(Emitido a las 8.51)

EMILIANO COTELO:
Hoy se cumple el tercer día de acumulación de residuos en Montevideo, debido a paros rotativos decretados por ADEOM, que primero afectaron la usina donde se deposita la basura y luego directamente la tarea de recolección a cargo de funcionarios municipales.

En las últimas horas diputados del Frente Amplio (FA) anunciaron que se reunirían hoy con el intendente Ricardo Ehrlich para transmitirle su apoyo y evaluar la declaración de servicio esencial para la recolección de residuos, ya que, entienden, la permanencia de la basura en las calles puede generar perjuicios sanitarios para la población.

Pero ese no es el único frente complicado para la Intendencia en estas horas. Paralelamente se ha abierto un debate fuerte en torno a los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria. Por un lado, algunos vecinos preparan recursos de inconstitucionalidad contra ese ajuste, y por otro, el diputado blanco Javier García encabeza otro movimiento para que el municipio corrija los excesos que algunos propietarios denuncian en sus facturas, directamente para que se eliminen los casos de aumento de la Contribución Inmobiliaria.

Por si todo esto fuera poco, el lunes la Intendencia puso en marcha el control de los autos que circulan por Montevideo con chapa del interior, en un capítulo más de la guerra de las patentes.

Para conversar de estos temas, estamos con el doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

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Doctor Rodríguez, los diputados del FA solicitaron una reunión para analizar con las autoridades de la Intendencia la posibilidad de decretar servicio esencial la recolección de residuos. ¿Por qué no solicitaron la declaración de esencialidad cuando se decretó el paro?

JORGE RODRÍGUEZ:
La declaración de esencialidad solamente corresponde cuando ya está en peligro importante la salud de la población. Si no, no se ha tomado. Es más, la Intendencia jamás ha declarado esencial el conflicto de limpieza, ni siquiera en 2001, que duró 15 días.

EC - ¿Pueden llegar a hacerlo ahora? ¿Qué análisis han hecho del estado de la ciudad?

JR - Tenemos un análisis positivo, por varios motivos. En primer lugar, queremos destacar la enorme colaboración de la población, que ante el llamado que hizo el intendente de que en lo posible la gente no sacara la basura a la calle, que si veía que los contenedores estaban llenos no siguiera sacándola, hubo una colaboración evidente de la población de Montevideo.
 
En segundo lugar, la Intendencia tomó una serie de medidas, como poner más contenedores en los lugares críticos, puso volquetas en lugares críticos, en las primeras horas del conflicto logramos sacar un número muy importante de camiones hacia la usina de la Intendencia de Canelones.

EC - Después eso no se puedo continuar porque ADEOM Canelones bloqueó el acceso.

JR - Más que ADEOM Canelones, nuestro ADEOM. Los camiones no estaban de paro el primer día, por lo tanto recibieron la orden de llevar la basura a Canelones y salieron. Pero luego ADEOM les dio la línea sindical a quienes estaban con los camiones de que el paro se extendía también a ese sector, que al principio no estaba. Seguramente no previeron que la IMM iba a sacar la basura hacia Canelones.

Esa es la situación. A partir de hoy la vamos a tener bajo control, porque el paro de limpieza de ADEOM era un día la usina, un día los camiones, de forma de desorganizar todo el servicio, y termina hoy, aprovechando el paro general del PIT-CNT. El paro general del PIT-CNT va hoy de 9 a 14 horas, por lo tanto a partir de las 14 horas el servicio de recolección de residuos se va a normalizar en toda la ciudad, porque ADEOM no va a seguir el paro más allá del paro general del PIT-CNT.

EC - ¿En la madrugada de hoy hubo recolección de residuos?

JR - En algunas zonas algunos camiones empezaron a trabajar.

EC - Antes de que comenzara el paro del PIT-CNT se pudo cumplir una parte de la recolección.

JR - Algo se comenzó a levantar más temprano, y a partir de las 14 horas vamos a poder trabajar a pleno.

EC - ¿Cuándo estiman que se volverá a la normalidad? ¿Cuándo volverán a estar libres los contenedores?

