(Emitido a las 8.51 horas)

EMILIANO COTELO:
Según la ley de Seguridad Social vigente, para poder jubilarse con la edad mínima de retiro, que es de 60 años, la persona debe tener, además, 35 años de servicio con aportes registrados.

Los dos requisitos son muy difíciles de alcanzar, si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido en el mercado laboral de los últimos 20 años. Según los estudios técnicos, solo el 17% de los empleados privados estará en condiciones de jubilarse a los 60 años.

Para atender esa y otras situaciones delicadas, el gobierno ha propuesto flexibilizar varias normas de la reforma previsional votada en 1995. El proyecto de ley obtuvo media sanción el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y se espera sea aprobado por el Senado en el correr de este mes.

¿Cuáles serán las nuevas condiciones para el retiro a los 60 años? ¿Qué beneficios habrá para quienes están cerca de los 60 y quedan desocupados por largo tiempo? ¿Es una reforma de la seguridad social o un parche para algunos casos críticos?

De estos y otros aspectos del proyecto, vamos a conversar con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro.

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EC - Este proyecto surgió del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social que el gobierno convocó el año pasado. ¿Qué conclusiones se sacaron en ese ámbito?

ERNESTO MURRO:
En primer lugar, esto arrancó en junio de 2007 y tuvo una muy amplia participación. Participó el 75% de las instituciones convocadas y cuando la Universidad de la República hizo un censo entre todos los participantes, más del 90% expresó su satisfacción por cómo se había organizado este evento de diálogo, por las expectativas, por cómo había mejorado el relacionamiento entre las organizaciones. Y después hay una serie de indicadores muy interesantes, como la pluralidad que tuvo; estuvieron los empresarios, los trabajadores, los jubilados y pensionistas, las AFAP, las instituciones de la seguridad social. Sin duda fue un evento trascendente y esta es una de sus conclusiones. No solamente estas dos grandes leyes, la Reforma Jubilatoria y la Reforma del Seguro de Paro, sino que el Diálogo apoyó –se aprobaron durante el Diálogo– también las leyes de Asignaciones Familiares y de Asistencia a la Vejez, y otras, como la que establece la posibilidad de hacer aportes sin realizar actividad, por convenio entre empresas y trabajadores cuando hay procesos de reestructura, que es otra ley muy importante que ya está vigente.

Son productos bastante rápidos y de un consenso muy importante; los seis documentos del Diálogo fueron aprobados por consenso: los cinco documentos temáticos y la carta al presidente de la República. Este proceso está siendo analizado a nivel internacional en forma muy seria. Mañana va a haber una conferencia internacional en la que participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Turín, de Lima, de Chile, con las principales autoridades de la OIT, porque es el Día Mundial del Trabajo Decente, y acá se celebran, además, los 16 años de la representación de los directores sociales en el BPS. Los organismos internacionales, la OIT, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ven como procesos muy interesantes los que se están dando en el país de reformas y de políticas sociales, y en particular de construcción de un sistema de protección social. Estas reformas son parte de ese proceso.

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EC - Vamos a este proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. El primer gran cambio que incluye es que a los 60 años de edad se baja el otro requisito para poder jubilarse, la cantidad de años de trabajo registrados, baja de 35 a 30. ¿Cómo se llega a esta decisión?

EM - Desde que se aprobó en 1995 –quizá algún oyente lo recuerde–, yo he criticado mucho eso, lo hizo el movimiento sindical, todos los estudios indicaban que Uruguay con esa exigencia exagerada, única en el mundo, de 35 años de trabajo registrados y de hecho pagos para acceder a la jubilación común, iba a impedir que la mayoría de la gente lo hiciera. Lamentablemente perdimos unos cuantos años. Todas las investigaciones que se han hecho últimamente, desde las que hicimos en su momento hasta ahora, muestran que la inmensa mayoría –dos de cada tres, tres de cada cuatro trabajadores, particularmente en la actividad privada y fundamentalmente la gente del interior, las mujeres, los trabajadores de menores ingresos– no llega a los 35 años.

