(Emitido a las 9.04)

JOSÉ IRAZÁBAL:
En diez días comienza la negociación de la ronda de los Consejos de Salarios en la que se deberán fijar las pautas para lo que queda de esta administración. Y el miércoles pasado tuvo lugar la última reunión del Consejo Superior Tripartito, en la que el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT analizaron el arranque de estas negociaciones. Ahora se espera que el gobierno remita las pautas para negociar en más de 200 grupos.

En lo que va de esta administración, el sector empresarial ha hecho fuertes críticas a la relación cercana entre el gobierno y el PIT-CNT, sin embargo en menos de un mes tuvieron lugar dos hechos que llamaron la atención. En primer lugar, a fines de mayo el presidente Vázquez recibió a los principales referentes de las cámaras empresariales, con quienes acordó retomar el diálogo. Y en segundo, esta semana, el mandatario anunció desde Panamá que se va a derogar el decreto que incluye la regulación de las ocupaciones de los lugares de trabajo, una de las primeras medidas de este gobierno, que generó un fuerte rechazo en el sector de los empresarios.

Con este panorama, ¿qué se puede esperar de la próxima ronda de Consejos de Salarios? ¿Hubo un cambio en la relación entre el presidente Vázquez y los empresarios en el último mes?

Para responder estas y otras preguntas, estamos con el doctor Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

¿Cuáles son las expectativas para esta ronda de Consejos de Salarios que comienza el próximo 30 de junio?

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JUAN MAILHOS:
El sector empresarial se prepara para una ronda de salarios –la final de este período de gobierno– atendiendo a la inquietud, que entendemos plausible, de no entreverar las negociaciones salariales con el período electoral que el país ya ha empezado a vivir anticipadamente. El sector empresarial está expectante y tiene el mayor interés en reeditar los altos niveles de acuerdo que se alcanzaron en las dos rondas anteriores.

JI - ¿Qué balance hace de lo conversado hasta ahora y esta misma semana en el Consejo Superior Tripartito sobre las pautas de esta negociación?

JM - Hemos recibido estas pautas que el Poder Ejecutivo llama lineamientos, dando idea de una mayor flexibilidad. Flexibilidad que al sector empresarial le preocupa bastante, porque desde que se iniciaron estas reuniones del Consejo Superior Tripartito hemos observado un ablandamiento de esas pautas para contemplar las aspiraciones del sector sindical. Nosotros asimilamos esta flexibilidad a una falta de certidumbre en las reglas de juego, que nos preocupa porque ya habíamos advertido que este tipo de flexibilidad puede alejarnos de concretar el máximo nivel de acuerdo, como ocurrió hasta ahora.

JI - ¿Puede poner un ejemplo de esa flexibilidad?

JM - Le menciono dos ejemplos. La alternativa uno, que es la alternativa tradicional como se venía negociando, hasta 24 meses, y, en el caso de que no nos pongamos de acuerdo, la alternativa dos, de 30 meses, en la que el Poder Ejecutivo se reserva para sí fijar el porcentaje de recuperación. O sea, en las dos fórmulas, el porcentaje de recuperación establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era del 0 al 2%, pero si no nos ponemos de acuerdo en una fórmula de 30 meses, el Poder Ejecutivo anuncia que fijará el porcentaje de recuperación, lo cual se asemeja mucho a una pauta sin techo y eso nos preocupa sobremanera.

JI - La decisión queda en manos del Poder Ejecutivo.

JM - En los Consejos de Salarios la definición última siempre queda en manos del Poder Ejecutivo y ese es uno de los inconvenientes que le vemos a este sistema de fijación de salarios. Es preocupante porque ni siquiera se habla –como reclamaron los empresarios– de fijar el rango, que es un elemento para saber cuánto nos va a costar la falta de acuerdo en la fórmula dos. Ese es uno de los aspectos.

