Los senadores blancos Luis Alberto Heber y Francisco Gallinal hicieron uso de la palabra en nombre de Unidad Nacional, sector del nacionalismo que ingresó a sala. Gallinal también leyó una proclama en nombre del sector que dice que el gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones y luego de esa proclama el sector se retiró del recinto y quedó sólo el Frente Amplio, el Partido Colorado e Iván Posada del Partido Independiente.

El debate en sala ha discurrido desde el caso concreto de Nibia Sablasgaray  y la solicitud de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se pronuncie el Parlamento hasta lo que fue el Pacto del Club Naval donde participó el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica con los militares durante la dictadura.

Heber atacó al Frente Amplio por haber participado en ese entonces del Pacto del Club Naval y ahora cuestionar a uno de sus resultados, que es la Ley de Caducidad.

"Por qué están en contra del pacto si el Pacto del Club Naval no es que solamente dio la posibilidad de elecciones porque si solamente dio la posibilidad de tener elecciones estaríamos todos de acuerdo, pero hay legisladores del Frente Amplio que nos han dicho en reserva -que no tengo derecho a revelar- que ellos están en contra del pacto, que nunca estuvieron de acuerdo con el pacto, que nunca hubieran pactado con los militares, que no hubieran negociado con los militares",  estableció Heber.

El diputado herrerista José Carlos Cardoso presentó, por su parte, un proyecto de ley en sala contiene la derogación de la Ley de Caducidad y desafió al oficialismo a que apruebe este proyecto si la intención es que la Ley de Caducidad caiga.

En tanto, el senador colorado Julio María Sanguinetti dijo en su alocución que el Parlamento no tiene competencias para pronunciarse en este tema y que la sesión de hoy significa una presión para la SCJ.

"Acá no debiéramos estar opinando, no debiéramos estar debatiendo, no debiéramos estar discutiendo, sino diciendo que no somos competentes, que no tenemos derecho a ejercer una presión política porque esta sí es una presión política de algún modo sobre una Corte que debe resolver en un año electoral con toda la serenidad del acto", expresó Sanguinetti. 

Más temprano, sobre las 11 horas cuando comenzó la sesión de la Asamblea General con una cantidad importante de público en las barras, el senador Rafael Michelini, en nombre del oficialismo, trasmitió un respaldo al presidente de la Cámara, Rodolfo Nin Novoa, por el trámite realizado luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pidiera que el Parlamento se pronuncie sobre este tema.

"Está bien que el presidente de la Asamblea General dice: ‘Yo quiero contestar y lo pongo en la Asamblea General’. Y es bueno que la Asamblea General conteste independientemente si quien determina la constitucionalidad o no de las leyes para cada caso es la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia nos pregunta entonces cree que nuestra opinión es relevante se la damos a dar, se la vamos a decir. Podemos en este caso quedarnos al margen, podemos decirle al país o mañana en el dictamen de la Suprema Corte de Justicia el que diga –que nadie sabe lo que va a decir-, que el Poder Ejecutivo contestó, pero no contestó el Parlamento, expresó Michelini.

En su participación, Michelini también subrayó la importancia de poder avanzar en las investigaciones sobre lo ocurrido en el pasado. Mirando a la bancada nacionalista le preguntó qué le deben a los militares.

La SCJ deberá decidir a inconstitucionalidad o no de los artículos 1, 3 y 4 en el caso de Nibia Sabalsagaray, pese a lo que resuelva el Poder Legislativo.

En tanto,  la dirección Jurídica del Parlamento elevó una carta al secretario del Senado, Hugo Rodríguez Filippini, que sostiene que respalda el informe elaborado por una de las abogadas de Jurídica que la semana pasada elevó a Nin Novoa un informe subrayando la constitucionalidad de la Ley de Caducidad.

La carta sostiene además que no hubo presiones a esa repartición por parte de Nin Novoa.

 En la oposición el Partido Colorado ingresó a sala en pleno.

Desde el Partido Nacional hubo dos posiciones. Alianza Nacional no ingresó a sala. Realizó una conferencia de prensa y manifestó su posición contraria a la realización de esta sesión.

Por otro lado, en la mañana desde UNA, sector liderado por Luis Alberto Lacalle, se resolvió entrar a sala para dar debate sobre la Ley de Caducidad tras una tensa negociación interna que implicó incluso llamadas con el propio Luis Alberto Lacalle que se encuentra de gira.

Desde Alianza  Nacional el senador Sergio Abreu leyó una declaración en nombre de todo el sector en conferencia de prensa. Manifestó que la posición del oficialismo es una pirueta política, un atropello al estado de derecho y a la soberanía popular que en 1989 se pronunció en un referéndum a favor de la Ley de Caducidad.

Abreu dijo que Alianza Nacional no se prestará a esta "burda maniobra" con fines electorales porque, según dijo, el pronunciamiento del Parlamento no es vinculante con lo que pueda resolver la SCJ. Agregó que la izquierda tiene los votos como para aprobar un proyecto de ley en el Parlamento derogando la Ley de Caducidad.

"No rehuimos  la discusión, pero no nos prestamos a una farsa política que degrada la instabilidad de las instituciones y su credibilidad. Éste es para nosotros el legado intemporal de Wilson Ferreira. Si el Frente Amplio presenta un proyecto de derogación de la Ley de Caducidad daremos el debate que corresponda sabiendo que al disponer esta fuerza política de la mayorías parlamentarias necesarias no tendrá inconveniente en aprobarlo con la misma celeridad con que lo ha hecho en tantas y otras oportunidades", manifestó Abreu.

A instancias de Nin Novoa la Asamblea General aprobará una declaración que sostente: "El poder Legislativo allana a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el ministerio público y fiscal a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad".

Este miércoles a las 13 horas vence el plazo legal para que el Parlamento conteste con este mensaje a la Suprema Corte de Justicia. Antes de ese plazo llegará la respuesta que hoy aprobará la Asamblea General sólo con los votos del oficialismo.

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