(Emitido a las 8.56)

EMILIANO COTELO:
El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer por la tarde al precandidato colorado Pedro Bordaberry. La audiencia, que tuvo lugar en la residencia de la avenida Suárez, había sido solicitada por el líder de Vamos Uruguay (VU) para entregarle al mandatario un documento con 50 medidas para mejorar la seguridad pública.

Esas iniciativas habían sido presentadas hace pocos días a la ministra del Interior, Daisy Tourné, y ahora serán repartidas también a todos los partidos políticos.

¿En qué consisten esas 50 medidas que promueve VU? ¿Qué opina el presidente Vázquez sobre ellas? Vamos a averiguarlo en entrevista con el doctor Pedro Bordaberry.

EC - ¿Por qué resolvió pedirle una entrevista al propio presidente?

***

PEDRO BORDABERRY:
Cuando elaboramos las medidas y las presentamos pedimos tres entrevistas. Una fue del diputado Germán Cardoso con la ministra del Interior, con quien se reunió y le entregó las medidas, porque nos pareció que era lo que correspondía; otra con el presidente del Directorio del Partido Nacional y una entrevista con el presidente de la República, que contestó enseguida y nos dio la reunión.

EC - Pero ¿por qué una entrevista con el presidente?

PB - Es lo que corresponde para que las cosas se hagan y salgan adelante. No alcanza con elaborar medidas, presentarlas y decir "qué lindo lo que hice", sino que hay que tratar de que se concreten. El problema de la seguridad es muy importante, va más allá de las fronteras partidarias, es un tema del país entero y si uno obtiene la aprobación del presidente las cosas van a caminar mejor, más rápido.

EC - Usted dijo recién que Vázquez respondió de manera rápida al pedido de audiencia. El dato es interesante, porque este no es un buen momento en la relación Poder Ejecutivo - oposición, los disparos van y vienen, y el propio Tabaré Vázquez últimamente ha marcado discrepancias fuertes con la oposición. Por ejemplo, en sus salidas públicas, en los Consejos de Ministros abiertos ha sido muy crítico con blancos y colorados.

¿Cómo interpreta la respuesta rápida a VU? ¿Hay una buena relación entre ustedes? ¿Cómo es el vínculo Pedro Bordaberry - Tabaré Vázquez?

PB - Es un vínculo normal, no es una cosa cercana...

EC - ...fue muy destacado su gesto de concurrir el 19 de junio del año pasado, el Día del Nunca Más, a la Plaza Independencia, cuando la decisión era muy polémica, incluso dentro del propio Frente.

PB - Quizás es valorado cuando uno piensa primero en el país y luego en uno mismo.

Recuerdo cuando fui candidato a la Intendencia de Montevideo, esa misma noche del 8 de mayo estaba en un programa de televisión, y justo le hicieron una entrevista al presidente, en la que él destacó la campaña que habíamos hecho a la Intendencia de Montevideo, que no era una campaña de apoyo al gobierno del Frente Amplio (FA), pero había sido una campaña de propuestas. Destacó entonces –y ayer lo recordamos– que una cosa es la oposición que critica y solo critica y que dice que está todo mal, y otra cosa es la oposición que critica pero propone.

Quizás el presidente valore eso. Nosotros no decimos que la seguridad está bien, todo lo contrario, decimos que Uruguay tiene un problema de seguridad muy grande, pero no nos quedamos en la mera crítica de que está todo mal, nos pusimos a trabajar, analizamos el asunto y propusimos 50 medidas. Uruguay se encamina –ayer lo hablamos también– otra vez a dividirse en tercios en materia política, un tercio más grande, un tercio mediano y un tercio más chico. Por ende vamos a tener que hacer estas cosas muy seguido y encontrar soluciones para los grandes temas del país, porque la gente no puede esperar más.

Ese es el camino que se empieza a transitar, es el camino que nosotros queremos transitar con VU.