JR - Seguramente mañana eso estará bajo control; probablemente esta noche. La población puede tener la tranquilidad de que mañana vamos a estar en una situación totalmente normal.

EC - ¿Qué enseñanza le deja a esta administración municipal este paro tan particular?

JR - Primero, queremos destacar la actitud de firmeza que tuvo el intendente ante un paro absolutamente sorpresivo de ADEOM. Porque si bien ADEOM había anunciado que si a partir del viernes la Intendencia no daba respuestas positivas a sus planteos podía empezar a tomar alguna medida, recién el viernes de noche le comunicó a la administración las medidas que empezaría a tomar el fin de semana, buscando desarticular completamente cualquier forma de respuesta de la administración. Nosotros tenemos la satisfacción de que el intendente no cambió su actitud de respuesta ante el sindicato frente al paro sorpresivo, con el respaldo de la población. Es evidente que la población colaboró; hubo incluso llamados por mail que fueron recogidos por algunos medios de prensa a que la población fuera a tirar basura a la explanada de la Intendencia. En ese sentido estamos orgullosos de los montevideanos: nadie, ni una sola persona, hizo semejante cosa.

EC - ¿Esa convocatoria no era para hoy?

JR - No, hace dos o tres días que la están haciendo.

EC - Pero el llamado era para tirar la basura en la Intendencia hoy.

JR - Lo que leímos en la prensa no afinaba ningún día en concreto. De cualquier manera, no se ha producido absolutamente nada, tenemos la tranquilidad de que la población ha dado un respaldo importante a la actitud de firmeza del intendente.

EC - Justamente, la actitud de firmeza del intendente es otro punto que conviene analizar. Sería bueno examinar por qué se llega a esta situación, por qué la Intendencia llega a un nuevo enfrentamiento con ADEOM. Leía una declaración de Mabel Lolo -dirigente de ADEOM-, que decía: "Esta situación incómoda para la población no existiría si la Intendencia les pagara a los funcionarios municipales lo que les debe. Que los habitantes de Montevideo le exijan a la Intendencia que cumpla con sus empleados".

¿Cómo está este punto? ¿A cuánto asciende actualmente la deuda que la Intendencia tiene con sus empleados?

JR - Consideramos que no tenemos ninguna deuda con los funcionarios. La Intendencia cumplió cabalmente con la sentencia judicial, tras el juicio que en su momento perdió pagó muchos millones de dólares y consideramos que estamos absolutamente al día con los funcionarios.

EC - Vamos a pasar en limpio la información. En el año 2005 más de 4.000 funcionarios le ganaron en la justicia a la Intendencia un juicio por la deuda generada por el incumplimiento de los ajustes previstos en el convenio salarial vigente en 2002, que la intendencia incumplió debido a la crisis que afectó al país ese año. En 2006 Ehrlich hizo extensivo el pago de la deuda a todos los trabajadores de la comuna. En ese momento se saldó la deuda generada por el incumplimiento del acuerdo entre los años 2002 y 2005.

El planteo de ADEOM se refiere a lo que ocurrió desde 2005 en adelante. A partir de junio de 2005 la IMM tenía que hacer una actualización salarial en los distintos escalafones, independientemente de lo que había resuelto la justicia porque eso era una deuda contraída antes. El gremio considera que los ajustes tenían que hacerse a partir de los salarios que quedaron establecidos con el impacto del resultado del juicio. Y la IMM discrepa. ¿Ese es el nudo del diferendo?

JR - Ese es uno de los dos nudos. Hay uno que usted no mencionó que todavía tiene que ver con el convenio propiamente dicho. Nosotros lo damos absolutamente por saldado, pero el sindicato sigue reclamando dos puntos por encima del índice de precios al consumo (IPC) correspondientes a 2003 y 2004, vinculados con una cláusula que tenía que ver con la mejora de gestión. Era un convenio que tenía la IMM con el BID.

