(Emitido a las 8.36 horas)
 
EMILIANO COTELO:
El problema de los menores infractores y cómo enfrentarlo sigue siendo motivo de debate en la sociedad uruguaya y en el sistema político.

En particular, en estos días se ha instalado de nuevo con gran fuerza a raíz de la renuncia del padre Mateo Méndez a la Dirección del Interj (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil).

En ese contexto, y luego de haber nombrado a Nora Castro como nueva presidenta del INAU, el presidente Tabaré Vázquez tiene sobre su mesa un proyecto de ley elaborado por la bancada de Unidad Nacional (UNA) que rebaja la edad de imputabilidad a 15 años en ciertos casos.

En el texto también se propone que se separe del INAU la parte referida a los menores infractores y que, para atender esa situación, se cree otro instituto especializado.

Para conocer más acerca de este proyecto y su viabilidad, estamos con el diputado herrerista, UNA, Gustavo Borsari.

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EC - El proyecto está articulado en dos grandes capítulos. Veamos el primero, que crea un nuevo instituto separado del INAU para atender a los menores infractores. ¿Cuál es la idea?

GUSTAVO BORSARI:
Está dividido en un par de capítulos, el primero es la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor (Inrmi). Creemos que tiene que haber una separación, que hay que sacar al INAU de esto. Cuando yo tenía 15 años, en frente a lo de mi abuela recuerdo que había una casa grande, preciosa, que decía "casa cuna", y por todo Montevideo y el interior había casas cuna del entonces Consejo del Niño. Allí criaban niños que estaban huérfanos, que se quedaban sin padres o cuyos padres habían tenido algún problema. Esa era la gran tarea del entonces Consejo del Niño.

Hoy, el INAU explotó, porque además de eso –que no lo hace, porque los niños están en los semáforos desgarradoramente, los vemos todos los días y miramos para el costado, no nos animamos a solucionar el problema–, tiene el tema de los menores infractores graves, jóvenes de 14 a 18 años, vamos a suponer, que han cometido homicidio, violación, secuestro, copamiento, rapiña. Es un problema tremendo que el INAU no está capacitado para enfrentar. En la España socialista, en el Chile socialista, en Inglaterra, en Alemania, en los países más avanzados del mundo se ha ido a un estatuto intermedio entre el niño y el mayor. Por eso proponemos crear un instituto nuevo, borrón y cuenta nueva; un instituto nuevo, con edificio nuevo –que no se me diga que no se puede, porque con el espacio fiscal que se ha dicho un millón de dólares no es absolutamente nada–, con médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que ayuden a rehabilitar a ese menor. Hoy, el menor está esclavo de su situación, del error o el horror que ha cometido.

EC - Más allá de que la nueva dependencia ya no pertenecería al INAU y tendría ese nuevo nombre, ¿qué diferencias implicaría con respecto al Interj que hoy existe dentro del INAU?

GB - Todas, porque el Interj es un desastre. Si hay un desastre en Uruguay, es el Interj. Supongamos un joven que asesinó o que rapiñó, entra al Interj y todos sabemos, todos los uruguayos somos conscientes de que entra hoy y dentro de una semana o dentro de uno o dos meses está en la calle otra vez, consumiendo droga y delinquiendo otra vez.

EC - ¿Usted cree que el Interj no es reformable, no es mejorable?

GB - No, no es mejorable, porque no tiene la capacidad locativa suficiente como para hacerlo, porque no tiene la capacidad de contención. Hay un tema que tenemos que enfrentar: primero, rehabilitarlos dentro del instituto –como quiera que se llame–, y segundo, que no se nos escapen. Pero los uruguayos seguimos atendiendo a que la Policía tenga una desmoralización absoluta porque estos muchachos se escapan, entonces no se cumple ni una cosa ni la  otra.

EC - Para usted, un primer elemento a atacar es la infraestructura. Por ejemplo, ¿las dependencias de la Colonia Berro no tienen arreglo, no tiene sentido invertir en ellas?

GB - Salvo que haya una inversión muy, muy fuerte, que definitivamente se hagan los resguardos perimetrales como es debido, las comodidades dentro que deben tener los jóvenes. Yo soy partidario de borrar y empezar de vuelta. Yo me crié en un país en el cual en Punta Carretas –y usted también se acordará–...

EC - ...Sí, era una cárcel enorme...

GB - ...Cuando había que hacer chapa y pintura la gente del barrio iba con su Volkswagen al taller de los presos de Punta Carretas, o cuando había que hacer un placar se iba a la carpintería de la cárcel. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer un establecimiento, no para mayores, sino para estos muchachos infractores, que tenga una clase de escuela, una clase de liceo y una de UTU, pero también talleres de carpintería y de chapa y pintura? Los uruguayos hemos olvidado que esto existía. Yo, no otro, compré baldosas para la vereda de mi casa en la cárcel de Miguelete, las hacían los presos. Hoy estamos inermes, todos decimos "tienen que trabajar", "tienen que estudiar", pero nadie hace nada.