Además, en Uruguay se desarrolló una cultura. Hasta el año 96 no importaba si uno estaba registrado o no, o importaba poco, pese a que la historia laboral es obligatoria en Uruguay desde 1919 –va a hacer 90 años–. Pero nunca se la quiso aplicar, se quería que las cosas funcionaran con la tarjeta política, con la recomendación política, que los testigos fueran predominantes, y entonces teníamos las cajas de jubilaciones –en Montevideo y en otros lugares del interior– rodeadas de clubes políticos, estaban los testigos sentados esperando. Esto se le cambió a la gente de un día para otro. Problema que seguimos teniendo, porque un sesentón de hoy cuando se va a jubilar, en el mejor de los casos, si le fue muy bien en los últimos 12 años, tiene 12 años de historia laboral, pero tiene que juntar otros 23 de otra manera y hay registros que no existen, que las empresas no registraban. Y como además hemos eliminado, particularmente a partir de la presencia de los directores sociales, desde fines de 1992, 1993, las recomendaciones políticas -y si encontramos alguna cosa de esas, actuamos como tenemos que actuar- eso significó un cambio muy importante para la gente.

Por eso que flexibilizar la posibilidad, porque la gente tiene que tener derecho a la jubilación. Hubo gente que no solamente fue obligada a trabajar en negro, sino que además se generó en el país la cultura de que no importaba estar registrado. Ahora estamos haciendo el proceso inverso, queremos generar la cultura de la inclusión social, de la formalidad. Nos está yendo muy bien, tenemos récord histórico en registro de empresas, de trabajadores, y tenemos que seguir haciendo mucho más. Pero esta es la razón del cambio: facilitar que la gente acceda a una jubilación, porque vemos las dificultades en la realidad.

EC - Se permite acceder a la jubilación con 60 años de edad y 30 de trabajo computados, pero se cambia la tasa de reemplazo.

EM - Claro, porque la opción en este momento es solucionarle el problema a la gente más perjudicada, a los que fueron perjudicados por los cierres de empresas en los noventa, a los perjudicados por la crisis de 2002, a los cincuentones y sesentones, a quienes se les cambiaron las reglas en la mitad del partido; se busca facilitar el acceso a la jubilación. La mejora de los porcentajes de jubilación con relación al salario es una tarea pendiente, pero en esto se han hecho muchas cosas, porque no es lo mismo, por ejemplo, si uno tiene 60 y 35, jubilarse con el 50% del salario de los 15 años anteriores, cuando no había Consejos de Salarios, cuando se había eliminado la negociación colectiva, con pasividades que cayeron un 25% de su valor real, que ahora que se estimula la negociación colectiva, que hay una política de aumento de las pasividades mínimas como nunca había habido. Por primera vez, ahora en agosto, se aumentó la mínima, que no se aumentaba desde 1995 cuando se votó la ley de seguridad social. Y todavía no es suficiente lo que se ha hecho.

EC - Según las normas hoy vigentes, si una persona se jubila con la edad mínima, a los 60 años, tiene que tener 35 años de trabajo computados. Con las normas vigentes se obtiene una tasa de reemplazo de 50%: pasa a cobrar como pasividad el 50% del sueldo de los últimos 10 años. El proyecto de ley que está a consideración del Parlamento baja cinco años la cantidad de años de trabajo requeridos, en vez de 35 se permite la jubilación con 30 años, pero también se disminuye en cinco puntos la tasa de reemplazo, que pasa de 50 a 45%. Entonces, ¿qué se gana con esta flexibilización?

EM - Se gana que la gente que hoy está sin nada, porque está sin trabajo y sin jubilación, va a recibir algo. Y al jubilarse adquiere el derecho a la salud; esto es parte de la reforma del sistema de salud; todos los nuevos jubilados acceden a la salud, es un conjunto de cambios, las políticas están interrelacionadas. Esto hace que existan las otras flexibilidades, porque no es solamente bajar a 30, también existe la posibilidad –otra vez pensamos en los cincuentones– para los que fueron especialmente perjudicados por las políticas de ajuste de los noventa, por los cierres de empresas, por la crisis de 2002. Por ejemplo, una persona que tenga 58 años y 28 de trabajo, que lleva más de un año de desocupación, va a tener posibilidad de tener dos años de subsidio, cumpliendo con determinadas condiciones, y con eso llega a 60 y 30 y puede reenganchar. Esta es la segunda medida que flexibiliza el acceso.

