(Emitido a las 9.08)

EMILIANO COTELO:
Cuando desde el oficialismo se hace un balance de la administración del presidente Tabaré Vázquez, uno de los logros que se enfatizan es que se habilitó a la justicia penal a desarrollar investigaciones que derivaron en el procesamiento de ex militares y ex policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Sin embargo, una serie de desinteligencias entre distintas dependencias del Estado uruguayo, determinó que el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli abandonara tranquilamente una cárcel italiana en la que estaba detenido, porque el pedido de extradición remitido por la justicia uruguaya llegó a destino cuando ya se había vencido el plazo máximo admisible.

Ahora los distintos involucrados en el proceso intentan deslindar responsabilidades y se escuchan acusaciones cruzadas. El domingo el abogado Óscar López Goldaracena, patrocinante de la causa por los vuelos clandestinos desde Argentina a Uruguay, pidió la renuncia del embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín, por el papel que le cupo en la demora.

Pero ayer, cuando lo entrevistamos aquí En Perspectiva, el embajador Abín se defendió de las críticas y atribuyó el fracaso del trámite a los 80 días que se tomó la justicia uruguaya para cumplir con su parte en este proceso, que implicaba que el documento pasara por la cancillería, la embajada uruguaya en Roma, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, el Poder Judicial italiano y, finalmente, el juzgado de Salerno. De todos modos, ayer de mañana, la Suprema Corte (SCJ) volvió a rechazar esas acusaciones.

¿Cómo se entiende esta serie de "burocrateces" que determinaron que en un gobierno del Frente Amplio (FA) se frustrara un pedido de extradición y quedara libre un presunto culpable? Y los patrocinantes de las causas contra militares que actuaron en la dictadura, ¿no siguieron de cerca las instancias judiciales?

Para contestar esas y otras preguntas estamos con el abogado Óscar López Goldaracena.

En primer lugar, sería conveniente repasar las fechas que han estado en juego. Los 90 días de plazo para que llegara el pedido de extradición comenzaron a correr el 23 de diciembre del año pasado. El cronograma fue el siguiente:

- El 13 de febrero, después de la Feria Judicial Mayor, el juez Luis Charles elevó a la SCJ el pedido de extradición, un paquete con 600 fojas que debía ser traducido al italiano antes de ser enviado a Roma.
- El 14 de febrero la SCJ hizo un llamado a interesados para traducir aquellos papeles.
- El 13 de marzo, casi un mes después, tras distintas complicaciones con los traductores, la versión en italiano quedó pronta y el pedido de extradición fue remitido a la cancillería uruguaya, que lo envió de inmediato por valija diplomática especial, vía DHL, y el paquete llegó a la embajada uruguaya en Italia el martes 18 de marzo, en plena Semana Santa.
- El plazo vencía el domingo 23, aunque de hecho vencía el viernes 21, viernes santo, pero el expediente recién fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia el 31, cuando ya no era de recibo.

Como consecuencia, el capitán Tróccoli fue puesto en libertad y, según el tratado vigente entre Uruguay e Italia, ya no puede volver a ser detenido por la misma causa. ¿Es así?, ¿esa es la consecuencia?

***

ÓSCAR LÓPEZ GOLDARACENA:
Sí, es así.

EC - ¿Usted escuchó las aclaraciones que hizo ayer el embajador de Uruguay en Italia, Carlos Abín?

OLG - Las escuché después, porque estaba de viaje, y me gustaría hacer una serie de precisiones para ilustrar a la audiencia y tomar las valoraciones del caso.

El martes pasado nos enteramos oficialmente de la resolución de la Corte de Salerno en una reunión que mantuvimos con el juez Charles, en la que se comprobó que el pedido de extradición llegó fuera de plazo. Inmediatamente se solicitó una entrevista con la cancillería, con el canciller de la República, que en principio fue otorgada para el 9 de mayo, pero luego, dada la urgencia, se adelantó, y el canciller nos recibió el pasado viernes.