EC - Yo le preguntaba qué diferencias implicaría este nuevo instituto en comparación con el Interj, porque algunos oyentes pueden pensar que esto no es necesariamente una cuestión de nombres o de independizar una dependencia de la otra. Da la impresión de que lo que ha faltado en Uruguay durante muchos años es una decisión política muy firme sobre cómo encarar el problema de los menores infractores, con un presupuesto fuerte, un equipo técnico solvente, una estrategia adecuada.

GB - Exacto, coincido con usted, pero para eso creo que hay que partir de cero. Si hay que rescatar a algunos funcionarios, se rescatarán, pero estamos en la firme determinación de plantearle al más alto nivel del Poder Ejecutivo esta idea, de proporcionarle al gobierno una idea para salvar esta situación.

EC - ¿Hay posibilidades de concretarla en un año como este, que es año electoral? ¿Es posible votar una reforma que incluye la creación de cargos, etcétera? ¿Constitucionalmente es viable?

GB - Quizá podamos estar bordeando algo que usted inteligentemente plantea, pero tenemos que buscarle la vuelta. Quizá los cargos no puedan ser creados y tengamos que buscar la vuelta para contratar nuevos funcionarios; repito: médicos, especialistas, guardia perimetral del Ministerio del Interior... No queremos lo que se hizo en el Interj hace unos días, que me enteré que sacaron las guardias perimetrales porque el señor director o gerente general decía que había que hablar con los jóvenes. Claro que hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar y tratar de recuperarlos, hay que tratar de conversar, pero ¿sin guardia perimetral?... creo estamos todos locos. Se denuncia que hubo corrupción, y todo Uruguay sabe que el Código Penal establece que el funcionario público, cualquiera sea, que dice que hay corrupción tiene que ir a la Policía o al juzgado y hacer la denuncia. Eso no ha sucedido hasta ahora.

EC - No quedó claro con precisión a qué hechos aludía el padre Mateo Méndez cuando habló de corrupción.

GB - Por eso, hay que ser claro cuando se habla de corrupción, hay que decir "este es corrupto", "aquel otro es corrupto".

EC – Entonces, desde el punto de vista institucional puede haber dificultades para llevar a la práctica una iniciativa como esta en un año electoral.

GB - Puede haber alguna, pero se puede salvar por medio de algún contrato especial.

EC - Y desde el punto de vista político, usted decía que este es un proyecto impulsado por la bancada de UNA, pero la diputada Sandra Etcheverry, de Alianza Nacional (AN), había presentado, en el año 2006, un proyecto que también preveía la separación del tratamiento de los menores infractores del conjunto de la estructura del INAU. ¿Hay coordinación entre ustedes? ¿Se trata de un esfuerzo en conjunto o van por separado?

GB - Yo tengo este proyecto desde hace dos legislaturas, lo presenté en sucesivas legislaturas. Sandra ha presentado un proyecto muy bueno, con el que tenemos algunas diferencias, pero que va en la misma dirección; ayer estuvimos charlando con ella y va en la misma dirección. Aunque hay una diferencia fundamental: nuestro proyecto establece una rebaja selectiva de la imputabilidad penal. Es una diferencia muy atendible...

EC - ...Es una diferencia sustancial, porque desde AN se discrepa con ese punto, no se está dispuesto a llegar hasta ese límite.

GB - Exactamente, y nosotros entendemos que hay que hacerlo. En eso estamos en desacuerdo. Va a haber que ver lo que la gente dice. Nosotros creemos que hay que hacer una rebaja selectiva...

EC - ...Es más, ustedes toman como base comentarios que el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, hizo el año pasado, en los que se mostró dispuesto a estudiar esa posibilidad.

GB - Así es, el doctor Vázquez ha dicho que estaba dispuesto a estudiar esta posibilidad...

EC - ...¿Es por eso que el doctor Vázquez tiene el texto de este proyecto sobre su mesa? ¿Cómo hay que entender ese vínculo, para muchos inesperado, que se ha dado, se está dando, estaría dándose entre el Herrerismo, UNA y el presidente Vázquez?

GB - El doctor Lacalle mantiene una muy buena relación con el doctor Vázquez desde el punto de vista personal y también político, a pesar de las discrepancias que nos separan. Por eso estamos planteando un encuentro entre el máximo nivel de UNA y del Poder Ejecutivo...

EC - ...Ustedes han pedido una audiencia con el presidente.