En primer lugar, la asamblea de ADEOM rechazó el Programa de Mejora de Gestión, lo enfrentó duramente, entre otras cosas por estar financiado por el BID. Además el convenio colectivo establecía que tenía que haber una evaluación de cómo se iba desarrollando esa mejora de gestión. El sindicato rechazó el programa y la evaluación jamás se hizo, por lo cual sostenemos que esos dos puntos por encima del IPC del convenio de 2001 incumplido en 2002 no se deben cumplir. El sindicato ha anunciado que en el mes de abril va a iniciar un nuevo juicio por estos dos puntos. Ese es un aspecto de la cosa.

Un segundo aspecto es el que usted menciona, el sindicato considera que la tabla salarial debió ajustarse inmediatamente a partir de 2005. El intendente ha comprometido que en 2008 el nivel salarial de los municipales va a llegar a lo que debería haber sido si se hubiera cumplido el convenio, es decir a 16,5% por encima del IPC.

EC - ¿En principio no asiste razón a los funcionarios municipales? Si ganaron ese juicio ante la justicia, si consiguieron que se les pagara lo que preveía aquel convenio que la Intendencia incumplió en el año 2002, ¿sus salarios no deberían haber quedado automáticamente corregidos?

JR - Consideramos que no; hay varias cosas. Primero, era muy claro que el convenio colectivo estaba estrictamente vigente hasta junio de 2005, no hay convenio ni acuerdo de ninguna naturaleza entre la administración y el sindicato desde 2005 en adelante. Por lo tanto no hay nada establecido, firmado ni de palabra sobre cómo debía ser la tabla salarial de 2005 en adelante. No hay ninguna obligación legal en ese sentido.

Por otro lado, la Intendencia hace lo mismo que hace la administración central, reconoce la pérdida que tuvieron los trabajadores con respecto al IPC y se compromete a que esa recuperación se haga a lo largo del quinquenio. Ehrlich adelantó el quinquenio a 2008, dijo que se va a llegar a 16,5% a lo largo de 2008. Ya estamos en el 12% por encima del IPC, nos queda solo 4,5% para alcanzar la totalidad que nos hemos comprometido. Uno de los temas de la plataforma de ADEOM es que ese 4,5% por encima del IPC se haga entero ahora en abril, y seguramente vamos a dar algún punto ahora y el resto en el ajuste correspondiente a octubre. En nuestra visión no hay ninguna obligación legal de naturaleza alguna de hacer esa adecuación de la tabla a partir de 2005.

EC - Más o menos entiendo los argumentos de la Intendencia, pero tengo el temor de que finalmente en la pulseada, sobre todo si se va a la justicia, el sindicato logre imponer su criterio otra vez. ¿Cuánto puede llegar a costarnos a los contribuyentes un conflicto manejado de esta forma?

JR - ¿"Manejado de esta forma" se refiere a no pagar ahora?

EC - Sí, capaz que lo más fácil es arreglar y pagar ahora.

JR - Hay dos posibilidades, o nosotros reconocemos el reclamo de ADEOM y pagamos ahora o, si ADEOM quiere hacer un juicio, esperamos la sentencia. En el juicio pasado perdimos la sentencia de los 4.000 funcionarios, pero había cerca de 10 juicios paralelos y ganamos muchos de ellos; en los juzgados letrados ganamos cuatro, ganamos varios en tribunales de apelaciones y ganamos el juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero tuvimos la mala liga de perder el juicio en que había 4.000 funcionarios; ganamos una cantidad en exactamente la misma situación. Con los mismos argumentos hubo jueces letrados que fallaron a favor de la Intendencia y jueces letrados que fallaron a favor de los funcionarios, tribunales de apelaciones a favor de la Intendencia y tribunales de apelaciones a favor de los funcionarios y el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de la Intendencia.