En esa reunión se nos exhibió documentación y se recibió la respuesta oficial del canciller con relación a esta demora. Se nos exhibieron documentos que prueban que la cancillería el mismo día que recibió el expediente de la SCJ, el 13 de marzo, remitió un aerograma, un telegrama diplomático urgente al embajador uruguayo en Roma, señalando que se adjuntaba el pedido de extradición y se le solicitaba su urgente diligenciamiento.

Al día siguiente, 14 de marzo, al mediodía, se reiteró un mail de cancillería en la embajada de Roma, señalando que se había contratado una valija diplomática especial, por DHL, que salió ese mismo día.

Y el 18 de marzo al mediodía, el martes de Semana Santa, hay un mail de la embajada uruguaya en Roma acusando recibo del pedido de extradición.

Frente a estos hechos, el canciller de la República nos manifestó que el error fue de la embajada uruguaya en Roma, que lo recibió en tiempo y forma y no lo presentó dentro del plazo previsto.

Al mismo tiempo se nos señaló que en Italia, los días de Semana Santa son días hábiles. Esto fue recibido en la embajada uruguaya el martes al mediodía y había plazo hasta el viernes. El mismo día pudo haber existido algún personal de la embajada recibiendo el expediente en la escalerilla del avión para llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la fecha que se toma en cuenta para la presentación.

EC - La versión que usted trasmite tiene diferencias importantes con la que dio ayer el embajador Abín.

OLG - Exactamente, por eso quiero precisar.

EC - Primero, el embajador Abín dijo que no se había recibido en la embajada ninguna aclaración de que se estuviera en el filo del vencimiento de los plazos.

OLG - Me exhibieron –tengo copia– un aerograma que se le envió en el que se señalaba que era de urgente diligenciamiento.

EC - Y segundo, el embajador señaló que Semana Santa en Italia es una semana muy pautada por alteraciones en la actividad normal debido a feriados, y en este caso particular a que se estaba sin gobierno, en medio del proceso electoral.

OLG - Pero eran días hábiles, esas explicaciones el embajador se las tiene que dar a la cancillería, porque la versión oficial que me manifestó el canciller de la República fue que se recibió en tiempo, que eran días hábiles, que se pudo haber entregado en fecha.

Lo más grave es que la nota por la cual la embajada uruguaya en Roma presentó el pedido de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano está fechada el 25 de marzo, ya había vencido el plazo. Cuando se hizo la nota ya había vencido el plazo.

EC - La explicación que dio el embajador Abín es que en Italia el lunes siguiente a Semana Santa es feriado; el 24 era feriado, por lo tanto se dio el paso el martes 25.

OLG - El martes 25 se hizo la nota, pero se presentó el 31 de marzo, cuando el plazo vencía el 23. No se presentó el 25, se presentó el 31 de marzo, así lo señala la Corte de Apelaciones de Salerno cuando dispone la libertad. En la sentencia establece que la fecha de entrega fue el 31 de marzo de 2008, cuando había vencido el 23 de marzo.

Este hecho objetivo constata que existió una omisión de la embajada uruguaya en Roma. Es una omisión sintomática de una omisión global, una negligencia global del Estado uruguayo en el trámite de extradición. El hecho objetivo es que se recibió en Roma en tiempo y forma para ser presentado ante la justicia, y fue presentado después.

Frente a este hecho objetivo, como simple ciudadano y realmente indignado por lo que es un error inexcusable, señalé, cuando el canciller de la República me manifestó que el embajador vendría a dar explicaciones, que debería venir con la renuncia bajo el brazo, más allá de que el Estado uruguayo se la acepte o no. Cuando alguien comete un error de esta naturaleza, por vergüenza, por lealtad, debería poner su cargo a disposición.

Después de todas las explicaciones, en absoluto convincentes del embajador, hoy hay algún trascendido de que la cancillería lo respaldaría.

