(emitido a las 8.02 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se reunió ayer con el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, para trasmitirle su preocupación con respecto a una decisión del Ministerio de Educación y Cultura de subordinar la Fiscalía de Corte a una nueva dirección creada por una resolución ministerial.

Pablo Mieres aseguró a El País Digital que a su entender la decisión del ministerio se aparta de la normativa vigente y es necesario rever la situación, a la cual calificó de "preocupante", ya que cada vez son más los fiscales que se ven impedidos de desempeñar su función con total independencia ya que el poder político de turno pone trabas en su trabajo cotidiano.


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JAE – Rafael Ubiría, fiscal de Corte, buenos días. Esta nueva dirección creada por la resolución ministerial del Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué características tiene?

RAFAEL UBIRÍA:
En realidad la dirección ésta fue creada por la ley de Presupuesto de algunos años atrás...

JAE – ...pero fue reglamentada....

RU – ...fue reglamentada sí por una resolución ministerial de hace un par de meses, y en realidad es una resolución que a nuestro juicio se extralimita un poco con respecto a lo que dice la ley. Entonces nosotros impugnamos esa resolución porque entendemos que es ambigua, no establece precisamente cuál es el alcance de la articulación a la que se refiere que debe existir entre esta dirección que depende del Ministerio de Educación y Cultura y el ministerio público y fiscal.

JAE – O sea que hay dos cosas. Por un lado usted dice que se extralimita, ¿de qué forma, de qué manera, en qué casos concretos podemos visualizar esto?

RU – Lo que pasa que el artículo 230 de la ley de Presupuesto le encomienda hacer una nómina de las unidades ejecutoras y la articulación de esas unidades ejecutoras, además de otros ítems que establece el mismo artículo. A nuestro juicio, la reglamentación va más allá de lo que dice la norma legal y habla de articular pero no dice qué. Dice que esta dirección tiene que articular con el ministerio público pero sin precisar el alcance de qué cosas tienen que articular.

A su vez, se refiere a que el ministerio público debe informar sobre determinados aspectos y tampoco precisa cuál es el alcance de ellos.

Entonces, en definitiva, es una resolución que no es clara y que a nuestro juicio violenta determinados artículos de la ley orgánica del ministerio público.

JAE – ¿Y usted esto ya lo impugnó?

RU – Sí, la impugnación está presentada hace ya unos cuantos días y está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

JAE – Pero por ejemplo, en términos prácticos, siempre se habla de la independencia de la fiscalía de Corte ¿verdad? Se ha mencionado en algún momento que por ejemplo ahora, al tener una dirección intermedia entre usted y el ministro –en este caso la ministra de Educación y Cultura-, no puede hacer manejo de recursos vinculados a la fiscalía, ¿esto es así?

RU - ¿De recursos...?

JAE – De recursos económicos.

RU – No, esto creo que son dos cosas separadas. Como dije, la dirección ya viene funcionando hace unos años; la directora, la doctora Cecilia Blanco, ya viene ejerciendo el cargo desde la misma ley de Presupuesto. Por eso es que me extraña que ahora en este período, en este año, salga esta resolución cuando en definitiva esta dirección ya venía funcionando y las reuniones eran periódicas con la doctora Cecilia Blanco, con quien tenemos un buen relacionamiento.

JAE – Los fiscales, ¿están impedidos de desempeñar su función con total independencia como dijo Mieres?

RU – Yo no diría eso así en esos términos, yo creo que no. Es una resolución un poco ambigua y es un poco novedoso el hecho de que haya una dirección que depende del Ministerio, es decir que depende del ministro, está por debajo del subsecretario. Y es extraño que en esa dirección, obviamente con un cargo que yo creo que es inferior al cargo de fiscal de Corte que por algo está establecido en la Constitución que tiene determinadas mayorías legislativas para su designación, se ponga a un director -por más buena persona que sea, por más capaz que sea- a articular con el fiscal de Corte cosas que en otras épocas se conversaban directamente entre el ministro y el subsecretario con el fiscal de Corte.

JAE – ¿Pero esto afecta su trabajo, afecta su independencia, afecta la independencia de los fiscales?

RU – No, la independencia técnica no la afecta, la independencia técnica de los fiscales tampoco, no la debería afectar. Yo creo que el tema de la independencia técnica además de ser un derecho que tenemos todos -desde el fiscal de Corte hasta el último de los fiscales del ministerio público- además de un derecho es una obligación, porque está establecido en la ley; por lo tanto, en la medida en que no ha sido derogado, cada uno de los fiscales sigue teniendo independencia técnica y es una obligación cumplir con ese mandato legal.