La ruptura del convenio de 2001 fue sumamente controvertida desde el punto de vista jurídico, pero la Intendencia perdió el juicio que nucleaba al mayor número de funcionarios, 4.000. Es un tema muy debatido, con sentencias diferentes con un contrato escrito. En este caso es un reclamo que carece de contrato, que no está respaldado por ningún convenio colectivo. Como todo juicio, se puede ganar o perder, pero para la administración no es sencillo tomar la decisión de pagar una cifra que puede andar por encima de los 20 millones de dólares cuando tenemos claro que nuestra prioridad son las calles, el alumbrado, las plazas, lo que la gente le pide con toda justicia. Queremos volcar el grueso de nuestros fondos a mejorar la ciudad. No tenemos ninguna sentencia en contra, no tenemos un convenio colectivo que nos obligue; no es tan sencilla la decisión de pagar y dejar de hacer otras cosas.

EC - ¿Cuánto dinero hay en juego?

JR - Más de 20 millones de dólares.

EC - Por el juicio que se perdió hubo que pagar 40 millones de dólares.

JR - Más o menos 40 millones de dólares.

EC - Esta administración municipal tuvo que pagar el lío que le dejó la administración anterior, que también era frenteamplista, y ahora puede ocurrir que la próxima tenga que ocuparse de un lío que le deja esta.

JR - Vamos a ver. Además tenemos una situación muy delicada, porque el año pasado iniciamos una negociación en este sentido, el intendente Ehrlich estaba dispuesto a explorar posibilidades para compensar esta situación a cambio de un acuerdo salarial hasta el fin del período que implicara cláusulas de paz y de relacionamiento con el sindicato, y el sindicato las rechazó. Estamos ante una realidad sindical muy particular, le presentamos al sindicato cláusulas de paz y de relacionamiento idénticas a las que habían firmado más de 15 sindicatos del PIT-CNT, avaladas por la Sala de Abogados del PIT-CNT, y se nos dijo que rechazaban absolutamente firmar cualquier cláusula de esa naturaleza que consideraban reglamentación sindical. Cuando les dijimos que las habíamos copiado textuales de los convenios colectivos que firma el PIT-CNT dijeron que el PIT-CNT no los representaba en ese sentido. Sería interesante que la población entendiera la dimensión de la negociación con el sindicato.

EC - Eso se entiende; pero entre los mensajes de la audiencia hay muchos que adjudican responsabilidad a las sucesivas administraciones municipales frenteamplistas por haber dejado crecer el poder de ADEOM.

JR - Eso es muy relativo, se ha criticado a la administración anterior por la firmeza con que enfrentó el conflicto de 2002. Es opinable, por lo menos.

EC - Se menciona, por ejemplo, el hecho de que cuando el doctor Tabaré Vázquez asumió, bajó la carga horaria de ocho a seis sin ninguna exigencia a cambio; como un ejemplo de errores cometidos.

JR - No sé si ese fue un error, era la forma que tenía el doctor Vázquez en ese momento de tener un compromiso con el sindicato, una señal a los funcionarios y una mejora salarial, porque en ese momento los salarios municipales estaban muy deprimidos. No podemos tener la soberbia de decir que hemos hecho todo bien con el sindicato en 18 años de gobierno, seguramente se han cometido algunos errores, pero hemos tenido una actitud permanente de búsqueda de diálogo, de respetar la situación sindical y la organización de los trabajadores, y simultáneamente una actitud de firmeza, de no aceptar cualquier planteo sindical.

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EC - Muchos oyentes preguntan cómo se les va a descontar a los funcionarios municipales que están realizando estos paros.

JR - Se les va a descontar normalmente, se les descuenta el día; a fin de mes van a tener el descuento correspondiente a no haber trabajado el día de paro.

EC - Otro oyente pregunta cuántas horas extra costará este paro, porque en la Intendencia hay funcionarios con horas extra fijas y va a haber que trabajar de más para acomodar la situación de la ciudad. ¿Cuál va a ser el saldo para las cuentas municipales? Por un lado no se pagará a quienes cumplieron el paro y por otro va a haber que pagar horas extra.

JR - El saldo seguramente no es negativo, probablemente hoy haya que reforzar un poco el servicio, no tengo los números aquí, pero no creo que el saldo sea negativo.

EC - Usted remarca que no hay dudas en cuanto a los descuentos a los funcionarios.

