(emitido a las 7.41)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El tema central del Consejo de Ministros del lunes fue la crisis carcelaria. Tras este encuentro habitual, el gobierno presentó las primeras medidas para descongestionar las cárceles, que incluyen el traslado de 1.250 reclusos a otras dependencias. Por ejemplo, se van a trasladar a Punta Rieles unos 550 presos de baja peligrosidad, que actualmente están en el Comcar, en un operativo que demandará entre 30 y 60 días y que contará con el apoyo del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Transporte.

Pero más allá de esta movida, en coordinación con el Ministerio de Economía, el de Transporte y el de Vivienda, también se van a comprar establecimientos prefabricados para instalar -en un predio contiguo a La Tablada- locales para realojar presos de baja peligrosidad. Además se anuncia que se comprarán y alquilarán algunos locales en Montevideo.


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JAE – Estamos recibiendo a Álvaro Garcé, comisionado parlamentario del Sistema Carcelario, buenos días. ¿Qué opinión tiene usted, en términos generales, después de haber visto los detalles del plan del gobierno?

ÁLVARO GARCÉ:
Dos cosas: desde por lo menos 2007 la institución comisionado parlamentario ha venido reclamando la adopción de medidas de respuesta frente a un escenario de crecimiento permanente en la población reclusa. En el año pasado, en ocasión del informe de 2007, preveíamos para 2008 un crecimiento de aproximadamente el 10% de la población reclusa.

La realidad vino a verificar esa tendencia al crecimiento, nosotros estimábamos que para comienzos de 2009 habrían aproximadamente unas 8.000 personas encarceladas, lo que finalmente se cumplió, y esto, lejos de ser una buena noticia, marca todo lo contrario. Entonces, frente al posible crecimiento en 2009 similar al año anterior es lógico y es oportuno que se adopten medidas de respuesta; sobre todo pensando en lo que será la próxima administración, más allá del color y más allá del partido que le toque. Es evidente que si en 2009 no se adoptaban estas medidas necesarias, la próxima administración iba a tener una realidad bastante complicada de enfrentar, con por lo menos unas 8.500 personas encarceladas en el país.

JAE – Usted decía dos cosas, una de algún modo fue el adelanto, el anuncio o la alerta que usted planteó en el 2007...

AG – Lo segundo es que cuando se plantea el traslado de internos de baja peligrosidad esto también aparece como una cosa lógica desde el momento en que resulta evidentemente más fácil que se acondicione un local para que funcione como unidad de mínima seguridad que reciclarlo como para que funcione como cárcel de alta seguridad, evidentemente esto es más económico en tiempo y en dinero.

Por lo tanto, una vez definido el lugar, como se ha anunciado que será en principio Punta de Rieles y alguna otra opción contigua a La Tablada, habrá que dar con el perfil de las personas que resulten adecuadas para esos establecimientos y sin duda que lo hay; por ejemplo entre las personas que tienen próxima la obtención de la libertad, o aquellos que tienen salidas transitorias, o que han cumplido por lo menos los dos tercios de la pena.

JAE – ¿Usted fue consultado para este plan?

AG – No corresponde, es decir, nosotros lo habíamos sugerido al Parlamento, tal como es la obligación de la institución hacerlo, pero hay temas y cuestiones que tienen que ser resueltas dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

JAE – Pero no hubo una consulta de si estaba de acuerdo con los lineamientos que usted ha presentado.

AG – No y no me sorprende porque en definitiva -como le digo- hay cuestiones que las define el Poder Ejecutivo. Sí puedo decirle que existe una coincidencia general entre alguno de los aspectos que nosotros hemos planteado en ocasión de distintos informes al Parlamento y lo que finalmente toma estado público.

JAE – Usted, haciendo un poquito de historia como lo presentaba al comienzo, hacía mención a su advertencia en 2007, y de algún modo lo que queda claro es que esta situación que está presentada hoy es previsible. Sin embargo, pasaron dos años y no se ha avanzado, por lo menos desde que se aplicó aquella ley de descongestionamiento carcelario. ¿Qué opina usted con respecto a la actuación de la administración carcelaria?

AG – Ahí hay una parte del tema donde creo que es bueno que la institución comisionado parlamentario no ingrese. Aquí se está dando un legítimo debate político sobre la oportunidad en que se adoptan las medidas. Por un lado se dice que esto ya se venía trabajando y por lo tanto es una respuesta adecuada; y por otro lado se dice que se ha demorado en tomar estas medidas.

Evidentemente no corresponde a un órgano técnico del Parlamento pronunciarse sobre ese aspecto del problema. Yo lo que no tengo ninguna duda es que en 2009 y frente a un escenario de crecimiento que se repite con respecto a años anteriores, sin duda es necesario que se adopten medidas de respuesta y sobre todo creo que es bueno que se vayan inscribiendo estas medidas en lo que debe y deberá ser una política pública en materia carcelaria.

Me remito -y lo he dicho en meses anteriores- al ejemplo del año 2002, cuando existió una crisis carcelaria distinta a la actual. En aquel momento fue una emergencia derivada del motín en el Penal de Libertad en marzo de 2002 y era necesario resolver de una semana para otra qué se hacía con buena parte de la población encarcelada en un establecimiento que estaba en ruinas; fue allí que se resolvió transformar La Tablada, que por entonces era un lugar donde se alojaban algunas decenas de menores en situación de conflicto con la ley. En principio se lo improvisa como una cárcel y luego se lo transforma y equipa como una cárcel. Y ahí hay cuestiones que parecen cíclicas o que parecen repetirse: yo recuerdo el malestar de los vecinos del barrio con relación a la medida y que se quemaron cubiertas para que no pudieran llegar algunas camionetas con los primeros internos que venían del penal de Libertad y esto se parece bastante a algunas expresiones que ha habido públicamente por parte de los vecinos de Punta de Rieles.

