(Emitido a las 7.52)

JOSÉ IRAZÁBAL:
La relación entre los funcionarios aduaneros y los despachantes de aduana se tensó a raíz de la investigación que está desarrollando la jueza de Ciudad de la Costa Mariana Motta por el pago de coimas en el Aeropuerto de Carrasco.

La magistrada, que ya procesó con prisión a 11 funcionarios aduaneros, tomó declaración ayer a más de 10 despachantes de aduanas y sus gestores, aunque todos quedaron en libertad. También comparecieron siete empleados de la aduana, de los cuales cinco quedaron en libertad por falta de pruebas, y dos funcionarias que fueron procesadas con prisión.

La Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) emitió un comunicado ayer en el que critica duramente a los despachantes de aduana por su responsabilidad en presiones y corrupción. Además, considera que el actual director, Luis Salvo, debería ser removido de su cargo.

Para saber más sobre esto, estamos en diálogo con Virginia Errandonea, vicepresidenta de la AFA. ¿Por qué sacaron este comunicado?

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VIRGINIA ERRANDONEA:
Porque hace unos días la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU) sacó un comunicado lavándose las manos con respecto a todo este tema y creemos que no debe ser así. El tema es que ellos juegan un papel y la aduana juega otro.

Esto está en manos de la justicia, tenemos que permitir que la justicia actúe e investigue a fondo, que se investiguen los hechos con los cuales empezó este tema, que fueron el posible contrabando de armas y drogas, o el posible contrabando de mercadería. Por ahora esto no se ha comprobado, estamos a la espera de que se hagan nuevas indagatorias con esos fines.

Queremos advertir que con respecto a las formas de trabajar de la Dirección Nacional de Aduanas, hemos planteado muchas veces, incluso durante el conflicto, que en la aduana no ha habido ningún cambio con el nuevo gobierno, tenemos todo lo mismo, el mismo director del gobierno de Jorge Batlle, y que por lo tanto no hay ningún indicio de que las cosas vayan a cambiar. Se está dando ahora por la vía de los hechos, pero no hubo otra luz que dijera que había que actuar en forma distinta.

Todavía falta gente por llamar a declarar, está la parte de los jerarcas, que la Asociación considera que también tienen responsabilidad y estamos esperando que los llamen a declarar.

JI - ¿Cómo se ve todo este fenómeno desde la Asociación? ¿Coimas o propinas?

VE - En este tema no voy a definir. Nosotros en todo caso, como lo hemos planteado, queremos hacer un buen debate con respecto a la corrupción, pero no solo en la aduana sino en todos lados. El tema de los notables no solo tendríamos que tenerlo nosotros, sino toda la administración pública, porque sabemos que también hay corrupción en otros lugares. Amén de los privados, porque la ADAU es un ente privado.

JI - Pero con ese argumento no dejan de ser corruptos quienes reciben coimas o propinas en la aduana. Puede ser una situación generalizada, pero eso no exime de culpa a quienes hacían esto en sus puestos en la aduana.

VE - Por supuesto. El único que intentó parar esta práctica fue Armando Méndez, que en su momento nos citó a todos los aduaneros y dijo que la iba a parar de arriba abajo y que cuando llegara abajo iba a avisar. Y al señor lo primero que le pasó fue que encontró algo muy grueso y lo sacaron. Por eso yo decía que creemos en la justicia, que queremos que se siga investigando, porque el tema no pasa por ahí, tiene que haber algún pez gordo, a ese pez no lo dejan llegar y nosotros estamos en el último eslabón de toda esta cadena.

JI - ¿Ustedes no deberían condenar el cobro de coimas por los funcionarios? ¿Cómo es esto de que nadie paró esto o que nadie les dijo a los funcionarios que eso no se debía hacer? Los funcionarios saben que esto no se debe hacer, que es un delito.

VE - Es una práctica que no es de ahora sino que viene de hace muchísimos años. Nosotros no somos jueces para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es una práctica, ya hicimos un comunicado referido a esto, y no podemos expedirnos porque la justicia está actuando.

JI - Me genera alguna duda por qué ustedes no pueden condenar el cobro de la coima, más allá de que la justicia actúe después en los casos puntuales.

VE - La corrupción –lo decimos en el comunicado– la condenamos en todos sus términos, pero la justicia está actuando. No puede quedar en el último escalón, tiene que ir a los responsables de esto, porque hay responsables en cada lugar de trabajo y ellos son los que son permisivos o no son permisivos, están enterados. El director nacional siempre estuvo enterado de estas prácticas. Y él está enterado desde el gobierno anterior también.

JI - ¿Usted dice que Salvo sabe que los funcionarios cobran propinas o coimas a los despachantes de aduanas?

