(emitido a las 7.37 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Asamblea General se va a reunir hoy en sesión extraordinaria para dar cuenta de los asuntos centrados, y durante la sesión va a recibir el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a las modificaciones del artículo 14 de la ley 16.074 referente a la cobertura de accidentes de trabajo.

Se trata del proyecto de ley surgido a partir del diputado blanco Gonzalo Novales, que contempla a los empleados que sufren accidentes yendo o viniendo del lugar de trabajo. Una iniciativa que contó con un amplio apoyo de los parlamentarios oficialistas y opositores pero que fue vetada por Vázquez argumentando que su aplicación es de difícil administración y encarece el seguro. En esta línea, el mismo presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Gustavo Vilaró, dijo que si se instrumenta esta norma, supondría un aumento de 25% de la póliza de seguro.

Lo cierto es que la Asamblea General, con los votos de los legisladores que apoyaron este proyecto, podría levantar el veto del Poder Ejecutivo.


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JAE – Sin embargo, la reunión de coordinación de la bancada del Frente Amplio (FA) resolvió presentar un proyecto alternativo; el coordinador es el diputado socialista Gustavo Bernini. ¿Por qué resolvieron finalmente no hacer fuerza para levantar el veto que interpuso el Poder Ejecutivo?

GUSTAVO BERNINI:
Es cierto, la bancada del FA en el día de ayer estuvo analizando el tema y lo hizo en función de un diálogo mantenido con el propio Poder Ejecutivo. Nosotros tratamos el tema en Diputados y luego en el Senado y acordamos totalmente con el espíritu; hay que entender que esta ley extiende el seguro contra accidentes de trabajo en función del traslado del trabajador desde y hacia el lugar de trabajo, un beneficio que existía hasta el año 89 y que fue cambiado.

Entendemos que es correcto el planteo. La inquietud que surge por parte del Poder Ejecutivo, que había sido planteada en su oportunidad por el presidente del BSE cuando compareció a la comisión de Legislación del Trabajo, planteaba la dificultad en cuanto al contralor para que esto no se excediera del espíritu del proyecto.

JAE – Recordemos que en el caso de accidentes de trabajo el BSE tiene monopolio, es el único que puede dar este servicio y las empresas están obligadas a tomar este seguro. ¿Por qué no se tomó en cuenta entonces esa advertencia que Vilaró hizo y planteó en el año 2007 cuando estuvo en la comisión de la Cámara de Diputados?

GB – Los legisladores que integran la comisión lo evaluaron en su momento, entendieron que el proyecto era el adecuado y se aprobó. Naturalmente esto genera una contradicción con el Poder Ejecutivo que no podemos negar, pero entendemos que en definitiva tenemos que lograr que el alcance del seguro de accidentes tenga una doble virtud: por un lado, que efectivamente si uno analiza en el derecho comparado en el mundo hay un antes y un después del lugar de trabajo para ser contemplado; pero fundamentalmente, el otro equilibrio que también hay que buscar es que pueda ser aplicado sin excesos y que objetivamente no distorsione el objetivo por el cual se introdujo este elemento del seguro de trabajo desde mucho hace tiempo.

JAE – Está claro que en cuanto al proceso no hay diferencia entre lo que plantea el Poder Ejecutivo y lo que plantea la gran mayoría de los legisladores. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a procesos, porque el Poder Ejecutivo termina vetando una norma que entiende que es inconveniente. Insisto con la pregunta porque al menos a mí no me quedó clara su respuesta, ¿por qué el Parlamento no tomó en cuenta la advertencia de Vilaró en su momento?, ¿por qué en el transcurso de este proyecto que se presentó en 2006 –hace tres años– no se tomaron en cuenta este tipo de argumentos para evitar el veto y para evitar una demora en la aplicación de algo que todo el mundo está de acuerdo –por lo que usted señala– para que salga adelante?

