(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:
¿Cómo se resuelve el vacío legal que ha quedado planteado en cuanto a cómo manejar las ocupaciones de los lugares de trabajo?

La pregunta está arriba de la mesa desde que el presidente Tabaré Vázquez anunció, el mes pasado, dos decisiones. La primera, que se derogaba el decreto que se había creado para la prevención de conflictos, que incluía un capítulo para el manejo de las ocupaciones. Y la segunda, que también se retiraba el proyecto de ley de negociación colectiva, que incluía mecanismos para manejar la hipótesis de ocupación de los lugares de trabajo.

De esta manera, se accedía a reclamos de las cámaras empresariales, que entienden que no debe figurar en ninguna norma el derecho a la ocupación de un lugar de trabajo.

¿Cómo manejar el nuevo escenario? Algo había que hacer, se esperaban resoluciones en esta materia. La novedad surgió ayer, cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, anunció que el Poder Ejecutivo se prepara para remitir al Parlamento un nuevo proyecto para regular las ocupaciones de los lugares de trabajo por los empleados.

En una conferencia de prensa, después de la reunión del gabinete, Bonomi explicó cuáles serán los alcances de esta iniciativa.

(Audio Eduardo Bonomi)

"Es un proyecto de ley que establece que el titular de una empresa ocupada pueda hacer la denuncia ante un juez de Tribunal Letrado de Primera Instancia de Trabajo, en Montevideo, y de un Tribunal Letrado de Primera Instancia en general en el interior del país, en el lugar donde se produce la ocupación, con el esquema de una acción de amparo breve. El juez tiene tres días para convocar a las partes.

Al proyecto que tomamos como base, que fue el que presentó en 2006 el diputado Álvaro Delgado al Ministerio de Trabajo (MTSS), le agregamos que también tiene que pedir información al MTSS: cómo se produjo el conflicto, si hubo negociación previa, si participó el MTSS, si tiene alguna salida encauzada. Pero no vincula la información del MTSS con la resolución del juez, sino que el juez resuelve según lo que crea conveniente."

(Fin)

EC - Poco después de que el ministro Bonomi diera a conocer la decisión, trascendieron las primeras reacciones de las cámaras empresariales. El común denominador fue el rechazo, las gremiales entienden que ese no es el camino.

Estamos con el diputado Álvaro Delgado, que hoy pertenece al sector Soplan Vientos Nuevos, de Carmelo Vidalín, pero que es el legislador del Partido Nacional (PN) que había presentado originalmente el proyecto que ahora el gobierno toma como base.

¿Cómo reaccionó al enterarse de que el MTSS había tomado como base aquella propuesta suya?

***

ÁLVARO DELGADO
En primer lugar, vamos a esperar que venga el proyecto redactado. Después vamos a pedirle al ministro que venga a la Comisión de Legislación del Trabajo a explicarlo y fundamentarlo.

EC - ¿Usted había sido avisado en estos días de que se estaba trabajando sobre su documento?

AD - Teníamos información por la prensa y había algún rumor de que se estaban usando bases de aquel documento presentado en el año 2005 –ahí hay un error del ministro–.

EC - Tengo aquí el texto de su proyecto, y está fechado 14 de junio de 2005.

AD - Y hay otro igual presentado en el Senado.

El gobierno, en materia de ocupaciones, ha cambiado la estrategia varias veces durante estos tres años y pico de administración –ha cambiado la estrategia en varios temas, el laboral es uno– en función de pronunciamientos judiciales, presumiendo pronunciamientos a favor o en contra. En el caso del impuesto a la renta, decía que había que esperar el fallo de la justicia; con respecto a los juicios contra el Estado, presentó una ley cuando los estaba perdiendo, cambiando la sede judicial.

En materia laboral, sobre todo en las ocupaciones, desde 2005 hasta ahora pasó mucha agua bajo el puente, particularmente en el ámbito de la justicia, en este caso la administrativa. Ya hay algunos fallos del procurador de lo contencioso administrativo en contra del decreto de 2006 del Poder Ejecutivo, que determina que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga. Esta es la primera vez en la historia que una norma lo determina claramente y ya hay un fallo en contra, por inconstitucional, ante recursos de 200 empresas, a este decreto del procurador de lo contencioso administrativo. Y es inminente el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la justicia administrativa, que sería bueno esperar. Seguramente el gobierno hace esta movida porque prevé un fallo desfavorable.