VE - Lo sabía Lissidini, que dijo que el 50% cobraba y el 50% sabía que eso se cobraba. Esto no es de ahora, viene de hace muchos años. Estoy hablando de la época de Armando Méndez, así que es de hace muchísimos años. Nunca fue distinta la actuación de la aduana. Se está investigando, me parece bien, pero no queremos que quede en el último escalón, queremos que se siga investigando a los responsables, a los jerarcas que estaban en ese momento, y el tema del contrabando de drogas y de armas, que sería especialmente grave en el caso de que se pudiera comprobar.

JI - ¿Ustedes van a tomar alguna iniciativa para que se investigue a los jerarcas de esas reparticiones de la aduana? ¿Cómo van a desempeñarse en ese sentido?

VE - Hicimos la denuncia en el comunicado, salió en la prensa. En algunos lugares todo eso ha salido, en otros lugares han sacado sueltos, no ha salido. Creo que hay especial intención de que esto quede callado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema, porque creemos que siempre que hay una persona en el último grado hay un supervisor y es importante que esto se investigue. En el comunicado lo expresamos claramente, porque esa gente había sido trasladada unos días antes.

JI - Cuando usted dice "esta gente", ¿a quién se refiere?

VE - A los directores de esas reparticiones.

JI - Los habían trasladado, ¿qué tiene que ver eso con estos procesamientos?

VE - Hay que buscar las conexiones.

JI - Ustedes generan un montón de dudas, de sospechas que quedan flotando en el ambiente. ¿Cómo se puede cristalizar eso para poder llegar a fondo en la investigación?

VE - Ellos dijeron que hacía seis meses que estaban investigando, tienen que tener otras puntas. Y si tienen otras puntas, queremos que sigan adelante, porque nos hace mucho mal que se haya dejado pasar –de acuerdo con los informes– contrabando de drogas o de armas. Si se permitió eso, necesitamos que se siga investigando, no quedarnos en estos 20 o 50 pesos que se cobraban por trámite.

JI - ¿Por qué se cobraban esos 20 o 50 pesos?

VE - Ya lo he manifestado, es una práctica que viene de hace muchísimos años, no es algo que yo pueda remediar. Nosotros no somos jueces, está en manos de la justicia.

JI - Los despachantes de aduana dicen que los funcionarios directamente les cobraban un peaje para agilizar los trámites y que si no estaba ese dinero el trámite se trancaba.

VE - Son maneras de ver. Pero no toda la aduana cobra esos peajes y sin embargo sigue funcionando. Denuncias de atrasos y de cosas que quedan rezagadas no hay. Somos 1.100 funcionarios, procesaron a ocho, no nos conocemos todos. Pensábamos que con este gobierno iba a haber una clara manifestación de formas de trabajar, pero no la hubo, no la hubo desde un principio, recién aparece en el último tramo. Esto se tenía que haber hecho mucho antes.

JI - ¿Qué intención podría haber en el gobierno para que se dé ese fenómeno que usted denuncia?

VE - Primero, alguien con ganas de trabajar en la aduana, alguien que no haya sido de otro gobierno, sino que sea de este, que sea un civil y que sepa de aduanas. Esas son cosas fundamentales, poner a las personas idóneas, capacitadas en cada lugar de trabajo, donde puedan moverse y saber dónde están pisando. Es algo elemental, y acá no ocurrió.

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JI - El diario El País trae un informe especial sobre esta convivencia crispada entre aduaneros y despachantes por la investigación que se está llevando adelante.

Habla de distintas tácticas jurídicas ante la jueza, tanto aduaneros como despachantes de aduana enfrentan en estas horas una virtual guerra jurídica con el objetivo de salir mejor posicionados frente a la jueza Mariana Motta y el fiscal Gilberto Rodríguez.

Los aduaneros pretenden que la jueza Motta se incline por el cohecho simple –la coima–, lo cual llevaría a reconocer que en el otro extremo del ilícito hay otra persona –el despachante–. Esta táctica jurídica tiene sus riesgos, se podría probar en el juzgado que el cohecho es calificado –otra modalidad de coima– o el fraude –que tiene una mayor pena–.

Pero para librarse de estos dos ilícitos los despachantes sostienen que deben pagar peajes a los aduaneros para realizar los trámites de importación de mercadería. Si logran su objetivo, los aduaneros saldrían procesados por concusión –un funcionario público obliga a otra persona a darle un dinero–, mientras que los despachantes quedarían en libertad. Algunos juristas creen que no es fácil probar la concusión, ya que se debe establecer el ánimo amenazador del funcionario de aduana.

Un capítulo aparte merecen los cadetes de los despachantes, quienes podrían ser acusados de coautoría de cohecho.