EC - Pocos días antes de su reunión con el presidente, el viernes pasado, durante una reunión con los jefes de Policía de todo el país, la ministra del Interior, Daisy Tourné, les pidió a los jefes que no quedaran de rehenes de los políticos "que utilizarán los problemas de seguridad pública como un tema de campaña electoral", y les reclamó un mayor acercamiento a la población.

Usted con el gesto de estos últimos días de presentar esas 50 medidas, ¿se sintió aludido por el comentario de la ministra?

PB - No, si uno se queda diciendo "che, qué desastre, te robaron; qué desastre, te rapiñaron; no los votes más porque te están rapiñando", estaría haciendo un uso político –que no está mal–, un uso electoral del tema. Pero uno dice que hay un problema de inseguridad, recorre el país –porque los problemas no son solo en la gran ciudad o en la gran capital de cualquier departamento, son en los pequeños pueblos de Uruguay, en todos los barrios hay problemas serios–, ve eso y trae gente especializada en la materia. El año pasado trajimos dos economistas de Estados Unidos que nos dijeron cuáles son las cosas que han caminado en el mundo. Pusimos a trabajar a dos ex jefes de Policía, a un ex ministro del Interior, a un consultor en la materia, a diputados, a agentes, y presentamos 50 medidas. Hay que distinguir entre el que hace política a partir de la mejor decisión y el aporte, y el que hace política electoral.

EC - De todos modos, un documento como el de VU es de hecho un adelanto de su programa de gobierno. ¿O no?

PB - Sí, pero es un adelanto de cómo vamos a trabajar, una muestra de cómo trabajamos nosotros. Cuando hicimos la campaña municipal fue lo mismo, no decíamos "es un desastre el transporte de Montevideo", sino que íbamos a implementar vías rápidas para que los ómnibus no fueran a 10 kilómetros por hora y el que viviera a 10 kilómetros de su trabajo no tuviera una hora para ir y una hora para volver todos los días, que íbamos a sincronizar los semáforos, a hacer vías para los ómnibus, para los taxis, para los autos. Proponíamos, así sentimos la política. Y no está mal que eso después se traduzca en votos, a la larga la gente nos va a distinguir, nos vamos a presentar con otra propuesta el año que viene.

Es distinto de la mera crítica. Quizás ahí se equivoca la ministra, en esa apreciación de que todo es político. Además se equivoca porque cuando fue a Rivera hizo un discurso político, y todos los uruguayos siempre hemos sentido al Ministerio del Interior (MI) como un ministerio de todos. El ministro del Interior es una figura muy especial. No se le puede cercenar a nadie la posibilidad de decir "esto está mal, vamos a proponer".

EC - ¿El diálogo con el presidente fue bueno, el ambiente fue abierto?

PB - Claro que sí. Y no solo eso, el presidente se había interesado mucho, le pedimos la reunión y estaba informado de que habíamos presentado las medidas a la ministra del Interior, tenía un informe escrito sobre las 50 medidas arriba del escritorio.

EC - ¿Hizo un balance, le dio una opinión?

PB - Nos sorprendió, porque íbamos a explicarle las medidas y ya las tenía todas estudiadas. Eso, para empezar, nos pareció muy serio, muy profesional, pero además valoró nuestra preocupación por aportar para solucionar el problema de la seguridad.

EC - ¿Qué dijo en primera instancia sobre el documento?

PB - Nos va a contestar por escrito. Eso es bueno, dijo que hay 14 medidas que necesitan iniciativa legal, que hay que discutir en el Parlamento –nosotros lo sabíamos, el diputado Germán Cardoso tiene un proyecto de ley para hacer esas modificaciones– y 34 que el MI ya estaba estudiando desde hace un tiempo o que comenzó a implementar para hacerlas efectivas a la brevedad.

Nos pareció muy bueno, si uno propone 50 y 34 ya están para ejecutarse uno se siente bien con el trabajo que hizo tanta gente. Y había dos que estaban estudiando más a fondo, el mapeo del delito y otra cosa más. Es bueno, es como tiene que ser la política.

