(Emitido a las 7.42)

EMILIANO COTELO:
El Frente Amplio (FA) sorprendió ayer a la oposición al convocar para el martes 22 a la Asamblea General con el fin de votar las venias para cubrir las vacantes tanto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) como en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La medida, surgida luego de que ayer al mediodía la Corte notificara oficialmente la vacante dejada por la doctora Sara Bossio, opera como una reacción a la medida de interpelación decidida por el Partido Nacional (PN) y a la posición de los blancos en cuanto a que el gobierno debe derogar primero el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las pasividades y recién después negociar la vacante.

El diario El País, que hoy informa sobre esta novedad en página 7, agrega que esa resolución del oficialismo pone ahora bajo presión a la oposición, que ayer recibió con asombro la convocatoria, y que de las primeras respuestas que se obtuvieron surge que podría llegar a habilitar la venia.

Estamos con el senador Alberto Breccia, del Espacio 609, FA, con quien hemos conversado más de una vez sobre este tema.

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Senador Breccia, ¿cómo fue esto? ¿Por qué se dio este paso ayer?

ALBERTO BRECCIA:
Yo había dicho reiteradamente que la peor hipótesis, la peor situación, el peor escenario en este tan manido tema de la Corte, los fallos, sus integraciones, las filtraciones y toda esta situación tan desagradable que se ha dado, que ha dejado con una mala imagen al organismo máximo de uno de los poderes del Estado, era que la Corte, tal cual lo había anunciado y es su deber, comenzara a sortear diferentes integraciones para sacar los fallos que quedan con respecto al tema de la inconstitucionalidad.

EC - Recordemos que la doctora Sara Bossio cumplió 70 años, pasó a retiro y quedaron cuatro miembros en la SCJ, por lo tanto en los recursos de inconstitucionalidad, si votan esos cuatro, el resultado está empatado, dos a favor y dos en contra de la inconstitucionalidad. Estamos en el período en el que hay una vacante, tendría que producirse el nombramiento de la Asamblea General, pero si no hay acuerdo, si el acuerdo se demora, el presidente de la Corte anunció que esperaría 15 días y empezaría a distribuir los recursos de inconstitucionalidad que faltan considerar entre los ministros de los tribunales de apelaciones. Esa es la situación.

AB - Exactamente, ese es el mecanismo de integración normal a los efectos de que la Corte dicte sentencia en los recursos que están para su consideración, que son la inmensa mayoría de los presentados, dentro de los plazos normales.

EC - No ocurre con frecuencia esto de que al producirse una vacante haya para considerar una enorme cantidad de recursos, todos sobre un mismo asunto.

AB - Eso nos retrotrae a una situación que demuestra que en este tema se actuó con un cierto apresuramiento –lo reitero, sin que esto signifique ningún tipo de menoscabo ni hacia la Corte ni hacia ninguno de los otros actores–.

Desde mi punto de vista, si había 360 recursos para fallar y la Corte conocía que su integración iba a variar en pocos días y además estaba dentro de los plazos legales para emitir todos los fallos, quizás la actitud más prudente habría sido aguardar la nueva integración para que hubiera una cantidad de fallos todos coincidentes. Pero lamentablemente, como se produjo el episodio de las filtraciones, obviamente que ningún ministro que tuviera una posición que fuera conocida públicamente –en este caso me refiero a la doctora Sara Bossio– iba a querer dejar la Corte sin dejar estampados sus fallos en algunos asuntos.

Ahora se ve la inconveniencia de que la Corte haya dictado estos fallos antes de que se cumplieran los plazos legales que tenía para dictarlos. Eso fue condicionado por la filtración a la prensa del contenido de algunos dictámenes de los magistrados. Ya está producido el daño, la Corte ya falló en esos asuntos. Y no hablo de daño porque haya fallado en uno u otro sentido, sino porque ahora, con una nueva integración, en el caso de que esa integración resulte del sorteo entre los distintos magistrados de los tribunales de apelaciones, la Corte podrá tener no otra posición sino una multiplicidad de posiciones distintas. Ese es el peor escenario para la seriedad del sistema jurídico, porque en lugar de haber 11 fallos a favor de la inconstitucionalidad y 360 a favor de la constitucionalidad, o todos los fallos a favor de la inconstitucionalidad, podría tener 11 fallos a favor y de los otros 360 hubiera 60 a favor de la inconstitucionalidad y 300 a favor de la constitucionalidad. La imagen del sistema judicial se vería seriamente deteriorada.

