(Emitido a las7.52)

EMILIANO COTELO:
El Senado de la República votó ayer por unanimidad una declaración de rechazo a la polémica Directiva Retorno que el Parlamento Europeo prevé sancionar hoy, con la cual se busca expulsar de la Unión Europea a los inmigrantes ilegales.

La declaración emitida por la Cámara Alta de nuestro país invita a los demás parlamentos y a los gobiernos latinoamericanos a sumarse a ese rechazo y a tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional. La resolución será elevada a los órganos de las Naciones Unidas.

El texto salido ayer del Senado uruguayo sostiene que la decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional. Señala además su convicción de que la norma es una flagrante incongruencia de la Unión Europea, que nutrió de inmigrantes a América Latina y que, por otra parte, se benefició de la capacidad de trabajo, la honestidad y el esfuerzo de miles de inmigrantes provenientes de esta zona del mundo.

Estamos con el senador Sergio Abreu, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Es interesante que haya salido una declaración como esta aprobada por unanimidad. ¿Cómo se gestó?

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SERGIO ABREU:
Es importante encontrar estos consensos. Se gestó a partir de la iniciativa de la bancada del Frente Amplio, a la que nosotros adherimos, en particular a una redacción de tres senadores, entre los que estaba el senador Gargano, lo digo con total franqueza.

Hay una coincidencia en esta preocupación de emitir un mensaje claro sobre nuestra visión de la política de migración europea. Y cuanto más coincidencia exista en este tema, más fuerza vamos a tener para evitar un proceso de xenofobia y una política de migración cada día más dura que está aplicando la Unión Europea, que se resume en esta directiva del Europarlamento que se va a aprobar hoy en Estrasburgo, con el apoyo de importantes mayorías parlamentarias.

EC - Le cambio el tiempo verbal, porque la noticia llegada hace minutos proveniente de Estrasburgo, dice que "pese a que la votación se preveía larga y espinosa, el Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría la controvertida directiva de retorno de los inmigrantes irregulares". El documento ha sido aprobado sin enmiendas por 369 votos a favor y 197 en contra. Los países europeos tienen ahora un plazo de dos años para ajustar la norma a sus legislaciones nacionales.

El cable recuerda que el texto establece un período máximo de retención de 18 meses en algunos casos, y que los indocumentados no pueden retornar a la Unión Europea durante un período de hasta cinco años. El documento también permite que los menores no acompañados sean repatriados a su país sin su familia, y que se los pueda reagrupar con tutores que no sean familiares directos o en instituciones adecuadas de su país.

Aquí vamos al texto mismo, a lo que ustedes cuestionaron ayer en el Senado.

SA - Es una actitud violatoria de los derechos humanos básicos, porque entre otras cosas establece la pena de prisión, sin ningún tipo de decisión judicial, en un ámbito extranjero. Se establece la privación de libertad por hasta 18 meses de determinados inmigrantes o determinadas personas que no hayan cumplido con las obligaciones de la legislación para ingresar al territorio europeo. Esto de por sí es un elemento muy fuerte, que no solo viola derechos humanos, sino que además tiene un impacto muy importante sobre el desarraigo y una serie de elementos que se relacionan con una política de migración.

EC - Ese es uno de los capítulos cuestionados. ¿Qué más?

SA - Hay dos aspectos, uno es la legalización, que es una de las opciones de los estados, y el otro es la expulsión. Ellos utilizan el eufemismo "alejamiento" para hablar de expulsión. Esa palabra involucra dos aspectos: la expulsión física mediante el uso de la fuerza y con una pena de prisión de hasta 18 meses previa, y otro es el alejamiento del inmigrante con un incentivo del Estado europeo con la prohibición de volver a Europa durante cinco años. Ahí se están tratando de incorporar algunas garantías, como el mínimo de ayuda gratuita jurídica para los clandestinos, que dependerá de cada legislación nacional.

Pero se trata de una política de una gran dureza en materia de migración, que tiene varios fundamentos y una explicación –no justificada de ninguna forma– basada en una visión europea de una proliferación de estados que hablan de la pérdida de identidad, ese es uno de los temas que se discuten en Europa. Yo estuve la semana pasada en Bruselas, discutiendo parte de estos temas vinculados con la seguridad, y pude apreciar que se levanta la bandera de seguridad en materia de todo lo que viene con el terrorismo, en una relación directa o indirecta pero conectada con la política de migración.

Es un proceso de xenofobia, la preocupación europea está básicamente en cerrar el proceso de migración, no solo por razones laborales, sino por razones de identidad cultural e incluso de raza –aunque el tema se esconda–, y de temor y paranoia al terrorismo, que están instalados en muchos estados de la Unión Europea.