EC - ¿Puede explicar mejor cómo funciona ese subsidio, qué es ese subsidio?

EM - Es un subsidio especial, una especie de seguro de paro –no denominado así–, donde con 58 años y 28 de trabajo ya cumplidos y con más de un año de desocupación probada se podrá acceder a este subsidio por hasta dos años. Con esos dos años la persona llega a 60 y 30 y reengancha hacia delante con la jubilación.

Y hay una tercera medida muy importante, que es el reconocimiento por hijo biológico o adoptivo para las mujeres trabajadoras. Es un cambio que están solicitando los estudios a nivel internacional, porque implica un reconocimiento muy importante a las mujeres trabajadoras. Es un año por hijo biológico o adoptivo de trabajo. Pongo un ejemplo: una mujer que hoy tenga 60 años de edad, 28 de trabajo y dos hijos. A esa mujer, si hoy va a golpear a la puerta de mi oficina o me encuentra en la calle, le tengo que decir: "Señora, tiene que conseguir trabajo registrado por siete años más", porque tiene 28. Tiene que conseguir siete años registrado a los 60, para juntar 35. Cuando se apruebe la ley, y en la medida de las fechas de vigencia que establezca el Parlamento, esa señora se va a poder jubilar. Los hijos sirven tanto para alcanzar las condiciones de jubilación, para alcanzar los años requeridos, como para, si ya tiene los años trabajados, mejorar en algo el porcentaje de jubilación con el que se va a jubilar.

EC - ¿Cuál es la filosofía detrás de este reconocimiento, detrás de esta posibilidad de computar un año de trabajo por cada hijo?

EM - Es un reconocimiento de algo que también es parte de la realidad, de la vida del país, de la idiosincrasia en general y en nuestro país en particular, de que las mujeres, además de que se vienen incorporando progresivamente al mercado de trabajo, son, en general, las que realizan el trabajo de cuidado de los niños, de las personas con discapacidad, de las personas enfermas. Apunta a lo que se llama la "discriminación positiva", porque los estudios indican que las mujeres, en general, sufren más informalidad, menor densidad de cotización, aparecen con menos meses trabajados a lo largo del año, con menos años de trabajo. Esto busca ayudar para que las mujeres puedan obtener más fácilmente su jubilación.

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EC - También se flexibiliza la obtención de la jubilación por edad avanzada, que hoy se logra a los 70 años con 15 de servicios y remuneraciones registrados. ¿Por qué esta modificación? ¿En qué consiste exactamente?

EM - Hoy la jubilación común es con 60 y 35.

EC - Esa es la mínima, de ahí para adelante uno puede jubilarse con más edad y más años de trabajo y obtiene mejores tasas de reemplazo.

EM - Exactamente. La segunda posibilidad es 70 y 15, y en el medio hoy no hay nada. Uruguay debe ser de los pocos países del mundo donde una persona con 67 y 34 no obtiene nada. Nos pasó la semana pasada en el directorio: una persona presentó un recurso porque le habíamos negado una jubilación. Sesenta y cuatro años de edad, 34 años de trabajo, 11 meses y 25 días, le faltaban cinco días. No tiene nada. Ahora se establece una serie de flexibilizaciones por las cuales se mantiene 70 y 15, pero va a ser posible con 69 y 17; 68 y 19; 67 y 21; 66 y 23; 65 y 25. En esas condiciones se va a poder acceder a la jubilación por edad avanzada, que es una posibilidad que existe históricamente en el país, pero que tenía un solo parámetro, que era 70 y 15.