EC - El pasado fin de semana el doctor Jorge Larrañaga planteó que hay que derogar el IRPF a las pasividades y que si el gobierno da ese paso los blancos estarían dispuestos a negociar y acordar la renovación de la SCJ.

AB - Entonces aparece la interpelación del doctor Larrañaga. Salvo algunas cosas muy graves desde el punto de vista ético, políticamente todo es procedente dentro del juego político, pero jurídicamente la posición del doctor Larrañaga no tiene el más mínimo sustento. Además es una interpelación al gobierno de una forma bastante poco elegante, nos pone entre la espada y la pared para decirnos: "Si ustedes hacen esto, yo negocio".

¿Qué antecedentes tiene esto? Hay que considerarlo muy seriamente. Cuando la interpelación al ministro Brovetto por el tema Fiscalía de Corte, el doctor Larrañaga, también públicamente, dijo que negociaría el tema del fiscal de Corte y posteriormente se negociaría la integración de los organismos de contralor. Usted lo recuerda y lo debe tener en sus archivos. Pues bien, se negoció el tema del fiscal de Corte –yo personalmente participé en esas negociaciones– y se formó una especie de comisión bipartidaria para negociar la integración de los organismos de contralor, pero apareció el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre Pluna y la contestación del Ministerio de Transporte sobre ese dictamen, y eso fue la excusa perfecta para que el PN no negociara más la integración de los organismos de contralor, que hacía 17 años –ahora creo que son 18– que estaban integrados de la misma manera.

De manera que antecedentes de negociación en los que el PN incumplió lo que había planteado, existen y muy recientes. Por lo tanto combinemos esos dos escenarios: primero, para el sistema judicial de este país es absolutamente imperioso que los fallos de la SCJ tengan una consistencia que no les da la posibilidad de que se integre con los diferentes miembros de los tribunales de apelaciones. Y por otro lado, los antecedentes de negociación con el PN, cuando se han requerido mayorías especiales de dos tercios, han sido absolutamente negativos. Yo había dicho reiteradamente dejemos tranquila a la Corte; no fue así, cada uno tendrá que ponerse el sayo de la responsabilidad que le corresponda en el tema, pero ahora hagamos una cosa positiva: integremos a la Corte y al TCA de forma definitiva para que el fallo que surja sea uno solo, ya sea ratificando la inconstitucionalidad de los 11 fallos dictados con anterioridad o modificando esa jurisprudencia y estableciendo definitivamente que el tributo aplicado a las jubilaciones es constitucional. Dejemos la situación de esos fallos minoritarios –11 fallos, 2.000 personas– para que el sistema político, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la resuelva con alguna medida.
 
EC - Se ha convocado a la Asamblea General para el martes próximo para votar la decisión de completar los dos organismos, la SCJ y el TCA. ¿Qué nombres están sobre la mesa?

AB - Los nombres que surgen del mecanismo habitualmente utilizado, la antigüedad.

EC - No ir en busca de un acuerdo político, no negociar nombres.

AB - Vamos a poner arriba de la mesa los nombres que responden al mecanismo que desde hace muchísimos años se utiliza para llenar las vacantes, tanto en el TCA como en la SCJ.

EC - Los nombres que terminarían ocupando esos cargos si se dejaran pasar los plazos previstos para cuando no hay acuerdo político.