GB – Bueno justamente, fue una contradicción. Se entendió que los reparos que el propio presidente del BSE planteó en su oportunidad con el texto aprobado se podrían haber cubierto; el Poder Ejecutivo no entendió lo mismo y por eso el veto. Existe una contradicción objetiva que no podemos negar. Seguramente no hubiese sido lo más saludable, lo más saludable hubiese sido encontrar alguna propuesta de redacción en su oportunidad que evitara este veto.

JAE – Claro pero la pregunta es: ¿por qué no se hizo la consulta antes? Eso sucede habitualmente cuando van los representantes de empresas y la gente que está involucrada en un proyecto cuando van a las comisiones correspondientes a dar su opinión. ¿Por qué esta instancia no ocurrió?

GB – Bueno, le insisto: se valoró en su oportunidad por los compañeros y los legisladores que trabajan en la comisión, se tomó en cuenta la opinión del presidente del BSE pero se entendió que el texto tenía las suficientes garantías. Existe una visión diferente, objetiva, un contradictorio que surge a partir de este veto. Normalmente se intercambia, se opina, se corrige. En esta oportunidad las correcciones que se pudieron haber realizado no fueron entendidas por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a que se daban esas garantías para el contralor, se entendió que esto podía llegar a provocar un crecimiento del precio de las primas de los seguros de accidentes de trabajo y por eso se interpuso el veto.

Objetivamente le puedo decir que existe un contradictorio que no es normal. Pero entendiendo que la realidad es la que está planteada, por un lado la bancada de legisladores del FA entiende que la extensión del seguro de accidentes de trabajo se tiene que dar en los términos que el espíritu del proyecto vetado ha planteado. También se pretende comprender cuál es la posición que ha tenido el Poder Ejecutivo y nuestra idea es generar una nueva redacción, seguramente con iniciativa del propio Poder Ejecutivo, que de alguna manera asegure ese equilibrio que yo le planteaba que de acuerdo a lo que piensa el Poder Ejecutivo no se da en el proyecto aprobado y que estuvimos analizando en el marco de la coordinación de bancada en el día de ayer.

JAE – Claro, proyecto que todavía no está elaborado porque acaban de resolver no levantar la mano para levantar ese veto. ¿Pero cómo se hace en términos prácticos?, ¿qué es lo que imagina que este proyecto tendrá una vez que se redacte nuevamente y se modifique lo que está planteado para mantener el espíritu de la ley?

GB – En el día de hoy se van a ingresar como asuntos entrados una serie de temas, entre ellos este veto. A partir de ese momento hay 30 días, que en la medida en que no se levante el mismo el veto queda firme. Ese es el lapso de tiempo que entendemos que necesitamos -seguramente antes- como para un nuevo proyecto de ley.

De acuerdo a lo que hemos venido conversando -todavía está muy verde el tema- la pretensión es encontrar algún mecanismo de contralor que la propia ley pueda prever a los efectos de que no existan excesos sino que se respete el objetivo de la ley, que es beneficiar al trabajador ante los riesgos que pueda tener desde su hogar hacia el trabajo o viceversa, y encontrar algún aspecto que haga un seguimiento para evitar justamente que esto no se vaya de lo que es el propio espíritu del proyecto.

JAE – Lo que se votó ya en Senadores, en Diputados y que fue vetado por el presidente de la República dice que: "Será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado al trasladarse directamente hacia o desde su lugar de trabajo siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho proyecto por causas ajenas al trabajo". Esto se va a mantener en la ley, usted hace mención al tema de los controles, ¿ese va a ser el punto, la diferencia que se va a incorporar en el proyecto?