No es solamente para facilitar el acceso a la jubilación avanzada, sino para facilitarles el acceso a aquellas personas que tienen más de 60, en este caso más de 65, y que no llegan a 30. Es otra posibilidad.

EC - ¿Cómo cambia el panorama? ¿Qué es lo que estiman a partir de los cálculos que se han hecho hasta este momento?

EM - El BPS tiene un área especialmente dedicada a la investigación, a la estadística, de muy amplio reconocimiento desde hace muchos años y que hemos potenciado en esta administración. La importante Asesoría General en Seguridad Social del BPS –dirigida por el contador Luis Camacho, un hombre de muy vasta experiencia nacional e internacional– ha hecho varias estimaciones de lo que puede pasar. Fue la misma que colaboró con gobiernos anteriores en otros procesos de reforma. Es una importante área del BPS, de gente que está exclusivamente dedicada, dentro del organismo, a hacer las estadísticas, los estudios, las investigaciones; publica un libro cada tres meses.

Ellos hacen dos hipótesis, una de máxima y una de mínima. Dicen que de aprobarse este proyecto tendríamos entre 5.000 y 9.000 jubilados y jubiladas nuevos en el primer año de vigencia de la ley, y luego eso iría disminuyendo, porque se espera que una cantidad de gente que hoy no se puede jubilar se jubile en 2009 y 2010. Luego, el número va a ir disminuyendo en los años posteriores y ya en 2013, 2014, 2015, estaremos en el orden de unos 3.000 más que los que se jubilan hoy por año.

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EC - Estas modificaciones implican un costo adicional para el Estado. ¿De qué orden es?

EM - Con distintas hipótesis, con distintos escenarios que imaginamos, estamos hablando en el primer año de entre 14 y 26 millones de dólares, que luego irían disminuyendo, y hacia 2013, 2015, serían unos 10 millones de dólares más anuales por la reforma jubilatoria.

El seguro de desempleo es otra reforma relacionada con ésta, porque el seguro de paro genera derecho a la salud, a la Asignación Familiar y genera años para la jubilación. Vamos a facilitar el acceso al seguro de paro en un país donde históricamente el seguro de paro ha cubierto solamente al 10 o 15% de los desocupados, lo que quiere decir que el 85 o 90% de los desocupados ni seguro de paro tiene. El facilitar el acceso al seguro de paro, que también está interrelacionado, tiene un costo estimado de unos cinco millones de dólares anuales más. Es parte de este conjunto de políticas que se está desarrollando.

EC - Son costos adicionales que va a tener que soportar Rentas Generales, porque el BPS sigue siendo deficitario.

EM - Pero nunca estuvimos mejor. El BPS tiene un presupuesto, si contamos los días hábiles del año, de unos 10 millones de dólares diarios; cuando asumimos –y este es un dato que me importa mucho destacar–, en el año 2005, más de la mitad, más de cinco millones, venían de Rentas Generales: el 52%. Hoy estamos en el 34%, es la cifra más baja, desde los noventa, de asistencia neta que viene del gobierno central.

EC - ¿En cuánto está situada anualmente?

EM - Lo que nos viene directamente para el BPS por impuestos afectados, como el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) y la asistencia neta de las transferencias, hoy está en 34%. Bajamos.

EC - Pero mi pregunta era en cuánto está situado en dólares, para saber qué impacto tiene este sobre costo que se agrega ahora.

EM - El presupuesto del BPS está en el orden de los 3.000 millones de dólares anuales. Por eso hacía la cuenta dividiendo por 300 días, 10 millones de dólares diarios. Es un porcentaje bajo, pero es importante.

EC - Hay unos 1.000 millones que son asistencia de Rentas Generales. ¿Cuánto se va a sumar ahora a eso?

