(Emitido a las 7.49 horas)


EMILIANO COTELO:
La bancada de legisladores del Frente Amplio resolvió este jueves que se convocará a la Asamblea General para el próximo miércoles a efectos de discutir sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Caducidad.

La decisión se relaciona con la consulta realizada al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo por la Suprema Corte de Justicia a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en la causa por la muerte de la militante comunista, Nibia Sabalsagaray, ocurrida en dependencias militares en 1974.

Según se sabe, la bancada del oficialismo pretende aprobar una declaración que vaya en la misma línea que la del Ejecutivo, o sea a favor de la inconstitucionalidad de la ley.

Pero en la oposición esto no convence. Por ejemplo, el senador Gustavo Penadés, del Herrerismo, dice: "Es una situación compleja en lo político y en lo jurídico, el gobierno manejó con relativismo el Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución y la ley; no le compete al Poder Legislativo emitir juicio sobre una cuestión como esta". O el diputado José Amorín, del Partido Colorado, entiende que: "La constitucionalidad de las leyes compete a la Suprema Corte y no al Parlamento. Esta ley tiene más de 20 años y nunca se planteó el tema, se hace ahora en plena campaña electoral; es un artilugio para meter un tema que no tiene nada que ver".

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EC – En primer lugar estamos con el senador Rafael Michelini, del Frente Amplio.

En primer lugar, ¿hay ya un informe de Jurídica del Parlamento a propósito de este pedido de la Suprema Corte?

RAFAEL MICHELINI:
Primero le quiero corregir un detalle: la Asamblea General no se reúne para aprobar un texto, el presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, con sus potestades, va a contestar el día jueves a la Suprema Corte de Justicia de que se allana a lo que pide la fiscal, o no pone objeciones, y lo que hace es convocar a la Asamblea General a comunicarle esa información y naturalmente la bancada oficialista aspiramos que el resto de las bancadas respalde su actitud.

EC – ¿A ver cómo es? Entonces es bueno hacer la precisión. Usted dice que en principio, el análisis que se hizo, es que a quien le corresponde responder es al presidente de la Asamblea General.

RM – Él tiene la responsabilidad y la potestad -es el presidente de la Asamblea General-. Ante el tema, no es menor por la magnitud y la sensibilidad, los valores que toca, el presidente va a contestar que no tiene objeciones con respecto a la pretensión de inconstitucionalidad que plantea la fiscal Guianze, se comparten los argumentos y en función de eso el jueves va a contestar en una carta que yo no he visto, pero que conozco los conceptos que ha trasmitido el presidente Rodolfo Nin Novoa.

Y por deferencia, yo creo que además por sabiduría y por ponderación, porque además sabe que el tema es un tema importante, convoca a la Asamblea General a poner en conocimiento de lo que él va a hacer. Si la Asamblea General le dijera otra cosa, obviamente su autoridad emana de la propia Asamblea y no lo haría. Ayer nos comunicó eso a la bancada oficialista; sé que se comunicó con representantes de otras bancadas y convoca a la Asamblea General y en la Asamblea General sí la bancada oficialista, el Frente Amplio, va a dar un respaldo a la acción de Rodolfo Nin Novoa. En primera instancia porque él podía haber dicho "no contesto y dejo pasar los plazos" y en segunda instancia porque naturalmente contesta que no tiene objeción porque no podría tener objeción en un tema que es notoriamente inconstitucional.

EC – Yo le preguntaba recién, ¿hay ya un informe de Jurídica del Poder Legislativo a propósito de este asunto?

RM – Yo no he visto el informe, pero lo que sé es que Jurídica hace lo que hacen los servicios, obviamente que quien tiene jurisdicción para declarar inconstitucional las leyes es la Suprema Corte de Justicia, de eso no hay duda. La Suprema Corte de Justicia en este caso, y no creo que nadie le ponga un cartel de "acción política", consulta por vía de excepción al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

El Poder Ejecutivo ya contestó que se allana y el Poder Legislativo lo va a hacer el jueves próximo. Los servicios lo que hacen es lo que podía hacer cualquiera, que es decir: "Mire, la Constitución de la República lo que determina es que quien define si un caso es constitucional o no constitucional es la propia Suprema Corte de Justicia". En este caso, como lo hizo el Ejecutivo, nosotros vamos un paso más. Sabiendo eso nosotros decimos: "Sí, pero no tenemos objeciones"; no es que ante la consulta de la Suprema Corte nosotros decimos "no, esta ley es constitucional por estos argumentos", no, es tan sólido el recurso que presenta la fiscal que nosotros nos allanamos, no tiene ninguna objeción.

EC – Mi pregunta venía porque hay una jurisprudencia acumulada, hay numerosos casos, una larga serie de antecedentes de consultas realizadas por la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, y, en general, el Parlamento ha venido respondiendo que no le compete por no ser parte demandada y argumenta entonces falta de legitimación pasiva. ¿Por qué en este caso se actuaría de otra forma?

