Mahía critica que no se procese con prisión a ex directores del BHU
"Parece un poco atípica la resolución", aseguró el diputado frentista Carlos Mahía al ser consultado sobre el procesamiento sin prisión de seis ex directores del Banco Hipotecario por haber utilizado dinero de la institución para financiar intervenciones quirúrgicas en el exterior de dos de ellos. El legislador critica que no se hayan aplicado penas de prisión, sobre todo en los casos de Salomón Noachas y Jorge Sacchi. De todos modos, aseguró que no le sorprende el fallo, ya que "estaba claro que tenía que terminar con un procesamiento condenatorio de la Justicia".
(Emitido a las 7.41)
EMILIANO COTELO:
La justicia procesó sin prisión ayer a seis ex directores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) por haber utilizado dinero de esa institución para financiar intervenciones quirúrgicas en el exterior de dos de ellos Salomón Noachas y Jorge Sacchi- y luego autorizar la devolución de esos fondos.
La jueza en lo penal Graciela Gatti dispuso el procesamiento sin prisión del ex presidente del BHU Salomón Noachas, del Partido Colorado, el ex vicepresidente Jorge Sacchi, del Partido Nacional, y los ex directores colorados Jorge Conde Montes De Oca y Norberto Sanguinetti y los nacionalistas Fernando Caride y Néstor Moreira Graña.
A Noachas y a Sacchi la magistrada les imputó dos delitos de abuso de funciones no previstos por la ley en reiteración real, uno en calidad de autor y uno en calidad de coautor. A los otros ex jerarcas les tipificó los mismos delitos, pero en grado de autoría.
¿Dónde está el origen de estos procesamientos? Noachas y Sacchi se sometieron a intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos y las pagaron con fondos del BHU, que les fueron devueltos según resoluciones aprobadas por el Directorio. Noachas se realizó en 1999 una operación de rodilla que costó 27.000 dólares y Sacchi, en 1997 se practicó una operación de próstata que costó unos 12.000 dólares.
La jueza no hizo lugar a la solicitud de enjuiciamiento que también había planteado el fiscal- por tres viajes a Sudáfrica, Malasia y Hawai, realizados por integrantes del Directorio. Según la Fiscalía esos viajes habían sido irregulares.
Lo que Gatti estableció fue que todos los jerarcas incurrieron en arbitrariedad al aprobar el pago de sumas de dinero a Noachas y a Sacchi por concepto de gastos de intervenciones quirúrgicas a cargo del BHU, cuando en la institución existe un servicio médico que cubre las operaciones de alto riesgo de funcionarios y directores.
Asimismo, la magistrada desestimó el pedido de prisión que había planteado el fiscal Eduardo Fernández Dovat para Noachas y Sacchi. Según el fallo, no hay elementos para disponer esa medida cautelar, pese a que Noachas ya había sido procesado en el año 2003 por otorgar viviendas a familiares. La pena aquella vez le fue suprimida y eso anuló el antecedente, según explica hoy la nota que informa sobre estos asuntos en el diario Últimas Noticias.
No se dispuso el procesamiento con prisión de Noachas y Sacchi, pero como medida sustitutiva la jueza les impuso a ambos la obligación de presentarse en forma semanal en la seccional policial de su domicilio durante los próximos seis meses. A Conde Montes De Oca, Norberto Sanguinetti, Caride y Moreira Graña no se les impuso ningún tipo de restricción.
Estos procesamientos están pendientes desde hace meses, se anunciaron sobre fines del año pasado y finalmente se producen ahora. A su vez, tienen una historia larga, remiten a hechos ocurridos en 1997 y en 1999. Vamos a ubicar los antecedentes y para eso estamos con el diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio (FA).
Usted fue el impulsor de una comisión investigadora sobre la gestión de los directorios de empresas públicas en los períodos de gobierno anteriores. Dio esos pasos a comienzos de este gobierno.
***
JOSÉ CARLOS MAHÍA:
Sí, a partir de unos dichos públicos del ex ministro Jorge Lepra, que dijo "se terminó el relajo en las empresas públicas" salió en una contratapa de Búsqueda. Después de ver algunos datos que se presentaron en esa información, tomamos la iniciativa de plantear, primero en el FA y luego en la Cámara, la creación de una comisión investigadora que analizara hechos de presunción irregulares en varios entes autónomos y servicios descentralizados, que son BHU, UTE, Antel, OSE, Correos y Ancap.
