(Emitido a las 7:47)

EMILIANO COTELO:
"Guarteche acusa al comisionado parlamentario para las cárceles de favorecer a dos narcotraficantes". El título se destaca esta mañana en las páginas de información nacional del diario El País. Vale la pena prestarle atención.

¿Qué hay detrás? Frases como esta: "El comisionado parlamentario me presionó para que yo trasladara a Treinta y Tres a dos narcotraficantes. Él le hace los mandados a delincuentes", dijo ayer el jefe de policía de Canelones, Sergio Guarteche.

En Canelones se ha vivido en estos últimos días una situación delicada. El director de cárceles de Canelones, Rodolfo Sosa, fue relevado de su cargo a consecuencia justamente de un informe del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé.

Con todos esos antecedentes arriba de la mesa, Guarteche dijo que: "el comisionado está a disposición de los internos y no sólo de los normales sino también de los narcotraficantes. Hemos visto pedidos de traslados de narcos que no sé con qué interés vienen. Garcé ha tratado de presionar no solamente a la autoridad carcelaria sino también a los jefes de policía como a mí".

Cuando el periodista le consultó sobre qué tipo de presiones había recibido de parte de Garcé, Guarteche respondió que "el comisionado parlamentario quiso trasladar a dos narcotraficantes a la cárcel de Treinta y Tres". Explicó que él (el jefe de policía) denegó el petitorio. "Yo no me dejo presionar por nadie. Basado en una falacia, Garcé trató de comprometer al jefe de policía de Treinta y Tres y a mí y buscó empujarnos a que autorizáramos esos traslados", siguió diciendo.

Luego le consultaron si había informado al Ministerio del Interior sobre la existencia de esas presiones por parte del comisionado parlamentario y Guarteche respondió: "no comuniqué a nadie, el tema quedó en la interna del comando de Canelones".

***

EC – ¿Qué te parece Pepe si hablamos con el propio comisionado parlamentario?

JOSÉ IRAZÁBAL:

Sí, porque son acusaciones muy graves y que apuntan a la propia ética del trabajo del Comisionado Parlamentario.

EC – Doctor Garcé ¿cuáles son sus aclaraciones con respecto a un planteo tan fuerte como éste?

ÁLVARO GARCÉ:
En primer lugar rechazo por absolutamente falsa la acusación. En segundo lugar digo que en la medida que esto es un ataque frontal, no a mí directamente sino a la institucionalidad, la respuesta a estos graves dichos la voy a procesar como corresponde, institucionalmente, en la órbita del Parlamento. Yo me debo a los legisladores y las legisladoras que en su momento me confiaron esta responsabilidad de hacer el seguimiento de la situación de los derechos humanos en las cárceles. En este momento estoy preparando un informe especial que complementa lo ya adelantado la semana pasada y por lo tanto será en ese plano que me voy a manejar. La respuesta no será individual sino institucional.

EC – Me parece que es imprescindible algún tipo de adelanto con respecto a esa respuesta, porque esto ya está publicado en la prensa y va a estar circulando durante varios días antes de que se conozca su respuesta al Parlamento. ¿Qué puede señalar entonces ahora?

AG – Con mucho gusto, pero en esto yo ya he fijado la posición y además lo he consultado con legisladores y así lo hemos acordado. Ese informe especial va a ser presentado en las próximas horas. Va a ser un informe muy completo, en el que vamos a estar repasando las quejas, las denuncias recibidas, todo el trabajo de campo realizado especialmente desde el mes de enero a la fecha en el establecimiento de Canelones; [se incluirán] aquellas quejas y denuncias que fueron comunicadas a la Justicia, tanto las que fueron investigadas y pudieron ser comprobadas como aquellas que todavía están en trámite. Vamos a hacer un detallado informe sobre los resultados de todo ese seguimiento que con mucho cuidado hicimos en la cárcel de Canelones, a la que semanalmente han asistido dos asesores. Todas las semanas han ido integrantes de la oficina, que han hecho un excelente trabajo, y ese ha sido el insumo principal, conjuntamente con algunas visitas que he realizado en algunos casos acompañado de legisladores.

JI – Dentro de lo que dice Guarteche se mencionan pedidos suyos para el traslado de presos. ¿Está dentro de las potestades de un comisionado parlamentario pedir que se trasladen presos, por ejemplo de un centro de reclusión como el de Canelones al de Treinta y Tres?

AG – El comisionado no tiene la potestad de pedir sino de recomendar y es en esos términos institucionales que hemos acotado la actuación desde el primer día, desde julio del 2005. Todo lo hecho en la cárcel departamental de Canelones será motivo y tema de ese informe especial.

EC – ¿Pero usted efectivamente puede llegar a solicitar, por ejemplo, el traslado de un narcotraficante? ¿Por qué tipo de razones?

AG – Creo que esto es muy importante. A mí me llama la atención que exista ahora una nueva categorización entre "narcotraficantes" y "normales", como se desprende de lo declarado públicamente por el jefe de Canelones.

