(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:

En el departamento de Flores el ambiente político está verdaderamente tenso. En particular, dentro del Partido Nacional (PN) se ha desatado un enfrentamiento muy duro, que tiene derivaciones hacia uno y otro lado.

Hace pocos días informamos acerca del pedido de desafuero del diputado Carlos Mazzullo, ex intendente del departamento de Flores, perteneciente a Correntada Wilsonista (CW), del PN. El caso se inició cuando el actual intendente, Armando Castaingdebat, tras asumir como jefe comunal, realizó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la gestión de Mazzullo. Por ahora, el caso ha derivado en el procesamiento sin prisión de un hijo de Mazzullo por un delito de fraude, y paralelamente en la solicitud de desafuero del legislador para que puedan continuar las investigaciones de la justicia penal.

Cuando esa situación está todavía por resolverse, la Junta Departamental de Flores dio otro paso, pero esta vez en contra del actual intendente: el legislativo comunal decidió promover un juicio político contra el intendente Castaingdebat por el cobro adicional de un 6% en la Patente de Rodados sin autorización del legislativo comunal.

El juicio político a Castaingdebat fue planteado por el edil Horacio Domínguez, del sector del diputado Mazzullo, y fue apoyado por 11 ediles –de un total de 31 que componen el órgano deliberativo– pertenecientes a ese sector blanco y también frenteamplistas y colorados.

Para entender más sobre este caso, estamos con el intendente municipal de Flores, doctor Armando Castaingdebat.

¿Puede darnos su explicación? ¿Cómo es esto que está en discusión en Flores en este momento? ¿De qué se trata este aumento de la patente aprobado sin el visto bueno de la Junta?

***

ARMANDO CASTAINGDEBAT:

Fue muy buena tu introducción, porque sería imposible entender lo que vamos a explicar sin esa connotación política, sin conocer la interna. Y yo agregaría dos cosas: la correlación de fuerzas, hay 14 ediles que responden a la actual administración, 10 ediles que responden al diputado Mazzullo, 5 ediles del Frente Amplio (FA) y 2 del Partido Colorado (PC).

Y hago una pequeña corrección: previo a la denuncia penal, nosotros nos habíamos comprometido a llevar adelante una auditoría. Y como consecuencia de la auditoría del Tribunal de Cuentas, a recomendación de ellos, fue que dimos pase a la justicia.

EC - ¿Para usted ese contexto, ese antecedente, esas acciones que impulsó esta administración municipal, con investigaciones y con una denuncia penal en contra de la anterior administración, es el telón de fondo de lo que acaba de ocurrir ahora, es la causa de este juicio político?

AC - No tengo dudas, pero quiero aportar los elementos para que en conjunto, los oyentes y quienes tengan que tomar opinión, la tomen. Por eso me pareció muy atinada la introducción. No es novedad que por este asunto estoy hablando en los medios, y cuando el tema empieza directamente por el juicio político, yo pido para hacer la introducción, porque sería imposible entender la figura de pedido de juicio político –y además la denuncia penal y el pedido de destitución de algunos jerarcas– sin entender cómo llegamos a eso.

Hubo todo un paso previo, que comenzó antes de la elección municipal con esa promesa de Walter Echeverría, que después nosotros llevamos adelante con la auditoría del Tribunal de Cuentas y todos los pasos siguientes. Porque desde el 7 de marzo del año pasado ha sido la justicia, el Ministerio Público, a través de los fiscales y luego el juez actuante, la que ha determinado lo que tú mencionabas.

Por eso, nuestra reacción primero fue de asombro. Estuvimos en las reuniones previas en la Junta, no estuvimos en la reunión del lunes, y cuando nos despertamos con esta noticia no lo podíamos creer. Más allá de que sabíamos que iba a pasar y que iba a pasar por los mecanismos por los que hay que pasar para desatar este tipo de cosas (porque para pedir un juicio político se necesita la voluntad de 11 ediles, pero para hacer una denuncia penal se necesita la voluntad de un solo edil), no consideramos el momento, la forma y la causa por la que se llegó, pero estábamos convencidos de que se iba a llegar, más allá o más acá, producto de toda esa interna.