Quiero hacer una breve historia. En mayo de 2005 el gobierno cometió el primer error en materia laboral, que fue derogar el decreto 512/66, que habilitaba al Ministerio del Interior (MI) a desalojar los lugares ocupados. Que se utilizó muy pocas veces, cuando no había más instancias de negociación en el MTSS.

EC - Esa derogación fue resuelta por el Ministerio del Interior.

AD - Con el aval del gobierno, porque fue un decreto y, de hecho, hoy varios actores del gobierno reconocen que fue un error, el error original. En aquel momento se originó un gran caos: en el primer semestre de 2005 hubo 13 ocupaciones de empresas; las empresas presentaban recursos de amparo y la justicia no daba trámite; los empresarios temían que los juicios terminaran siendo juicios ordinarios que demoraran meses o años en la justicia y nadie asumía competencia.

En ese contexto, en junio de 2005 presentamos un proyecto de ley que tenía dos artículos, asignaba competencia a la justicia laboral y civil en materia de ocupaciones –no hablaba del tema de fondo–, y un procedimiento sumario que se asimilaba a los tiempos del recurso de amparo, que son muy breves, llegan a un plazo máximo de seis días.

EC - Tengo aquí el proyecto. En la primera parte decía: "El presente procedimiento judicial se aplicará en ocasión de la ocupación por empleados, obreros, estudiantes o cualquier otra persona, en locales comerciales, industriales y similares, centros de enseñanza públicos o privados y organismos públicos. La Justicia de Trabajo será la competente para entender en la desocupación de los locales de trabajo públicos y privados, y la Justicia Civil será la competente en los demás casos".

El artículo 2º decía: "Se encuentra legitimado para entablar la presente acción el titular de la empresa objeto de ocupación".

AD - Y establecía el procedimiento.

EC - "La demanda se presentará con las formalidades prescritas en el Código General del Proceso, en cuanto corresponda...", etcétera.

AD - Exacto.

En aquel momento el gobierno no lo acompañó, no le pareció una buena idea, y a sectores de trabajadores tampoco. Se siguió en esa situación de gran incertidumbre, con un número de ocupaciones muy importante –recordemos lo que fueron los años 2005 y 2006–, y el gobierno en 2006 firmó un decreto que por primera vez en la historia establecía la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo como modalidad del ejercicio del derecho de huelga, que debería realizarse en forma pacífica... Por primera vez se establecía en una norma, en este caso en un decreto, que la ocupación era una extensión del derecho de huelga. A partir de ahí, 200 empresas lo recurrieron ante el TCA. En ese marco ya hay dictamen del procurador de lo contencioso administrativo en contra del decreto del Poder Ejecutivo por considerarlo inconstitucional, y es inminente un fallo de la justicia administrativa, presumimos que en el mismo sentido.

Y en el medio hubo 11 fallos judiciales de la justicia civil a favor del desalojo de empresas ocupadas. Todo esto ha pasado desde 2006 hasta ahora. Con esto quiero decir que el contexto de 2008, por varias razones –entre ellas la que acabo de mencionar-, es muy diferente del de 2005. No solo porque ya hubo una norma –en este caso un decreto– que legitimaba las ocupaciones, y ahora hay un presumible fallo en contra por inconstitucionalidad de la justicia administrativa. Entonces lo primero que hay que hacer es esperar este fallo, sería de absoluta racionalidad esperar este insumo básico para regular las ocupaciones. Y además daría garantías a todos de que se está en una etapa casi final en la justicia administrativa.