***

EC - Algunas de las medidas que ustedes incluyen en este documento son muy fáciles de compartir, pero tienen el lado "débil" del financiamiento. Por ejemplo, la 28 y la 29, "sustancial mejora de las retribuciones del personal policial" y "dotación de más policías ejecutivos"; o la 33, "modernización policial, el reforzamiento tecnológico para el accionar de la Policía"; la 34, "mejoramiento de las comunicaciones y el accionar policial, por ejemplo invirtiendo en un sistema de "trunking" para las comunicaciones, de forma de asegurar que no puedan ser interceptadas", etcétera; o la 36, "fuerte impulso a las políticas de vivienda  para el personal policial"; la 41, "procurar la utilización de aeronaves, incorporándolas al sistema de patrullas", y la lista podría seguir con la 3, la 20, la 22, la 23, la 26, la 48.

¿Cómo se ven presentando este tipo de iniciativas que requieren recursos, que requieren dinero? ¿No se sienten desde la oposición haciendo lo que cinco años atrás le criticaban al FA, proponiendo medidas que son difíciles de realizar por una cuestión de falta de fondos?

PB - Sobre falta de fondos tengo una experiencia bastante importante, estuve a cargo de tres ministerios entre los años 2002 y 2003 y en ese momento sí que no había recursos, hoy sí hay. Le pongo algunos ejemplos: si en vez de comprar las estaciones de Texaco en 25 millones de dólares hubiéramos destinado ese dinero a alguna de estas propuestas, estaríamos empezando a solucionar; si en vez de pagarle 28 millones de dólares al grupo Moon por el puerto detrás del Cerro los hubiéramos destinado a esto, lo mismo; o en vez de poner 64 millones de dólares para vender Pluna, que vale uno, ya se habría financiado dos veces todo lo que usted acaba de mencionar. Es una cuestión de prioridades, por eso se presentan medidas. Quien maneja el gasto tiene que fijar prioridades, y hoy la seguridad es una prioridad muy importante.

EC - ¿Han evaluado cuánto cuestan estas medidas?

PB - Algunas sí, otras no. Pero mucho menos que todo este dinero que acabo de mencionar.

EC - Pero ese dinero ya se gastó y la situación actual de las finanzas es la que es...

PB - ...todos los días la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social nos anuncian que están mejorando su recaudación. Quizás habría que replantearse las prioridades, esta es una prioridad hoy en el país.

También hay una que refiere al sistema carcelario. El sistema carcelario no debe estar en la órbita del MI, en eso encontramos una buena receptividad del presidente y una propuesta de crear el Instituto Penitenciario como un servicio descentralizado, un ente separado. Porque la Policía está entrenada para combatir a la delincuencia, su forma de ser no está hecha para reformar, para rehabilitar o para trabajar en la reeducación de reclusos, en especial de primarios.

Y hay algunas cosas novedosas, que ya se han tirado, por ejemplo que un recluso le cuesta al país unos 500 dólares por mes... habría que hacer llamados para que privados nos suministraran ese servicio de hotelería carcelaria. Se puede hacer una cantidad de cosas, estas medidas son novedosas, hay que encarar el problema de una vez por todas porque estamos cada vez peor.

EC - El tema son las prioridades y continuamente en el debate político surgen asuntos que para quien los pone arriba de la mesa deberían ser prioritarios, pero la cuestión es elegir, porque por más que la situación fiscal hoy anda bien, igual hay una serie de asuntos que hay que atender, una cantidad de cuentas pendientes. Entonces, ¿cómo se hace para manejar el financiamiento de medidas como "aumentar los salarios a los funcionarios policiales"?