Dentro del sistema penitenciario hay personas que están privadas de su libertad por decisión de un juez, y que van a prisión por distintas razones, por la lesión o presunta lesión a diferentes bienes jurídicos. Naturalmente que entre las facultades del comisionado parlamentario de la institución está la de recomendar medidas que sirvan para la protección de los derechos o de la integridad física de cualquiera de las personas privadas de libertad. En ese sentido la ley, la Carta Orgánica del Comisionado, no establece ningún tipo de distinción entorno a qué internos debe observar y hacer el seguimiento, sino que esto objetivamente comprende a todos.

EC – La nota que se publica hoy recuerda que no es la primera vez que usted recibe este tipo de acusaciones. El 10 de junio pasado fue el ex director de cárceles, Enrique Navas, quien dijo que mientras él ocupaba ese cargo el comisionado parlamentario rogaba por los presos pesados como los narcotraficantes. "Garcé frecuentemente planteaba traslados y ponía énfasis en algunos narcotraficantes, se lo había alertado. Podía ocurrir que lo hiciera sanamente, pero los elementos corruptos que se mueven en ese ambiente suelen utilizar gente de bien, sana, para sus manejos y sin quererlo puede estar funcionando, puede estar siendo funcional a los intereses de los elementos corruptos que se mueven entorno al sistema penitenciario", decía Navas.

¿Qué tiene para decir usted al respecto? Primero sobre el fondo de lo que decía Navas en aquel momento, sobre el riesgo de ser utilizado por este tipo de presos.

AG – En su momento decidí no responder públicamente y el tema quedó simplemente en conversaciones con legisladores y legisladoras que, en forma unánime, me aconsejaron (y lo entendí correcto) no entrar en una polémica pública. No corresponde que un asesor técnico del Parlamento entre en polémicas cruzadas con actores del sistema penitenciario, mucho menos con un ex director nacional de cárceles que hace tiempo ha sido relevado del cargo.

EC – De todos modos sobre la posibilidad de que alguien que cumple una función como la suya esté siendo utilizado...

AG – Sobre eso voy a profundizar en la comparecencia que en su momento tendré ante el Parlamento y que yo mismo he solicitado.

EC – Resulta que en estos últimos meses podría decirse que usted ha sido colocado en más de una ocasión en el banquillo de los acusados, ha tenido más de una polémica pública con autoridades del Ministerio del Interior. Estábamos citando los recientes dichos del jefe de policía de Canelones y está el antecedente del mes de junio del ex director de cárceles Enrique Navas, pero también hace pocos días fue la propia ministra del Interior quien polemizó con usted públicamente. ¿Qué dice sobre este tipo de situaciones?

AG – Yo tengo claro que si algo no hice fue entrar en una polémica pública ni en una contienda con la señora ministra, y no lo he hecho además porque como digo...

EC – Pero lo que quiero decir es que la ministra se manifestó desconforme con algunas de sus actuaciones, con algunos de sus planteos, y lo dijo en los medios, públicamente.

AG – Desde luego que la señora ministra tiene toda la libertad de hacer esos comentarios y no justamente porque lo diga un asesor técnico del Parlamento. Del mismo modo, la ministra ha recordado que en este episodio de Canelones el comisionado no ha actuado sólo, y que esa alerta que ha dado a tiempo –de alguna manera– ha constituido una ayuda. Por lo tanto, creo que aquí más que existir una diferencia lo que ha habido es un reconocimiento de la discreción del procedimiento y en definitiva de la utilidad de las conclusiones.

JI – ¿Cuándo va a estar presentando ese segundo informe sobre la cárcel de Canelones? Usted dice en las próximas horas ¿va a ser hoy, va a ser mañana?

AG – Sí, exactamente, entre hoy y mañana. Usted y la audiencia comprenderán que, estando sujeto a deberes funcionales, corresponde que yo no adelante determinados aspectos en forma pública y que los legisladores y las legisladoras –en definitiva mis mandantes– no tomen conocimiento de esto por la prensa, sino que lo hagan directamente en ese informe en el que rindo cuentas, como siempre lo hago sobre cada uno de mis actos.

JI – ¿Va a llevar los dichos de Guarteche ante la Justicia?

AG – Como le decía en el comienzo, esto no será una respuesta individual sino que de alguna manera será conversada y acordada con los legisladores.

JI – ¿Piensa hablar con la ministra del Interior por este tipo de declaraciones de jerarcas policiales, en este caso un jefe de policía?

AG – Con la ministra y con todo el comando del ministerio del Interior hablamos permanentemente, de modo que no habría nada extraordinario. No he hablado todavía con la señora ministra, pero no habría nada extraordinario en una conversación de ese tipo.

EC – Me quedó la duda ¿cabe la posibilidad de que efectivamente usted presente una denuncia penal contra el jefe de policía de Canelones?

AG – La posibilidad por supuesto que existe. Eso lo voy a analizar con la institucionalidad y en el marco del Parlamento.