GB – Exactamente, a eso me refiero. Usted acaba de leer ese texto y estamos absolutamente de acuerdo en que tiene que haber una extensión del seguro de accidentes en ese marco. El tema es cómo logramos encontrar una formulación en el proyecto que de alguna manera acote el margen que pueda existir en cuanto a que efectivamente sea en función del traslado al lugar de trabajo y no que se desvíe y que se pueda acudir a este seguro en forma desleal, en función de que no se de en este marco. Para ello tenemos que encontrar una formulación de un artículo de un proyecto, que lo vamos a elaborar en conjunto con el Poder Ejecutivo y seguramente va a tener iniciativa el Poder Ejecutivo, que apunte a eso: cómo se puede llegar a controlar o acotar el margen que puede existir en cuanto a esta formulación del traslado directo.

JAE – Igual se amplía con respecto a la situación actual. Uno presume que no será 25%, pero igualmente las pólizas van a subir de precio, siguiendo el argumento del presidente del BSE.

GB – En general existe en todas partes del mundo, en el Uruguay lo perdimos en el año 89. Está claro que puede haber alguna modificación al respecto pero lo que sí está claro también es que es un beneficio que los trabajadores tuvieron en su oportunidad, lo perdieron, estamos en una etapa donde estamos revisando toda la legislación laboral, entendemos que esta iniciativa del diputado Novales tiene cabida dentro de esa revisión de la legislación laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del riesgo en los lugares de trabajo y en el marco de lo que pueda significar el traslado de los trabajadores hacia su lugar de trabajo.

JAE – Ayer en La Tertulia, aquí En Perspectiva, se hablaba del límite, dónde está el límite del accidente, porque ahora se va a incorporar el traslado, incluso se hablaba de 30 minutos antes de llegar al lugar de trabajo; pero uno se podría también plantear qué pasa antes, por ejemplo si tiene un accidente doméstico cuando está desayunando para alimentarse para ir a trabajar, ¿dónde está el límite?

GB – Justamente el límite está en cuanto a la acción del trabajador en cuanto a su concurrencia a su lugar de trabajo o desde el lugar de trabajo hacia su hogar, por eso acá habla de "directamente". El arte en todo esto debe ser que la formulación de la ley nueva, o del proyecto nuevo, encuentre un seguimiento respecto al tema, que puede ser a través de la creación de una comisión de seguimiento a los efectos de que no se desvirtúe y dé una amplitud de tal magnitud que no pueda ser controlado.

Por tanto, por un lado estamos de acuerdo con que hay que extender el seguro de accidentes de trabajo; en el derecho comparado en el mundo esto es así, en el Uruguay lo tuvimos y en el año 89 se derogó. Pero a su vez tenemos que encontrar el mecanismo como para acotarlo lo máximo posible y que no se desvirtúe el espíritu con que se pretende proteger al trabajador.

JAE – ¿Y eso cómo se logra?

GB – Todavía no hemos llegado a una formulación pero seguramente lo vamos a hacer. Si quiere, la semana que viene con todo gusto, una vez que tengamos un poco más avanzada la discusión, podemos conversar y aclarar el tema.

JAE – El PIT-CNT ha rechazado el veto y ha dicho que va a defender lo que fue aprobado en el Parlamento. ¿Esto no incide?, ¿cómo van a hacer los legisladores del FA tomando en cuenta esta posición del PIT-CNT?

GB – Es absolutamente entendible la posición del PIT-CNT en la medida que representa los intereses de los trabajadores, y desde mucho tiempo atrás viene reivindicando esta extensión del seguro de accidentes de trabajo como otros beneficios laborales o leyes laborales que se han venido aprobando con este gobierno. Naturalmente creemos que la nueva redacción va a contemplar la visión de los trabajadores en cuanto a este beneficio.

Por eso le insisto: hay un contradictorio, objetivamente no tendríamos que haber llegado a esto pero existen 30 días como para reparar la situación y encontrar una propuesta de ley que objetivamente contemple la extensión de este beneficio en cuanto al riesgo de accidentes de trabajo y que, por otra parte, permita que se pueda aplicar adecuadamente con los controles necesarios y que no impacte directamente sobre lo que pueda ser el acrecimiento de las pólizas.