GB - Sí, estamos esperando, naturalmente con responsabilidad, que todo esto se calme un poco, aún no se votó la venia para la nueva presidenta; tenemos que esperar que esté en su cargo y que el Poder Ejecutivo arregle algo las cosas. Pero esperamos hablar con el presidente de la República y exponerle esto que estamos exponiendo aquí, que son razones muy atendibles.

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EC - "No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido los 15 años. Tampoco lo es el mayor de 15 años y menor de 18 años, a no ser que hubiera actuado con discernimiento, cuando se trata de infracciones gravísimas a la ley penal.

El Juez de menores será quien determinará si el hecho fue ejecutado con discernimiento y, para el caso afirmativo, iniciará el proceso penal correspondiente".

Este es el nuevo texto que el proyecto que impulsa el diputado Borsari propone para el artículo 34 del Código Penal.

Vayamos a esta otra parte de la iniciativa.

GB - Con esto no ponemos en blanco y negro un tema muy difícil para Uruguay, no rebajamos la edad de imputabilidad, lo ponemos en manos del juez de menores. Supongamos que un menor de 16 años cometió homicidio: va al juez de menores, que tiene que discernir si actuó con conciencia y voluntad de cometer el delito, que son los componentes de la culpa en derecho penal. Si lo halla culpable y entiende que actuó con conciencia y voluntad, lo pasa al juez penal, que determinará el tiempo de internación –vamos a ponerlo así porque son menores– en este instituto nuevo; siempre en este instituto nuevo, ni en el INAU ni en las cárceles de mayores.

EC - Supongamos que un joven de 16 años resulta imputado penalmente según las disposiciones del proyecto que usted ha redactado. ¿Qué ventaja tiene eso para la sociedad, en comparación con lo que ocurre hoy con ese mismo joven si comete ese delito? ¿En qué cambia su situación por el hecho de ser imputado penalmente?

GB - Cambia en la internación. Vamos a hablar de casos extremos para que se dé cuenta todo el mundo. Quien comete una violación grave o un homicidio muy grave, con conciencia y voluntad, si entra al Interj y es juzgado por un juez de menores, va a tener un tiempo de internación mucho menor, por un lado porque se va a escapar, eso es de hecho, pero de derecho –vamos a suponer que no se escape– va a ser mucho menor, va a ir hasta los 18 años, quizá permanezca uno o dos años más y luego será liberado. Nosotros proponemos un tratamiento integral de ese menor. No se puede soltar a un menor que ha cometido excesos determinados, no se lo tiene que tener preso, hay que tenerlo internado para rehabilitarlo, para enseñarle, para decirle cuáles son las reglas morales, éticas de la sociedad, para enseñarle un oficio. Esa es la teleología, la finalidad de este proyecto, hacia ahí vamos; pero hay que hacerlo completo, si aprobamos esto y lo mandamos al Interj o a una cárcel de mayores, estamos liquidados. Hay que hacer un establecimiento como es debido, como hay en los países europeos, si no, fracasa.

EC - ¿Qué pasa si la pena es mayor que la diferencia que separa a ese joven de los 18 años, si la pena implica que tiene que seguir recluido después de los 18?

GB - Seguirá...

EC - ...¿Dónde seguirá recluido?

GB - En el mismo establecimiento, que esperamos sea modelo. Esa es la finalidad, por eso este proyecto de ley, por eso este planteo.

EC - Una pregunta que seguramente más de uno se ha hecho revisando el texto: ¿no se corre un riesgo al dejar a criterio del juez si corresponde o no la baja de la edad de imputabilidad?

GB - Es cierto, se corre un riesgo, pero alguien tiene que decidirlo. La otra posibilidad era decir a rajatabla: desde los 14 o 15 años hasta los 18 son imputables los que cometieron homicidio, violación, secuestro, etcétera. Es una posibilidad, no estamos cerrados a estudiarla. Vamos a suponer que mañana tenemos una conversación con el Poder Ejecutivo y con otros partidos, por ejemplo con el Partido Colorado, y hay mayorías cruzadas. ¿Por qué no inaugurar mayorías cruzadas? Quizá una parte del Partido de gobierno quiera votar algo así y nos proponga lo que usted dice; estamos dispuestos a estudiarlo y modificarlo.

EC - ¿Qué entiende que sería posible que desde el oficialismo se aceptara? Porque, en principio, cuando uno consulta al Frente Amplio (FA) la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores no se ve como una solución, se enfatiza que hay allí una posición histórica de la izquierda que se mantiene, e incluso se argumenta que la oposición tira este tema arriba de la mesa con fines electorales. ¿Usted cree que de todos modos hay un espacio para negociar con el FA?

