resultados de los estudios que el ministerio maneja sobre movimientos actuales de mercadería, además de las proyecciones a futuro de diferentes empresas con las cuales se ha asesorado la ANP y referencia a información jurídica sobre contingencias que podrían derivar de una ley.