JR - No hay dudas, al que hace paro se le descuenta, es la regla de juego que siempre se ha aplicado en la Intendencia.

EC - Por otro lado hubo que implementar otro tipo de medidas que también tuvieron su costo en estos días, como la contratación de volquetas, etcétera.

JR - Esas cosas tuvieron su costo, sin duda. Son derivaciones que lamentamos de la situación de paro, pero entre dejar a la población con la basura y alquilar volquetas, no dudamos en ayudar a que no se fuera acumulando la basura.

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EC - Paso a otro frente de debate en torno a la Intendencia en estas horas, la Contribución Inmobiliaria. Un grupo de propietarios representado por el estudio Ferrer Abogados prepara un recurso de inconstitucionalidad para presentar ante la SCJ contra el nuevo cálculo de la Contribución Inmobiliaria.

Ayer entrevistamos aquí al doctor Alberto Varela, experto tributarista que patrocina estos casos, quien explicó que este movimiento se inició por una reacción ante lo que llamó "aumentos absolutamente exorbitantes".

En primer lugar, ¿cuál es el aumento promedio de los valores de la Contribución?

JR - El promedio de aumento en general para toda la población es cero, porque el sistema está hecho para que no haya más recaudación. El 60% de los propietarios del departamento de Montevideo tuvo una rebaja en la Contribución Inmobiliaria; el aumento se produce para un 40%, y para la mayor parte de ese 40% el aumento es bajo. Los aumentos altos se concentran en unos pocos miles de padrones de los más de 400.000 de la ciudad.

EC - El principal argumento que esgrimía ayer el doctor Varela era que según la doctrina más recibida no se puede hacer política tributaria redistributiva a través de un impuesto como la Contribución Inmobiliaria, que los gobiernos departamentales no tienen potestad tributaria para hacer política tributaria redistributiva.

Usted es abogado; ¿cómo examina esta línea de razonamiento?

JR - No soy tributarista, pero esto ha sido pacíficamente aceptado por el Uruguay entero, a lo largo y ancho de la República, en los 19 departamentos. No es ninguna novedad que la Contribución Inmobiliaria tenga cobros diferentes según el aforo. Le pongo un ejemplo muy claro: en el departamento de Maldonado en la época del intendente Burgueño fue clarísima la política tributaria de ese gobierno -que no era de nuestro partido-; lo que se pagaba por Contribución Inmobiliaria, por ejemplo, en Aiguá respecto al aforo era radicalmente diferente de lo que se pagaba en los balnearios de la costa, en Punta del Este, las tasas eran progresivas. No hemos inventado nada.

Por otra parte, la Constitución de la República es muy clara, establece que la Contribución Inmobiliaria es un recurso genuino de los gobiernos departamentales; expresa claramente que, a diferencia de la Contribución Inmobiliaria Rural, la fija el gobierno departamental. El gobierno nacional fija la Contribución Inmobiliaria Rural pero la recauda del gobierno departamental; en cambio la urbana la fija y la recauda el gobierno departamental por mandato de la Constitución de la República. Si usted lee la Constitución, no va a encontrar ningún artículo que prefije o predetermine la forma en que cada gobierno departamental debe hacer el cálculo para cobrar la Contribución Inmobiliaria. Tenemos la tranquilidad de que estamos actuando dentro del marco legal, del marco constitucional y dentro de la más pura tradición de todos los gobiernos departamentales de Uruguay, más allá del color político.

EC - El doctor Varela recordaba que ya existe un antecedente de declaración de inconstitucionalidad por este mismo motivo. Fue en 1993, cuando era intendente el hoy presidente Tabaré Vázquez. En aquel caso se utilizó otro camino, el recurso de apelación fue presentado por un grupo de vecinos ante la Cámara de Representantes, que falló contra la IMM. Varela destacaba que el intendente Vázquez pudo haber apelado ante la SCJ pero no lo hizo y dio marcha atrás con aquel ajuste.

¿La actual administración tuvo en cuenta aquel precedente cuando modificó ahora la Contribución Inmobiliaria?