RM – Se actuaría porque es una ley que no sólo es inconstitucional, sino que notoriamente ha afectado la sensibilidad en nuestro país. Tomar esta ley como una ley más, supongamos el nombre de una escuela, no tiene sentido común. Hay una consulta de la Corte a la Ley de Caducidad tan controvertida, que además es una ley notoriamente inconstitucional porque le hace decir al Poder Ejecutivo qué se puede juzgar y qué no, y el presidente de la Asamblea General sabiamente y con coraje, porque puede ser muy criticado, dice: "Bueno, en el caso de esta ley nosotros no vamos a actuar burocráticamente, nos tomamos nuestro tiempo y además voy a llamar a la Asamblea General".

EC – Las versiones de prensa que he visto señalan que en principio Nin Novoa era partidario de que el Parlamento no se pronunciara y que recibió, de parte de la bancada del Frente Amplio, un reclamo insistente en sentido contrario y que terminó cambiando su posición.

RM – Yo hablé varias veces con él, no es la información que yo tengo. Yo, en lo que lo vi muy enfático y lo apoyé decididamente es que cualquier contestación que se hiciera tiene que ser institucional y no puede tener ningún argumento, elemento, o fundamento, que no sea de carácter institucional.

Me parece bien el encare que no podía tener, en este caso, una respuesta del Parlamento, un aspecto proselitista o un aspecto que se apartara del ordenamiento jurídico institucional con que se deben expresar los poderes.

EC – Veía en el diario El País que en la discusión que se dio ayer con los legisladores del Frente Amplio las razones que se esgrimieron para que sí tuviera lugar una sesión de la Asamblea General iban por el lado de la necesidad de apoyar la posición que asumió el presidente Vázquez en este asunto y además valorar ésta como una oportunidad para pasarle facturas a la oposición. ¿Qué dice usted?

RM – Sobre argumentos del día de ayer puede haber muchos; habían legisladores de todos los sectores y había incluso legisladores que no son versados en el tema y que pueden tener un encare desde un punto de vista distinto a lo que significa el razonamiento de los poderes o cómo se expresan los poderes frente a las normas existentes. Pero siempre primó, no sólo el presidente de la Asamblea General Rodolfo Nin Novoa, sino de aquellos que, por ejemplo, estamos en las Comisiones de Constitución y Códigos tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, una acción de primero: no se puede tomar esta consulta de la Corte como si fuera una consulta sobre una escuela; esta es una consulta importante, hay que darle el tratamiento correspondiente. Segundo: el presidente no puede prescindir de sus potestades...

EC - ...Pero mi pregunta era si este tipo de razones que aparecen en esta nota jugaron en la decisión.

RM – No, son desechadas. Usted reúne el equipo de trabajo y alguna gente joven puede expresar algunas cuestiones, nadie gastó un solo argumento para rebatirla, por su propio peso.

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EC – Estamos ahora en comunicación con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Usted escuchaba a su colega el senador Michelini... ¿Cómo se planta no sé si el Partido Nacional, pero por lo menos su sector ante esta convocatoria a la Asamblea General?

CARLOS MOREIRA:
Nos ha sorprendido la remisión a la Asamblea General para discutir una cuestión de corte jurídico. El pronunciamiento de la Asamblea General no va a tener ningún efecto vinculante respecto del pronunciamiento posterior de la Suprema Corte, que es, en definitiva el que decide la cuestión; es la primera vez que esto sucede...

EC - ...No es la primera vez que la Suprema Corte consulta al Poder Legislativo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, parece que hay una larga historia que quizá no se difunde, pero existe.

CM – Pero respecto a esa ley creo que es la primera vez que esto va a la Asamblea General para que ésta se pronuncie. Entonces, el pronunciamiento no tiene efectos jurídicos, tiene efectos de corte político; lo que vamos a tener seguramente el miércoles que viene es una discusión de orden político, porque lo que sí sorprende es el cambio de postura del Poder Ejecutivo, quien en otros casos ha utilizado la ley, ha aplicado la ley, como consecuencia de ello me parece que habría entendido que la ley era constitucional, porque si hubiera entendido que era inconstitucional, tendría que haber promovido sobre la ocasión y hoy hay gente procesada y privada de su libertad como consecuencia de la aplicación de los primeros artículos de la ley. Entonces sorprende eso en primera instancia.

EC – Sí, desde el Poder Ejecutivo las explicaciones que se han dado por la vía de trascendidos es que esta es la primera vez que el Ejecutivo es consultado sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley en este período de gobierno.

CM – Pero usted si ha escuchado expresiones del presidente cuando habla de que este tema ya fue laudado por un pronunciamiento popular y que además pacíficamente ha aplicado la ley, son criterios diferentes, ampliando la aplicación, la interpretación del propio marco legal, y ahora usando una ley que después dice que es inconstitucional. Si hubiera entendido que era inconstitucional, o promovía el Poder Ejecutivo una acción de inconstitucionalidad ante la Corte o hubiera promovido su derogación y no la hubiera aplicado pacíficamente; incluso eso permitió habilitar el pase a la Justicia de determinados casos y el pronunciamiento de la Justicia con procesamientos y gente privada de su libertad. Acá hay un cambio radical de la postura del Poder Ejecutivo sin ninguna duda.