GB - Sí, es necesario un espacio para legislar. Haremos la campaña, que es legítima, haremos los actos, haremos las cosas que hay que hacer, pero no podemos amputarnos un año de gobierno, tenemos que legislar. Yo soy optimista, esto va a ser muy difícil, porque los uruguayos estamos acostumbrados a mirar para el costado, no estamos acostumbrados a actuar con determinación. Los problemas en el mundo tienen tres partes: una, se proyecta y se estudia; dos, se vota, y tres, se decide, y cuando se decide, se decide. Acá estamos con la Ley de Caducidad: se estudió, se votó, se legisló, se hizo un referendo y ahora otra vez... En esta dinámica no se pueden hacer las cosas. Nos tenemos que acostumbrar a decidir cosas, nos estamos rigiendo por un derecho de 1934, ¿alguien puede suponer que una sociedad, que nosotros los que estamos hablando o que un joven de 17 años es lo mismo en 1934 que hoy en 2009? Si alguien lo dice, está absolutamente fuera de sus cabales.

EC - Vuelvo a la pregunta: ¿dónde está el espacio para negociar en una materia como esta con el FA?

GB - Yo escuché al presidente de la República, nada menos, y al senador José Mujica, nada menos, decir cosas que abrían una puerta respecto de estos temas. Son dos referentes espectaculares del FA. Yo sé, yo hablo con los legisladores del Frente y sé que hay grandes resistencias con respecto a esto, pero también sé que en conversaciones privadas admiten que este es un problema a resolver. Esto abre una puerta para animarse, vamos a ver si la sociedad en su conjunto y la sociedad política se animan. La sociedad en su conjunto también tiene que jugar, supongo que ustedes a veces abren estos micrófonos y preguntan, a ver qué dice la gente. La gente tiene que opinar, tiene que decir qué espera de esto.

Porque hay otras cosas, el INAU está incumpliendo con su cometido específico, a todos nos desagarran estos niños que hay en los semáforos. Yo tengo un hijo de siete años y cuando veo niños de cinco, seis, siete años en los semáforos jugando a las pelotitas o pidiendo una moneda veo a mi hijo, y veo que se está violando el Código Penal, que establece los derechos y deberes inherentes a la patria potestad hay que ejercerlos y si alguien no los ejerce, el INAU tiene que ir con un inspector y llevarse a esos padres para preguntarles qué están haciendo con estos niños, cómo no los manda a la escuela, cómo es que está recibiendo el sueldo solidario –o como se llame– del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y no manda a su hijo a la escuela, lo manda al semáforo. Hay una pena establecida a texto expreso en nuestros códigos. Hay que empezar a cumplir las cosas, si no, nuestra sociedad va a un descalabro que estamos viendo en los jóvenes y ahora en los niños.

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EC - Supongamos que de estas dos grandes partes que tiene su proyecto solo prosperara la primera, la creación del Inrmi, separado del INAU, con las reformas correspondientes, con el refuerzo de su presupuesto, con el equipamiento edilicio, con un nuevo personal técnico y con una estrategia de tratamiento de este tipo de menores. Supongamos que se aprobara solo eso y no la rebaja de la edad de imputabilidad; ¿sería suficiente? ¿Por qué son imprescindibles las dos cosas? ¿Por qué pone las dos cosas en el proyecto? ¿Qué ventaja tiene la rebaja de la edad de imputabilidad?

GB - Yo creo que es necesaria, aun cuando lo que usted plantea no es descartable y es conversable. Nosotros somos partidarios de la rebaja de la edad de imputabilidad penal, porque se establecerían tiempos de reclusión distintos –allí ya tenemos una diferencia–; tenemos que ver cómo largamos a la calle a ese joven que ha cometido un homicidio. ¿Lo largamos para que consuma nuevamente pasta base y vuelva a la misma senda?...

EC - ...Está también el tema de los antecedentes, si se conservan o se mantienen después de pasados los 18 años. ¿Eso también se incluiría en este cambio?

GB - Sin duda, increíblemente en nuestra legislación hoy hay jóvenes que han tenido 100 o 200 entradas, según he leído en la prensa, y cuando cumplen 18 años se les eliminan y se le quita al Estado, a la sociedad, la posibilidad de estudiar, de saber lo que ese menor es. El tema de la imputabilidad incluiría esos elementos, que consideramos clave y que además no afectarían el estatus, salvo por el tiempo de internación, estaría en el mismo instituto, con los mismos profesores, con los mismos médicos, con la misma guardia, con el mismo tratamiento, con la misma posibilidad de instrucción. Pero le digo públicamente que si el Partido de gobierno nos plantea tal cosa, estamos dispuestos a estudiarla.

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Transcripción: María Lila Ltaif