Pero si vamos al fondo de la cosa y por qué consideramos que eso no iba a pasar en este momento, lo que hay en discusión en la Junta Departamental es una interpretación jurídica. Por un lado están los asesores de la Intendencia, que sostienen que la Intendencia tenía respaldo legal para fijar el valor de la patente del año 2007, amparada en un decreto del año 92 que está vigente, que habilita a fijar el valor de la patente mediante una alícuota y la tabla de aforos, sin necesidad de pasar por la Junta.

EC - Fue un aumento de 6%.

AC - Porque coincidió con el ajuste la tabla de aforos; fue más o menos el valor del índice de precios al consumo.

Pero por otro lado, los ediles de Mazzullo, acompañados por ediles del FA y del PC, sostienen que no hay respaldo legal para este procedimiento que llevó adelante la Intendencia.

EC - Sostienen que la Junta Departamental debió haber aprobado ese aumento.

AC - Que no hay respaldo legal. La discusión se centra en un tema legal, en si hay o no respaldo legal. El lunes mandamos a nuestros ediles con dos propuestas; la primera, que se llegó a considerar y se votó –ahí se ve la incoherencia del caso–, proponía que la Junta derivara el tema a la comisión pertinente, y que ahí, en conjunto la asesora letrada de la Junta, más el contador, más los técnicos de la Intendencia (porque esta no es una posición personal, yo soy veterinario, es una posición que sostienen los abogados de la Intendencia), con algún asesoramiento externo, se determinara si la Intendencia tenía respaldo legal para lo actuado o no. Esa propuesta fue aprobada y pasó a la comisión, la votaron 16 en 31 ediles.

La otra propuesta atendía a lo siguiente: si se determinaba que había respaldo legal, muerto el perro se acaba la rabia, no había más nada que discutir, pero si se determinaba que no había respaldo legal, se pedía que se habilitara a la Intendencia a devolver o a imputar como forma de pago lo que teóricamente se hubiera cobrado de más, en el ejercicio 2009.

Esta segunda propuesta no se llegó a tratar porque después de la primera moción, la Junta derivó en algo muy difícil de explicar, que solamente estando en un pueblo del interior y viendo lo que fue el accionar de la Junta se puede entender. Tanto es así que a las 2:30 nuestros ediles se fueron de sala, porque el tema no daba para más, e inmediatamente llamaron a un suplente, hicieron la mayoría, y con 16 ediles en sala en tres minutos se procedió a la votación de juicio político, pase a la justicia y pedido de destitución del contador delegado, el director de Hacienda y el director de Jurídica.

Nos es muy difícil separar esto del contexto político. Más cuando en este tema puntual que estamos discutiendo sobran los antecedentes. Vaya si se discutió hace poco la constitucionalidad o no del IRPF. Aquí se acusa a la administración y se pide el juicio político no por robo ni por conducta inmoral ni por violación de la Constitución, se discute si hay o no respaldo legal para la fijación de un aumento de la Patente de Rodados. Yo nunca escuché que la cabeza de Astori fuera a rodar porque había que devolver el IRPF. Hace un tiempo Primaria tuvo que devolver plata porque había cobrado de más, hace poco en la Intendencia de Rocha pasó algo parecido. Entonces es muy difícil separar esto del contexto político y de la realidad política que se vive en el departamento.

EC - ¿Está bien la información que circula esta mañana acerca de cuáles son sus apoyos políticos en el departamento? Usted es blanco, pero es un blanco independiente...

AC - ...un blanco raro (se ríe)...

EC - ...no está alineado con ningún sector; cuenta con el respaldo de Alianza Nacional y de la lista 904, que encabeza Ricardo Berois, un ex diputado herrerista. ¿Esos son sus apoyos dentro del partido?

AC - Habría que ver qué apoyos y apoyos para qué. De fondo hay una gran definición, que es lo que ha desembocado en esto, que no va a terminar acá; quedan dos años, esto va a seguir. Hay una definición de fondo que tiene que tomar el partido y que tiene que tomar la gente en Flores.