EM - Depende de los escenarios, si sumamos las dos reformas, entre 15 y 30 millones de dólares. Porcentualmente es bajo; el aumento del gasto social es importante, pero hay una decisión de hacerlo. Y lo otro que destaco, que no es menor, es que el BPS históricamente necesitó dos o tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) de asistencia neta –en la crisis de 2002 llegó casi a cinco puntos del PBI de asistencia neta–, y hoy por primera vez en la historia moderna estamos en menos de un punto, en 0,83, pese a las mejoras que se han hecho que implican gastar más, porque no estamos gastando menos, estamos gastando más. Pese a eso estamos en la asistencia neta más baja. Es un indicador muy importante del récord de cotizantes, de empresas registradas y pagando, del aumento significativo en los sectores.

Esto es un proceso, no es lo mismo que pasaba antes. Tenemos distintos estudios de cómo ha caído la informalidad, de cómo ha caído la evasión. Si medimos la evasión en puestos de trabajo, bajamos 10 puntos en estos tres años, del 40 al 30. Pese a los cambios importantes que hubo, que redujeron recaudación, porque estamos en la tasa de aporte patronal más baja de la historia: 7,5% de aporte patronal jubilatorio. Estamos en el valor de cuota mutual –para determinar el complemento de cuota mutual, que es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas– más bajo de la historia. En el correr de este año se bajó un 22% el valor de la cuota mutual, 209 pesos. Eso significó que por cada trabajador, cada empresa, particularmente las pymes, están pagando 209 pesos menos por mes. Estamos en la tasa de aportes patronales de la construcción más baja de la historia: en el 70%. Pese a esas cosas que nos disminuyen recursos, estamos en una asistencia neta por debajo de un punto del PBI, que también es la más baja de la historia moderna. Esto quiere decir que tenemos que seguir haciendo cosas en el marco de otras leyes, porque esto no es un proceso aislado.

EC - Pero a propósito de los costos y de este proyecto en concreto, que era el motivo de la entrevista inicialmente, se conocieron estos días declaraciones del ex presidente del BPS Rodolfo Saldain, que decía que estas modificaciones "van en contra de lo que marca la realidad demográfica y financiera del sistema, y en contra también de lo que ocurre en la mayoría de los países con una realidad como la nuestra". Y agregaba: "La Ley 16.713 –la de 1986– estableció como requisito 35 años de trabajo, que yo valoré excesivos, pero la solución no es volver a 30, sino establecer causales especiales". ¿Se podría haber mejorado la situación con causales especiales como propone Saldain?

EM - En primer lugar, el Partido Nacional (PN) votó este proyecto de ley en el Parlamento.

EC - Con algunos comentarios adicionales, que podemos ver.

EM - Lo aclaro, porque el doctor Saldain es candidato del PN y el PN votó esta ley en el Parlamento. Y por otro lado, hay una realidad que hay que tener en cuenta: cuando se analizan las edades de retiro, las edades jubilatorias, hay que analizar por lo menos dos edades: la edad legal y la edad real. En Uruguay tenemos una ventaja a favor, que es una oportunidad que estamos aprovechando, que es que la edad real de jubilación es 64 años, cuando la legal es 60. En muchos países europeos desarrollados, con indicadores de envejecimiento similares a los de Uruguay, la edad real de jubilación puede ser 60, 63 ó 65 –hay distintas experiencias, la han subido y bajado–, pero la edad real normalmente es inferior, en muchos países europeos la edad legal es 65 y la real es 58.

EC - ¿Cuál es la diferencia entre "edad legal" y "edad real"?

EM - La legal es la que establece la ley, la gente se jubila a los 60 o a los 65. Pero después, por distintos mecanismos, como sucede en Europa, la real –porque se bonifican determinadas realidades, por hijos, por estudio, por una cantidad de cosas– desciende, y en muchos países está en 58. En Chile, por ejemplo, habían puesto la edad en 65 para algunos sectores, y 25 años después se dieron cuenta de que la real, a la que realmente se jubilaba la gente, era 58. Entonces, el año pasado hicieron una ley especial para aumentar la edad de jubilación. Por tanto, esa es una ventaja que tenemos en Uruguay.