EC - Ayer en el Consejo de Ministros hubo un respaldo pleno del presidente Tabaré Vázquez al embajador Carlos Abín.

OLG - Si existió ese respaldo, me causa cierta desazón por lo contradictorio. Cuando hablamos de reforma del Estado, entre otras razones para erradicar la ineficiencia, genera cierta desazón respaldar la ineficiencia. Por otra parte, cancillería es la responsable del Servicio Exterior y de alguna manera tiene que asumir este error. Más allá de la responsabilidad que le pudo caber a la SCJ durante el mes que tuvo el expediente para disponer la traducción, esa responsabilidad puede haber incidido en el trámite, pero el hecho objetivo es que la embajada en Roma lo recibió en tiempo y forma para presentarlo.

Habría que analizar en forma crítica la actuación del Estado uruguayo en su globalidad, porque el tratado con Italia es de 1879 y establece un plazo de tres meses porque en aquella época los medios de comunicación eran otros, el exhorto diplomático viajaba en barco. Con los medios de comunicación que tenemos en 2008 es inadmisible que un Estado con una legislación actualizada en materia de derechos humanos demuestre tamaña ineficiencia. Tienen que existir responsables, dentro del Estado no se pueden pasar la pelota unos a otros. La embajada uruguaya en Roma, según la versión oficial que me trasmitió el canciller de la República y la documentación que me exhibió, tiene responsabilidad.

***

EC - Usted señala que, según la versión que recibió de la cancillería, la embajada en Roma tuvo, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de nuestro país, tres avisos de que iba este expediente y que estaba sobre el filo del vencimiento del plazo.

OLG – Exactamente. El 13 de marzo de 2008 mediante un aerograma (nº 129/08) se le informó que se remitían las actuaciones del Poder Judicial en relación a la extradición de Jorge Tróccoli a los efectos de urgente diligenciamiento, luego un mail al día siguiente. Lo determinante es que la embajada en Roma el 18 de marzo, estando en tiempo, siendo día hábil en Italia, al mediodía, comunicó vía mail a cancillería que acusaba recibo de la valija diplomática.

EC - El embajador Abín ayer dijo que eso no había ocurrido, que no había tenido esas advertencias, y señaló que, por la fecha en que había llegado el expediente, habría sido un milagro cumplir con la entrega a tiempo. Lo planteaba en estos términos.

(Audio Carlos Abín.)

"La verdad es esa, me manejé a ciegas en cuanto al vencimiento del plazo y lo lógico era que adoptara todas las precauciones. Lo volvería a hacer en las mismas condiciones. En una semana muy complicada desde el punto de vista de las oficinas y del trabajo, cuando todo el mundo está de vacaciones, no hay gobierno, en plena campaña electoral, ¿iba a tirar un expediente? Solo si hubiera tenido la noción, la conciencia de una urgencia espantosa.

Insisto: tenía que conseguir que siguiera su trámite dentro del ministerio italiano y terminara en el tribunal el viernes 21. Era imposible, el tiempo no daba en ningún caso, supiera o no yo el vencimiento. Si el expediente hubiera llegado una semana antes no habría pasado nada de esto, pero estuvo 80 de los 90 días en manos del Poder Judicial; ¿qué hubiera costado mandarlo una semana antes?"

(Fin.)

EC - ¿Qué dice usted sobre estas explicaciones?

OLG - Insisto: no justifican en absoluto la demora y evidencian una notoria contradicción.

EC - El embajador Abín dice que cuando él lo recibió faltaban dos días y medio para el vencimiento del plazo, y tenía que lograr que el expediente llegara al tribunal de apelaciones de Salerno.

OLG - Ahí hay un error notorio: alcanzaba con que el pedido de extradición entrara en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano.

EC - No tenía por qué llegar en el plazo a Salerno, bastaba con que llegara a la sede del ministerio en Roma.

OLG - Exactamente, se entrega el pedido de extradición, de acuerdo con el procedimiento que establece la legislación italiana, en tiempo y forma, y luego sigue el trámite interno. Esa es la primera aclaración.

