(Emitido a las 7.50)

JOSÉ IRAZÁBAL:
Una nota publicada ayer en el semanario Búsqueda decía que la Dirección General Impositiva (DGI) "falsificó burdamente" este año documentación sustancial para legitimar las acciones que decidió iniciar contra el empresario deportivo Francisco "Paco" Casal y algunos de sus socios y ex socios, por presuntas deudas con el organismo recaudador, incurriendo en "abuso de derecho y desviación de poder", según informaciones que ya fueron puestas en conocimiento del Poder Judicial, a las que accedió Búsqueda.

El propio Casal, embargado en abril por la justicia civil, y a cuyo grupo económico la DGI demanda el pago de 104,5 millones de dólares por impuestos supuestamente no cancelados, denunció hace algunas semanas ante la jueza Loreley Opertti que el principal organismo recaudador fabricó la orden de inspección que dio origen a la investigación que el Estado sigue en su contra.

"La DGI armó el expediente sobre el grupo liderado por Casal el 12 de marzo pasado, encabezándolo con una orden de inspección con fecha 30 de mayo de 2005, pero impresa, para nuestra sorpresa, en un formulario de enero del año 2008", dice la denuncia.

Según Búsqueda, Casal dejó a la jueza un testimonio notarial de esa orden. "Solo cabe pensar que existió aquí la fabricación o falsificación de una orden de inspección" con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación reglamentaria de que todo expediente se inicie con una orden de estas características, para cumplir con las formas, "cuando el derecho no se ostenta". Casal habría agregado que existieron en el caso falsificación documentaria y antedatación de documentos, lo cual puede constituir un delito penal.

Hoy otras publicaciones dicen que a través de la denuncia se le pide a la jueza que cite a declarar al ministro de Economía, Danilo Astori, y al director general de Rentas, Nelson Hernández, con quien estamos en contacto en este momento.

¿Cómo le cayó esta noticia?

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NELSON HERNÁNDEZ:
Queremos destacar que nuevamente se pretende llevar al plano de la opinión pública la discusión sobre temas que primero deben ser diligenciados en un expediente administrativo, y en última instancia, si el Poder Judicial tomara cartas en el asunto, dentro del propio Poder Judicial.

Hace unos meses, cuando en instancias similares a estas, el empresario Casal salió a la prensa a informar sobre una demanda planteada, antes de que el Poder Judicial la diligenciara, un integrante de ese poder reclamó que se reservara el ámbito de discusión a los estratos judiciales.

Ahora se vuelve a esa práctica de pretender resolver en el plano de la opinión pública cosas que tienen su ámbito específico de discusión.

JI - Pero la denuncia ya está sobre la mesa, los uruguayos la conocen, recién leíamos por dónde va. Es una denuncia muy fuerte contra la DGI, entre otras cosas se habla de falsificación de documentos y del "armado" de pruebas contra el empresario.

NH - La DGI no puede responder, está inhibida de hacerlo porque está amparada o tiene prohibido responder en los términos que corresponde a esas observaciones, puesto que de lo contrario estaría violando el secreto tributario.

Lo que podemos decir con carácter general es que no existen en la DGI adulteraciones de esa índole ni de ninguna otra. Le damos la seguridad a la opinión pública en este caso, porque así lo requiere esta circunstancia en la que estamos hablando de situaciones que no son reales, que son visiones parciales de la realidad; como dice el dicho popular, "no hay peor mentira que una verdad a medias".

Vamos a responder donde corresponda, en el expediente administrativo o en las instancias que requiera el Poder Judicial. Por lo tanto no vamos a responder directamente a las afirmaciones que se realizan, decimos que en la generalidad de los expedientes (ni en este en particular ni en ninguno) no hay situaciones como las que se plantean.

JI - ¿A qué se refiere cuando dice que no se trata de situaciones reales?

NH - Hay una información parcial respecto de la situación, que hace que se arribe a conclusiones equivocadas que, a su vez, podrían tener dos interpretaciones: que hay un desconocimiento de la realidad en su conjunto o que hay intencionalidad de presentar la realidad de forma parcial para llevar a conclusiones que arrimen agua a su molino. Se pretende desviar la atención de la determinación de tributos que se está realizando y que parte –de acuerdo con lo que ha dicho el propio empresario en un expediente administrativo– de una inspección.

Reitero que la DGI en ningún momento ha dado información respecto a este expediente, simplemente ha contestado en forma general lo que ocurre con este como con los demás. Para la DGI el caso Casal es un caso más, todos los contribuyentes son exactamente iguales, aun cuando algunos pretendan –porque tienen la posibilidad de acceder a medios de comunicación– tener un tratamiento diferencial.

JI - ¿Usted tenía conocimiento de esa denuncia antes de la publicación de Búsqueda?