Por otro lado, esto es parte de un conjunto de cosas, donde además de estas normas generales también hay normas específicas. Por ejemplo, lo que ha significado el monotributo. En siete años del monotributo anterior se registraron 3.000 personas; nosotros en un año del nuevo monotributo hemos registrado 9.000, el triple en un año que en siete: tenemos 12.000 personas registradas. Hay que seguir haciendo mucho más.

EC - La consulta era sobre lo que decía Saldain, que le parecía equivocado dejar consolidada como condiciones de retiro los 60 y los 30 años de trabajo registrado.

EM - Es la opinión de él; lamento que haya participado en el Diálogo Nacional nada más que media hora, ahí habría tenido oportunidad de dialogar con la gente y con las distintas organizaciones para exponer sus puntos de vista. Lamentablemente no lo hizo, estuvo una media hora un día o dos, y después se fue a su escritorio y ahora escribe estas cosas que dice en algún lado públicamente. Me parece muy bien, tiene todo el derecho de hacerlo; el documento que entregaron por escrito lo consideramos y lo tuvimos en cuenta en algunas cosas.

Pero voy a esto porque lo que estoy diciendo también tiene que ver. Porque si no hubiéramos incorporado al monotributo 9.000 personas, esas 9.000 personas estarían en la ilegalidad, en la informalidad, estaban fuera del sistema y no iban a llegar a obtener causal jubilatoria, ni a obtener derechos de seguridad social para ellos y para sus hijos. Por eso importa.

Por eso importa la ley de artistas que está a consideración del Parlamento, para favorecer la inclusión de los artistas y de la gente de la cultura en la seguridad social, porque no queremos que la gente se jubile como antes por tarjeta jubilatoria. Queremos que la gente se jubile por estar formalmente incluida en la seguridad social. Este es un proceso de cultura de la seguridad social.

Por eso estamos haciendo, además, otras leyes reparatorias. Por ejemplo, se dice que se mantiene el porcentaje de jubilación con relación al salario, se mantiene la tasa de reemplazo, y es cierto, pero al mismo tiempo, desde este mes estamos reliquidando más de mil jubilaciones de trabajadores que en el 70 construyeron las represas de Salto Grande y Palmar, a quienes se les liquidó mal y esas jubilaciones nunca se habían reformulado. Se encontró documentación y desde este mes estamos reliquidando esas jubilaciones.

EC - Se está adelantando a otras objeciones que yo quería plantearle. Porque durante la discusión en la Cámara de Representantes, cuando el PN votó –el PN y el Partido Colorado acompañaron este proyecto–, desde filas blancas se dejaron marcadas algunas objeciones. Por ejemplo, Carlos González Álvarez cuestionó que no se están modificando los topes jubilatorios actuales, que tampoco se está modificando el período de los últimos años aportados que se toma para fijar la remuneración jubilatoria, y que se mantienen sin cambios la pensión a la vejez y la pensión por incapacidad. "Por eso", agregó, "este proyecto es una tímida mejora." ¿Qué responde a este tipo de señalamientos?

EM - Tengo que tener cuidado, porque de política no puedo hablar. Voy a tratar de referirme técnicamente a los proyectos aprobados y en vigencia, y a los proyectados.

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EC - ¿Qué responde a las objeciones que planteaba el diputado Carlos González Álvarez, del PN?

EM - Opinamos que las reformas de la seguridad social deben ser graduales y progresivas. Lo peor que se hizo en este país fue la reforma de shock, del 95, sin discutir. Yo era el representante de los trabajadores y tuve solamente 20 minutos para opinar en el Parlamento; aquí hubo más de un año de diálogo con todas las organizaciones sociales. Además de eso, durante 12 años, desde 1996 hasta ahora, no se hizo nada y ahora estamos haciendo. Ese es el gran cambio. No es cierto que no se modificaron los topes, los topes se modificaron, se aprobó la Ley 18.119. Beneficiamos a 9.000 personas. Los viejos topes, de los que tantas veces hablamos –los siete salarios mínimos–, se modificaron, ya estamos en nueve Bases de Prestaciones de Contribución (BPC), ya estamos cerca de los 15.000 pesos, en esos topes que nunca se habían tocado desde 1979. Tampoco es que la gente se jubile por los últimos 10 o los mejores 20.