El segundo aspecto es que en los sectores más deprimidos se obliga a las empresas no solo a dar un fuerte aumento, de 20 y 16% en las categorías más deprimidas, sino que además se arrastra ese aumento al resto de la escala salarial de esos sectores. A nuestro juicio, eso no tiene un sustento plausible y genera una nota de incertidumbre; también sobre este punto se le reclamó una definición al Poder Ejecutivo, que aún no ha dado una respuesta a satisfacción de los empresarios.

JI - ¿Qué se entiende por sectores deprimidos?

JM - Sectores deprimidos son aquellos que tienen alguna categoría mínima que ronda entre los 3.900 y los 4.250 pesos, que se fijarían ahora como salario mínimo nacional.

JI - En esas categorías se aplicaría un aumento de entre 16 y 20%.

JM - Un 20% para entre 3.900 a 4.250 pesos y 16% para las del eje de los 4.000 pesos.

JI - ¿Eso ya está establecido?

JM - Eso ya está establecido, son aumentos muy importantes. De producirse ese aumento, si esa categoría mínima sobrepasa o emparda con la categoría inmediata superior, el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de aumentos de entre el 7 y el 20% o de entre el 7 y el 16% respectivamente, para que no se achate la pirámide. Esto es otro cantar y nos preocupa sobremanera.

Si se decidieran esos aumentos diferenciales para esas categorías no nos parecería mal, pero que se toque e involucre a toda la escala salarial es un tema de preocupación para el sector empresarial. Lo manifestamos y no recibimos una respuesta satisfactoria y determinada.

JI – Pero lo cierto es que nadie vive con 3.800 o 4.000 pesos...

JM - Podemos estar de acuerdo en eso, pero nosotros defendemos el interés del empresario, que tiene que comprometerse con algo que pueda cumplir; si no, ya sabemos cuáles son las respuestas: el ajuste no va a ser por salarios, sino por informalidad o desempleo.

JI - Hace pocos días usted calificó como "locas pasiones" una aspiración del PIT-CNT de que haya una base de salarios en los sectores de 8.500 pesos. ¿Sigue pensando eso?

JM - Yo no me refería puntualmente a los 8.500 pesos, hablaba en términos generales. Quiero aclarar algo a título personal: para nosotros las pautas se componen de la aspiración y las reglas que fija el Poder Ejecutivo, pero también de las aspiraciones del PIT-CNT, por la identidad ideológica que tiene con el Poder Ejecutivo. Para nosotros, el esquema de negociación va a quedar completo cuando el 27 de junio, en la plataforma de 18 de Julio, se establezca cuáles son las aspiraciones del movimiento sindical.

JI - Pasemos al anuncio que ha hecho el presidente Vázquez de que se va a quitar el decreto que contenía la regulación de las ocupaciones de los lugares de trabajo. ¿Cómo leyeron ese anuncio?

JM - Quiero hacer un poquito de historia. Cuando asumió este gobierno, las cámaras empresariales le reclamamos a quien iba a ocupar la cartera de Trabajo (sabedores de que se iban a reinstalar los Consejos de Salarios y que eso podría traer algunas dificultades en el relacionamiento laboral) procedimientos objetivos y previos de prevención y solución de conflictos colectivos.

Pero acá hay una diferencia entre lo que opina el sector empresarial y lo que mantiene el gobierno en sintonía muy fina con el movimiento sindical: para nosotros el conflicto es algo que se debe solucionar, no es una manifestación natural y permanente como tenemos en estos momentos en varios aspectos de la vida de la sociedad. Para nosotros el conflicto debe tener su procedimiento de encauce y solución. Así lo hicimos saber y reclamamos un procedimiento de prevención y solución de conflictos colectivos, y como respuesta trabajamos en una comisión que, en un breve plazo, produjo dos informes (uno con lo que pretendía el Poder Ejecutivo y otro con lo que pretendíamos los empresarios).

Pero, sin tomar en cuenta la postura del sector empresarial, una vez más, el Poder Ejecutivo avanzó con este proyecto de decreto que pretende regular la prevención y solución de conflictos colectivos de una manera ineficaz y que genera gran discrecionalidad, lo que ha valido que el procedimiento se utilice muy poco y que las cosas sucedan a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo. Y además agregaba, como broche final, la ocupación como modalidad del derecho de huelga.