Segunda aclaración. No es una justificación la situación en Italia, porque las oficinas estaban abiertas. Se supone que la embajada estaba abierta y estaba funcionando, cuando habla de que había mucha gente de licencia no quiero pensar...

EC - El embajador dice que se estaban haciendo reformas en la embajada uruguaya en Roma y por lo tanto había una guardia.

OLG - ¿Cómo justifica, entonces, haber enviado el mismo 18 de marzo un mail a cancillería señalando que recibió la valija diplomática especial?

EC - El embajador dice que un funcionario recibió ese material y procedió a hacerle una primera revisación, y que después él personalmente, cuando tomó contacto con esas 600 fojas, realizó una segunda revisación para comprobar que estuvieran todas, que no hubiera habido daños, etcétera. Enfatizó que prefirió el criterio de la seguridad.

OLG - Razonemos con sentido común: si un embajador tiene una orden de urgente diligenciamiento, tiene que proceder con urgente diligenciamiento, tiene que disponer una guardia especial para recibir el pedido de extradición y remitirlo inmediatamente a quien corresponda, tiene que haber un funcionario poco menos que en la escalerilla del avión. Esto demuestra la ineficiencia del Servicio Exterior en la materia. La embajada uruguaya en Roma es parte del Servicio Exterior, el Servicio Exterior depende de cancillería. El embajador ahora dice que si lo hubiera recibido antes lo habría presentado en tiempo, que no habría habido problemas, pero lo recibió en tiempo, y tenían que haberse arbitrado los mecanismos para llevarlo en tiempo.

EC - El embajador Carlos Abín no es un diplomático de carrera, el suyo fue un nombramiento político, es un dirigente de la Vertiente Artiguista y, casualmente, en el pasado perteneció a los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y por eso, decía ayer, era quizás el más interesado en que el capitán Tróccoli fuera juzgado en Uruguay.

(Audio Carlos Abín.)

"Este asunto en el que me veo envuelto involuntariamente es particularmente doloroso para mí, no porque Carlos Abín se vea involucrado en el tema y acusado de la demora, sino porque no existe en todo el MRE y en todo el cuerpo diplomático uruguayo nadie más interesado que yo ni más comprometido emocionalmente con el hecho de que Tróccoli esté preso, sea juzgado y castigado por los crímenes. Yo integré los GAU, allí me formé políticamente con Héctor Rodríguez, estuve desde 1969 hasta la autodisolución en 1984, muchas de las personas torturadas o desaparecidas por este señor son o eran amigos míos."

(Fin.)

EC - Teniendo en cuenta ese interés personal particular de Abín en esta causa, ¿a qué atribuye las demoras en las que habría incurrido?

OLG - A ineficiencia. Son dos planos completamente diferentes, no voy a cuestionar en absoluto el compromiso político ni la historia del embajador Abín, pero cometió un error ahora insubsanable en función de lo que dispone el tratado. Son dos planos diferentes, se actuó con ineficiencia. Ineficiencia en este caso imputable al funcionario público, el embajador, sea político o de carrera, es el embajador, es el responsable de la embajada uruguaya en Roma. Y el responsable del Servicio Exterior es el canciller, que será quien determinará la asignación de responsabilidades del caso, quien deberá asumir las responsabilidades de cancillería y las responsabilidades por el mal funcionamiento del Servicio Exterior en la materia.

Quiero ser claro y englobar esto en el marco general. Esto evidencia una ineficiencia del Estado. Soy reiterativo porque es muy importante, no puede ser, por un lado, que un expediente esté un mes en la SCJ, pero lo cierto es que cuando se terminó el trámite de traducción, se entregó en tiempo para llegar a presentarlo dentro del plazo y no se presentó. El Estado tiene que asumir su responsabilidad.

EC - ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esta responsabilidad que usted entiende que hay que asumir? Algunos oyentes se preguntan qué pasaría en el Parlamento, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en un gobierno del Partido Colorado o del Partido Nacional, qué plantearía el FA.

