(emitido a las 7.40 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El Consejo de Ministros aprobará este lunes la inversión necesaria para descongestionar las cárceles. La propuesta implicará un gasto aproximado de casi 300 millones de pesos, y en ese monto estarán incluidas las reformas del ex penal de Punta Rieles para trasladar un mínimo de 550 reclusos y la construcción de nuevos módulos en el complejo carcelario de Santiago Vázquez, en La Tablada y en Las Rosas, en Maldonado.

EMILIANO COTELO:
En ese contexto me impresionó leer en el fin de semana las noticias a propósito de esta visita que un juez realizó el viernes en la cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado. Me impresionó lo que verificó, me impresionó lo que vio y además el tipo de acciones que se dispone a adoptar.

Pero vayamos a la crónica del diario El Observador, la que se publicó el domingo a propósito de esta visita. "Hacinados en celdas malolientes, oscuras y sin vidrios, con escaso acceso al agua potable, mal alimentados, sometidos a ocio compulsivo, en medio del foco infeccioso por las cloacas totalmente rotas y sin asistencia médica, los presos de Las Rosas recibieron el viernes la visita inesperada del juez en lo penal de 2do. turno, Federico Álvarez Petraglia. Junto a otras autoridades judiciales, el magistrado realizó una inspección ocular sin aviso previo a las autoridades carcelarias y al final reclamó medidas a varios ministerios.

En un sector, por ejemplo, el juez recibió una carta firmada por todos los allí recluidos pidiendo asistencia para un preso de 41 años que no pesa más de 40 kilos. ‘Está consumido por la pasta base, haga algo por él porque se está muriendo’, le imploraron.

También se encontró con un portador de VIH, actualmente también enfermo de hepatitis, que no recibe medicación. Este le expresó al juez que no conoce la cara del médico que debería tratarlo, una afirmación que formularon también casi todos los 500 reclusos alojados. No saben quién o quiénes son los médicos que deberían tratar.

Las autoridades conversaron con enfermos que ni siquiera poseen diagnóstico. Un ex dirigente sindical preso desde diciembre de 2008 fue alojado con la exigencia judicial de que se le prestara asistencia sicológica". Todavía no fue atendido; seis meses después no ha recibido nada parecido a la asistencia sicológica que recomendó la justicia.

"Un operado de apendicitis le rogó al juez que lo enviaran al sanatorio para que le sacaran los puntos. ‘Parece que para que nos vea el médico tenemos que cortarnos’, le dijo uno de los más viejos". Esa conducta espantosa, terrible, de cortarse, de lastimarse a sí mismo para que entonces no haya excusa para que el preso sea llevado a ver un médico o a un sanatorio, un hospital.

"En el sector de las mujeres, donde hay 40 presas en un salón de no más de 60 metros cuadrados, el juez se impresionó con el habitante más joven de la cárcel: tiene 6 meses y vive desde su nacimiento en ese entorno con su madre y su tía, ambas presas.

En esta visita sin la presencia de los fiscales departamentales, el juez debió ser asistido en su recorrida por policías que le acompañaron con focos halógenos para que no cayera en las cloacas sin tapas, desde donde las aguas servidas corren por los pasillos transformando el lugar en un foco infeccioso y nauseabundo".


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JAE – Estamos recibiendo al doctor Federico Álvarez Petraglia, juez penal de 2do. turno de Maldonado que observó este panorama. Con este escenario, ¿qué está pidiendo usted a las autoridades?

FEDERICO ÁLVAREZ PETRAGLIA:
Yo simplemente, para ser bien expresivo y para reforzar un poco lo que usted estaba leyendo junto con Cotelo de la crónica de El Observador...

EC - ...¿usted ratifica lo que allí se describe, fue básicamente lo que usted vio?

FAP – Sí, en términos generales refleja exactamente lo que se percibió en esta visita al establecimiento. Pero me gustaría expresarles con mis palabras lo que percibí también, las cosas importantes que pude constatar en el lugar. El establecimiento carcelario de Las Rosas -yo no puedo hablar por otros establecimientos- estaba previsto para 180 personas; en este momento hay 500 personas recluidas en ese lugar.