En segundo lugar, ya hay fallos judiciales, ya hay antecedentes de la justicia civil. Y en tercer lugar, lo más importante de todo –lo reclamé en 2005, lo reclamé en la ocasión de la interpelación del diputado Ithurralde al ministro de Trabajo–, la necesidad de un compromiso público de generar los consensos necesarios, no generar más fricciones entre trabajadores, empresarios y gobierno. Particularmente, en el contexto actual, no solo por todo lo que pasó –normativo y judicial–, sino porque el contexto es otro, estamos a un año de las elecciones –esto se va a tramitar en este semestre–, estamos en el medio de una negociación de los Consejos de Salarios, planteamos la necesidad y la exigencia de apelar a los consensos en materia de relaciones laborales y particularmente en un tema tan sensible como es regular las ocupaciones.

EC - Por más que el Poder Ejecutivo tome como base un proyecto suyo, usted no está de acuerdo en que se vaya por este camino.

AD - Lo voy a estudiar cuando venga, cuáles son los fundamentos, vamos a pedirle al ministro que lo explique en el Parlamento. Pero hay que poner arriba de la mesa estos insumos que menciono. Ya hay antecedentes, hay que esperar un fallo de la justicia administrativa, y, lo más importante de todo, hay que trabajar con los consensos necesarios. Estamos en un año muy complejo.

EC - Hablando de consensos, el asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, dijo que ya hubo una reunión con el ministro de Trabajo por este asunto, en la que las autoridades presentaron esta iniciativa, y que en esa ocasión ya se le comunicó el rechazo unánime de todas las cámaras a esas bases. Dijo que "para los empresarios las ocupaciones son ilegítimas", y por tanto no aceptan que puedan ser consagradas en el derecho uruguayo.

Por otro lado, reafirmó que la nueva reglamentación debió tener como fundamento el decreto 512/66, que facultaba a la fuerza pública a desalojar a los ocupantes a solicitud de los empleadores. "Aquella resolución había sido aprobada en plena democracia y en vigencia de todas las libertades, ese debe ser el marco, esa debe ser la base", comentó el doctor Mailhos.

AD - El proyecto que presentamos en 2005, en aquel contexto, establecía competencia y procedimiento, no se definía sobre el tema de fondo.

EC - Pero ¿no implica en los hechos reconocer el derecho a la ocupación?

AD - No, en aquel momento no lo implicaba, simplemente establecía un procedimiento, porque había un gran caos en el plano de las garantías –en ese caso de los empresarios, con las empresas ocupadas– y no había competencia de ninguna de las ramas de la justicia.

EC - Mailhos sostiene que la regulación que se les pretende dar a las ocupaciones implica legalizarlas. "Y ese intento no lo compartimos", enfatiza.

AD - No sé cómo viene el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando lo tengamos vamos a opinar. Pero la base del consenso es importante. Aquí hay tres derechos en materia laboral que tienen el mismo rango y hay que respetarlos: el derecho a la huelga, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. La ocupación vulnera algunos de estos derechos, siempre lo hemos sostenido y lo seguimos sosteniendo. En materia de relaciones laborales y de ocupaciones, particularmente en un año como este, preelectoral, en el que no se pueden politizar los temas (por lo menos este tema no debería politizarse ni ser un tema de campaña electoral, por la sensibilidad que despierta sobre las inseguridades jurídicas, hay aspectos vinculados con la inversión, una cantidad de cosas que hacen a las garantías de todos, y porque además hay derechos constitucionales en juego), se puede avanzar solo sobre la base de consenso. En esa posición vamos a estar.

EC - Pero es necesario hacer algo, ha quedado un vacío legal que hay que cubrir.

AD - Si yo fuera el gobierno, esperaría la sentencia del TCA, que es de respeto a la justicia, en este caso la justicia administrativa. Sería un insumo muy importante para avanzar después en una eventual regulación.

EC - Para usted habría que esperar esa resolución antes de remitir al Parlamento este proyecto.

AD - Absolutamente.

EC - Y después operar sobre la base de negociaciones y en búsqueda de consensos.

AD – Exacto, tomarlo como insumo junto con las sentencias que ya hay, y buscar la posibilidad de generar alguna norma de consenso. Estas cosas no pueden ir a marcha de camión sobre mayorías circunstanciales, particularmente cuando estamos en la víspera de un acto eleccionario.