JR - No fue un fallo judicial, fue la Cámara de Representantes, en la que había un claro predominio del Partido Colorado y el Partido Nacional, que analizó el recurso de aquellos ciudadanos y falló en contra del gobierno del FA. No es lo mismo un fallo del año 1993 de la Cámara de Representantes, que está cargado de cuestiones políticas, que el que se puede dar ahora en la SCJ.

De cualquier manera, tenemos que esperar el recurso que presenten estos ciudadanos ante la SCJ, hay que ver a fondo cuáles son los argumentos; nuestra Jurídica estudiará el asunto. Por supuesto que cualquier ciudadano que crea que se han violado sus derechos constitucionales tiene derecho a presentar el recurso, no lo objetamos y lo estudiaremos en su momento. Tenemos la tranquilidad y la convicción de que estamos actuando conforme a derecho.

EC - Se recuerda lo que decía aquella resolución, que a su vez estaba avalada por dictámenes de destacados juristas, como el doctor Ramón Valdés Costa. Valdés Costa decía que las tasas progresivas, por su naturaleza, solo son compatibles con tributos que tienen en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente en su totalidad; en cambio, estas tasas, en cuanto se aplican a impuestos que tienen en cuenta la riqueza aislada, como el de la Contribución Inmobiliaria, no solo son profundamente injustas sino que además vulneran el principio de igualdad de los contribuyentes ante las cargas fiscales que establece la Constitución. Valdés Costa en especial decía que la progresividad no encuentra justificación racional y técnica en los impuestos reales, que gravan manifestaciones aisladas de la riqueza, porque eso puede estar compensado por la existencia de otros bienes o recursos del contribuyente. Según Valdés Costa no puede establecerse que la igualdad del valor de los inmuebles implique igual capacidad contributiva, pues una persona puede tener un bien muy valioso, pero hipotecado, o tener muchas deudas, mientras que alguien podría tener muchos pequeños bienes que no fueran gravados. Por ahí viene la línea argumental.

JR - El doctor Valdés Costa es una gran autoridad tributaria, es indiscutible, pero los argumentos que da han sido discutidos a lo largo y ancho del mundo, porque no solo en Uruguay se puede plantear este debate. Una cosa son los impuestos sobre las propiedades y otra cosa son los impuestos sobre las rentas. La capacidad contributiva en Uruguay ahora está contemplada por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, y el impuesto sobre los bienes inmuebles no tiene en cuenta la capacidad contributiva en el sentido de la renta que tiene cada propietario. Ese criterio se ha aplicado a lo largo y ancho no de Uruguay sino del mundo entero a la hora de aplicar impuestos sobre vienes inmuebles.

EC - Aparte de esta línea de apelación con un recurso de inconstitucionalidad, también hay un movimiento político que encabeza el diputado blanco Javier García que recolecta firmas para que se utilice el derecho de petición. Al amparo del artículo 30 de la Constitución, se busca que el intendente disponga la inmediata suspensión del decreto 32.265 en lo atinente a aumentos de la Contribución Inmobiliaria. "Lo que queremos es que cuando de la aplicación del decreto se desprendan aumentos, se suspenda la aplicación de la norma", dijo el diputado.

¿Qué dice sobre esta otra línea de protesta?

JR - Esta es netamente política, el diputado Javier García ha elegido enfrentar a la IMM en su accionar político en uno y otro tema; esta vez ha tomado la Contribución Inmobiliaria. Tenemos la absoluta tranquilidad de que el grueso de la población -las manifestaciones en ese sentido son muy claras- está conforme con la reforma de la Contribución Inmobiliaria que hemos llevado adelante. El sistema prevé claramente la posibilidad de reclamar si se considera que un inmueble fue mal aforado y se lleva adelante una revisión. La propia Junta Departamental, con representación de todos los partidos, va a controlar que la recaudación sea más o menos la misma de los años anteriores, que fue lo que prometió el intendente.