EC – Usted está adelantando algunos de los argumentos que ustedes van a manejar en el debate de la Asamblea General el miércoles.

CM – El debate no va a ser jurídico, va a ser político. Y además, es sabido, en su momento hubo sectores importantes del Partido Nacional que votaron verde y que cuestionaron hasta la constitucionalidad de la ley. Yo creo que en la Asamblea General va a ser mucho más un debate de corte político, en el cual vamos a hablar de la Ley de Caducidad. Seguramente también vamos a hablar del pacto del Club Naval, porque vamos a hablar de la salida de la dictadura, el contexto histórico que se vivió en ese momento, mucho más allá de los debates jurídicos, porque si no vamos a traer a prestigiosos constitucionalistas para que den dictámenes y ahí terminaría la cosa.

Además, este debate, este pronunciamiento de la Asamblea no va a tener ningún efecto vinculante. La Justicia luego fallará de acuerdo al criterio que tengan los ministros de la Corte; que hasta ahora -quizá con esta integración cambie- siempre se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley.

Para nosotros es un tema políticamente laudado. Al margen de que varios de los parlamentarios del Partido Nacional en su momento votaron verde porque no estaban de acuerdo con esta salida de la Ley de Caducidad, hoy, pasados ya más de 20 años de ese pronunciamiento popular, nosotros creemos que este debate está inspirado en motivos de orden político y no jurídico...

EC – ...De todos modos, todo se precipita por una consulta de la Suprema Corte.

CM – Sí, por supuesto, pero también se aprovecha la ocasión para cambiar la postura. Esta no era la postura no le digo de todo el Frente Amplio, porque los que promueven la anulación de la ley por vía de un referéndum son coherentes; ha habido pronunciamiento del propio presidente de la República, está puesto en el programa del Frente Amplio, ha habido Congreso del Frente Amplio diciendo que el tema este está liquidado y resulta que ahora está todo el Frente Amplio unido detrás de esto...

EC – ...¿Para usted por qué se estaría produciendo este aprovechamiento de esta circunstancia para cambiar de posición o para machacar con una inconstitucionalidad que hasta ahora no se había argumentado?

CM – Habida cuenta de las diferencias que existen entre distintas fuerzas del Frente Amplio, sin meterme en la interna frentamplista, creo que éste parece ser un factor de cierta unidad ideológica sobre un punto que es muy sensible; nadie duda que no es lo mismo discutir la Ley de Caducidad que la reforma de la Caja Bancaria, que también es importante, pero digo que es un tema de extrema sensibilidad en el cual está en el centro de la cuestión los Derechos Humanos violados en una época terrible para la República. No es lo mismo, tiene un alcance frente a la opinión pública mucho más hondo, porque por supuesto que no van a poner a los que defienden la constitucionalidad en gente que cree que deban violarse los Derechos Humanos, porque el tema es ese. Entonces, el debate va a ser absolutamente político.

¿Cómo salimos de la dictadura? Nosotros también le vamos a decir que si la Ley de Caducidad significó, a veces, una renuncia a determinados principios persiguiendo la reconciliación nacional y una salida estable a la dictadura, que fue un período terrible, también diremos que el pacto del Club Naval fue una forma recortada de salir de la dictadura...

EC – Usted escuchó recién que el senador Michelini explicaba que el vicepresidente Nin Novoa, presidente de la Asamblea General, ya ha resuelto lo que va a contestar a la Suprema Corte: que la ley es inconstitucional, aunque antes quiere tener el punto de vista de la propia Asamblea General, por lo tanto ustedes van a tener que pronunciarse también por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. En el caso de Alianza Nacional –el caso suyo- ¿qué van a decir?

CM – Nosotros vamos seguramente a decir que la ley es constitucional. Por supuesto que admito –yo soy abogado- que aquí hay cosas de dudosa interpretación: el pasaje de cualquier denuncia por el Poder Ejecutivo, previo a su examen por la Justicia, es un tema en el cual uno puede hacer un montón de argumentos respecto de su inconstitucionalidad.

Nosotros no nos hemos reunido todavía para resolver esto, porque este es un tema nuevo, pero seguramente ese va a ser el camino que vamos a optar. Pero más que nada, vamos a decir que este no es un tema de análisis de juridicidad por la Asamblea, porque no tiene ningún efecto vinculante, sino que es un tema de alcance político. Hubo una consulta popular que laudó este tema y yo creo que la salida fue una salida adecuada. Yo no voté verde, pero muchos de mis compañeros sí lo hicieron, fue un tema que dividió al país en su momento y que el país laudó por un pronunciamiento popular, de modo que yo creo que, más allá del análisis jurídico de esto, lo que se va a centrar en el debate político es la forma de la salida de la dictadura.