(emitido a las 7.37 hs.)

EMILIANO COTELO:
El presidente ordenó medidas urgentes para enfrentar el problema carcelario. El presidente Tabaré Vázquez ordenó ayer al gabinete de ministros comenzar de forma inmediata el traslado de presos desde el Penal de Libertad a otros centros de reclusión.

Esta decisión fue comunicada por Vázquez tres días después de que el relator especial de Naciones Unidas sobre torturas denunció que: "En el Penal de Libertad se trata a los presos como animales y en condiciones detestables".

"Las conclusiones del informe, en el que la ONU califica al Penal de Libertad como una de las peores cárceles del mundo, fueron ayer el tema central de análisis del Consejo de Ministros", dice hoy el diario El Observador, pero en esto coinciden también otras crónicas de prensa.

Agregan que: "En esa oportunidad, el presidente Vázquez advirtió sobre la necesidad de aplicar medidas quirúrgicas y de forma urgente. Vázquez mencionó la necesidad de transformar el establecimiento militar de Punta de Rieles en una cárcel, una posibilidad que ya se viene manejando desde mediados del año 2008 y que incluso había sido sugerida desde la oposición. Además, el primer mandatario planteó que cada ministerio debe buscar nuevos locales adonde se puedan trasladar reclusos".

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Por su parte, la ministra del Interior, Daisy Tourné, dijo ayer que esto se trata de una solución que no viene solamente por el lado edilicio, de hecho va a pedir una reunión con la Suprema Corte de Justicia ya que sostiene que el sistema penal uruguayo debe cambiar.

Mientras tanto, en el Parlamento se anuncia la convocatoria de la propia ministra del Interior a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario. Quien llevará la voz cantante de este planteo será el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional.


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JAE – Senador Moreira, buen día. ¿Qué buscan ustedes con esta convocatoria?

CARLOS MOREIRA:
Me parece que ya el propio presidente de la República ha calificado esta situación de gravísima y habla de "medidas quirúrgicas", porque él es médico. Yo digo medidas "urgentes" sí, pero tardías; este es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años y desde el comienzo de este gobierno -en el que se declaró una emergencia humanitaria en las cárceles- se dijo que se iba a abocar a la reforma del sistema carcelario nacional, cosa que no se hizo en absoluto.

JAE – Pero en este caso, con la presencia de la ministra, ¿cuál es el objetivo que ustedes están buscando?

CM – No sé qué va a decir ahora la ministra; nosotros fuimos con el senador Larrañaga hace ocho o nueve meses a plantearle a la ministra –dado el hacinamiento crítico que había en las cárceles y que por supuesto hoy aumentó- la utilización de algunas dependencias militares para el alojamiento de reclusos de baja peligrosidad, primarios, donde los reclusos pudieran trabajar, pudieran estudiar y resocializarse, readaptarse y reinsertarse en la sociedad y cumplir con el mandato del artículo 26 de la Constitución, que hoy está violado sistemáticamente, entonces la ministra nos dijo que sí, que podía ser.

El senador Larrañaga habló con legisladores, con el ministro de Defensa, con el comandante en jefe del Ejército, Punta Rieles fue el principal punto de referencia y vemos que ahora el presidente de la República -aunque tardíamente- recoge el guante y dice "bueno adelante con esto", mañana, pasado mañana, la semana que viene.

JAE – Sí, hay un plazo de 15 días -dice alguna de las crónicas de hoy- para esto. Pero también aparece en la prensa que Larrañaga pide la dimisión de la ministra Tourné.

CM – Las circunstancias parecen imponer a veces medidas drásticas.

JAE - ¿Usted está de acuerdo con esto?

CM – Sí, claro. La ministra Tourné sigue negando la realidad y sigue diciendo que este es un enfoque político de la oposición. Por suerte este señor relator de la ONU no pertenece a la oposición y no pertenece al Partido Nacional porque si no lo acusaría de lo mismo.

JAE – Pero en este caso, ¿qué solucionaría la renuncia de Daisy Tourné con relación a este hecho concreto?