El médico forense que me acompañó -el doctor Julio Macedo, un reconocido profesional de la salud a nivel tanto departamental como nacional- pudo constatar lo que ustedes decían sobre las aguas servidas por los pasillos, las cloacas -en algún caso con materia fecal a la vista-, los mismos reclusos señalándonos por dónde ingresaban las ratas al lugar. Pero esta situación, en un momento de lucha contra el dengue, de lucha contra la gripe A, la hepatitis, la tuberculosis, etcétera, se da en un establecimiento que pertenece al Estado -porque el de Las Rosas pertenece al Estado, no pertenece a un Estado extraterrestre sino al Estado uruguayo- y no se están respetando las reglas sanitarias mínimas, por lo tanto creo que también es una cuestión llamativa.

EC – Sí, allí hay un foco riesgoso no sólo para los presos que están alojados en Las Rosas sino también para quienes los visitan, para los funcionarios, etcétera.

FAP – Para los funcionarios policiales que están ahí e incuestionablemente también para nosotros que vamos a visitarlos. Quiero destacar también el ocio compulsivo, hay seis horas de patio por semana. Por lo tanto, están en esta situación de hacinamiento prácticamente la mayoría del tiempo que están en el lugar.

Otra cosa importante que también nos trasmitió la mayoría de los reclusos eran los problemas importantísimos de consumo, ya sea de pasta base o marihuana, que provienen del exterior y que persisten dentro del establecimiento.

Pero también está el tema de la falta de una política penitenciaria. Hay que recordar que la reclusión en nuestro país está regulada por un decreto ley de la dictadura, la 14.470, pero no por ser de la dictadura deja de ser una norma bastante adelantada para la época, que implica que en los centros de reclusión en nuestro país, por mandato legal y por mandato constitucional, tienen que ser centros de reeducación, de rehabilitación, para que esta persona que ingresa por un error vuelva siendo útil a la sociedad.

JAE – ¿Pero qué quiere decir que no hay política penitenciaria?, ¿cómo observó eso el viernes?

FAP – Eso lo observamos todos los días, es una cuestión evidente. Yo soy juez penal y también soy juez penal de adolescentes, yo veo a los muchachos que cometen infracciones a la ley penal y veo cómo fracasa sistemáticamente el Inau. Veo cómo fracasa sistemáticamente el sistema porque al año, a los dos años, a ese niño o a ese adolescente que lo veíamos consumiendo pasta base y robando para consumir pasta base, lo vemos como mayor robando para consumir pasta base y entrando al establecimiento carcelario una, dos, tres, cuatro o las veces que sea. ¿Eso qué implica? ¿Implica que falla el individuo? Sin duda que falla el individuo, porque nadie le está poniendo un arma en la cabeza para que salga a robar, pero implica también que estamos fallando nosotros.

JAE – ¿Qué es lo que usted está pidiendo y a quién?

FAP – Desde el punto de vista de lo que se va a poner en conocimiento del Ministerio de Salud Pública, la situación de emergencia sanitaria en la cual está el establecimiento. Yo creo que si Las Rosas fuera un hospital o una escuela tal vez no estaría apta para abrirse al público.

JAE – Seguramente, por la descripción que usted hace...

FAP – Sí, por la descripción que yo hago y la que me trasmite el médico que concurrió al lugar conmigo. Entonces vamos a poner en conocimiento del Ministerio de Salud Pública esta situación y le vamos a dar un plazo para que instrumente soluciones.

EC – ¿Qué otras medidas va a reclamar?

FAP – Indudablemente al Ministerio del Interior... Escuché las noticias que estaban dando ustedes sobre un plan que se va a poner en marcha a partir del día de la fecha y queremos saber cuáles son los planes concretos...

JAE - ...el plan es la liberación de los fondos para la construcción, en el caso de Las Rosas, de un nuevo módulo para alojar más presos.

FAP – Está bien, pero yo vuelvo a insistir en algo que me parece capital: no creo que solucionemos el tema de la seguridad, porque el tema de la cárcel implica también el tema de la seguridad pública, es un eslabón más del tema. No creo que solucionemos el tema carcelario –aunque obviamente es una forma de empezar a solucionarlo– con la construcción de más cárceles.