EC - Una primera precisión: ¿qué período examinó esa comisión?
JCM - Todo el período de gobierno anterior, 2000-2005. Yo había participado no como miembro denunciante en ese caso sino como integrante en la comisión investigadora de la Corporación Nacional para el Desarrollo, desde su origen hasta el período pasado.
Y cuando uno rastrea hacia atrás y en este caso la sensación no fue muy distinta cuesta muchísimo conseguir la información de los hechos y cuesta mucho investigar. En la experiencia de la Corporación, ir 16 años atrás y que el ente a ser investigado se resistiera a dar información, generó mucha dificultad. Por eso ubicamos los hechos en los cinco años inmediatamente anteriores a esta administración.
EC - Le preguntaba sobre el período que se analizó, porque estamos hablando de intervenciones quirúrgicas que se produjeron en 1997 y 1999, en el gobierno anterior al del doctor Jorge Batlle, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti.
JCM Exacto. Algunas actuaciones comenzaron en ese período y continuaron en el siguiente. Pero además, el directorio del BHU que puso en conocimiento los datos de la auditoría que realizó el ente sobre estos hechos, abarcó no cinco sino diez años y de ahí salen esos datos.
EC - Algunas de las resoluciones en las que se aprueban gastos son del año 2000, hay una de febrero de 1999 y otra de julio de 2000. Esta última sí entra dentro del período de gobierno que usted mencionaba.
JCM - Sí, a veces hubo que hacerles seguimiento a algunas resoluciones de 2000 porque tenían su origen en el período de Sanguinetti.
EC - La comisión todavía no ha terminado su trabajo; ¿en qué momento se pasaron los resultados de la investigación en el BHU a la Justicia? ¿Cuánto tiempo lleva este trámite en la Justicia?
JCM - Hay dos casos. Por un lado, que fue el propio BHU el que puso en conocimiento a la Justicia del resultado de la auditoría de diez años. Y por otro, se remitieron a la Justicia todas las actas de la comisión investigadora, que además están colgadas en la página web del Palacio Legislativo y que seguramente fueron de conocimiento de la Justicia.
EC - Mi pregunta es si la comisión investigadora remitió documentos a la Justicia.
JCM - Ya pasaron más de dos años, pero estoy casi seguro de que enviamos a los juzgados donde estaban radicadas las denuncias todo lo que analizó la comisión investigadora. No hubo denuncia, porque la denuncia había sido presentada por las ex autoridades del BHU, sino que se agregó la información producto de la investigación.
EC - Otra precisión: ¿qué autoridades fueron las que presentaron la denuncia?
JCM - El Directorio que cesó en diciembre, presidido por el arquitecto Miguel Piperno y demás miembros.
EC - ¿Cuál fue su reacción ante la resolución de la doctora Gatti?
JCM - No conozco los fundamentos.
EC - No se han difundido, se supone que la sentencia de la doctora Gatti se va a divulgar hoy. Según las consultas que hicimos ayer en la Suprema Corte de Justicia, se limitó a emitir un comunicado con una síntesis de la resolución.
JCM - Es bueno conocer los fundamentos del fallo antes de expresarse a fondo. No me sorprende que se procese a estos ex jerarcas, porque, si vamos al caso concreto de la utilización de bienes públicos para hacerse operaciones quirúrgicas en el exterior, estaba claro que tenía que terminar con un procesamiento condenatorio de la justicia. Tengo mucho interés en conocer los fundamentos del fallo, porque se proponen para un caso de abuso de funciones sanciones distintas del procesamiento con prisión. Habrá que ahondar en esos fundamentos para ver cómo se explican algunos procesamientos sin prisión y en dos casos, los más notorios, sanciones alternativas.
EC - Usted quiere saber por qué se dispone que se presenten en la comisaría del barrio durante seis meses todas las semanas.
JCM - Cuáles son los fundamentos del fallo, por qué, si se han encontrado responsabilidades desde el punto de vista de las figuras que plantea el fiscal, se determina el procesamiento sin prisión y la sanción alternativa. Parece un poco atípica la resolución, pero no tengo elementos como para profundizar más. Otras resoluciones judiciales amparadas en las mismas leyes han tenido otras sanciones. Hubo casos en otros entes autónomos o en otras áreas del Estado en los que se tipificó abuso de funciones, resueltos por otros jueces amparados en el mismo marco legal. Eso no deja de sorprender, pero tiene que haber fundamentos de la jueza y en ellos tenemos que fijarnos con mucha atención.