CM – Porque a mí me parece que no ha estado a la altura de las circunstancias. Acá nadie puede llamarse a sorpresa ni hacerse el distraído, porque hay sucesivos informes del comisionado parlamentario que hablan de un crecimiento de la población carcelaria, que hablan de un hacinamiento crítico, que hablan de condiciones infrahumanas de reclusión, que nosotros -la comisión- las pudimos perfectamente constatar cuando hace no más de dos años fuimos al penal de Santiago Vázquez, que en ese momento tenía 3.000 reclusos, y vimos más hacinamiento que el que vio el relator de la ONU. Yo vi 18 presos en una celda del Comcar; si usted me dice que 18 presos en una celda en la cual caben dos, o a la sumo cuatro, pueden sufrir algún proceso de resocialización, yo sinceramente no lo creo.

JAE – ¿Para usted este es un problema de gobierno o es un problema de Estado?

CM – Ojalá fuera un problema de Estado y se enfocara como un problema de Estado.

JAE – ¿Pero es un problema de gobierno o de Estado?

CM – En este momento es el gobierno el que tiene que tomar las medidas; yo, senador de la República, ¿qué puedo hacer? Salvo decirle "mire señora ministra" y reiterarle, porque además no se lo dijimos una vez, se lo venimos reiterando desde la época de José Díaz. José Díaz, en la exposición de motivos de la ley de humanización carcelaria, dijo que no era construyendo nuevas cárceles que se solucionaba este problema. Mire ahora, el presidente de la República les dice "tienen 15 días o para empezar a construir o para llevar a Punta Rieles o para llevar a otra dependencia del Estado", porque no va más.

JAE – Pero ayer la propia ministra decía que aquí también hay un problema a nivel del sistema penal uruguayo. Si uno repasa la historia -que es una historia que se repite desde hace muchísimos años-, anteriores gobiernos también han pasado por situaciones parecidas con respecto al sistema carcelario. Uno se encuentra con que Daisy Tourné en el año 2007 pidió a los senadores de la Comisión de Constitución y Legislación que analicen distintas piezas legislativas que permitan aplicar otro tipo de penas, porque -según ella decía en ese momento- la severidad de la ley es parte del problema que se genera en los centros penitenciarios.

CM – Y mire que ya hay un régimen de penas alternativas a la privación de libertad en una ley vigente, incorporado a la legislación positiva uruguaya. La ministra también manifestó hace un año y pico en la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que iban a enviar un proyecto de penas alternativas. Acá los proyectos que presenta la oposición nunca son aprobados porque hay mayoría absoluta y entonces tenemos que estar a la espera de que al gobierno se le ocurra pergeñar algún proyecto, entonces si viene del gobierno, se aprueba, si viene de la oposición, no se aprueba, porque se han presentado varios proyectos.

Acá el que incumple absolutamente con su obligación es el gobierno, que ha permitido -como lo dice el relator de la ONU- la violación sistemática de los derechos humanos, y no sólo de los reclusos sino también de los que estamos afuera. Porque acá, además de esta situación infrahumana, lo que preocupa es el alarmante ascenso de los índices de reincidencia, que en los establecimientos de la Dirección Nacional de Cárceles, Libertad y Santiago Vázquez, alcanza al 67% de los reclusos; 67% vuelve a delinquir, entonces ¿cómo podemos asegurar buenos niveles de seguridad pública cuando la reincidencia pisa el 70%?

JAE – ¿En este caso qué propone su sector? ¿Por dónde está la solución?

CM – Ya se lo propusimos, nosotros propusimos construir nuevas cárceles pequeñas de 500 plazas, llevar a unidades militares, se lo propusimos con el senador Larrañaga.

JAE – Pero en el caso de la construcción de cárceles por ejemplo, ¿cuánto dinero debería destinar el Estado para esto?

CM – Que se destine el que se tenga que destinar porque esto es una prioridad absoluta del gobierno que está y del gobierno que viene.

JAE – ¿Pero ustedes no lo tienen definido eso, no lo tienen analizado?