AB - Exactamente, el 12 de febrero, atento al cese por edad del doctor Rochón en el TCA, quedó una vacante cuyo plazo de llenado, los 90 días que establece la Constitución para el caso de que no haya los dos tercios para nombrar a otra persona, que incluso podría ser una persona ajena al Poder Judicial –esos cargos se pueden llenar con abogados con 10 años de ejercicio de la profesión–. Como en el sistema político no se ha logrado acuerdo desde hace 25 años para nada que requiera los dos tercios, se dejan pasar los 90 días y se designa al ministro más antiguo. Entonces, adelantemos esa designación a los efectos de que la Corte no tenga que comenzar con los sorteos. El 12 de febrero quedó la vacante en el TCA, el 12 de mayo se vence el plazo para llenarla, propongamos para ese cargo al doctor Jorge Larrieux, que es el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, y para el cargo de la SCJ a la doctora Mariela Sassón.

EC - Circula con insistencia que la doctora Mariela Sasón tendría una posición favorable a la constitucionalidad del IRPF, favorable a la postura del gobierno.

AB - Hace muy pocos días, cuando trascendió esa situación, la doctora Sassón salió enérgicamente a manifestar que ella nunca había manifestado ni su posición política ni su posición con respecto al tributo. En ese sentido es insospechable, yo no tengo la más mínima idea del voto ni del doctor Larrieux ni de la doctora Sassón; me he cuidado absolutamente de interpelar a nadie, porque ha habido tanta susceptibilidad que cualquiera que aparezca en el tapete, así fuera el doctor Gonzalo Aguirre, generaría susceptibilidades en el otro partido.

EC - ¿Usted lo menciona porque ese nombre ha estado en danza?

AB - ¿Quién?

EC - El del doctor Gonzalo Aguirre.

AB - No, lo menciono porque el doctor Gonzalo Aguirre ha sido el patrocinante de la mayoría de los recursos de inconstitucionalidad contra el tributo, entonces daría la impresión de que si nosotros lo propusiéramos para integrar la Corte no tendría que generar ninguna susceptibilidad. Pero es tanta la susceptibilidad que genera este tema, que si propusiéramos al doctor Gonzalo Aguirre del PN nos dirían que no. Es una cosa brutal la presión que se ha estado ejerciendo en este caso por tirios y troyanos.

EC - La postura es que se reúna la Asamblea General el martes y que se voten para la SCJ a la doctora Mariela Sassón y para el TCA al doctor Jorge Larrieux.

AB - Sí, para adelantar lo que inexorablemente va a suceder, de acuerdo con el mecanismo constitucional, en el caso de que no haya acuerdo.

EC - ¿Ya ha tenido algún contacto con el PN?

AB - Creo que no, no conozco que existan contactos, por lo menos oficialmente, con el PN. Como está la situación, el PN sale a interpelar y a pedir que se derogue primero el impuesto y después conversamos, deja escasísimo margen para la negociación. Que quede claro: si en la Asamblea General no se logran los dos tercios de votos que se necesitan, de acuerdo con el mecanismo que se utiliza consuetudinariamente, para designar por anticipado a aquel candidato que se sabe que vencidos los 90 días va a quedar automáticamente ocupando el cargo, será responsabilidad pura y exclusivamente de los partidos de la oposición. Que quede absolutamente claro para la gente.

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EC – El País informa hoy que este tema se trató informalmente "anoche en un asado de la bancada de Alianza Nacional, donde se manejaba como factible dar los votos el martes, pero al mismo tiempo aprovechar la Asamblea General para generar un debate acerca de si el Frente aceptará futuros fallos".

Se agrega que una fuente de Alianza dijo a ese matutino "que hay dudas sobre la posición a seguir, más allá del anuncio previo de no negociar la venia. ‘Tampoco queremos quedar como que somos unos irresponsables’, dijo un dirigente consultado. Los blancos evalúan la convocatoria a la Asamblea General como una ‘movida táctica’ del oficialismo", se informó.

"Algunos dirigentes creen que no debe cambiarse la posición inicial. Fuentes herreristas afirmaron que nada ha cambiado: ‘Sería desdecirse. Tendría que haber una señal positiva del gobierno para dar la venia", agrega el matutino.

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Edición: Mauricio Erramuspe