EC - Si estas disposiciones incluyen violaciones tan flagrantes a los derechos humanos, como destaca el Senado uruguayo y han destacado en las últimas semanas distintas organizaciones no gubernamentales, ¿cómo se explica que nada menos que el Parlamento Europeo avance en esa dirección y apruebe una norma de este tipo?

SA - En estos temas, ni la cultura de los países desarrollados, ni la de los propios parlamentos son garantía de respeto de las normas básicas. Lo puedo traer a muchas experiencias nacionales incluso.

Existe una predisposición política con este tema vinculada, entre otras cosas, con la coincidencia de la segunda presidencia europea, que ya comienza a prepararse para el presidente francés, y la titularidad del comisario europeo para Inmigración, Jacques Barrot, que también es francés. Francia está haciendo punta y eso lleva al Parlamento a votar dividido, pero a aprobar por mayoría.

Las minorías han argumentado en forma muy fuerte con el tema de los derechos humanos y sobre todo organizaciones no gubernamentales (ONG) han levantado esta bandera marcando una contradicción fuerte: la libertad de personas dentro de Europea para los ciudadanos europeos y la no libertad para los que provienen del exterior, aun en forma ilegal, e incluso el incentivo para el viaje de retorno a los que están legalmente establecidos.

EC - La declaración que emitió ayer el Senado invita a los demás parlamentos y gobiernos latinoamericanos a sumarse a este rechazo. ¿Hay otros pronunciamientos?

SA - Seguramente los va a haber de muchos parlamentos latinoamericanos, y también se va a tratar de llevar a las Naciones Unidas.

EC - Además se exhorta a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional". ¿Qué medidas se pueden recorrer ahora?

SA - Son todas medidas de carácter legal. Uno puede ir a la propia Corte Internacional de Justicia (CIJ), los estados pueden ser titulares de determinadas denuncias respecto de derechos individuales básicos.

EC - ¿Uruguay podría hacer una denuncia ante la CIJ?

SA - Podría, es titular de cualquier tipo de acción de esta naturaleza; tendría que fundamentarla muy bien. Y también desde el punto de vista del derecho internacional –que yo creo que es la mejor vía- la discusión de estos temas se podría llevar a los órganos multilaterales, como las Naciones Unidas.

Son asuntos que se van a discutir en forma permanente, porque va a haber una gradualidad de esta política de migración de Europa. Y yo noté una extrema dureza con el tema migración en Europa, por esta relación migración-seguridad. Además, agravada por una política selectiva, o sea que se incentiva la migración de todo aquello que represente la incorporación a cada uno de los estados de personas con niveles de educación superior. Es decir que no solo se establece una discriminación, sino que además se fomenta el drenaje de cerebros o de personas más educados de los países en vías de desarrollo hacia el continente europeo.

Todo esto debe ser mirado desde el punto de vista del derecho internacional, hay que estudiarlo, pero desde el punto de vista político lo primero es una reacción clara, porque va a afectar a muchísimos uruguayos. Además afecta una política de derechos humanos según la cual la migración tiene que manejarse con un criterio de inclusión, no de exclusión, porque son personas que con grandes dificultades y a veces obligadas por las circunstancias se instalan en otra comunidad en busca de un mejor destino.

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EC - En las últimas horas se publicó un número concreto: solo en Cataluña viven sin papeles casi 7.000 uruguayos.

Casi la mitad de los uruguayos que viven en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España, no tiene papeles. La cifra la reveló la secretaria de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, de visita en Montevideo para afianzar las relaciones con Uruguay.

Cataluña, y en especial Barcelona, ha sido uno de los principales destinos de los uruguayos que viajaron a España a partir de la crisis económica del año 2002. Los datos que maneja la delegación catalana pertenecen a la Secretaría para la Inmigración e indican que a enero de 2008 había 16.631 uruguayos empadronados en municipios catalanes, de los cuales 9.648 poseen autorización y residencia. Estas cifras no tienen en cuenta a los uruguayos con pasaporte europeo.

"La situación de los uruguayos repite la de la mayoría de los inmigrantes que llegan", dijo la secretaria de Asuntos Exteriores del gobierno catalán en diálogo con el matutino El País. "Es casi un padrón de los inmigrantes que llegan, la de los uruguayos se parece a la realidad en general de los inmigrantes, pero vemos que la inmigración que llega de Uruguay es muy preparada, de nivel medio alto, con una cultura elevada; eso facilita mucho la integración en la sociedad catalana", explicó. Gracias a la inmigración, en siete años Cataluña sumó más de un millón de habitantes. Y si bien el gobierno catalán no es competente en el tema de papeles y visados, la secretaria explicó que su departamento trabaja en un proceso de regularización para los uruguayos sin papeles que por ahora tiene plazos lentos.