OLG - Ese tema corresponde al escenario político. Debe ubicarse en sus justos términos, en la ineficiencia del Estado, debe asumirse la responsabilidad; no puede manejarse un discurso contradictorio. Cancillería es en este caso responsable por ser quien tiene bajo su órbita el Servicio Exterior, pero de la documentación exhibida por el propio canciller resulta obvio que el mismo día en que lo recibió lo envió a Italia y que llegó a Italia en tiempo para presentarlo. Si luego existe un respaldo político a la actuación del canciller, no quita la ineficiencia con la que se actuó. Y se deberán asumir las responsabilidades en todos los ámbitos. Como ciudadano yo tengo todo el derecho de decir: tiene que terminarse el país en el que se hacen macanas y no pasa nada, tienen que asumirse las responsabilidades.

EC - Para completar el análisis también cabe preguntar por su propia responsabilidad. Algunos oyentes han señalado que usted como abogado patrocinante de estas denuncias podía haber estado arriba del expediente para que no se trancara, para que se moviera más rápido. Más allá de que formalmente los pasos debe darlos la justicia, este trámite con 90 días de plazo máximo tenía que lidiar con varios feriados complicados –la Feria Judicial Mayor, Carnaval, la Semana de Turismo– y además había de por medio la necesidad de una traducción, cuando el Poder Judicial no tiene traductores propios. Entonces, una pregunta válida a la hora de analizar responsabilidades es: el abogado patrocinante, ¿no debió haber seguido muy cerca estas diferentes etapas del trámite? ¿No es lo que hace habitualmente un abogado?

OLG - Continuamos y seguimos el trámite durante el proceso en el Poder Judicial. Cuando el juez Charles envió el pedido de extradición con 40 días de antelación al vencimiento del plazo, tenía que seguir un trámite respecto del cual no se nos brinda información, está en la órbita del Estado, de la SCJ primero y luego de cancillería. No corresponde que el abogado patrocinante trate de suplir el funcionamiento burocrático, pero no de un proceso judicial, no se trata del trámite en el juzgado, sino del trámite de traducción en la SCJ y luego del trámite de llevar el exhorto por vía diplomática en tiempo. Y llegó en tiempo.

EC - Recuerdo que en el caso de los juicios vinculados con la quiebra del Banco Comercial, cuando era necesario que el Poder Judicial contara con peritos y no tenía presupuesto para eso, desde la Presidencia, en el gobierno del doctor Jorge Batlle, se suministraron los fondos para eso, y también a los efectos del fotocopiado y las traducciones para que el trámite no se trancara. No digo que el Poder Ejecutivo tendría que haber hecho eso, pero quizás gestiones directas del abogado podrían haber logrado que algunos de estos bloqueos se levantaran.

OLG - Reitero: cuando el caso está en la órbita del juzgado –es la diferencia que existe con el ejemplo que usted cita–, las partes, los interesados, los abogados tratan de facilitar, por ejemplo un peritaje, la comparencia de un testigo, fotocopiar miles y miles de fojas en el Palacio Legislativo para enviar a la causa. Ese es el trabajo de apoyo cuando está en el ámbito del proceso judicial, no cuando está en el ámbito del Poder Ejecutivo o de una traducción de la SCJ. Me alcanza con que el expediente haya llegado en tiempo para ser presentado a cancillería.

Lo único que falta es que ahora se diga que la culpa la tienen los denunciantes, que durante 15, 20, 30 años han movilizado por esto.

EC - Yo no digo eso, ni lo dicen los oyentes.

OLG - Es parte del querer sacarse las responsabilidades. Mientras el expediente se encontró en condiciones de ser apoyado lo apoyamos permanentemente, pero cuando se encuentra bajo la responsabilidad de la SCJ o del Poder Ejecutivo los abogados no podemos hacer nada.