Ese decreto, el 165/06, fue impugnado por más de 200 cámaras y empresas, pero el Poder Ejecutivo lo mantiene y hoy estamos en acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En una muestra de gran falta de sensibilidad del ministro de Trabajo, cuando nos retiramos de la negociación en octubre, inmediatamente el proyecto de ley de negociación colectiva, que incluía un capítulo que reproduce íntegra y textualmente el decreto 165/06, pasó al Parlamento.

Esa es la situación, ese es el agravio y esa es la irritación que tiene el sector empresarial cuando a su instancia pretende la regulación de un sistema de prevención y solución de conflictos y como contrapartida le devuelven un decreto totalmente contrario al interés y a la legalidad y el estado de derecho del país.

JI - Ese es el decreto que el presidente Vázquez va a quitar del medio.

JM - Es el decreto que el presidente Vázquez anuncia que va a quitar del medio. Esperaremos que se verifique. En la respuesta a la carta sobre principios que le enviamos al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en una gran muestra de sensibilidad, se hizo cargo de que esto es un factor distorsivo de las relaciones laborales y anunció que quitaría el capítulo del proyecto de ley.

Ante nuevos reclamos del sector empresarial de que eso era manifestar una buena intención, pero sin ningún tipo de concreción, ahora se anuncia la derogación o suspensión –eso nos preocupa mucho– del decreto de marras. Estamos a la espera de que se verifique con bombos y platillos en algún Consejo de Salarios que eso se va a concretar.

JI - ¿Cómo queda la situación ante una ocupación? Operaría nuevamente la determinación del Poder Ejecutivo...

JM - ...siempre ha primado la determinación del Poder Ejecutivo. El año pasado tuvimos 75 casos de ocupación y el decreto fue invocado muy pocas veces –creo que cuatro– y muy pocas veces aplicado, lo cual demuestra que era un factor irritativo para el sector empresarial, que fundamentaba algo contrario a derecho y que se aplicaba muy poco en los hechos. De modo que el hecho de que exista o no este decreto, únicamente mejora nuestro ánimo y le reconocemos al presidente de la República la sensibilidad de eliminar este obstáculo.

JI - No se llega a lo que ustedes pretendían, que era volver al sistema anterior, al decreto que fue derogado por el ex ministro del Interior José Díaz, que le daba al empresario un mecanismo más directo de denuncia ante la Policía y de desalojo.
 
JM - Si bien eso es una aspiración del sector empresarial, nunca fue levantado en ninguno de los reclamos como un petitorio concreto. Pero en esto no apuntamos a las ocupaciones, hay que contextualizar el petitorio en la reunión con el presidente de la República, que no fue –como dicen algunos dirigentes sindicales– para hablar de los Consejos de Salarios. Nuestra preocupación es que estamos en el umbral de la discusión de una ley de negociación colectiva, y además del tema de las ocupaciones –en esto quiero ser claro y enfático– tiene una inspiración filosófica que no es la que acomoda al sector empresarial ni la que el sector empresarial entiende conveniente para el país. Ahí se quita el furgón de cola, pero subsisten problemas profundos con respecto a la concepción de este proyecto de ley que está a estudio del Parlamento.

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JI - ¿Qué opinión tiene sobre la afirmación de que este gobierno ha inclinado la balanza a favor del PIT-CNT, de los sindicatos, en desmedro de los empresarios?

JM - Le doy una opinión a título personal: más que haber inclinado la balanza, hoy tenemos un nuevo tipo de relaciones laborales: en un platillo están sentados los empresarios y en el otro está sentado el gobierno con los sindicatos. Es algo más que inclinar, es un nuevo equilibrio o reequilibrio de las relaciones laborales, que tomamos como un hecho dado. El gobierno ha adoptado una cantidad de normas en contra del sentir y el parecer del sector empresarial. Esto es un diálogo social de fachada, porque no se encuentran ni se procuran ni se agotan los caminos efectivos para lograr los acuerdos, lo que a nuestro juicio es un problema.