EC - ¿Hay otros cabos sueltos en la investigación en el caso del BHU?
JCM - Sí, y algunos muy complicados. No olvidemos que por la actuación de esos directorios, hoy el BHU tiene juicios cruzados millonarios en dólares, sobre todo por lo vinculado con el Plan Fénix. Quizás esto sean detalles, cosas muy menores en comparación con todo lo grave que sucedió en la administración del BHU. Si aquello de la herencia maldita tuviera un grado de aplicabilidad simbólica, no le quepa duda de que, según lo analizado hasta ahora, el BHU sería el buque insignia.
***
EC - En Perspectiva procuramos entrevistar esta mañana tanto a la doctora Graciela Gatti, la jueza a cargo del caso, como al fiscal Eduardo Fernández Dovat, pero en ninguna de las dos gestiones la respuesta fue positiva.
Pero el semanario Brecha, por lo visto, pudo hablar brevemente con el fiscal Fernández Dovat e informa hoy que el fiscal "piensa apelar la resolución de la jueza, al entender que Noachas debió quedar tras las rejas porque no es un delincuente primario".
Según la nota de Brecha, la jueza Gatti "entendió que, al aprobar las resoluciones del 24 de febrero de 1999 y del 25 de julio de 2000, por las cuales se autorizó el reintegro de gastos por operaciones en el exterior a los coindagados Sacchi y Noachas, todos los directores del BHU incurrieron en el delito, en tanto cometieron un hecho arbitrario abusando de sus funciones.
Para la magistrada, "la arbitrariedad que exige la figura penal imputada se vio configurada al autorizar el pago de sumas importantes de dinero a dos directores por gastos de operaciones quirúrgicas en el exterior y con cargo al presupuesto del BHU sin fundamento legal alguno, ocasionando con ello, además, un perjuicio económico a la institución", informa el semanario.
Además, se relatan las historias de las intervenciones. Se recuerda que en el año 1997 Sacchi se hizo dos intervenciones de rodilla en Nueva York, que pagó de su bolsillo, pero en febrero de 1999, "con el pretexto de que el BHU se había hecho cargo en el pasado de los gastos correspondientes a la intervención e internación de tres funcionarios y ex funcionarios en el extranjero, solicitó al Directorio de la institución el reintegro del dinero. Los demás directores dieron la razón a su colega, firmaron y le dijeron que pasara a cobrar cuando quisiera". Los gastos hospitalarios de las dos intervenciones ascendieron a 27.634 dólares, según se establece en el escrito presentado por el fiscal a la jueza Gatti.
En cuanto a Noachas, este viajó en julio de 1999 a Saint Louis, Missouri, en Estados Unidos, para realizarse una operación de próstata. Una parte de esa intervención fue paga con un seguro privado y el saldo fue asumido por el Estado. Según el pedido de procesamiento de la Fiscalía "las erogaciones por reintegro de gastos a Noachas ascendieron a 12.140 dólares, y la parte no cubierta por el seguro privado fue imputada como costos del servicio médicos y los restantes gastos como gastos varios.
Además, "Noachas viajó con su médico tratante, Rodolfo Leguísamo. Según el fiscal, el Directorio del BHU en sesión del 25 de julio de 2000 autorizó, con cargo al banco, el reintegro del deducible del seguro médico y gastos de traslado y estadía solicitados, incluyendo los gastos de traslado y estadía del médico. En sesión del 24 de octubre del mismo año, el Directorio extendió el reintegro de los importes a traslado y viáticos por estadía del doctor por el término de 16 días".
Finalmente, el fiscal enfatizó: "Las resoluciones anteriormente descritas fueron dictadas fuera de las normas de Derecho Público que definen la competencia de los directores del BHU, que en ninguna parte les asignan a los directores la potestad de abonar directamente con los fondos del organismo, ni a directores ni a funcionarios o ex funcionarios de la institución, los gastos de intervenciones quirúrgicas ni los gastos de pasaje y estadía en caso de operaciones en el exterior del país.