PB - El 60% del presupuesto del MI se va al sistema carcelario. Ahí hay que ser más eficiente. Yo fui ministro entre los años 2002 y 2003 y bajamos 22% el gasto de funcionamiento y aumentamos 22% la inversión cada año, no es solamente pedir más. Hoy la situación es muy distinta de la que tuvimos que enfrentar nosotros, e igual tratamos de hacer las cosas y se hicieron casi sin recursos. No es solamente cuestión de "dame más plata, que la voy a gastar", es cómo la gasto y la puedo gastar mejor.

Algunas medidas apuntan a que el Ejército cuide la frontera seca para, de esa forma, sacar funcionarios policiales y ponerlos en el combate de la delincuencia interna.

EC - ¿Cómo es eso concretamente?

PB - La Armada, a través de la Prefectura, cuida la frontera fluvial y marítima, los puentes sobre el río Uruguay están a cargo de la Armada; la frontera aérea y los aeropuertos están a cargo de la Fuerza Aérea, entonces el cuidado de la frontera seca podría estar a cargo del Ejército, como lo estuvo en la época de la aftosa. De esa forma tendríamos más efectivos policiales para el combate a la delincuencia en el país. Se puede hacer una cantidad de cosas, lo que no se puede es estar quieto. Estas medidas apuntan en esa dirección.

EC - ¿El presidente hizo algún comentario sobre este tipo de medidas, sobre las que dependen del dinero?

PB – No, pero de las 50 que propusimos, 34 ya se están implementando para comenzar a ejecutarse a la brevedad por el MI, algún recurso debe haber.

EC - Se dice que en esta Rendición de Cuentas se prevén aumentos para los funcionarios policiales.

PB - Hay un problema, hay vacantes en la Policía y la gente no se presenta, por las exigencias que se han puesto, etcétera. ¿Por qué no se presenta? Porque no es atractivo desde ese punto de vista. Lo mismo pasa con el plan de vivienda –que de repente no es para hacerlo ya–, porque el policía hoy convive con el delincuente que tiene que atrapar. Ahí tiene una traba para funcionar, porque lo detiene, pero su familia queda expuesta. Son medidas que no se nos ocurrieron de un día para otro para sentirnos buenos, se aplicaron en otros países. Si usted es un funcionario policial y está en un barrio donde hay varios delincuentes y los persigue y los detiene, después la familia, los amigos, los compinches del delincuente amenazan a su familia.

Esta es una realidad que pasa en Uruguay, podemos mirar para otro lado, podemos decir "no me importa", o podemos presentar soluciones. Y una es un plan de viviendas para que esto no suceda. Hay que empezar a hacerlo ya, porque cuanto más demoremos más se va a agravar el problema.

EC - En el paquete de medidas hay algunas que implican volver a soluciones que se aplicaban antes de que se instalara el gobierno del FA y que el gobierno del FA modificó. Me refiero a los puntos 1 y 2...

PB - ...sí, el decreto 690 y las comisiones de seguridad barrial.

EC - El decreto 690 era el que facultaba a la autoridad policial a detener en averiguación a eventuales implicados en delitos.

PB - Fue un error claro del ex ministro José Díaz. Lo derogó, se dio cuenta enseguida, y después mandó un proyecto de ley que dice exactamente lo mismo que decía el decreto. Un decreto que se había usado durante 20 años sin ningún problema, se derogó, a los seis meses se mandó un proyecto de ley, pero hace tres años que ese proyecto de ley está en el Parlamento y no se aprueba.

EC - ¿Ustedes proponen que se restaure el decreto?

PB - Sí, que se restaure el decreto mientras sale la ley, porque ahora un policía ve un delincuente mirando un almacén para robarlo y como no hace nada no puede hacer nada, tiene que esperar que robe. Son esas ineficiencias que no dan para más.

EC - Reinstalar las comisiones barriales de seguridad es el punto 2.

PB - Fueron una cosa buena, la policía se acercó a la gente. Hoy el vecino siente la necesidad de que el policía lo proteja, antes se trabajaba bien en los vecindarios y en las comisiones de seguridad barrial. Nos pareció innecesario dejarlas sin efecto y ahora están entre las 34 medidas que se van a volver a aplicar.