EC - ¿No cabía una llamada suya al embajador Abín para advertirle lo complicado de los plazos?

OLG - El embajador Abín fue avisado reiteradamente por familiares, él mismo manifestó su vinculación con los GAU, grupo al que pertenecían los desaparecidos y que lo llamó para que diera su apoyo con relación al trámite. Él no puede deslindar su responsabilidad.

EC - Hubo un contacto con él del Grupo de Familiares.

OLG - Y con mucha antelación. No puede ahora deslindar su responsabilidad puntual en el caso. Yo quiero ver un hecho objetivo, que es que el expediente llegó a cancillería en tiempo. Y un hecho objetivo es que el expediente fue remitido a la embajada uruguaya en Roma en tiempo para ser presentado y no se presentó. Tienen que asumirse las responsabilidades.

EC - Mientras el trámite estaba en el juzgado, mientras lo tenía el juez Luis Charles, usted podía pedir la habilitación de feria. ¿Se hizo esa gestión?

OLG - No, porque los tiempos daban. Aparte de la Feria Judicial, cuando el juzgado penal se encuentra de turno, funciona exclusivamente para atender los asuntos del turno. Quiero destacar la celeridad con que actuó el Juzgado Penal de 19º turno, que fundamentó el envío de la extradición de más de 600 hojas antes de dos semanas luego de que se abrieron los tribunales en febrero, 40 días antes de que venciera el plazo. Esto hacía pensar que el tiempo era suficiente, como lo era, aun previendo las contingencias de lo que sucedió en la SCJ.

La labor de la embajada uruguaya en Roma era llevar el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, tenía una instrucción expresa de hacerlo y no lo hizo.

EC - Definitivamente, ¿no hay posibilidades de que Tróccoli sea detenido por la justicia italiana?

OLG - El mapa correcto hoy es el siguiente. Con relación al pedido de extradición, Tróccoli no puede ser detenido nuevamente, lo prohíbe el tratado de extradición. Pero Tróccoli hoy tiene causas abiertas en Italia, con querellantes que son los familiares de los desaparecidos italianos en el marco de esta causa. Esas querellas son independientes del pedido de extradición, si la justicia italiana resuelve avanzar en lo vinculado con Plan Cóndor, Tróccoli podrá eventualmente ser encausado por la justicia italiana. Eso es un plano.

Con relación al posible pedido de extradición desde Uruguay, Tróccoli no puede ser detenido por la misma causa mientras se encuentre en Italia. Si abandona Italia, existe un pedido de captura internacional, será detenido nuevamente y se cursará nuevamente un pedido de extradición al país que corresponda, que esperemos que llegue en plazo.

EC - Ahora cabe dudar de las posibilidades de estos instrumentos.

OLG - La práctica a veces difiere de la normativa, la normativa puede ser la más avanzada en materia de derechos humanos, persecución de crímenes de lesa humanidad, pero luego no puede verse trancada por los vericuetos de la burocracia.

EC - Un comentario muy pertinente en estas horas es que se hace una movilización muy intensa para anular la ley de caducidad, pero mientras tanto existía la posibilidad de juzgar a un eventual culpable de violaciones a los derechos humanos y se dejó pasar.

OLG - Es así. Y corresponde a dos planos distintos, podemos tener la legislación más avanzada, podemos recuperar nuestra dignidad como pueblo, como sociedad, podemos afianzar y consolidar valores en el edificio de la democracia, en el edificio de nuestra República, se puede y finalmente se va a declarar nula la ley de caducidad, pero si cuando hay que actuar hay una evidente y notoria ineficiencia, hay algo que no funciona. Cuando eso es imputable al Estado, el Estado tiene que asumir responsabilidad; cuando es imputable a un funcionario público de jerarquía porque existen elementos clarísimos de que pudo haber cumplido y no cumplió, también tiene que asumir su responsabilidad. Por eso yo insistía: por un tema de vergüenza, si a mí me pasa eso tengo que ofrecer la renuncia como un gesto de dignidad.