Desde la génesis misma de nuestra República, la separación de Poderes constituye la garantía fundamental de la libertad de los ciudadanos. Cualquier menosprecio o condicionamiento a ese principio básico cuestiona la esencia misma del sistema de valores que vertebran el Estado de Derecho: el Poder Ejecutivo sobre el que recae la tarea de gobernar y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, el Poder Legislativo que aprueba las Leyes y controla los actos de gobierno y el Poder Judicial que administra justicia. 

Tal como enseña el Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, "La separación de poderes está consagrada en cuanto coexisten distintos centros de autoridad que reciben sus competencias de la Constitución, la cual les marca un ámbito de incumbencia que les es propio y que supone el ejercicio predominante de cada una de las funciones jurídicas del Estado por cada uno de ellos, dentro del cual, en cuanto se conformen las normas de grado superior (las que les fijan sus competencias, formas de actuar y fines a perseguir), sus decisiones, no pueden ser sometidas a contralor de oportunidad o conveniencia por parte de órganos integrantes de otros centros de autoridad".

Con la misma convicción que reafirmamos el derecho de todos los ciudadanos a comentar los actos emanados de cualquiera de los Poderes del Estado, reclamamos el acatamiento en toda su dimensión de los fallos del Poder Judicial.

Por tales razones, nos hemos convocado a concentrarnos frente a su sede, para respaldar con nuestra presencia, la independencia del Poder Judicial, y rechazar todo intento de sojuzgamiento a la Administración de Justicia.

Montevideo, abril 28 de 2008.