EC - Está entre las que, según le comunicó el presidente Vázquez, se aplicarían a corto plazo.

PB - Si no es algo exactamente igual, es prima hermana, con una Policía de Proximidad.

EC - El punto 19 es "reforzar la interacción ciudadano-policía, relanzando y potenciando las figuras de Policía de Proximidad y Policía del Barrio".

PB - De vuelta, empecemos a trabajar, en esto estamos todos juntos. Lo mismo pasa con la Policía Rural: entre los años 2002 y 2004 en Rocha se hizo una experiencia de Policía Rural muy buena y bajó 80% el delito. Ahora se está estudiando una cosa que se llama Policía Montada. ¡Arriba! me parece bien, vamos a hacerlo. La Policía Montada es a través de las jefaturas de Policía, es un poco distinta, pero va con el concepto de Policía Rural. En las zonas rurales hay problemas muy serios de seguridad, lo vemos en los noticieros. Hay que empezar a hacer cosas que den resultado rápidamente, porque la ola nos pasa por arriba.

EC - Detrás de varias de estas medidas se nota la mano del escribano Guillermo Stirling, que fue ministro del Interior durante los dos últimos gobiernos del Partido Colorado y que hoy integra VU. ¿Efectivamente estuvo en la redacción?

PB - Sí, trabajó él, además del ex jefe de Policía de Canelones José María Pereyra Roldán; el doctor Guillermo Maciel, que es consultor internacional en seguridad; Joaquín Gamarra; Diego Fau, que está en una ONG que trabaja en las cárceles; trabajó Germán Cardoso, que es diputado por Maldonado, trabajaron abogados. Todo surgió a partir de una conferencia que hicimos el año pasado con dos economistas, Di Tella y Dubra, que son profesores en universidades en Estados Unidos.

Usted me preguntará por qué economistas en materia de seguridad. Los trajimos para que nos dijeran qué medidas que se tomaron en el mundo dieron resultado y qué medidas no. Nos dijeron que aumentar las penas a los delincuentes no arregla nada, nadie roba o mata pensando que le van a dar cinco, siete o diez años. Pero una mayor presencia policial en las calles tiene una gran efectividad, ellos lo midieron a partir del atentado en la AMIA en Buenos Aires. Después del atentado se puso un policía frente a cada entidad judía, al año se midió y en cada cuadra donde había una entidad judía el delito había bajado casi a cero por la presencia policial. Entonces se puede decir científicamente que esa medida da resultado. Y a partir de ahí surgen las otras medidas, cosas que se hicieron en México Distrito Federal, en Nueva York, en una cantidad de países.

Se puede solucionar el problema de la seguridad, en Uruguay estamos cada vez peor y lo sentimos todos. Hay que ponerle freno de una vez por todas.

EC - Desde la audiencia, Inés le pregunta: "¿Cuánto se puede solucionar de un problema como este atacando solo los síntomas?".

PB - No, ahora nos hemos concentrado en la parte que no habla de eso, pero hay medidas respecto de la escuela, se propone sancionar a quienes no mandan a los hijos a la escuela, estamos trabajando en tener más escuelas de tiempo completo... Por supuesto que no es ir solamente a la represión, hay medidas para atacar al mayor que use a un menor para delinquir.

Esto no es una cuestión exclusivamente de seguridad, nos hemos concentrado en estas medidas porque usted me ha preguntado, pero hay un énfasis muy grande en materia de educación y política social.

***

EC - Es difícil recorrer las 50 medidas, vamos a detenernos en algunas. Por ejemplo, en aquellas que pueden llamar la atención, que tal vez no figuran en la cabeza de la gente. La número 13 es una de ellas, la creación de un archivo genético criminal de ADN. ¿En qué consiste?