EC - Desde la audiencia se consulta eso, si sigue vigente esa posibilidad.

EM - Sí, y además este directorio ha flexibilizado, dentro de las normas vigentes, para una mejor aplicación de esas causales de liquidación, porque había algunas confusiones o dudas en la redacción original. Tampoco es cierto que no se hayan modificado las prestaciones por discapacidad. Estamos en la segunda revisión del baremo –que es el mecanismo que mide la discapacidad–, está en el orden del día del directorio. Es la segunda en esta administración, en tres años; en los 12 años anteriores se había hecho una sola revisión de los baremos de discapacidad, y ya hicimos dos en tres años. Seguramente el próximo miércoles aprobaremos la segunda revisión luego de recibir el informe técnico de la Facultad de Medicina.

Además, en el propio proyecto de ley de reforma hay modificaciones para las jubilaciones por incapacidad. Voy a mencionar dos. Hoy, si la junta médica del BPS declara que una persona tiene una enfermedad terminal, esa persona tiene que tener de hoy para atrás seis meses registrados; puede tener 30 años de trabajo, pero si en los últimos seis meses trabajó tres en negro y tres en planilla, se queda sin nada, con una enfermedad terminal, sin trabajo y sin pasividad. En este proyecto de ley se elimina esa condición de los seis meses previos de registro al día que el médico declara la enfermedad.

También cambia la disposición que establecía que la discapacidad por enfermedad podía ocurrir solo hasta dos años después del cese de actividad. Había personas que se empezaban a enfermar, empezaban a tener problemas, empezaban con una discapacidad, muchas veces por eso eran despedidas, perdían el trabajo o no podían seguir haciendo el trabajo que hacían, y se tenía que determinar eso hasta dos años después. Si eran dos años y un día, también se quedaban sin nada. Eso también se saca. Por tanto, ahí también hay un cambio.

Y se están haciendo otras cosas. Por ejemplo, el Parlamento acaba de aprobar la Ley 18.355, que va a reliquidar desde 1975 -33 años- unas 15.000 pasividades de trabajadores de la construcción. Estamos hablando de 10.000 personas ya jubiladas y 5.000 pensionistas viudas de trabajadores de la construcción, pero además de todos los que se jubilen de ahora en adelante, que se les va a calcular la jubilación como corresponde, por el salario nominal o bruto, antes de los descuentos, y no como se venía haciendo hasta ahora, que se liquidaba por el salario líquido. Son 15.000 beneficiados que ya son jubilados y pensionistas, más los que vengan a futuro.

Y lo que ha significado la reimplantación gradual de la prima por edad. Desde 1979 no había más prima por edad -casi 30 años-, y se reimplantó; había 70.000 que cobraban, porque les había tocado por leyes anteriores al 79, y ahora tenemos 50.000 personas más. Pasamos gradualmente de 70.000 a 120.000 personas que están cobrando la prima. Se cobraba un 1% por supuestos gastos de tesorería a 105.000 jubilados y pensionistas de industria y comercio desde el año 57. Eso se dejó de cobrar.

Todo este conjunto de cosas va haciendo que podamos ir, gradualmente, aún en forma insuficiente, mejorando las pasividades y el acceso. Recuerdo algunas expresiones que hubo en períodos anteriores de gente que dijo: "La solución es matar jubilados". A este gobierno le interesa que la gente acceda a su derecho humano fundamental que es la seguridad social.

Lo hacemos no solamente en esto. Hemos encontrado gente que no llamó por Asignaciones Familiares y por no haber llamado perdió el derecho. Entonces, hemos encontrado niños con hermanitos que cobran Asignaciones Familiares, pero ellos no. ¿Por qué esos niños no cobran? Los vamos a buscar con el Ministerio de Desarrollo Social. Queremos que la gente acceda a los derechos.

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Transcripción: María Lila Ltaif 

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Lea las preguntas de la audiencia al presidente del BPS, Ernesto Murro, y las respuestas del jerarca