Quiero graficar algunas cosas que están pasando porque de repente la audiencia no está al tanto. En este momento hay un proyecto de ley, que cuenta con media sanción parlamentaria, que establece licencias especiales para trabajadores de la actividad privada, asimilando los beneficios con que cuentan los funcionarios públicos. Esto es, licencia por estudio, licencia por maternidad, paternidad o adopción, licencia por fallecimiento de familiares. Esto, que parece una buena noticia, es aplicar las reglas del Estado a los privados, encareciéndoles el costo laboral a las empresas. Se establece por ley con una gran rigidez y se aumenta en un 50% o más el costo por licencia de la empresa. Son rigideces que contribuyen a distorsiones en el mercado de trabajo que no queremos.

JI - Se dice que los empresarios elogian las políticas de países desarrollados y sin embargo no quieren aceptar reglamentaciones o normativas que favorecen a los trabajadores en esos países, que se olvidan de esa parte. Por ejemplo, de este tipo de medidas que usted acaba de mencionar.

JM - El traspaso de experiencias de países desarrollados a países como el nuestro siempre da problemas. No podemos aplicar, como se pretende, normas de Europa o de Australia a un país que todavía está en vías de desarrollo como Uruguay. El sector empresarial ha sido muy honesto y leal con este gobierno, porque al empresario le sirve que al gobierno le vaya bien –a este y a cualquiera– porque si al gobierno le va bien, seguramente al sector empresarial también le va bien. Hay que desmitificar eso de que hay oposición al gobierno o ultraintencionalidad. Queremos que a este gobierno le vaya bien, porque eso hará que al sector empresarial le vaya bien, pero entendemos que estas definiciones rompen equilibrios básicos, lo que trae problemas para al empresariado que reclamamos que se ajusten.

JI - ¿Cómo observa la presencia de empresarios en los viajes presidenciales, acompañando al presidente Vázquez, como está pasando ahora con esta gira en América Central?

JM - Es una actitud tradicional que los empresarios –que son quienes les dan vida a los acuerdos comerciales que celebra la República– acompañen al presidente en la comitiva oficial para entablar los contactos con el sector privado correspondiente. Es una buena práctica, se ha hecho desde siempre y hay que seguir profundizando en eso, porque es la manera de dar una idea de unidad –que hay, al menos en cuanto a los objetivos– entre el gobierno de la República y los empresarios.

JI - Algunos comentarios y preguntas de los oyentes. Fernando, de Colón, dice: "Antes la identificación ideológica se daba entre los gobiernos y las cámaras empresariales, hasta integraban los gobiernos de los partidos tradicionales".

JM - Sí, pero nosotros nunca anunciamos esa identidad ideológica, como lo hizo el movimiento sindical el 1° de mayo. No creemos que la haya habido. Recién ahora se habla de eso, hasta el presente no se había hablado de esa identificación.

JI - Se viene un año electoral y el Frente Amplio, como fuerza mayoritaria en el país, deberá definir quiénes van a ser sus candidatos. Aparece con mucha fuerza el nombre del actual ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Cómo lo ve?, ¿cree que eso puede cambiar la visión que se ha proyectado hasta ahora desde los sectores empresariales, de una conducción económica correcta llevada adelante por Astori? ¿Cree que eso puede cambiar con la cercanía de las elecciones y una posible candidatura de Astori?

JM - Respecto a los temas políticos no me voy a referir. Mientras el contador Astori sea ministro de Economía, lo único que aspiramos como sector es que sea eso, un ministro de Economía, como hasta el presente, que no abandone ese rol para volver al de presidenciable, porque eso le haría muy mal a él y le haría muy mal al país.

Ante el mal tiempo, como el de hoy, el sector empresarial mira el futuro con buena cara.