PB - Esto es muy bueno tanto para encontrar al que delinque como para exonerar al inocente y ya se hace en otros países. Cuando usted tiene antecedentes penales se le saca su ADN, entonces cuando hay un delito sirve para descartar o probar que fue usted. Es una medida esencialísima y que hoy no es cara, hay que empezar a hacerlo ya mismo. Es como las huellas dactilares, pero mucho más fácil de implementar y más seguro.

EC - ¿Esa medida está entre los acuerdos que ayer surgieron con el gobierno?

PB - Sí, es una de las que se estarían implementando. No nos entregaron un documento escrito, pero suponemos que va por ahí, porque esto no requiere norma legal.

EC - Hay una serie de puntos que tienen que ver con los delitos cometidos por menores, hay varias medidas en esa dirección. Ahí no sé si es tan sencillo el acuerdo con el Poder Ejecutivo y con el oficialismo. Primero, ¿de dónde surge una preocupación fuerte por esta materia?

PB - Para empezar, los menores cometen 180.000 delitos por año en Uruguay, la policía detiene a 2.000 menores por mes. Los menores asesinaron en 2005 a 53 personas, en 2006 asesinaron a 70 y en agosto de 2007, cuando iban 45, el MI dejó de dar los números. Estimamos que son cerca de 100 por año.

De vuelta, podemos mirar para otro lado o podemos encarar este tema. Y tenemos que pensar en el propio menor, pero también tenemos que pensar en la gente, en esas 100 personas que los menores matan por año.

EC - En el número 8 proponen que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser adultos.

PB - Hay otro dato: un menor que mata está, en promedio, un año recluido y sale. Pero cuando llega a los 18 años, si vuelve a matar, es primario porque los antecedentes se borran. Debe haber dos categorías, la del primario absoluto, el que llegó a los 18 años sin antecedentes, anotaciones ni entradas, y el que sí las tuvo. El juez tiene que valorar si esa persona tiene antecedentes de cuando era menor, no se pueden borrar los antecedentes, es de sentido común.

EC - Y en el punto 9 proponen rebajar la edad de imputabilidad para los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hechos de sangre.

PB - Una cosa es robar unos caramelos en el quiosco de la esquina y otra cosa es matar. En eso seguimos el derecho comparado.

EC - ¿A qué edad proponen bajar la edad de imputabilidad?

PB - Para los hechos de sangre y graves a los 14, que es la edad que puso Chile hace dos años, el gobierno socialista de Michelle Bachelet, y que hoy tienen Canadá, Inglaterra, Gales, Irlanda, Alemania, Guatemala, Costa Rica. No es que un día nos despertamos y decidimos proponer esto.

EC - Ustedes invocan a Unicef y el caso de Argentina como ejemplo de medidas tomadas o propuestas en la misma dirección. Pero Unicef salió a desmentir lo que ustedes sostienen.

PB - Salió la oficina local de Unicef en Uruguay. Nosotros dijimos –está en la fundamentación de las medidas– que hace dos años, cuando el gobierno del presidente Kirchner propuso bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, se hizo público un informe –que incluso todavía está colgado en algunas páginas web– en el que Unicef decía que estaba de acuerdo con las reglas de Beijing y que el derecho comparado establece entre los 12 y los 14 años la edad de imputabilidad. Eso se dice en el informe, que se bajó de la página local de Unicef, y está en páginas de medios de comunicación. Es un comunicado de abril de 2004, no lo inventamos nosotros.

EC - Unicef aclara que en el caso de Argentina recomendó elevar la edad de imputabilidad penal de 16 a 18 años y establecer un proceso especial para juzgar a las personas de entre 14 y 18 años que infringieran la ley penal, ya que no existe una ley de responsabilidad penal juvenil. Dice además que la imputabilidad penal es una garantía para que las personas menores de 18 años no sean sometidas a un proceso penal de adultos, respetando así el principio de autonomía progresiva de la infancia y adolescencia, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en setiembre del 90. Y explica que en materia de responsabilidad penal juvenil, las recomendaciones de Unicef en Uruguay han estado orientadas a que el país consagre en su legislación los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño para el establecimiento de un proceso penal especial para las personas menores de edad, y conforme al artículo 43 de la Constitución, que establece que la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer. Según Unicef, el Código de la Niñez y la Adolescencia recogió este principio y creó un proceso especial para las personas menores de edad.