Pero no solamente construir cárceles sino hacer que las cárceles tengan una finalidad más allá de hacinar gente. Debemos tener un estudio personalizado de cada persona que ingresa ahí para saber por qué delinquió, de qué forma delinquió, cuáles son los factores criminológicos que tiene -sea la droga, la promesa económica, lo que sea- para implementar políticas adecuadas para evitar que esa persona salga a la calle peor de lo que entró, que es lo que estamos haciendo hoy.

EC – ¿Algún otro ministerio va a recibir reclamos de su parte?

FAP – Sí, indudablemente el Ministerio de Educación y Cultura, por una cuestión de que muchos de los que estaban en el lugar nos decían que querían hacer Primaria y evidentemente o no había cupos o no había espacio o no había maestro para poder utilizar el tiempo muerto que se tiene en el lugar para un fin útil.

De la misma forma [habrá que reclamar] al Ministerio de Desarrollo Social (Mides); yo creo que a nadie puede escapársele la realidad de que el 99% de la población penitenciaria son hombres, en la mayoría de los casos son jefes de hogar, hogares que quedan en la mayoría de los casos sin el sustento familiar -no importa el origen de los fondos que tenga-. Hay una situación de abandono de las familias que uno lo ve; basta estar implicado en el sistema penal uruguayo para percibir la situaciones de abandono, de pobreza, de dejadez de estos sectores. Entonces, al Mides también hay que implicarlo de alguna forma, al patronato, para que tomen alguna medida de asistencia mínima para estas personas.

EC – Lo estamos consultando esta mañana porque la situación de hacinamiento en las cárceles, las malas condiciones de reclusión, no son una novedad. Hay una serie de denuncias periodísticas que llevan quién sabe cuánto tiempo, ha habido informes muy críticos del comisionado parlamentario para las cárceles y más recientemente vino un relator especial de Naciones Unidas que presentó un resumen lapidario, después del cual casualmente se resuelve este plan de reformas y traslado de presos que aparentemente ahora empieza a ejecutarse. Yo lo estaba consultando a usted a propósito del caso de Las Rosas porque más allá de que todo eso se conoce yo no recordaba que hubiera habido jueces que realizaran inspecciones sorpresivas después de las cuales le presentaran una serie de exigencias a las autoridades. Yo no sé si usted conoce antecedentes, pero mi pregunta es: ¿qué resultado puede tener una acción como esta?

FAP – Yo no conozco si hay antecedentes, no recuerdo. ¿Qué respuesta espero de esta situación? Yo espero simplemente una respuesta...

EC - ... ¿el juez tiene efectivamente autoridad como para hacer estos pedidos? ¿Cómo es la relación del juez con las autoridades, en este caso del Poder Ejecutivo, a propósito de cárceles?

FAP – Yo quiero ser claro: yo soy juez penal pero en el Uruguay los jueces penales tenemos también la función de jueces de ejecución penal y por lo tanto tenemos que velar también, entre otras cosas, por la correcta ejecución de las penas. Entonces tenemos que velar por lo que establece el artículo 26, que las cárceles tienen que servir para reeducar, etcétera. En ese contexto mi estatuto funcional implica también que yo esté velando por estas cosas y que esté obviamente poniendo en conocimiento...

EC – ...¿pero qué pasa si después las autoridades correspondientes no cumplen con lo que usted reclama?

FAP – Bueno, eso se estudiará en su momento. Yo creo que cumplo con mi función constatando los problemas que puse de manifiesto y reclamando que se adopten medidas que son elementales. La gente piensa a veces que se están pidiendo comodidades que vayan más allá de lo normal, más allá de lo que la gente tiene en su casa; al contrario, simplemente se está pidiendo que en esos lugares no exista peligro de contagio de enfermedades, no se están pidiendo cosas que vayan más allá de lo normal.

¿Qué puede pasar si no hay eco...? Habrá que estudiarlo en su momento. ¿Por qué se hace esto? Mi visita al establecimiento carcelario fue a solicitud de unos 50 reclusos aproximadamente, que a través de sus defensores -la doctora María Eugenia Elso Vergara y la doctora Alicia Magnani- solicitaron que se constatara efectivamente esta situación que se estaba viviendo en Las Rosas. Hay un reclamo de los mismos presos para que se constate y se tomen algunas medidas acorde a esta situación.