NH - Nosotros nos enteramos de todo por los diarios: de que habría una denuncia, de que habría una demanda respecto de la decisión judicial de aprobar el embargo y de la primera demanda original. Oficialmente no tenemos conocimiento de la existencia de esa demanda, aunque esos elementos deberían estar en el expediente administrativo que se está tramitando en la DGI.

JI - Hoy el semanario Brecha dice que el ex juez Ruben Eguiluz ("un controvertido ex juez de la Suprema Corte de Justicia", como lo presenta el artículo del periodista Walter Pernas, "sancionado con la degradación por su conducta en un proceso civil relacionado con las empresas VTV y Tenfield") asumió como abogado "en las sombras" de al menos uno de los contratistas vinculados con el grupo liderado por Francisco Casal, y que se presentó ante la DGI para proponer un pago de 10 millones de dólares de parte del empresario del fútbol, con el fin de saldar el pleito por 104 millones de dólares por evasión fiscal, según fuentes oficiales y privadas.

¿Puede confirmar esto?

NH - No lo podemos confirmar, no es información que haya surgido de medios de la DGI. No podemos ni confirmarla ni negarla, porque cualquiera de las dos instancias se constituye una información reservada.

JI - Pero ¿puede confirmar si se reunió con el juez Ruben Eguiluz, representante del empresario Chijane?

NH - No podemos ni confirmarlo ni desmentirlo; tanto si lo desmintiéramos como si lo confirmáramos estaríamos dando información respecto del expediente y por tanto, incurriendo en violación del secreto.

JI - ¿Nos puede decir si ha habido alguna propuesta concreta del grupo del empresario Casal para intentar buscar una solución más allá de esta instancia judicial que se está procesando?

NH - Todas esas posibilidades de acercamiento se manejan en un ámbito restringido y, a diferencia del empresario, la DGI guarda secreto de las actuaciones. Pero si existieran esas propuestas, podrían contar con la participación de la DGI, en la medida que los contribuyentes tienen la posibilidad de intentar acordar soluciones frente a un litigio como el que nos ocupa.

JI - ¿Qué plazo tiene Casal para pagar esos 104 millones de dólares por evasión fiscal?

NH - Vamos a tomar nuevamente la información del propio contribuyente: el contribuyente habla de una inspección que se arrastra desde hace varios años, por lo tanto los plazos estarían absolutamente vencidos, y el vencimiento de los plazos para el pago de los tributos genera multas y recargos por morosidad. Si existiera una determinación de deuda, hasta que no se abonaran los impuestos, los plazos y los recargos seguirían corriendo y las deudas se incrementarían de acuerdo con ello.

JI - ¿Puede discriminar de esos 104 millones cuánto corresponde a la deuda y cuánto a lo que se ha agregado por el atraso en los pagos en todo este tiempo que ha corrido?

NH - No podemos ni confirmar ni desmentir esa cifra que ha salido en la presa, simplemente podemos decir que en situaciones en las cuales no se ha producido el pago ni la declaración de impuestos, la prescripción de los tributos se extiende a diez años. Esto implicaría que en una actuación en curso en 2008 se podrían deber impuestos desde el año 1998 y una deuda de 1998 a la fecha multiplica por algo más de 25 veces el importe original, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

Estos números los puede sacar un ciudadano común que acceda a la página de la DGI, en la cual como auxilio a los contribuyentes hay herramientas para el cálculo de multas y recargos, allí se pueden comprobar estos coeficientes o multiplicadores.

JI - Desde la representación del empresario Casal se ha dicho que hasta el momento –y por allí comenzó todo este proceso judicial– había una discusión sobre qué impuestos debía pagar o no. ¿Cómo corre ese atraso si el contribuyente no sabía cuál era el impuesto que tenía que tributar?

NH - La ignorancia de la ley no inhibe de su cumplimiento.

JI - ¿La DGI le había dado una definición clara al grupo Casal de qué impuestos tenía que pagar?

NH - La DGI no tiene que comunicarle a cada contribuyente cuáles son sus obligaciones. Las obligaciones surgen de la ley y de la reglamentación correspondiente, no hay una decisión de la DGI de comunicarle a cada contribuyente qué debe y a partir de qué fecha. Simplemente, la ley y la reglamentación establecen obligaciones para los contribuyentes que se comienzan a generar a partir de su entrada en vigencia.

JI - Dicen algunos medios de prensa que usted va a ser citado por la jueza por esta denuncia de supuesta falsificación de pruebas para dañar a Casal. ¿Ha tenido algún contacto con la jueza?

NH - No hemos tenido contacto, pero estamos a disposición del Poder Judicial para responder en el ámbito que corresponde y en el cual la DGI no tiene restricciones en materia de información sobre esas presuntas infracciones de que se habla. Es más, nos sentimos muy cómodos en el ámbito del Poder Judicial o del procedimiento administrativo para contestar a estos planteos. Pero no nos sentimos nada cómodos de contestar a la opinión pública porque tenemos restricciones para hacerlo.