¿Qué dice usted?

PB - Mientras Unicef dice esto, matan a 100 personas por año en Uruguay. Nosotros tomamos lo que dijo la oficina de Unicef en Argentina, el comunicado que dice que de acuerdo con las reglas de Beijing se puede bajar la edad, y que en el derecho comparado se fija entre 12 y 14 años –en algunos países en menos, pero nos parece una locura–. Los hacemos imputables a partir de 14 años si matan. Tenemos que estar de los dos lados, prever la situación del menor que delinque, tratar de rehabilitarlo con todas las garantías, pero si un menor mata no puede estar al año fuera y volver a matar, porque hay una gran reincidencia.

EC - Supongamos que estamos ante el caso de un menor de 14 o 15 años que comete un delito grave, un delito con hecho de sangre. ¿Qué tipo de proceso debe tener?

PB - Debe tener un proceso independiente y si tiene que ser acusatorio, inquisitorio, como recomienda Unicef, nos parece bárbaro. Lo que no puede ser es lo actual, que el menor entre y salga al rato. Nos llama la atención que Unicef haya salido a terciar en esta discusión entre el MI y nuestra propuesta, cuando la oficina de Argentina había sacado el otro comunicado.

Tenemos que tratar de balancear la situación de todos los uruguayos, en especial la de esos 100 que se matan por año. Si un menor mata no puede estar al año fuera, con la posibilidad de volver a hacerlo.

EC - ¿A qué tipo de cárcel iría un menor de entre 14 y 18?

PB - No a una cárcel de mayores, pero sí a una cárcel de la que nos aseguremos que no salgan como salen. Hay una visión romántica en esto, uno piensa en los menores y piensa en reeducarlos, el país no puede tener una minoridad delincuente, yo soy el primero en querer trabajar por eso. Pero es lo que les pasó a la ministra Arismendi y al senador Lorier: apenas llegaron al Ministerio de Desarrollo Social hubo una rebelión en La Tablada, fueron gritando "no me toquen a mis gurises" y entraron convencidos de que los gurises eran sus gurises. Les dijeron "queremos que nos lleven al otro hogar", subieron a la camioneta, y uno de "sus gurises" le encajó un cuchillo en la garganta, le dijo "me sacás de acá" y se fugó. Lo podría haber limpiado.

Podemos ser unos angelitos o podemos encarar el tema seriamente, con medidas de fondo, a largo plazo, sancionando a los padres que no mandan a los niños a la escuela, porque el 86% de los menores que delinquen abandonó la escuela. Pero mientras tanto no podemos dejar que vayan por las calles poniéndole el cuchillo en la garganta al que se les dé la gana. Somos todos mayores de edad y responsables.

Uruguay tiene un problema, o lo encaramos o hacemos la del avestruz. Tenemos que encararlo de una vez por todas, tenemos que tener los pies sobre la tierra. En el mediano y largo plazo hay un problema social de base que hay que atacar, y hay un problema de droga, del que no hemos hablado, pero también se proponen medidas específicas para combatir mejor el tráfico de drogas. Hay un tema de droga muy grande en la minoridad delincuente, que hay que atacar. No vamos a arreglar el asunto solamente bajando la edad de imputabilidad, ni es la propuesta, son 50 propuestas, si hablamos de una sola corremos el riesgo de identificar un árbol y no todo el bosque.

EC - Hemos hablado de unas cuantas.

PB - En www.vamosuruguay.com.uy se pueden consultar.