Desde el punto de vista político estamos tranquilos, porque la propuesta tributaria que hicimos es un notorio avance en justicia respecto al sistema tributario anterior. El dato concreto de que dos propiedades que valían exactamente lo mismo pagaran algo radicalmente diferente era una injusticia tremenda. El dato de que una propiedad de 50.000 dólares en la Ciudad Vieja pagara 8.000 o 9.000 y una de 50.000 dólares en Colón o en Lezica pagara 2.000 pesos, simplemente porque una estaba en la costa y la otra no, era una injusticia manifiesta. Que casas enormes, propiedades muy importantes en zonas alejadas de la costa pagaran menos contribución que humildes viviendas de la zona costera, de la Ciudad Vieja, de Buceo, etcétera, era algo que había que corregir. Desde el punto de vista político tenemos la tranquilidad de que hicimos lo que teníamos que hacer, creemos que la población lo ha entendido y el diputado García tiene derecho a hacer su juego político.

EC - El diputado sostiene que con este nuevo sistema de cálculo de la Contribución la Intendencia intenta cubrir el déficit que enfrenta en los casinos municipales y pagar la deuda con ADEOM. Usted dice que con esta nueva forma de cálculo no va a haber una mayor recaudación. ¿Se van a presentar los números en su momento?

JR - Hay un margen de +/-2%. La afirmación de Javier García referida al déficit de ADEOM, etcétera, es absolutamente disparatada con respecto a la realidad de los números.

EC - ¿Cuándo se van a presentar los números de esta recaudación?
 
JR - Va con la Rendición de cuentas del año que viene. Cuando se aprobó esto en la Junta Departamental nuestros técnicos hicieron todas las demostraciones numéricas para que los ediles tuvieran conocimiento de que el margen era muy bajo. Siempre puede haber decrecimiento o crecimiento, pero está en el orden del 2%.

EC - Sobre el final quiero preguntarle por los operativos que la Intendencia largó esta semana para controlar la circulación en la capital de vehículos con chapa del interior, apuntando concretamente a los vehículos con chapa de Colonia, que es la intendencia que más ha rebajado la patente y de esa forma ha captado vehículos que deberían estar empadronados en otros departamentos. Como la actitud de la IMM ha ido cambiando con el correr de los días le pregunto: ¿qué tipo de medidas se van a tomar con aquellos automóviles que tengan chapa de Colonia y no puedan justificar que su propietario reside o trabaja en ese departamento?

JR - En primer lugar, no es una actitud de la IMM, esto fue aprobado en el congreso de intendentes realizado hace pocos días en el departamento de Artigas y hay un compromiso de todas las intendencias del país de hacer este control. Hay una clara línea política de la IMM de actuar junto con el Congreso de Intendentes, junto con las restantes intendencias, sean frenteamplistas, blancas o coloradas. Hay un acuerdo en este sentido votado en el Congreso y la IMM lo va a aplicar.

En esta etapa estamos haciendo un llamado a la conciencia de los montevideanos que han reempadronado en otros departamentos. Hay un cierto énfasis en Colonia porque esa intendencia notoriamente incumple el acuerdo del Congreso y por lo tanto el propio Congreso marcó que había que ser más estrictos en el control.

EC - ¿Cuándo se va a comenzar a aplicar multas?

JR - Ahora estamos en la etapa de solicitarles a los ciudadanos que reempadronen en Montevideo. Está prevista la posibilidad de las multas, pero no están definidos los montos.

EC - ¿El monto puede ser el de la propia Patente de Rodados?

JR - Hay un decreto de hace muchos años que nos autoriza, en casos como estos, a cobrar una multa de hasta el 100% de lo que sería la Patente de Rodados. Decreto que no es solo de Montevideo, está vigente en la mitad de los departamentos. El intendente valorará en su momento cómo aplica esto; nuestra intención no es recaudatoria, no es multar, es que los ciudadanos que sean apercibidos reempadronen aquí.

EC - Pero ¿cuándo va a empezar a multarse? ¿Hay fecha ya?

JR - Se está dando un plazo de unas dos semanas a los ciudadanos para que reempadronen.

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Edición: Mauricio Erramuspe