Hace unos días vi con preocupación que algún actor político referente del PN trataba de hacer ver esto de Flores como una lucha de Montescos y Capuletos, como una lucha de poder. Si esto fuera una lucha de poder, al otro día de asumir habríamos hecho un acuerdo con Mazzullo y nos hubiéramos asegurado Intendencia y diputación por 25 años. Aquí lo que hay –aunque a mucha gente le cueste creer o piense que no quedan actores políticos que antepongan principios, ética y valores al poder– es lo que llevó a Ricardo Berois a renunciar al comité herrerista y a decir que no está dispuesto a compartir una tribuna política y una corriente con el diputado Mazzullo.

EC - Ese es otro ingrediente que se agrega al panorama complejo del que hablaba en la introducción. Ricardo Berois es un hombre del Herrerismo, cuya agrupación pertenece al Herrerismo, y el Herrerismo acaba de concretar un acuerdo con CW, dentro de la cual Mazzullo ocupa un lugar preponderante. Ha quedado una situación de suspenso sobre si Berois sigue o no trabajando con el Herrerismo, por la incompatibilidad que ve por la presencia en el acuerdo de un hombre como Mazzullo.

AC - Si Berois pensara en el poder y ese fuera el único cálculo que hiciera, ¿qué mejor que juntarse con Mazzullo, ir juntos detrás del Herrerismo y asegurarse la banca y lo que tuviera que asegurar? Por eso no quiero perder de vista lo que decía, hay una responsabilidad. Nosotros, en nuestro departamento –que no incide en el conjunto nacional– hemos dicho que hay una forma diferente de hacer política y que priorizamos cosas diferentes. Hoy no está en discusión si en la anterior administración hubo irregularidades o no, la justicia ya determinó que hubo un manejo irregular, que hubo gente que robó, gente que fue procesada.

EC - Hasta ahora ha habido procesamientos, no condenas. Se han detectado responsabilidades prima facie, el proceso continúa.

AC – Está bien. El Tribunal de Cuentas ha detectado responsabilidades, dos fiscales detectaron responsabilidades, esas responsabilidades fueron avaladas por el juez de turno y hoy están en un tribunal. Es correcta la precisión.

Pero hay otro tipo de responsabilidad, hay responsabilidades administrativas y morales, y esta última es la que tiene que medir la gente. Más allá de la responsabilidad penal que les pueda caber o no a esas actitudes, desde el punto de vista moral son totalmente reprobables y nos llevan a plantear que hay una definición de fondo. El PN tendrá que definir qué tipo de partido quiere ser, más allá de que Flores no incide en el contexto nacional. ¿Se va a priorizar un PN en el que con tal de conseguir dos votos barramos abajo de la alfombra y todo vale, o el PN que ha sido históricamente el partido de los principios, de los ideales? Esa definición les corresponde a quienes manejan el partido. Por supuesto que nosotros la respetaremos, la compartiremos o no y de acuerdo con eso veremos qué haremos de nosotros.

EC - En particular esta última intervención suya parece un mensaje dirigido al Herrerismo, sobre todo al doctor Luis Alberto Lacalle.

AC – No, porque esto se lo hemos dicho. Cuando iniciamos todo este camino, antes de ir a la justicia, fuimos al Directorio del PN y dijimos: "No venimos a consultar qué tenemos que hacer, porque lo sabemos; nuestra conciencia, nuestros principios y nuestros valores nos indican lo que tenemos que hacer, pero les venimos a contar que en Flores va a pasar esto". Y, lamentablemente, todo lo que está pasando confirma lo que hace más de un año y medio adelantamos que iba a pasar.

EC - De todos modos, pese al análisis que usted hace, lo cierto es que la Junta Departamental habilitó la promoción del juicio político al intendente, el trámite continúa y termina en el Parlamento.

AC - A él nos remitiremos cuando nos llame. El Parlamento tendrá que determinar si hay causal o no, si hay respaldo legal para cobrar el tributo; nosotros sostenemos que tenemos respaldo legal y la Junta sostiene que no. Eso se tiene que determinar en la Junta, si hay respaldo legal se termina el tema, y si no hay, pedimos que se nos habilite a devolver ese 6%, que son unos 60 pesos cada 1.000. No importa el monto, pedimos que en caso de que no haya respaldo legal se nos habilite.

Pero si a pesar de eso, el Parlamento considera que tenemos que ser sometidos a juicio político, iremos, porque nos debemos a estos sistemas. Y adelantamos: con la interna que tenemos, probablemente no sea este el último pedido de juicio político.