Pero más allá de ese aspecto anecdótico, un país avanzado institucionalmente no puede estar inventando la rueda cada cinco años, no se puede estar empezando de cero. Entonces, si hay ya un antecedente donde frente a una situación de crisis, frente a una situación de emergencia se dio una respuesta dentro del Estado, parece lógico que ante una situación de emergencia aunque tenga algunas características distintas, el Estado reaccione y responda basándose en antecedentes que existen.

JAE – El lunes justamente, la ministra del Interior hacía referencia a que esta es una medida transitoria porque apela también a modificaciones más estructurales que usted mismo ha planteado en su momento y lo hizo también el relator especial, como por ejemplo el tema de las medidas alternativas y demás. Con estos 1.250 traslados que se prevé en el plan, ¿cuánto tiempo pueden durar como solución de acuerdo a sus cálculos?

AG – Va a ser una solución transitoria, permitirá absorber parte del crecimiento 2008 y parte del crecimiento 2009, pero esto evidentemente no excluye lo que podrán ser dificultades en el futuro en la medida que se mantenga un ritmo prácticamente del 10% anual en la población reclusa.

JAE – O sea que estaríamos sacando una fotografía hoy, ¿repitiendo o llegando a la misma situación cuándo?

AG – Probablemente en 2010, 2011. El año pasado, cuando se va habilitando progresivamente el edificio del penal de Libertad reconstruido después de aquel motín del año 2002, se agregaron 750 lugares. A eso hay que sumarle cerca de 250 lugares en el módulo 7 del Comcar, es decir 1.000 plazas, ahora se habla de 1.250, no hay una diferencia sustancial. Eso permitió de alguna manera paliar el crecimiento de un período de año o año y medio aproximadamente.

Pero acá hay un aspecto central del tema, un aspecto de fondo, y es el dato del crecimiento sostenido, no interrumpido, en la cantidad de personas encarceladas. Entonces digo, un país ¿puede estar respondiendo solamente con la construcción de lugares? Eso en todo caso es parte de una medida imprescindible pero sin duda que hay que situar el problema en lo que es el eje y por supuesto que hay que encarar otros aspectos del problema; el encierro no puede ser la única respuesta penal, yo creo que en eso hay consenso no sólo desde la administración penitenciaria sino desde otros sectores del sistema penal, he escuchado jueces, he escuchado fiscales, que piensan lo mismo.

Entonces si todos estamos de acuerdo creo que es el momento de avanzar en esa dirección, implementar algunas medidas sustitutivas a la preventiva, creo que para eso ni siquiera es imprescindible modificar la legislación, hay una ley que podrá ser mejorada pero que es una buena base: la 17726 y dando un primer paso sería la aplicación de lo que ya existe; si después se mejora a nivel legislativo, mucho mejor.

JAE – ¿Pero aplicación por parte de quién, del juez?

AG – Del sistema penal. Y esto es un concepto más amplio que un magistrado del Poder Judicial, esto incluye a todos los operadores del sistema penal.

JAE – ¿Y usted dice que con la normativa o con las leyes que están vigentes hoy se podría aplicar algún tipo de medidas de este tipo?

AG – No tenga ninguna duda que con lo que hay alcanzaría como para dar una primera respuesta. Si esa ley se mejora, perfecto, bienvenido, pero no es imprescindible una reforma legal como para aplicar hoy las medidas sustitutivas a la preventiva.

JAE – Queda claro ese punto que es relevante. Hacía mención cuando presentaba el plan del gobierno justamente la intención de realojar 550 reclusos en Punta Rieles, que van a surgir fundamentalmente del Comcar pero no se ha hecho mención al Penal de Libertad que, como ha dicho el relator especial de la ONU sobre la tortura, es una de las peores cárceles del mundo. ¿Cómo ve esta situación, específicamente el hecho de que no haya grandes cambios anunciados para el Penal de Libertad?

AG – En su momento no hice la comparación con otras cárceles del mundo porque no me correspondía hacerlo pero recuerdo pasajes del informe 2008 y del 2009 donde afirmamos que las condiciones de reclusión para los internos y las condiciones de trabajo para los guardias en el sector de los celdarios metálicos del Penal de Libertad son inaceptables en el estado actual que presentan esos módulos. Evidentemente supongo que si hay un aumento en las plazas esto permitiría hacer un movimiento de traslado; si son internos de menor peligrosidad los que van a Punta de Rieles o al predio contiguo a La Tablada, eso permitiría por un lado absorber el incremento que pueda darse en 2009 y también dar la posibilidad de un movimiento interno dentro del sistema penitenciario, pero, como decíamos hace un rato, hay temas y cuestiones que son de exclusiva definición de la administración penitenciaria.

JAE – ¿Pero usted en qué orden de prioridad establece esta situación?

AG – Primera y absoluta. La situación en el celdario metálico del Penal de Libertad debe ser la prioridad a solucionar porque es allí donde se verifica en este momento la dificultad mayor.

JAE – ¿Y está en conocimiento de algún plan específico para esto?

AG – No, no. Yo aquí estoy suponiendo que con las nuevas plazas se pueda dar un movimiento de traslado y de descompresión dentro del sistema, pero esto es una conjetura porque hay cuestiones que al ser definidas por el Poder Ejecutivo yo estoy tomando conocimiento por el carácter público de las medidas.