CM – En una Rendición de Cuentas hasta está previsto la posibilidad de hacerlo por concesión, cosa que nunca se terminó de definir, está en la ley, se puede hacer por concesión como existe por ejemplo en Chile, que las cárceles las construyan privados y el Estado paga un canon, se puso en la Rendición de Cuentas pero nunca se utilizó.

EC – Sea como sea, para solucionar las condiciones de reclusión en las cárceles uruguayas y para lograr que efectivamente esas cárceles reeduquen, que de ellas salgan ciudadanos con capacidad de integrarse a la sociedad y no volver a delinquir -o haberse formado y ser mejores delincuentes que es lo que muchas veces pasa hoy-, en definitiva estamos hablando de que en el sistema penitenciario uruguayo hay que poner plata, y hay que poner mucha plata.

CM – Las cárceles no son baratas.

EC – Eso no suele ser aceptado en los discursos políticos con claridad, no es algo que la sociedad, por ejemplo en una campaña electoral, considere algo sencillo de digerir, porque además hay que elegir, no es que se tiene plata para todo. Hay que elegir dónde se pone el dinero y esto se va a llevar mucho dinero que seguramente se podría destinar a las escuelas o a la investigación en ciencia y tecnología.

CM – Naturalmente tiene un impacto popular mucho mayor hacer más escuelas de tiempo completo, más liceos, más hospitales, por supuesto. Pero yo le digo que este tema nunca tuvo la gravedad que tiene y nunca estuvo tan ligado a los niveles de inseguridad pública que existen hoy, porque nunca tuvimos los niveles de reincidencia que tenemos hoy, nunca tuvimos la cantidad de reclusos que tenemos hoy, hoy estamos en más de 8.000. Cuando yo fui subsecretario del Ministerio del Interior comenzamos con 1.800 hoy hay 8.200, y si usted tiene una reincidencia hoy del 66-67% de las grandes cárceles, eso significa que más de 5.000 van a volver a las calles mucho mejor entrenados para delinquir que lo que estaban antes de entrar.

EC – Pero nunca ha habido disposición política a poner en el sistema carcelario el presupuesto que hay que poner, esto viene de muchos años atrás, ¿no?

CM – Es verdad, yo no le voy a hacer el agravio al gobierno de decir que esto comenzó en el 2005.

EC – Siempre, a la hora de elegir, las cárceles quedan atrás.

CM – Siempre fue postergado, pero reitero: nunca esto fue tan grave como hasta ahora y nunca estuvo tan ligado a los niveles de inseguridad pública como lo está hoy.

Hoy tenemos una población reclusa muy joven, la gente comienza a delinquir a veces siendo menor o a los 18 o 19 años, el 70% tiene menos de 35 años, hay una extrema juventud en esa población; tiene una agresividad determinada por la adicción, adicción que continúa en los establecimientos carcelarios, donde los controles y seguramente algo de corrupción que está en el medio -y lo dice el informe del Comisionado y el informe del relator- permiten que en las cárceles ingrese droga casi como la que se consume afuera, entonces este fenómeno de la droga es nuevo, este fenómeno de la ferocidad de los delincuentes es bastante nuevo, cada día la modalidad de los delitos es más violenta, más sanguinaria, entonces acá tenemos un problema gravísimo.


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EC – El diario El País cita esta frase que atribuye a una fuente del gobierno: "En estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos ante el mundo como un país que respeta los derechos humanos y ahora quedamos 'pegados' por tener una de las cárceles peores del mundo y violar los derechos humanos".

Agrega la nota que "a Vázquez no le preocupó proponer algunas ideas que había sugerido la oposición como por ejemplo la utilización de los cuarteles, porque para el presidente lo más trascendente es la situación crítica que se está viviendo hoy en las cárceles".

JAE – Sí, concretamente en Punta de Rieles, como decíamos hace un rato, hay un plazo muy perentorio, se habla en algún medio de prensa de 15 días, y una baja inversión, porque el Ministerio de Defensa ya ha ofrecido el ex penal de Punta de Rieles para el alojamiento de presos de baja peligrosidad.